LA REPUBLIC A BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA 194º Y 146º EXPEDIENTE Nro. 5309 VISTOS PARTE NARRATIVA La demanda ingresó al extinto JUZGADO TERCERO DE PARROQUIA DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, en fecha 14 de mayo de 1998, por demanda incoada por la Abogada MARIA ELENA SAAVEDRA PEÑUELA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 31.416, en su condición de Apoderada de la Corporación de Los Andes, contra ANA ALBERTINA TAPIAS DE OROZCO Y JOSE ANGEL ARDILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 1.552.788 y 13.563.011, por COBRO DE BOLIVARES VIA EJECUTVA, previsto en los artículos 630 y siguientes de la Ley Adjetiva Civil, ahora bien de la revisión exhaustiva a las cuarenta y cuatro (44) actas que conforman el expediente principal, se evidencia que desde 2 de febrero de 1.999, fecha en que diligenció consignando los Carteles donde aparecen publicados los mismos, se observa que la parte actora no hizo ninguna otra actuación, lo que a criterio del Despacho constituye un evidente desinterés para la continuación de la causa. DE LA MOTIVA Ahora bien, visto que la presente acción fue admitida por estar debidamente tutelada cuanto en derecho se requiere de acuerdo a las previsiones de los artículos 640 y siguientes de la Ley Adjetiva Civil, intuye quien aquí decide, que este desinterés evidente en la prosecución de este juicio, debe analizarse para determinar si esas omisiones se subsumen en las previsiones del artículo 267 ibidem, cuando establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez....”. Vale decir que de manera indubitable e inexorable nuestro Legislador ha consagrado en la redacción del preindicado artículo una sanción procesal, que Penaliza, Castiga esa inactividad de las partes en un proceso judicial, con la única finalidad de evitar la duración y prosecución sin justificación legal en una causa, que va más allá de los intereses de los particulares y hoy día en expresa contradicción con lo pautado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASI SE RESUELVE. En tal sentido, quien aquí Juzga y de la revisión metodológica a las actas ya indicadas, se evidencia con meridiana claridad que no hubo ninguna actuación por la parte actora desde el 2 de febrero de 1.999, fecha en que diligenció la actora consignado los Carteles de Intimación publicados, y a la fecha de la presente decisión ha transcurrido seis (6) años, tres meses y diecisiete (17) días, sin que las partes haya desplegado otras actividades procesales tendientes a la prosecución de la causa, omisiones que inexorablemente contribuyen a la confirmación del extremo exigido por el encabezamiento de redivivo artículo 267, en consecuencia, irremediablemente resulta forzoso que en la dispositiva de este fallo se declare la Perención de la Instancia. ASI SE RESUELVE. PARTE DISPOSITIVA En fuerza a las anteriores consideraciones y en mérito al valor jurídico de este Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. 1) declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA PREVISTA EN EL ENCABEZAMIENTO DEL ARTICULO 267 ibidem, en el juicio seguido por la Abogada MARIA ELENA SAAVEDRA PEÑUELA, en su condición de APODERADA PARTE ACOTORA. No se condena en costas por expreso mandato del artículo 283 ibidem. 3) a los fines de mantener incólume el Derecho a la Defensa y la igualdad de las partes en el debido proceso, se ordena la NOTIFICACIÓN DE LA PARTE ACTORA, de conformidad con el artículo 251 ibim. NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA DE LA PRESENTE SENTENCIA. DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. Mérida, diecinueve de mayo de dos mil cinco. EL JUEZ PROVISORIO ABG. LUIS RAMON FLORES GARCIA LA SECRETARIA: ABG. GLEDYS DIAZ SÁNCHEZ En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, previa las formalidades de Ley, siendo la una de la tarde, se libró boleta de notificación . LA SRIA. LRFG/ im