TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA
EXTENSIÓN EL VIGÍA
Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio N° 3
El Vigía, 19 de Diciembre de 2006
195º y 176º

ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2006-002178

JUEZ PRESIDENTE: ABG. CARLOS ALBERTO QUINTERO RIVAS
ESCABINO TITULAR I: COLMENARES DE MOLINA VIANNEY
ESCABINO TITULAR II: ANGULO DE RODRÍGUEZ MAGALY JOSEFINA
FISCALÍA SEXTA: ABG. SOELY BENCOMO BECERRA
ACUSADO: ALFREDO GONZALEZ PALMARES
DEFENSOR: ABG. LISETT RUIZ
VÍCTIMA: CLELIA GAMBOA VANEGAS
SECRETARIA: ABG. YNSLENIA MARQUINA RAMÍREZ
DELITOS: AMENAZA, VIOLENCIA FÍSICA, PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

ACUSADO: ALFREDO GONZÁLEZ PALMARES, venezolano, no sabe en qué fecha nació, no porta cédula de identidad, natural de Amazonas, no conoce nombre de sus padres, residenciado en Monte Verde en la hacienda propiedad del señor Gonzalo Uzcátegui, ubicada entre el medio de Alcázar y el Morro, carretera Panamericana, Municipio Obispo Ramos de Lora Estado Mérida.
El 19 de Junio de 2006, este Tribunal efectuó la audiencia del debate de Juicio Oral y Público, dándole lectura a la parte dispositiva de la sentencia Absolutoria, por lo que procede hoy a publicar el texto íntegro de la sentencia, conforme lo establece el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal y dentro del lapso legal establecido en dicha norma, pasa a decidir, previo las siguiente consideraciones.
I
ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO.

Se dio inicio al debate Oral y Público en fecha Treinta (30) de Noviembre de 2006 a las 10:00 am, fecha fijada por este Tribunal, constituyéndose en la Sala de Juicio Nº 6, del Circuito Judicial Penal, Extensión el Vigía.
Siendo la hora y fecha antes indicada para la celebración del Juicio Oral y Público, y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, tal y como ya se apuntó ut supra, se declaró abierta la audiencia, la Secretaria de sala procedió a verificar la presencia de las partes y de los órganos de prueba de conformidad con el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, previa la advertencia del Juez al público y al Acusado de la importancia y significado del acto a realizarse. Se declaró abierto el debate y se le concedió la palabra a la Fiscal Sexto del Ministerio Público a objeto de que expusiera los alegatos de su Acusación y en forma verbal acusó formalmente al ciudadano ALFREDO GONZÁLEZ PALMARES, a quien se identificó plenamente, por la comisión de los delitos de AMENAZA, VIOLENCIA FÍSICA, PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, por los siguientes hechos: “ Siendo las 08:50 horas de la noche del día domingo 02-07-2006, cuando se encontraban de servicio en la referida Sub-Comisaría Policial, se presento la ciudadana CLELIA GAMBOA VANEGAS, de nacionalidad colombiana, de 39 años de edad, soltera, de oficios de hogar, titular de la cédula de ciudadanía Nro. E81.605.883, residenciada en el sector Campo Miranda, vía La Azulita, Estado Mérida, informando que en su residencia se había introducido su ex-marido con intenciones de agredirla físicamente, procedieron de manera inmediata a dirigirse al sitio a verificar tal información, siendo la misma positiva, presentes en el lugar procedieron a dialogar con el ciudadano para que se retirará de la residencia pero el ciudadano hizo caso omiso alterándose y armándose con un arma blanca, tipo machete, en vista de tal situación la ciudadana víctima autorizo a los Funcionarios actuantes a penetrar a la residencia donde el ciudadano comenzó a lanzarles piedras y machetazos cuando trataron de acercarse, por lo que nuevamente los Funcionarios conversan con el ciudadano logrando convencerlo que saliera de la residencia, siendo desarmado, procediendo a su detención imponiéndolo de sus derechos quedando identificado como ALFREDO GONZALEZ, ya identificado, siendo posteriormente trasladado a la Sub-Comisaría Policial Nro. 12, ubicada en la ciudad de El Vigía, Estado Mérida.
Concedido como le fue el derecho de palabra a la defensa Abogada Lissett Ruíz Peña, quien rechazó la acusación formulada por el Ministerio Público señalando, entre otras cosas: “Esta Defensa se adhiere al Principio de la comunidad de la Prueba en cuanto favorezcan a mi defendido y en relación al delito de Porte Ilícito de Arma, mi defendido es un agricultor. Si bien es cierto mi defendido tenía una prohibición expresa de acercarse a la víctima, no es menos cierto que ella permitió la entrada de él a su casa y durante el juicio se sopesarán las cargas. ”

