TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE:
EL TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO MÉRIDA
195º y 146º

SENTENCIA Nº 198

ASUNTO PRINCIPAL: LP21-L-2005-000248
ASUNTO: LP21-L-2005-000248
SENTENCIA DEFINITIVA
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE: LUCIANO ALTUVE FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.006, domiciliado en La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSÉ YOVANNY ROJAS LACRUZ y VIRGINIA MOLINA GUTIÉRREZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 58.046 y 63.903.

DEMANDADO: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO MERIDA.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA: GERARDO ENRIQUE PUENTES ARELLANO, en su carácter de Síndico Procurador Municipal del Municipio Andrés Bello del Estado Mérida.

MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES (CONSULTA LEGAL)
-II-
BREVE RESEÑA

Recibidas las presentes actuaciones, procedentes del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede alterna El Vigía, quien lo remite a este Tribunal de Alzada, a los fines de su consulta legal, mediante auto de fecha 15 de junio de 2005, y se recibió en este Tribunal en fecha 03 de agosto de 2005 (folio 163).

Realizados como fueron los trámites de Ley, pasa esta Juzgadora, a decidir la presente causa en base a las siguientes consideraciones:

Trata el presente asunto de Diferencia de Prestaciones Sociales, incoado por el ciudadano: LUCIANO ALTUVE FLORES, representado judicialmente por los abogados José Yovanny Rojas Lacruz y Virginia Molina Gutiérrez, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO MERIDA, quien alegó que en fecha 1 de octubre de 1991, inicio relación laboral con la demandada, como Obrero Contratado, y que a partir del 1 de enero de 1998, el Alcalde en vista de su desempeño le dio nombramiento fijo como Obrero hasta el 30 de septiembre de 2001, fecha en que el ciudadano Alcalde del Municipio Andrés Bello lo despidió injustificadamente, teniendo una antigüedad de 9 años y 11 meses. Asimismo, adujo que el patrono le pagó parcialmente los conceptos laborales referidos a las Prestaciones Sociales y admitiendo de forma expresa que lo despidió sin justa causa, puesto que le canceló parcialmente la Indemnización y Preaviso establecidos en el artículo 125 y 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.

De igual manera, alego que la Alcaldía calculó erróneamente la antigüedad, las vacaciones, el bono vacacional, la bonificación de fin de año, el fideicomiso del año 2001, el preaviso y la indemnización, además de omitir el pago de los conceptos laborales de Fideicomiso de los años 1991 al 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; y los Cesta-tickets de los años 1999, 2000 y 2001, así como las prestaciones sociales que corresponden a los años 1991 al 1997, cuando cambio el sistema de Prestaciones Sociales; y por cuanto, no hubo una conciliación posible entre su persona y la parte patronal, procedió a demandar a la Alcaldía para que sea condenada a pagarle en base al salario mínimo de Bs. 158.400,oo, el cual devengó a partir de mayo de 2001 hasta la terminación de su relación laboral, la cantidad de Bs. 3.892.390,70, por diferencia Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales reclamados, más los intereses de mora e indexación por la pérdida del valor monetario hasta la fecha cierta de pago.

-III-
MOTIVACION PARA DECIDIR

De la revisión exhaustiva de las actas procesales, se desprende, que a los folios 152 al 160, consta la Sentencia Definitiva de fecha 01 de junio de 2005, proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede alterna El Vigía, donde se declara Parcialmente Con Lugar la demanda interpuesta el 07 de noviembre de 2001, ante el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por el ciudadano Luciano Altuve Flores contra la Alcaldía del Municipio Andrés Bello del Estado Mérida por Cobro de Diferencias de Prestaciones Sociales, y en virtud de que las partes no ejercieron el recurso de apelación contra la mencionada decisión, según se infiere del computo realizado por el Secretario del A-quo, en auto de fecha 15 de junio de 2005, en el que dejó asentado lo siguiente; “(…) del 07 de mayo de 2005, exclusive, hasta el 06 de junio de 2005, inclusive, transcurrieron, en este Tribunal, los treinta (30) días para sentenciar, dictándose sentencia en fecha 01 de junio de 2005, y del 06 de junio de, exclusive, hasta el día de hoy, 15 de junio de 2005, exclusive, transcurrieron en este Tribunal seis (6) días hábiles de despacho, es decir, que vencieron los cinco días hábiles para interponer el recurso ordinario de apelación, siendo ellos los días, martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10, lunes 13 y martes 14 de junio de 2005. (…)”. Razón por la cual, el Tribunal de Primera Instancia, remite el expediente a este Tribunal de Alzada, a los fines de que conozca de su consulta legal.

Establecido lo anterior, esta Juzgadora, considera oportuno traer a colación el precepto constitucional contenido en el artículo 49, numeral 1º que dispone lo siguiente:
“(…) El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley (…)” (subrayado, negritas y cursivas de esta alzada).

Asimismo, es de gran relevancia citar, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la norma supranacional de rango constitucional contenida en el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece lo siguiente:
“(…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (...).” (cursivas, negritas y subrayado de este Tribunal).

En este orden de ideas, es pertinente señalar, que en el caso bajo estudio, el derecho consagrado en las normas precedentemente transcriptas, que tienen las partes de acceder ante esta Segunda Instancia, no fue concatenado, puesto que pudieron haber manifestado su disconformidad con la sentencia dictada por el A-quo, a través del medio procesal idóneo de impugnación de las decisiones como lo es el recurso ordinario de apelación, y en virtud, de que en su debida oportunidad, las partes no lo ejercieron, se presume, que las mismas están conformes con el fallo proferido en Primera Instancia. Asimismo, de la revisión de las actuaciones, evidencia, quien sentencia, que la presente consulta fue pronunciada conforme a derecho, razón por la que resulta procedente, confirmar la sentencia objeto de consulta, por cuanto se presume, ab initio, de la falta de apelación de las partes que las mismas están de acuerdo con el fallo. Y así se establece.

-IV-
DISPOSITIVO

En fuerza a las razones de hecho y derecho, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SE CONFIRMA el fallo objeto de consulta, de fecha 01 de junio de 2005, proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, sede alterna El Vigía, donde se declara Parcialmente Con Lugar la demanda por Cobro de Diferencias de Prestaciones Sociales, interpuesta el 07 de noviembre de 2001, ante el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por el ciudadano Luciano Altuve Flores contra la Alcaldía del Municipio Andrés Bello del Estado Mérida.

SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del presente asunto.

Por cuanto la presente decisión fue publicada fuera del lapso legal correspondiente, se ordena la notificación de las partes.

Publíquese, Regístrese. Déjese copia autorizada.

Dada, Firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del 2005. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
LA JUEZ,

Dra. Glasbel Belandria Pernia
EL SECRETARIO,

Abg. Fabián Ramírez

En la misma fecha, siendo las 09:03 a.m. Se publicó la anterior sentencia a la puerta del Tribunal y se dejó la copia ordenada.

El Secretario