REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- “VISTOS” SUS ANTECEDENTES.- Vista la diligencia de fecha 03 de noviembre de 2005 (folio 129), suscrita por el ciudadano LUIS MARIA RANGEL MEDINA, parte actora en la presente causa, asistido por el abogado VICENTE ELIAS NUÑEZ MEDINA, titular de la cédula de identidad Nro. 9.195.398, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 58053, mediante la cual se da por notificado del auto de avocamiento y solicita se declare la perención de la instancia de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; y examinadas detenidamente como han sido las actuaciones que integran el presente expediente, observa el Tribunal que el último acto de procedimiento de parte ejecutado en la presente causa se efectuó el 24 de noviembre de 2003 (folio 115), fecha en la cual el abogado OSCAR ENRIQUE RENDON HUZ, en su carácter de co-apoderado judicial de la demandada, ciudadana TEODOLINDA FERNANDEZ FILLAFRAZ, solicitó que los alegatos consignados por la parte actora, fueran declarados sin lugar ya que carecen de toda relevancia y fundamento jurídico. Relacionadas las actuaciones más relevantes que constan en autos en los términos precedentemente expuestos, el Tribunal observa: En el Libro Novedades Jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia, págs. 151 al 153, se indica lo siguiente: “Puede decirse que esta figura tiene su fundamento en varias circunstancias; en primer lugar, el interés público o bien en la necesidad social de que los procesos o juicios no pueden permanecer paralizados indefinidamente al arbitrio de las partes; y en segundo lugar, en la inactividad de las mismas, lo que presupone un abandono de la instancia, una falta de interés en su continuación. En efecto, un proceso normal debe concluir con una sentencia definitivamente firme y, por excepción, puede culminar por cualquier acto de composición procesal o perención. Esta figura de la perención, se encuentra regulada en el artículo 267, primera parte del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”. Tomando en consideración esta disposición podemos inferir que en nuestro derecho la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Por ello, la jurisprudencia nacional la ha considerado como una institución procesal de relevancia negativa, que opera como sanción al comportamiento negligente de las partes en el proceso que por su inactividad, falta de interés o impulso procesal, lo mantiene inerte más allá de los términos legalmente establecidos. Señala el autor Aristedes Rengel-Romberg que para que la perención se produzca, deben concurrir tres requisitos: a. La inactividad de la parte, referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actividad negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso (…). b. La prolongación de la inactividad de las partes por el plazo de un año. Este plazo se computa desde el último acto de procedimiento (...) Conforme a la doctrina clásica, actos de procedimiento son aquellos actos jurídicos procesales de importancia jurídica respecto a la relación procesal, que tienen por consecuencia inmediata la constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de una relación procesal (...). En consecuencia, podemos concluir que: “La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes, que propende garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir...””. Por otra parte, el artículo 269 eiusdem dispone que la perención se verifique de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio por el Tribunal. Sentadas las anteriores premisas, se impone al sentenciador pronunciarse sobre si en la presente causa operó o no la perención genérica ordinaria de la instancia prevista en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 257 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a cuyo efecto se observa: Del detenido examen de las actas procesales constata el juzgador que, desde el día 24 de noviembre de 2003 (folio 115), hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año de inactividad procesal, sin que las partes, hayan realizado gestión alguna para activar el procedimiento que, por tal razón desde esa fecha se encuentra en suspenso. En consecuencia, habiendo transcurrido más de un año desde la fecha últimamente citada, hasta la presente fecha, sin que dentro de ese lapso se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, resulta evidente que, por aplicación de lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se consumó la perención de la instancia en la presente causa, y así se declara. En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa, seguida por el ciudadano LUIS MARIA RANGEL MEDINA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad N° 9.025.120, domiciliado en esta ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, contra la ciudadana TEODOLINDA FERNANDEZ VILLAFRAZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nro. 3.945.825, residenciada en campo de oro, sector Santa Juana, Mérida, Estado Mérida, por cobro de bolívares por daños y perjuicios ocasionado en accidente de tránsito, y así se decide. A tenor de lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se hace especial pronunciamiento sobre costas en virtud de la naturaleza de esta decisión. Así se decide. Publíquese, regístrese, cópiese y notifíquese a las partes o a sus apoderados, de conformidad con el artículo 251 eiusdem. Dado, firmado, sellado y refrendado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.- El Vigía, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil cinco. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación. La Juez Temporal, Dra. Agnedys Hernández La Secretaria Temporal, Ab. Ana Thais Nuñez Contreras En la misma fecha y siendo las once y cincuenta minutos de la mañana, se publicó la anterior decisión, lo que certifico. La Sria. Temp., Ab. Ana Thais Nuñez Contreras Exp. Nro. 2752 mmm.