-II-

El acusado fue impuesto del Precepto Constitucional contenido en el ordinal 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien declaró, en la forma siguiente: “Ese día yo venía de la hacienda a darle un dinero a la mujer es verdad que yo estaba tomado. Ese día ella no estaba y de ahí fue cuando ella fue a buscar a la policía y fue verdad yo me le alcé a los policías, me les puse bravo”. Esta declaración del Acusado debe sin duda, ser observada con detenimiento, toda vez que si bien señala que le “yo me les alcé a los policías, me les puse bravo”, sin embargo, esta no puede ser considerada de manera aislada para determinar la autoría del Delito de Resistencia a la Autoridad, toda vez que existen otras pruebas que señalan que el acusado en último momento accedió y permitió a los funcionarios policiales cumplir con su labor.
Por último, se le concedió la palabra a las partes a los fines que presentaran sus conclusiones a lo cual fueron en el orden preestablecido de la forma siguiente:
La Fiscal Sexta del Ministerio Público, señaló: “Los hechos que se narraron al principio y las pruebas fueron recepcionadas. Ofrecí las declaraciones de la víctima quien manifiesta que cuando está bueno y sano es normal. Nos habló de un hecho ocurrido anteriormente que fue el que originó la prohibición de acercarse a ella, lo que se traduce en un indicio de violencia en el hogar. Nos señalaba también que él no vivía allí de hecho le dijo al niño que fuera a buscar el dinero a la Finca y no lo encontraron. Que llegó insultándola y destruyendo todo y que por su insistencia van hasta allá los funcionarios. Allí hubo la actitud violenta hasta el hecho de lanzarles piedras, finalmente sale con un machete en la mano. Los funcionarios del CICPC practican labores de investigación posteriores al hecho para asegurar las evidencias y así seguir la ruta del hecho. También practican el reconocimiento del arma. Los funcionarios Policiales manifiestan que hacía caso omiso a la comisión policial, que incluso les sacó un machete y les lanzó piedras. Estas conductas encuadran dentro de los tipos penales de Amenaza, Violencia Física, Porte Ilícito de Arma Blanca y Resistencia a la Autoridad, es por ello que solicito que la sentencia sea Condenatoria. También la víctima señalaba que siempre ha amenazado su vida y eso es lo que hay que erradicar. Es por esto que solicito nuevamente que la sentencia aplicable sea Condenatoria.
Concedido como fue la oportunidad para la Defensa, argumentó entre otras cosas: “Estos casos de Violencia Física más que traer una pena corporal, son casos que merecen más bien rehabilitación, esa debería ser la función del Estado a los fines de que se reivindiquen. En el caso de Alfredo González se probó que es una persona que consume alcohol y que este hecho lo perjudica no solo a él sino a la sociedad. Es por ello que solicito muy respetuosamente, se verifique la condición del Artículo 64 ordinal 1 del Código Penal vigente. Ahora bien, para esta Defensa, es evidente que entre ellos ya se habían suscitado ciertos problemas pero no se configuraron los delitos que le imputa el Ministerio Público. En este caso la ciudadana Clelia dice que la tabla se desprendió producto del forcejeo entre los funcionarios y él pero los funcionarios manifiestan que no hubo forcejeo. En cuanto al delito de Porte Ilícito se trata de un ciudadano Agricultor y que dicha arma no fue decomisada en un lugar público sino en su vivienda. En cuanto a la Violencia Física, el último funcionario Abel Mosquera manifestó que no observó violencia material. En relación al delito de Amenaza, ella señala que el ciudadano ella observa cuando llega y que oye cuando vocifera pero aquí para que se configure el delito es necesario que se lo diga de frente que va contra su persona. Ahora bien, la decisión depende del Tribunal...”.
Se deja constancia que las incidencias suscitadas en el Juicio Oral y Público fueron resueltas conforme a lo dispuesto en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal.

