REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA 195° y 147° SENTENCIA Nº 139 ASUNTO PRINCIPAL: LC21-R-2000-000021 ASUNTO: LC21-R-2000-000021 SENTENCIA INTERLOCUTORIA - I - IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARTE ACTORA: Wuillian Antonio Hernández Molina, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.222.295, domiciliado en la jurisdicción de la Parroquia Monseñor Pulido Méndez, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abg. Efrén Darío Ortiz Zerpa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.258. PARTE DEMANDADA: ASOCIACION CIVIL LINEA MONUMENTAL. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Antonio Ramón Peñaloza y Carmen Cecilia Rivas de Peñaloza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.320 y 53.088 respectivamente. MOTIVO: Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales. -II- BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS Se recibieron en esta instancia por auto de fecha cinco de agosto de 2005, el presente asunto proveniente del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en acatamiento de la Resolución No 2004-0146 de fecha 07 de septiembre de 2004, emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 30 de noviembre de 2004, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado Efrén Darío Ortiz Zerpa en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, de fecha dieciséis (16) de marzo de 2004. Una vez de su recepción se providenció la causa acatando lo previsto en el artículo 199 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijándose por auto de fecha 20 de marzo de 2006 la audiencia oral y pública, para el décimo (10°) día de despacho siguiente, a las dos de la tarde (2:00 p.m.) la celebración de la misma, correspondiendo para el día 03 de abril de 2006. Llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia previo anuncio de la misma a la puerta de la sala por el ciudadano alguacil, la Juez y el Secretario del Tribunal constataron que la parte recurrente no compareció a la audiencia de apelación por medio de apoderado judicial. Cumplidas las formalidades legales, se pronuncia esta sentenciadora previa las consideraciones siguientes: -III- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR La Doctrina ha establecido que la incomparecencia de alguna de las partes, constituye una anomalía del procedimiento, por considerar que las partes son “sujetos necesarios y útiles en el proceso”, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. Asimismo, ha indicado que: “(…) el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento (…) Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” En este orden, es de detestar que en diferentes dispositivos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece las consecuencias por motivo de la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia. En lo concerniente al Procedimiento en Segunda Instancia, en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el legislador estableció: “…En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente”. De la trascripción anterior se evidencia, que la incomparecencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación, acarrea como efectos jurídico-procesales, declarar desistida la apelación interpuesta, y en consecuencia, el Tribunal ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen correspondiente, dejando el ad-quem las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes de interponerse el recurso. Asimismo, la doctrina a señalado que, “Si la parte recurrente no comparece a la audiencia fijada por el Tribunal Superior del Trabajo, se entiende que ha desistido del recurso interpuesto contra la sentencia que le fue desfavorable; por lo que dicho Tribunal debe remitir el expediente al tribunal sustanciador; y la sentencia proferida queda definitivamente firme”. Además es de observar, que las partes están a derecho, una vez efectuada la notificación, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual, no hay necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley. En el caso de autos, la parte apelante, quien estaba a derecho, no compareció a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento indicado con la interposición del recurso de apelación propuesto, por lo que a criterio de este órgano jurisdiccional, resulta procedente declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, confirmar la decisión del A-quo, tal y como será reproducido en forma clara, precisa y lacónica en la parte dispositiva del fallo. Y así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia, en Nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el abogado Efrén Darío Ortiz Zerpa en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, en fecha dieciséis (16) de marzo de 2004, y en consecuencia, una vez que quede firme la presente decisión, se ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen. SEGUNDO: Se confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de El Vigía, en fecha dieciséis (16) de marzo de 2004, en el la que declara: Sin Lugar la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales propuesta por el ciudadano William Antonio Hernández Molina contra la Asociación Civil “Línea Monumental S.C”. TERCERO: No se condena en costas a la parte recurrente-demandante de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los cuatro (04) días del mes de abril del Dos Mil Seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.- LA JUEZ, Dra. Glasbel Belandria Pernia EL SECRETARIO Abg. Fabián Ramírez Amaral En la misma fecha, siendo la 3:00 p.m, se publicó la anterior sentencia a la puerta del Tribunal y se dejo la copia ordenada. Secretario