REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA 195° y 147° SENTENCIA Nº 079 ASUNTO PRINCIPAL: LH21-L-2002-000071 ASUNTO Nº LP21-R-2006-000016 SENTENCIA INTERLOCUTORIA - I - IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARTE ACTORA: ELVA MARIA RONDON LACRUZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 16.933.324. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: JAIRO VENANCIO RANGEL MUÑOZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.166. PARTE DEMANDADA: ESTACION DE SERVICIO LOS HIGUERONES COMPAÑÍA ANÓNIMA, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero De la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el número 49, Tomo A-9, de fecha 31 de Diciembre de 1991, en la persona de su propietario y representante legal ciudadano ARCADIO JOSE MORENO GUERRERO, quien es venezolano, titular de la cédula de identidad número: 3.036.586. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: IGNACIO VIELMA ROJAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.830. MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. -II- BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS Se recibieron en esta instancia por auto de fecha Primero (1º) de Febrero de 2006, el presente asunto remitido por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que lo remite en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Arcadio José Moreno Guerrero, asistido por el profesional del derecho Ignacio Vielma Rojas en su carácter de parte demandada, contra la decisión de fecha once (11) de Agosto de 2004, proferida por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, previa admisión en ambos efectos según auto de fecha primero (1º) de Febrero de 2006 (folio 132). Una vez de su recepción se providenció la causa acatando lo previsto en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijándose por auto de fecha 8 de Febrero de 2006, para el Décimo Segundo (12°) día de despacho siguiente la audiencia oral y pública, a las dos de la tarde (2:00 p.m.), cuya celebración correspondía para el día 1º de Marzo de 2006. Llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia previo anuncio de la misma a la puerta de la sala por el ciudadano alguacil, la Juez y el Secretario del Tribunal constataron que la parte recurrente no compareció a la audiencia de apelación ni por sí, ni por medio de apoderado judicial. Cumplidas las formalidades legales, se pronuncia esta sentenciadora previa las consideraciones siguientes: -III- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR La Doctrina ha establecido que la incomparecencia de alguna de las partes, constituye una anomalía del procedimiento, por considerar que las partes son “sujetos necesarios y útiles en el proceso”, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. Asimismo, ha indicado que: “(…) el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento (…) Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” En este orden, es de destacar que en diferentes dispositivos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece las consecuencias por motivo de la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia. En lo concerniente al Procedimiento en Segunda Instancia, en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el legislador estableció: “…En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente”. De la trascripción anterior se evidencia, que la incomparecencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación, acarrea como efectos jurídico-procesales, declarar desistida la apelación interpuesta, y en consecuencia, el Tribunal ordena la remisión del expediente al Tribunal de origen correspondiente, dejando el ad-quem las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes de interponerse el recurso. Asimismo, la doctrina ha señalado que, “Si la parte recurrente no comparece a la audiencia fijada por el Tribunal Superior del Trabajo, se entiende que ha desistido del recurso interpuesto contra la sentencia que le fue desfavorable; por lo que dicho Tribunal debe remitir el expediente al tribunal sustanciador; y la sentencia proferida queda definitivamente firme”. Además es de observar, que las partes están a derecho, una vez efectuada la notificación, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual, no hay necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley. En el caso de autos, la parte apelante, quien estaba a derecho, no compareció a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación propuesto, por lo que a criterio de este órgano jurisdiccional, resulta procedente declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmar la decisión del A-quo, tal y como será reproducido en forma clara, precisa y lacónica en la parte dispositiva del fallo. Y así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia, en Nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el el ciudadano Arcadio José Moreno Guerrero, asistido por el profesional del derecho Ignacio Vielma Rojas en su carácter de parte demandada, contra la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha once (11) de Agosto de 2004. SEGUNDO: Se confirma la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha once (11) de Agosto de 2004, en la que declara con lugar la demanda interpuesta por la ciudadana ELVA MARIA RONDON LACRUZ, contra la Sociedad Mercantil ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS HIGUERONES COMPAÑÍA ANÓNIMA. TERCERO: Se condena en costas a la parte recurrente-demandada de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. CUARTO: Remítase el expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida para su conocimiento y providenciación de lo solicitado por la parte actora mediante diligencia de fecha 9 de Febrero de 2006, que corre inserta al folio 138 de los autos. Publíquese, regístrese y déjese la copia ordenada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los Dos (02) días del mes de Marzo del Dos Mil Seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.- LA JUEZ, Dra. Glasbel Belandria Pernia EL SECRETARIO Abg. Fabián Ramírez Amaral En la misma fecha, siendo la 3:00 p.m, se publicó la anterior sentencia a la puerta del Tribunal y se dejo la copia ordenada. Secretario