-III-
DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA FUERON ACREDITADOS EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO.

Tómese en cuenta, que para acreditar los hechos es necesario realizar un proceso de valoración de las pruebas y así dejará constancia el Tribunal en el desarrollo de la presente sentencia.
Planteadas así las cosas, el Tribunal señala delimitadamente los hechos que considera acreditados:
Se considera acreditado el hecho de la presencia del Acusado ALFREDO GONZÁLEZ PALMARES, en la residencia de la ciudadana CLELIA GAMBOA VANEGAS, en el sector Campo Miranda, vía La Azulita, Estado Mérida.
Igualmente se acreditó el hecho de la presencia de los funcionarios policiales en la referida residencia.
Se acreditó la incautación de un Arma Blanca tipo Machete.
No se acreditaron en el Debate oral y público los demás hechos en un principio señalados por el Ministerio Público, en lo que tiene que ver con la responsabilidad Penal del acusado.

-IV-
VALORACIÓN DE PRUEBAS

Agotado el punto anterior, pasa el Tribunal a valorar todas y cada una de las pruebas presentadas; por tal razón, se referirá a las mismas sin importar el orden cronológico en que fueron evacuadas y en la medida en que se lleve adelante el proceso Lógico-Deductivo para arribar a la conclusión, es decir, la decisión.
De la declaración rendida LUIS ERNESTO LABRADOR, juramentado, manifestando en relación a la Experticia de Reconocimiento Legal N° 9700-230-AT-212, la Inspección N° 780, lo siguiente: “Ratifico el contenido y la firma de dichas actuaciones. El día 03-07-06 fui comisionado con el funcionario Parada Ramón para practicar una Inspección a una vivienda construida en paredes de tabla y techo de zinc, al acceder se observó signos de violencia. Había una segunda puerta con signos de violencia. En relación al reconocimiento legal se le practicó al arma blanca de doble filo, empuñadura de madera, marca Gavilán.”
Tal declaración es valorada por este tribunal, toda vez que quien la rinde es un Experto con capacidad Técnica, permite establecer la existencia cierta de la residencia en donde ocurrieron los hechos con algunos signos de violencia, específicamente en la puerta, violencia que no puede ser atribuida en forma aislada al acusado, toda vez no se evacuó otra prueba que pudiera señalar que el acusado ejerció violencia a las puertas, que fue donde dejó constancia el Experto, existía algunos signos de violencia, en todo caso, son muchas la causas que pudieron dejar esos signos de violencia en las puertas, quizás el mismo ingreso de los funcionarios a la vivienda, como así lo señaló el mismo acusado.
Así mismo, la declaración del experto Labrador, permite establecer la existencia del Arma tipo Machete, las cual comúnmente es utilizada para labores agrícolas.
De lo señalado por JESÚS RAMÓN PARADA, juramentado, señaló: “Ratifico el contenido y firma de las mismas. Se recibe un procedimiento de Flagrancia de la policía donde un ciudadano supuestamente lesionó a su pareja. La ciudadana presente nos permitió el acceso a la vivienda y se realizó las diligencias solicitadas. Al igual que la declaración del funcionario antes valorado, permite establecer la existencia cierta de la vivienda donde ocurrieron los hechos.
De los Testimonios de los funcionarios actuantes, entre ellos, TARCISO SUÁREZ ROSALES, titular de la cédula de identidad Nº 9.204.694, juramentado, manifestó: “Ratifico el contenido y firma. Siendo las ocho de la noche del domingo 08-07-06 se presentó una ciudadana al comando de Santa Elena que en Campo Miranda se le había introducido su ex marido amenazándola físicamente. Nos trasladamos al sitio, siendo positivo. Cuando llegamos le dijimos que se retirara de la casa e hizo caso omiso a la comisión policial. De ahí la señora nos dijo que lo retiráramos porque iba a ser problema para ella y nos