TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN NRO. 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA. Mérida, veintidós (22) de Abril del año dos mil cinco (2.005). 194° y 146°
ASUNTO PRINCIPAL: LP01-E-2003-000040
ASUNTO: LP01-E-2003-000040

AUTO NEGANDO TRAMITAR SOLICITUD DE
REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA

Por cuanto de la revisión de las actas que conforman la presente causa, éste Juzgado de Ejecución, observa que se requiere emitir un pronunciamiento con respecto a la solicitud de tramitación de la redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio, formulada mediante escrito recibido por éste Tribunal en fecha 21-4-2.005, por el Defensor Público Penal Nro. 05; Abogado JESUS BRICEÑO, a favor del penado EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ, tal como consta en al folio (37) de las actuaciones, ya que a éste Juzgado sólo le corresponde resolver lo relacionado con la vigilancia del régimen penitenciario seguida al penado, por lo que para decidir éste Tribunal observa lo siguiente:
PRIMERO: El penado EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nro. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, según sentencia definitiva publicada en fecha 09-12-2.002, a cumplir la pena de: DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de: TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, más las penas accesorias de Ley correspondientes, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD.
SEGUNDO: El presente proceso penal instaurado en contra del penado EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ, se inicio con su aprehensión, practicada en fecha 17-10-2.002, después de la reforma efectuada al Código Orgánico Procesal Penal que fuera publicada en fecha 14-11-2.001, ingresando al Centro Penitenciario de la Región Andina en fecha 22-2-2.003, donde actualmente se encuentra, procedente del Internado Judicial Capital El Rodeo I (Estado Miranda).
TERCERO: En decisión de fecha 08-4-2.005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY, dictó medida cautelar innominada mediante la cual acordó SUSPENDER LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 493 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, HASTA TANTO SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE, ordenando aplicar en forma estricta la disposición contenida en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, a las cuales puede optar el penado a partir del momento en que cumpla al menos la cuarta (1/4) parte de la pena impuesta, sin importar el tipo de delito por el cual resultó condenado.
CUARTO: Ahora bien, si observamos la decisión citada anteriormente, en ella la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal impone un mandato vinculante e inobjetable que se refiere estrictamente a la suspensión en la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya medida cautelar es de carácter provisional hasta tanto se resuelva el fondo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo, por los Abogados LUIS AMÉRICO PÉREZ, LUIS ISLANDA y JESSICA VOLWEIDER, en su carácter de defensores públicos y actuando en defensa de los derechos colectivos de los internos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país, ordenando aplicar en forma estricta la disposición contenida en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, ello de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual, entre otras cosas, señala textualmente lo siguiente: “En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y el Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar, aún de oficio, las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.”, pero en ningún momento se hace mención sobre alguna otra disposición legal que con motivo de tal decisión debe quedar igualmente suspendida, como por ejemplo, el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al tiempo para comenzar a optar a las redenciones judiciales de la pena, el cual textualmente establece lo siguiente: “A los fines de la redención de que trata la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, el tiempo redimido se computará a partir del momento en que el penado hubiere cumplido, efectivamente, la mitad de la pena impuesta privado de su libertad.” (subrayado nuestro),
QUINTO: Ante tal mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no le está dado a éste Juzgador, hacer interpretaciones extensivas por analogía a otros artículos distintos al artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, pues la medida cautelar innominada se refiere exclusivamente a dicha disposición legal, sin que por ello no pueda seguirse aplicando lo contenido en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, que bien pudo haberse incluido dentro de la citada medida cautelar y más sin embargo no ocurrió así, pues aquellos penados que se encuentren bajo tal impedimento legal podrán optar a la redención judicial de la pena una vez que cumplan privados de su libertad la mitad (1/2) de la pena impuesta, sea mientras reúnen los requisitos para el otorgamiento de alguna de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena o en los casos de que no reúnan tales requisitos, ya sea porque resulten con un pronóstico desfavorable en el respectivo informe técnico psicosocial o porque sean reincidentes, ya que si el Juez de Ejecución de manera benévola también suspende la aplicación del artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar de que tal suspensión no ha sido ordenada por nuestro más alto Tribunal de Justicia, beneficiaría a muchos penados que ni siquiera físicamente han cumplido al menos la cuarta (1/4) parte de la pena impuesta y muchos de ellos completarían las dos (2/3) terceras partes de la condena para la Libertad Condicional sin haber demostrado progresividad en alguna otra fórmula alternativa de cumplimiento de pena que previamente permita mayor control sobre la conducta del penado, como lo es el Destacamento de Trabajo o el Régimen Abierto, pues la suspensión del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, ya por si sola constituye un logro que indudablemente favorece a todos los penados que se encuentran en la misma situación jurídica, sin que por ello deba desaplicarse el artículo 508 del citado Código, ya que si a criterio de algún Juez de Ejecución éste debe aplicar el control difuso por inconstitucionalidad de dicha norma jurídica o de alguna otra, ello necesariamente debe ser consultado con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto, en el caso del penado EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ, el trámite para poder optar a la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, no puede ser acordado para la presente fecha, si no a partir del día diecisiete de Octubre de dos mil siete (17-10-2.007), cuando haya cumplido la mitad (1/2) de la pena que le fuera impuesta, tiempo exigido para que se comience a computar el tiempo redimido, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEXTO: El criterio sustentado anteriormente por el Juez quien suscribe, pudiera ser objeto de una nueva revisión si la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo definitivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo, no sólo ordena la desaplicación definitiva del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal si no también la del artículo 508 ejusdem o dicta posteriormente alguna otra decisión que suspenda la aplicación de éste último, que hasta la presente fecha se encuentra vigente e inalterable.
SEPTIMO: Con ocasión de la medida cautelar innominada dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 08-4-2.005, mediante la cual acordó SUSPENDER LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 493 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, HASTA TANTO SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE y con motivo a que éste Juzgado de Ejecución, al revisar el cómputo de pena de fecha 13-1-2.003, efectuado por el Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas (juez natural), cursante a los folios (33), (34) y (35) de las actuaciones, observa que el penado EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ, ya puede optar a la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de Destacamento de Trabajo a partir del día 17-4-2.005, acuerda solicitar información al citado Tribunal, a los fines de que señale si dictó algún nuevo cómputo de pena o algún otro auto donde haya acordado dar inicio a los trámites necesarios para recabar los requisitos exigidos en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal que le permitan resolver sobre el otorgamiento o la negativa de dicha fórmula alternativa de cumplimiento de pena, participándole que aún cuando a éste Tribunal sólo le corresponde resolver lo relacionado con la vigilancia del régimen penitenciario seguida al penado, de conformidad con los artículos 479, Ordinal 3° y 481 del Código Orgánico Procesal Penal, más no tramitar directamente los recaudos necesarios para resolver alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ya que ello es competencia del juez natural, éste Juzgado como muestra de su disposición a colaborar, por razones de celeridad y en aplicación del artículo 26 de la Constitución Nacional, considera necesario ir adelantando dichos trámites, por lo que acuerda:
1) Notificar al penado sobre la obligación de presentar la respectiva oferta de trabajo. Líbrese boleta de notificación al penado.
2) Ordena oficiar a la Dirección del Centro Penitenciario de la Región Andina, a los fines de que remita el record de conducta correspondiente. Ofíciese lo conducente.
3) Acuerda solicitar la práctica del respectivo informe técnico psicosocial al penado. Ofíciese lo conducente a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de la Coordinación Zonal Nro. 01 (Región Andina).
4) Ordena solicitar la respectiva Certificación de Antecedentes Penales correspondiente al penado EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ. Ofíciese lo conducente a la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Interior y Justicia, remitiéndole anexo copia certificada de la sentencia condenatoria que cursa en las actuaciones.

