REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA 194º y 146º EXPEDIENTE: 5504 DEMANDANTE: LUIS ALBERTO PAPARONI BOTTARO. DEMANDADO: GUSTAVO ADOLFO PEÑA MARQUEZ. MOTIVO: RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. FECHA DE ADMISION:29 DE SEPTIEMBRE DE 1999. VISTOS.- Cumplidos como están las exigencias del auto de avocamiento que riela al folio 49, de fecha 09 de Diciembre de 2005. Este Tribunal acuerda y así se ordena la reanudación de la presente causa paralizada desde el 02 de Diciembre de 1999, al estado de dictar sentencia.El Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos: De las actas procésales se observa la citación de la parte demandada, en el lapso de la contestación a la demanda opusieron cuestiones previas donde el Juzgado del Municipio Antonio Pinto Salinas de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida dictó decisión donde se declaró incompetente para seguir conociendo en el presente juicio, transcurrido el lapso legal para la regulación de la competencia remitieron las actuaciones al Juzgado Segundo de Municipios Libertador, Campo Elías, Santos Marquina y Aricagua de esta misma Circunscripción, en fecha veintiocho de Julio de 1997, la parte demandada consignó escrito de pruebas en la incidencia de la cuestión previa opuesta. En fecha cinco de Mayo de 1999, mediante auto dictado por el Juzgado antes indicado, ordenó oficiar al Juzgado del Municipio Antonio Pinto Salinas solicitándole información en el estado en que se encontraba la causa penal comprendida en el expediente Nº 1222, con oficio Nº 2690-280, Remitido el expediente a este Juzgado se le dio entrada en fecha 29 de Septiembre de 1999, y en fecha 22 de Noviembre del mismo año, la parte actora, consignó escrito de promoción de pruebas, el cual se agregó a los autos. En fecha dos de Diciembre del mismo año se admitieron y se comisionó al Juzgado Antonio Pinto Salinas de la misma Circunscripción Judicial, y se libró el correspondiente despacho de pruebas. sin que hasta ahora se haya observado por parte de la parte actora interés para continuar impulsando el presente juicio. Ahora bien, esta Juzgadora observa de un detenido estudio al expediente que ha operado un desinterés de la parte actora en obtener un pronunciamiento del Tribunal verificándose de esa manera el decaimiento de la acción, El decaimiento de la acción se produce el haber ausencia de impulso procesal por rebasar el lapso que establece la ley para prescripción: 1 año. Ha sido sentencia reiterada, tanto en la Sala Constitucional, como de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que en casos como el de marras, opera de oficio o a instancia de parte, la declaratoria de extinción de la acción. Es el caso que desde el 22 de Noviembre de 1999, fecha de la última actuación por la parte actora hasta la presente fecha han transcurrido 6 años. Al respecto, señala la Decisión mencionada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 03 de Febrero de 2005: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en la sentencia Nº 956 de fecha 1º de Junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado de sentencia, tiene otro efecto que sí las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de extinción de la acción, la pérdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera, cuando habiéndose interpuesto la demanda, el juez no se pronuncia en un tiempo prudencial sobre su admisibilidad, y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el presente. En este sentido estableció, que lo que sí puede aplicarse cuando la causa se encuentra en estado de sentencia y se paraliza, por no haberse decidido dentro de los lapsos legales previstos para ello, impidiéndose de esta manera que las partes estén a derecho, es la pérdida de interés procesal que causa el decaimiento de la acción por no tener el accionante interés en que se le sentencie. La Sala Constitucional en la citada sentencia de 2001, al interpretar el artículo 26 Constitucional, estableció que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez de oficio o a instancia de parte, puede declarar extinguida la acción. En el caso concreto, la Sala estima que resulta aplicable en este estado del proceso, el decaimiento de la acción por falta de impulso procesal, como fue señalado por la recurrida, en conformidad con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional. Criterio que este Tribunal acoge como propio, por mandato tanto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para las decisiones emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ASI SE DECIDE. -------------------------------------------------------------------------------------------- DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Municipio Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: TERMINADO EL PRESENTE LITIGIO, por decaimiento de la acción, por demanda de RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS que intentara el ciudadano LUIS ALBERTO PAPARONI BOTTARO, DEMANDADO: GUSTAVO ADOLFO PEÑA MARQUEZ. Todos identificados en autos. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE, EXPÍDASE COPIA CERTIFICADA A LOS EFECTOS DE LA ESTADÍSTICA DE ESTE DESPACHO. DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DEL DESPACHO. En Mérida a las 09 días del mes de DICIEMBRE de 2005. LA JUEZA TEMPORAL ABOG./PLTGA. FRANCINA M. RODULFO ARRIA EL SECRETARIO ABG. RAFAEL RONDON MONSALVE En la misma se ordenó la publicación de la presente Sentencia, siendo las Once de la mañana. EL SECRETARIO ABOG. RAFAEL RONDON MONSALVE Xgm.