autorizó para entrar a la residencia y el señor nos lanzaba piedras y machetazos. Después volvimos a hablar con el señor y luego lo convencimos y salió, lo desarmamos y posteriormente fue detenido. Nos trasladamos a la Sub Comisaría 13 y después a la 12.” Y el de ABEL ENRIQUE MOSQUERA HERNÁNDEZ, quien señaló: “Como a las ocho o nueve de la noche un domingo, llegó una ciudadana informándonos que su ex marido se introdujo en su casa queriendo agredirla y fue a notificarnos a nosotros después nos fuimos con ella. Al llegar al sitio el ciudadano estaba alzado y cuando nos vio se armó con un arma blanca. Tratamos de hablar con él y decía que lo sacaban muerto de ahí. Nos lanzaba piedras y machete. Duramos como una hora tratando de dialogar con él, hasta que después de cierto tiempo cedió y nos entregó el machete.”
Estas declaraciones, determinan la presencia de funcionarios policiales en el sitio, si bien señala alguna actuación violenta por parte del Acusado, deja ver como al final, el acusado permite que los funcionarios cumplan con su misión.
De lo señalado por la víctima en la presente causa, CLELIA GAMBOA VANEGAS, titular de la cédula de identidad Nº E-81.605.883, juramentada, manifestó: “Cuando el ciudadano llegó a mi casa en la noche en estado de embriaguez, llegó insultando, visto de que yo no le salía, él entró a mi casa a botar todo y destrozó todo, vito eso yo me fui para el Comando de la policía para que vieran. El siempre se pone agresivo y me dice que me va a dar por donde más me dolía que son mis hijos. Es todo. A de la Representante Fiscal, P: Cuando él ingresa a la casa había alguien? R: No, todos estábamos afuera. P: Qué hizo él? R: Destrozó todo. P: Usted qué les informó a los policías? R: Que había llegado de grosero a molestarme y ellos no querían venir y les dije que mi vida corría peligro y las de mis hijos. Yo toqué la puerta y me dijo que entrara porque después estaba acostado. Cuando me vio llegar con los policías ellos le dijeron que dialogáramos y entonces fue cuando se formó ese escándalo. La policía le empujó la puerta, para que saliera y luego trancó la puerta y les lanzaba cosas para afuera. P: Dónde queda su casa? R: Vía La Azulita en un ranchito. P: Ese charapo estaba dónde? R: Estaba en la casa. P: Cómo era esa rula o charapo? R: Tenía cacha negra más o menos larga. P: Cómo ha sido su vida ahora que él está detenido? R: Más tranquilo. P: En algún momento cuando vivía con él sintió que su vida corría peligro? R: En la forma como él tomaba sí llegué a sentirlo. Y a preguntas la Defensa, señaló lo siguiente: P: Desde cuánto tiempo tienen la prohibición? R: Como veintidós días. P: Después de eso él ingresó a la vivienda? R: Estuvo dos días después fue a buscar trabajo. P: Tomaba frecuentemente? R: Últimamente tomaba desde los viernes hasta los martes. P: Ese día logró darle alguna cantidad de dinero? R: No, nunca me entregó nada. Él le dijo al niño al hijo de él que le iba a dar plata. P: Esas palabras que él dijo fueron pronunciadas en su presencia? R: No porque yo estaba afuera escondida. P: Le consta que las tablas fueron desprendidas por él? R: La desprendió por estar puyando al policía.
Esta declaración de la víctima debe ser debidamente valorada, pues permite establecer algunos hechos que apreciados aisladamente serían simples hechos sin conexión, señala la víctima, que los funcionarios en un momento empujaron la puerta para ingresar ala residencia, lo que de alguna forma explica los signos de violencia encontrados en la puerta de la residencia. No señala la victima algo más que adminiculado con otra prueba pueda acreditar hechos que encuadren en los delitos acusados, pues incluso la misma víctima señaló que el Arma Blanca tipo machete estaba en su casa, cómo entonces puede atribuirse el delito de porte si el arma se encontraba en la vivienda de la víctima.