En consecuencia, al no haber cumplido todavía el penado EDGAR ANTONIO ALISO MARQUEZ, el tiempo reglamentario para que pueda optar a la redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio, lo procedente y ajustado a Derecho es que éste Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución Nro. 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDE NEGAR LA TRAMITACIÓN DE LA REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO QUE FUERA SOLICITADA EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL DEFENSOR PÚBLICO PENAL NRO. 05; Abogado JESUS BRICEÑO, A FAVOR DEL PENADO EDGAR ANTONIO ALIZO MARQUEZ, quien es de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, casado, comerciante, nacido el 12-6-79, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.710.196, ello de conformidad con los artículos 479, numeral 1°, 508 y 510 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que a criterio de éste Juzgador, la suspensión en la aplicación del artículo 493 del .Código Orgánico Procesal Penal, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 08-4-2.005, no puede interpretarse extensivamente a otras disposiciones legales, como el artículo 508 del citado Código, que hasta la presente fecha se encuentra vigente e inalterable.

Notifíquese al Ministerio Público, al Defensor Público Penal Nro. 05; Abogado JESUS BRICEÑO y al penado, enviándole a éste último copia certificada de esta decisión. Remítase con oficio copia certificada de la presente decisión tanto a la Dirección del Centro Penitenciario de la Región Andina como al Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas (juez natural), a los fines legales consiguientes. Certifíquese por secretaría copia de este auto. Cúmplase.

El Juez Titular de Ejecución Nro. 01

Abog. HUGO RAEL MENDOZA

La Secretaria

En fecha________, se libraron oficios nros.______________________________y Boletas de Notificación Nros.______________________.

La Secretaria