REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA 195° y 147° SENTENCIA Nº 105 ASUNTO PRINCIPAL: LP21-L-2005-000089 ASUNTO: LP21-R-2006-000003 SENTENCIA INTERLOCUTORIA - I - IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARTE ACTORA: José Luís Romero Castillo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V – 4.489.872. APODERADO JUDICIAL DE LA DE LA PARTE DEMANDANTE: Abg. Fortunato Leonardo Ricci Bermúdez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 82.631. PARTE DEMANDADA: Sindicato Estatal Integral De Trabajadores De La Industria De La Construcción, Afines Y Conexos Del Estado Mérida (SINEITRACOM). APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abg. Eliseo Antonio Moreno Angulo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 78.416. MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. -II- BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS Se recibieron en este Tribunal Superior, las presentes actuaciones por auto expreso de fecha 14 de febrero de 2006 (folio 379, pieza 1), proveniente del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que admitió en ambos efecto por auto de fecha 3 de febrero de 2006 (folio 377, pieza 1), el recurso de apelación interpuesto por el abogado FORTUNATO SERGIO RICCI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número: 82.631, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante contra decisión de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2005, proferida por el mencionado Tribunal, en el asunto que por Nulidad de Acta Administrativo, sigue el ciudadano José Luís Romero Castillo, contra el Sindicato Estatal Integral de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Afines y Conexos del Estado Mérida (S.I.N.E.I.T.R.A.C.O.M.). Sustanciado el presente asunto, conforme a lo previsto en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en fecha 21 de febrero del 2006, se fijó para el Noveno (9°) día de despacho siguiente, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), la audiencia oral y pública en esta instancia, correspondiendo la misma para el día 8 de marzo de 2006. Llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, previo anuncio a la puerta de la Sala de Audiencias por el ciudadano alguacil, el secretario y la Juez del Tribunal constató que la parte recurrente no compareció a la audiencia de apelación ni por si, ni por apoderado judicial. Cumplidas las formalidades legales, se pronuncia esta sentenciadora previa las consideraciones siguientes: -III- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR La Doctrina ha establecido que la incomparecencia de alguna de las partes, constituye una anomalía del procedimiento, por considerar que las partes son “sujetos necesarios y útiles en el proceso”, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. Asimismo, ha indicado que: “(…) el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento (…) Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” En este orden, es de destacar que en diferentes dispositivos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece las consecuencias por motivo de la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia. En lo concerniente al Procedimiento en Segunda Instancia, en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el legislador estableció: “…En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente”. De la trascripción anterior se evidencia, que la incomparecencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación, acarrea como efectos jurídico-procesales, declarar desistida la apelación interpuesta, y en consecuencia, el Tribunal ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen correspondiente, dejando el ad-quem las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes de interponerse el recurso. Asimismo, la doctrina ha señalado que, “Si la parte recurrente no comparece a la audiencia fijada por el Tribunal Superior del Trabajo, se entiende que ha desistido del recurso interpuesto contra la sentencia que le fue desfavorable; por lo que dicho Tribunal debe remitir el expediente al Tribunal Sustanciador; y la sentencia proferida queda definitivamente firme”. Además es de observar, que las partes están a derecho, una vez efectuada la notificación, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual, no hay necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley. En el caso de autos, la parte apelante, quien estaba a derecho, no compareció a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación propuesta, por lo que a criterio de este órgano jurisdiccional, resulta procedente declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante Abg. FORTUNATO SERGIO RICCI, confirmar la decisión del A-quo, tal y como será reproducido en forma clara, precisa y lacónica en la parte dispositiva del fallo. Y así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia, en Nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el abogado FORTUNATO SERGIO RICCI, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente - demandante, contra decisión proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2005. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte recurrente-demandante de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese y expídanse copias certificadas de la presente sentencia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los catorce (14) días del mes de marzo del Dos Mil Seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.- LA JUEZ, Dra. Glasbel Belandria Pernia EL SECRETARIO Abg. Fabián Ramírez Amaral En la misma fecha, siendo la 10:30 a.m, se publicó la anterior sentencia a la puerta del Tribunal y se dejo la copia ordenada. Secretario