Tomando en consideración el Criterio de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 10 de Junio de 2005, en relación a las Pruebas Documentales, en el que se dejó sentado que “…la experticia se debe bastar así misma y la incomparecencia de los expertos al debate no impide que tales elementos de prueba (debidamente incorporados al proceso) puedan ser apreciados por el juez de juicio…” y de conformidad con el Artículo 339 en concordancia con el Artículo 358 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se pasa a valorar las pruebas documentales incorporadas por su lectura al debate oral y publico y que a continuación se detallan:
Experticia de Reconocimiento Legal Nro. 9700-230-AT-212, de fecha 03-07-06, cursante al folio 26 de la causa, suscrita por el Funcionario AGENTE LUIS ERNESTO LABRADOR VIVAS. Permitió al Tribunal comprobar la existencia real del Arma que es utilizada comúnmente para labores agrícolas. Lo que pudiera justificar de algún modo su hallazgo pues el acusado se dedica a labores agrícolas, no obstante, por lo señalado por la misma víctima esa Arma se encontraba en su residencia.

Inspección Técnica Nro. 780 de fecha 03-07-06, cursante al folio 23 y su vuelto de la causa, suscrita por los Funcionarios LUIS ERNESTO LABRADOR Y JESUS RAMON PARADA. adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Subdelegación El Vigía, Estado Mérida, practicada al sitio donde ocurrieron los hechos, en una Residencia en el sector Campo Miranda, vía La Azulita, Estado Mérida. Permite establecer la existencia de la residencia y coincide con lo señalado no solo con el experto que la practicó sino por lo señalado por los testigos que declararon.

-V-
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE MOTIVAN LA DECISIÓN

Después de haber apreciado el Tribunal, el acervo probatorio suministrado por las partes, según la sana crítica, que establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, permitiendo que las conclusiones a que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en las que se apoye, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, como lo dispone el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, nos permite establecer que en el caso de marras, si bien el Ministerio Público en un principio, acusó por los delitos de Amenaza, Violencia Física, Porte Ilícito de Arma Blanca y Resistencia a la Autoridad; sin embargo, en el transcurso del debate no pudo probarse la autoría de esos hechos punibles, pues surgieron dudas que desvanecieron la responsabilidad penal.
En este orden, en lo atinente al delito de Porte Ilícito de Arma Blanca, la mayoría de las pruebas evacuadas, demostraron las existencia del Arma Blanca tipo Machete, pero en ningún momento, se demostró la responsabilidad penal del acusado, esto es, que el acusado portara el arma en un espectáculo público, como así lo exige el Artículo 18 del Reglamento de la Ley sobre Armas y explosivos.
Así mismo en relación al delito de Amenaza no quedó acreditado que el acusado haya amenazado a la víctima con causarle un daño grave o injusto, como así lo exige el Artículo 16 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, pues de lo señalado por la misma víctima se pudo determinar que el acusado pronunció una series de palabras sin saber siquiera si la víctima estaba en su residencia, lo que de alguna forma le quita uno de los presupuesto fundamentales para considerar la comisión de este tipo de delito, esto es, la intención del sujeto activo en infundir miedo a su víctima de causarle un daño, cómo en el caso bajo examen puede hablarse del Delito de Amenaza, si el acusado desconocía si la víctima estaba en su casa y más aun no se señaló con precisión que palabras profirió el acusado para considerarla realmente como amenaza, es por estas razones que el Tribunal no encontró acción alguna por parte del acusado que lo señale como autor del delito en referencia.
En lo que tiene que ver con el delito de Violencia Física cuya acción según los hechos señalados por el Ministerio Público se dirigió a los bienes, en criterio del Tribunal Mixto, no quedó comprobado que algunos de los signos de violencia hallados en la residencia, hayan provenido de una acción deliberada por parte del acusado, pues surgieron en el debate otros hechos que de alguna forma pueden justificar esos signos de violencia, entre ellos el posible ingreso fallido de los funcionarios a la residencia que pudo causar los daños encontrados, de otra forma no se encontró otros hechos que generen responsabilidad penal para el acusado.
Y en lo que tiene que ver con el delito de Resistencia a la Autoridad no se acreditó en el debate que el acusado haya impedido efectivamente el cumplimiento de los deberes oficiales de los funcionarios, pues tanto el acusado como los mismos funcionarios señalaron que si bien en un principio actuó en forma violenta, sin embargo, al final accedió a lo que éstos le indicaron, en tal sentido no puede hablarse en el caso bajo examen de un resistencia a la Autoridad.
Siendo esta la situación en el presente caso, el Tribunal, habiendo tomado en cuenta que la Presunción de Inocencia es un estado de garantía, en razón del cual, una persona se presume inocente mientras nos se demuestre la culpabilidad, y en consideración que en cualquier proceso sancionatorio, ello trae una consecuencia desde la perspectiva de la carga de la prueba y otra frente al resultado. En la perspectiva de la carga de la prueba le corresponderá a quien impute el hecho ilícito, el interés procesal de demostrar sus respectivas alegaciones de hecho, con vista a llevar a la convicción del órgano decidor de manera indubitada la producción del mismo, bajo la visión del resultado, concluido un proceso, si quien imputa el hecho no ha demostrado fehacientemente la comisión del mismo por parte del acusado, a éste último lo amparará la referida presunción de inocencia a los fines de la decisión final que sea resultante de un contradictorio que se rija por las reglas del debido proceso. Razones por las que, al no quedar comprobada la participación del acusado en la comisión de los delitos por los que fue acusado por el Ministerio Público, se dictó sentencia absolutoria.
La parte dispositiva de esta sentencia fue leída en la Audiencia celebrada el día 30 de Noviembre de 2006, siendo expuestos oralmente algunos de los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, por lo que el lapso para ejercer el Recurso de Apelación comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la publicación de la sentencia, sin necesidad de notificación, pues las partes en el presente caso están a derecho, tal como lo dejó sentado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1289 de fecha 18-10-2000, expediente C-00-996, con ponencia del Magistrado Rafael Pérez Perdomo.

