TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANANA DE VENEZUELA. CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 01 DE LA SECCION PENAL DE ADOLESCENTES, EXTENSION EL VIGIA. El Vigía, veinticinco de agosto de dos mil cuatro (25-08-2004)

194° y 145°

Causa N° C01-093-04

Este Tribunal de Responsabilidad Penal del Adolescente, en Funciones de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, al revisar la presente causa, seguida contra el adolescente (reservado), observa:
Primero: Riela al folio 08, escrito de fecha 18-12-2001, mediante el cual la Abg. Zaida Dávila, en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, pone a disposición del Juez de Municipio del Circuito Judicial del Estado Mérida Extensión El Vigía, al cito: “Adolescente (reservado), y por cuanto no existen suficientes elementos de convicción, solicito al Tribunal se le de Libertad Plena.”, informando además, la Representación Fiscal, que el adolescente se encontraba recluido en la Comisaría Policial N° 07.
Segundo: En fecha 19-12-2001, el Tribunal Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra, actuando como Tribunal de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Extensión El Vigía, mediante auto inserto al folio 10, recibe las actuaciones y fija audiencia especial privada para el día 19-012-2001, a las dos horas de la tarde (02:00pm), ordenando oficiar a la Coordinación de Defensores Públicos.
Tercero: Mediante acta de fecha 19-12-2001, que corre inserta al folio 14, el abogado Oscar Ramón Rosales Noguera, Defensor Público Especializado, asume la defensa del adolescente (reservado).
Cuarto: Al folio 15 y su respectivo vuelto, se evidencia resolución de fecha 19 de diciembre de 2001, suscrita por el Abg. Ramón Eduardo Butron V., Juez de Control N° 01 del Tribunal Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra, de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Extensión El Vigía, en la que se señala, cito textualmente:

“Por cuanto se observa, que el acto de la Audiencia Especial Privada fue fijado para la 2:00 de la tarde del día de hoy, vista la solicitud presentada por el Fiscal Séptimo de Proceso del Ministerio Público Abg. Zaida Dávila, y constituido el Tribunal, estando presente el adolescente investigado: (reservado), el Defensor Público de los adolescentes Abg. OSCAR ROSALES, no estando presente la representante de la vindicta pública. Este Tribunal en vista de la ausencia de la Representación Fiscal no puede oírle declaración al mencionado adolescente, en virtud de lo establecido en el artículo 49 ordinales 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 80, 538 y 546 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal antes de decidir expresa:
PRIMERO: Que se recibieron actuaciones procedentes de la Fiscalía Séptima de Proceso del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en fecha 19-12-2.001 a las 8:30 a.m. en donde se presenta al adolescente investigado: (reservado), a fin de que decreta Libertad plena, ahora bien este Tribunal observa que tal solicitud se debe ventilar como una incidencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 555 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente le es dado al Juez de control resolver tal situación, cabe destacar que la mencionada ley en su artículo 561 literal “e” expone entre otras cosas lo siguiente: … “Finalizada la investigación, el Fiscal del Ministerio Público deberá; …d) Solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permita el ejercicio de la acción;…” Considera este Tribunal procedente aplicar la mencionada norme al presente caso y decretar una medida cautelar de conformidad con el artículo 582 literal “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente con el objeto de que el adolescente mencionado realice las gestiones pertinentes para su identificación y el Fiscal pueda cumplir con lo establecido en el artículo 551 ejsdem. Siendo la hora fijada y no encontrándose presente la parte de la vindicta pública, es por lo que este Tribunal en uso de sus atribuciones legales considera procedente aplicar lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 538,546 y 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es un deber de este Juzgado que se cumplan las garantías y deberes en esta etapa del proceso, y que se continúe con la investigación por parte de la Fiscalía a fin de descartar la participación del adolescente. Observándose la presencia de la defensa en el acto de Audiencia Especial Privada que no se realizó, en consecuencia, acuerda una medida cautelar Sustitutiva de libertad, de oficio, de conformidad con los literales “c” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Por las razones que anteceden y en virtud de las normas legales precitadas este Tribunal Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Actuando como JUZGADO DE CONTROL DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD al Adolescente investigado: (reservado), de conformidad con lo establecido en el artículo 582 literales “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en consecuencia deberá presentarse por ante este Tribunal cada ocho (08) días…”.
Quinto: Se constata al folio 20, auto de fecha 04-02-2002, mediante el cual el Tribunal Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando como Juzgado de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente, acuerda remitir la causa a la Fiscalía Séptima de Procesos del Ministerio Público.
Sexto: Se evidencia al folio 24 y su respectivo vuelto, escrito de fecha 08/02/2002, suscrito por el Defensor Público Especializado, Abg. Oscar Ramón Rosales Noguera, en le que solicita al Tribunal inste al Ministerio Público para que éste, solicite el sobreseimiento en la causa seguida contra su defendido (reservado), en razón de su fallecimiento, ocurrido en fecha 25 de enero de 2002, para lo cual acompaña su escrito con acta de defunción N° 17, emanada de la Prefectura Civil de la Parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida. En razón de esta solicitud y por cuanto se evidencia inserta al folio 25 y su vuelto copia certificada del acta de defunción N° 17, de fecha 30-01-2002, suscrita por el Prefecto Civil y la Secretaria de la Prefectura Civil de la Parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, en la que se indica que el día veinticinco de enero de dos mil dos (25-01-2002), a la una de la madrugada (01:00am), en la urbanización Páez de esa Parroquia, falleció el adolescente (reservado), siendo la causa de la muerte schock, hemorragia, heridas con arma de fuego; por consecuencia este Tribunal decide:

IDENTIFICACION DEL ADOLESCENTE

(RESERVADO)

DESCRIPCION DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACION

Se desprende de denuncia de fecha 16-12-2001, interpuesta por el ciudadano Edison Niño Vargas, por ante la Unidad de Investigaciones de la Comisaría Policial N° 07, que: “En el transcurso de la madrugada del día de hoy yo iba llegando a mí casa, ya que a esa hora salí de mi trabajo, cuando me disponía a abrir la puerta de mi casa recibí un golpe en la cabeza,, al darme la vuelta me di cuenta de que era un vecino del sector de nombre Osman Aly Gonzáles, quien tenía en su poder una pistola de color negra, que fue con la que me golpeo, con la intención de robarme, luego me amenazó de matarme si lo denunciaba con la policía, estaba tan drogado, que agredió a la dueña de la casa donde yo estoy alquilado quien es una señora de 48 años de edad, de nombre Aida Chacón Castro, ya que en el momento yo retrocedí hasta la casa de mi progenitor, donde este llegó de nuevo siguió amenazándome con la pistola manteniendo todo el tiempo que me iba a matar y mantiene en constante zozobra a toda mi familia, y a los vecinos del sector, ya que consume droga en frente de todos y a la vía pública, al igual que bebidas alcohólicas, esto lo ha venido haciendo desde hace varios meses para acá, ya que los vecinos temen de colocar la denuncia ante la policía porque los tiene amenazados de muerte, el mismo se la mantiene con un sujeto apodado el CHICUTA, quien es menor de edad y estaba con él esta madrugada y también intentó agredirme, de igual manera tiene azotados a los vecinos del sector…”.

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

1.- En fecha 18-12-2001, la Abg. Zaida Dávila, en su condición de Fiscal Séptimo del Ministerio Público, pone a disposición del Juez de Municipio del Circuito Judicial del Estado Mérida Extensión El Vigía, al cito: “Adolescente (reservado), y por cuanto no existen suficientes elementos de convicción, solicito al Tribunal se le de Libertad Plena.”, informando además, la Representación Fiscal, que el adolescente se encontraba recluido en la Comisaría Policial N° 07 (folio 08).

2.- En fecha 19-12-2001, el Tribunal Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra, actuando como Tribunal de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Extensión El Vigía, dictó resolución mediante la cual impuso al adolescente (reservado), medida cautelar menos gravosa, conforme al artículo 582 literal “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, consistente en la presentación periódica cada ocho (08) días por ante el Tribunal.

3.- Riela al folio 25 y su vuelto, copia certificada del acta de defunción N° 17, de fecha 30-01-2002, suscrita por el Prefecto Civil y la Secretaria de la Prefectura Civil de la Parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, en la que se indica que el día veinticinco de enero de dos mil dos (25-01-2002), a la una de la madrugada (01:00am), en la urbanización Páez de esa Parroquia, falleció el adolescente (reservado), siendo la causa de la muerte schock, hemorragia, heridas con arma de fuego.

4.-Establece el artículo 103 del Código Penal Venezolano: “La muerte del procesado extingue la acción penal.
La muerte del reo extingue también la pena, aun la pecuniaria impuesta y no satisfecha y todas las consecuencias penales de la misma, pero no impide la confiscación de los objetos o instrumentos con que se cometió el delito ni el pago de las costas procesales que se harán efectivas contra los herederos.”.

5.- Dispone el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal: “Son causas de extinción de la acción penal:
1.-La muerte del imputado;…”. Y el artículo 318 euisdem, señala: “El sobreseimiento procede cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad;
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;…”.

6.- Al respecto señala la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 561, literal “d”: “Finalizada la investigación, el Fiscal del Ministerio Público deberá:…
d) Solicitar el sobreseimiento definitivo resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción;…”.

En razón de lo señalado, se evidencia la extinción de la acción penal, por muerte del investigado (reservado), perfectamente demostrada en el acta de defunción expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, inserta al folio 25 y su vuelto de la causa, siendo, por consecuencia, procedente decretar el sobreseimiento definitivo en la causa seguida en su contra, por ende se le pone término al procedimiento. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Este Tribunal de Primera Instancia de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide: Primero: Se decreta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del adolescente (reservado), en la causa N° C01-093-04. Segundo: Transcurrido el lapso legal correspondiente y una vez declarada firme la presente decisión se ordena la remisión de la causa al archivo judicial para su guarda y custodia. Cuarto: Se ordena notificar a la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público y al Defensor Público Abg. Oscar Ramón Rosales del contenido de la presente decisión. Por consecuencia, líbrense las correspondientes boletas de notificaciones. Cúmplase.

FUNDAMENTACION JURIDICA

Se fundamenta la presente decisión en los artículos 48 numeral 1; 318 numeral 3; 319 y 324 del Código Orgánico Procesal Penal; 103 del Código Penal Venezolano y 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En la sede del Tribunal de Responsabilidad Penal del Adolescente en Funciones de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía. El Vigía veinticinco días del mes de agosto año dos mil cuatro (25-08-2004).

LA JUEZ TEMPORAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 01

ABG. CIRIBETH GUERRERO OCHEA

LA SECRETARIA

ABG. BLANCA PERNIA CONTRERAS

En la misma fecha se libraron boletas de notificaciones Nros. 676/04 y 677/04.

Conste,

SRIA.