REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA
196° y 147°
SENTENCIA Nº 168
ASUNTO PRINCIPAL: LP21-L-2005-000427
ASUNTO Nº LP21-R-2005 -000229
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
- I -
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE ACTORA: DIMAS JOSÉ MOLINA MÁRQUEZ-, venezolano, mayor de edad, Soltero, titular de la cédula de identidad Nº. V – 12.220.938, domiciliado en jurisdicción del Municipio Zea del Estado Mérida y civilmente hábil.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abg. Ambrosio Argese Montilva y José Luís Vivas Jaimes, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los números 25.414 y 99.270 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: NICOLA ANTONIO LA MANTIA JUÁREZ, venezolano, mayor de edad, Casado, titular de la cédula de identidad Nº. V – 13.499.765, domiciliado en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil, en su condición de co-propietario de la finca denominada “EL CUMBRE”, según documento protocolizado por ante el registro Subalterno del Municipio Tovar del Estado Mérida, bajo el Nº 377, folios 135 al 140, Protocolo 1º, Tomo 8º, Cuarto Trimestre de fecha 31 de diciembre de 1.997.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abg. Felipe Santiago Contreras Caldera, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 103.671.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
-II-
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
Se recibieron en esta instancia por auto de fecha diez de enero de 2006, el presente asunto proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Tovar, quien se declaró Incompetente para conocer de la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado Felipe Santiago Contreras Caldera en su carácter de apoderado judicial de la parte accionada contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzobispo Chacón de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha Catorce (14) de Julio de 2004, en el asunto que por Cobro de Prestaciones Sociales sigue el ciudadano DIMAS JOSÉ MOLINA MÁRQUEZ contra el ciudadano NICOLA ANTONIO LA MANTIA JUÁREZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº. V – 13.499.765, domiciliado en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil, en su condición de co-propietario de la finca denominada “EL CUMBRE”, según documento protocolizado por ante el registro Subalterno del Municipio Tovar del Estado Mérida, bajo el Nº 377, folios 135 al 140, Protocolo 1º, Tomo 8º, Cuarto Trimestre de fecha 31 de diciembre de 1.997.
Una vez de su recepción se providenció la causa acatando lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijándose por auto de fecha 31 de marzo de 2006 la audiencia oral y pública, para el décimo tercer (13°) día de despacho siguiente, a las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) la celebración de la misma, correspondiendo para el día 25 de abril de 2006.
Llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia previo anuncio de la misma a la puerta de la Sala de audiencia por el ciudadano alguacil, la Juez y el Secretario del Tribunal constataron que la parte recurrente no compareció a la audiencia de apelación ni por sí ni por medio de apoderado judicial.
Cumplidas las formalidades legales, se pronuncia esta sentenciadora previa las consideraciones siguientes:
-III-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La Doctrina ha establecido que la incomparecencia de alguna de las partes, constituye una anomalía del procedimiento, por considerar que las partes son “sujetos necesarios y útiles en el proceso”, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste.
Asimismo, ha indicado que: “(…) el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento (…) Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…”
En este orden, es de destacar que en diferentes dispositivos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece las consecuencias por motivo de la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia.
En lo concerniente al Procedimiento en Segunda Instancia, en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el legislador estableció:
“…En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente”.
De la trascripción anterior se evidencia, que la incomparecencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación, acarrea como efectos jurídico-procesales, declarar desistida la apelación interpuesta, y en consecuencia, el Tribunal ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen correspondiente, dejando el ad-quem las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes de interponerse el recurso.
Asimismo, la doctrina ha señalado que, “Si la parte recurrente no comparece a la audiencia fijada por el Tribunal Superior del Trabajo, se entiende que ha desistido del recurso interpuesto contra la sentencia que le fue desfavorable; por lo que dicho Tribunal debe remitir el expediente al Tribunal Sustanciador; y la sentencia proferida queda definitivamente firme”.
Además es de observar, que las partes están a derecho, una vez efectuada la notificación, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual, no hay necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley.
En el caso de autos, la parte apelante, quien estaba a derecho, no compareció a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación propuesta, por lo que a criterio de este órgano jurisdiccional, resulta procedente declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, confirmar la decisión del A-quo, tal y como será reproducido en forma clara, precisa y lacónica en la parte dispositiva del fallo. Y así se decide.
-IV-
DISPOSITIVO
Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia, en Nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el abogado Felipe Santiago Contreras Caldera en su carácter de apoderado judicial de la parte accionada, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzobispo Chacón de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha catorce (14) de julio de 2004, y en consecuencia, una vez que quede firme la presente decisión, se ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen.
SEGUNDO: Se confirma la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzobispo Chacón de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha en fecha catorce (14) de julio de 2004, en la que declara: Parcialmente Subsanadas las Cuestiones Previas opuesta por la parte demandada, quedando abierta la articulación probatoria correspondiente pero solo respecto de tales cuestiones previas cuya subsanación se declaró improcedente.
TERCERO: Se condena en costas a la parte recurrente-demandada de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese y regístrese y expídanse copias certificadas de la presente sentencia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los veintiséis (26) días del mes de abril del Dos Mil Seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
LA JUEZ,
Dra. Glasbel Belandria Pernia
EL SECRETARIO
Abg. Fabián Ramírez Amaral
En la misma fecha, siendo la 2:30 p.m, se publicó la anterior sentencia a la puerta del Tribunal y se dejo la copia ordenada.
Secretario
|