DISPOSITIVA

En base a las consideraciones y fundamentos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal Mixto, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, por Votación Unánime, ABSUELVE a ALFREDO GONZÁLEZ PALMARES, venezolano, de 30 años de edad, natural de Amazonas, soltero, obrero, sin cédula de identidad, fecha de nacimiento 04-03-1976, residenciado en la Hacienda Monte Verde (Gonzalo Uzcátegui), sector El Alcázar, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, por los delitos de AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, establecido y sancionados en los artículos 16 y 17 de la Ley Sobre La Violencia Contra La Mujer y La Familia, cometido en perjuicio de la ciudadana CLELIA GAMBOA VANEGAS; el delito de PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previsto en el Artículo 277 del Código Penal y el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto en el Artículo 218 Numeral 1 del Código Penal.
De conformidad con el Artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal se ordena la libertad plena del mencionado ciudadano y por tanto la cesación de cualquier medida cautelar que pesare en su contra.
De conformidad con el Artículo 278 del Código Penal, por cuanto de la revisión de las presentes actuaciones se evidencia la Incautación de un Arma Blanca Tipo Machete, se confisca la referida Arma y una vez firme la presente decisión, se ordena la Remisión al parque nacional específicamente a la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional la cual fue enviada a la Sala de objetos recuperados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
No hay condenatoria en Costas, en virtud de lo dispuesto en los principios de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez quede firme la presente Decisión se acuerda remitir la presente Causa al Archivo Judicial.
Dada, sellada, firmada y refrendada en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, extensión El Vigía, en la Ciudad de El Vigía a los 19 días del mes de Diciembre de 2.006.

JUEZ DE JUICIO No 03.

ABG. CARLOS ALBERTO QUINTERO RIVAS.

JUEZAS ESCABINAS

TITULAR I TITULAR II

COLMENARES VIANNEY ANGULO MAGALY JOSEFINA

SECRETARIA

ABG. YNSLENIA MARQUINA RAMÍREZ