TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 01
SECCION PENAL DE ADOLESCENTES
EXTENSION EL VIGIA
El Vigía, 13 de noviembre de 2006
196º y 147º
ASUNTO PRINCIPAL : LP11-D-2006-000072
ASUNTO : LP11-D-2006-000072
AUTO DECRETANDO EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
Por recibido, el presente asunto penal por declinatoria de competencia, procedente del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 del proceso penal ordinario, contentivo de escrito presentado por la Abg. Auristela Marcano Bello, en su condición de Fiscal para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a través del cual solicita se decrete el sobreseimiento definitivo, a favor del ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), en el asunto penal seguido en su contra por la comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado en el artículo 454 ordinal 8° del Código Penal anterior a la reforma, en perjuicio del ciudadano Javier Francisco Hernández; por consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía, decide en los siguientes términos:
IDENTIFICACION DEL IMPUTADO
(IDENTIDAD OMITIDA).
DESCRIPCION DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACION
Se desprende de las actuaciones que integran el presente asunto penal entre otras cosas que, en fecha doce de septiembre del año mil novecientos ochenta y seis (12-09-1986), el ciudadano Luis Antonio Pérez Puentes, de 19 años de edad, en compañía del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), de 16 años de edad, se llevaron un vehículo tipo moto, marca Susuki, color azul y anaranjado, sin placas, 80 centímetros cúbicos, serial de carrocería DS80-147677, serial motor DS80-155327, propiedad del ciudadano Javier Francisco Hernández, quien la había dejado estacionada en el complejo ferial ubicado en la urbanización Páez de El Vigía Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida.
RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
La Representante Fiscal en su escrito inserto al folio 47, solicita se decrete el sobreseimiento definitivo a favor del adolescente con fundamento en los artículos 48 numeral 8 y 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal; ahora bien, en el presente caso es necesario precisar, que para el momento en que ocurrieron los hechos, vale decir, para el doce de septiembre del año mil novecientos ochenta y seis (12-09-1986), (IDENTIDAD OMITIDA) contaba con 16 años de edad, oportunidad en la cual se encontraba vigente la Ley Tutelar del Menor, aplicable en el caso en examen, la cual disponía que los adolescentes carecían de responsabilidad penal, situación ésta, por demás, favorable para el mencionado ciudadano.
Así las cosas, es preciso observar lo dispuesto en el artículo 529 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, referido a la legalidad y lesividad, el cual apunta:
“Ningún adolescente puede ser procesado ni sancionado por un acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la ley penal, de manera expresa e inequívoca, como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta esté justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado.
El adolescente declarado responsable de un hecho punible sólo puede ser sancionado con medidas que estén previstas en esta Ley.
Las medidas se deben cumplir conforme las reglas establecidas en esta Ley.”
Y al respecto, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, citado por la Representación Fiscal, dispone:
“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.”
De tal manera, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente se sustituye lo que se ha conocido como el binomio compasión-represión por el binomio severidad-justicia, pero es que en la Ley Tutelar del Menor el adolescente era considerado como un menor infractor carente de responsabilidad penal, por existir una indefinición de lo que era un hecho antisocial, donde prevalecía la aplicación de cualquier medida de seguridad independiente de la infracción cometida; así pues, el sistema previsto en la ley derogada evidentemente beneficia al para entonces adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), siendo procedente decretar en el presente caso, el sobreseimiento definitivo a favor del ut supra ciudadano, toda vez, que resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer una sanción, tal y como lo establece el literal “d” del artículo 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por ser más favorable las disposiciones contenidas en la ya derogada Ley Tutelar del Menor, esto en razón del principio de extra-actividad de la ley, de tal manera que efectivamente conforme lo solicitado por la Fiscalía del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio, es procedente decretar el sobreseimiento definitivo a favor del hoy ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA) con fundamento en las razones y disposiciones antes señaladas y no en razón de la prescripción de la acción penal. Y así se decide.
DISPOSITIVA
Este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 01 del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: Primero: Con base a lo anteriormente expuesto y conforme lo dispuesto en los artículos 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 529, 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta el sobreseimiento definitivo, a favor del ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), en el asunto penal signado bajo el Nº LP11-D-2006-000072. Segundo: De conformidad con el artículo 319 del Código Orgánico Procesal, aplicado supletoriamente en el último aparte del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se le pone término al presente procedimiento. Tercero: Transcurrido el lapso legal correspondiente, se ordena declarar firme la presente decisión y la remisión del asunto penal al Archivo Judicial para su guarda y custodia. Cuarto: Se ordena notificar a la Fiscalía del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a la Defensora Pública Especializada Abg. María Eugenia Guerrero de Pacheco y a la víctima ciudadano Francisco Javier Hernández Chacón, no así al ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), toda vez que, de las actuaciones se desprende que la dirección indicada no se corresponde con las existentes en la localidad, tal y como lo señala el alguacil en la diligencia estampada al dorso del folio 57.
FUNDAMENTACION JURIDICA
Se fundamenta la presente decisión en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 529, 537 y 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; artículos 318 numeral 2, 319 y 324 del Código Orgánico Procesal Penal. En la sede del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 01 del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía. El Vigía a los trece días del mes de noviembre del año dos mil seis (13-11-2006).
LA JUEZA TITULAR EN FUNCIONES DE CONTROL N° 01
ABG. CIRIBETH GUERRERO OCHEA
LA SECRETARIA
ABG. HILDA ROSA RIVAS PERNIA
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado, se libraron boletas de notificaciones Nros. LV11BOL2006001386; LV11BOL2006001387 y LV11BOL2006001388.
Conste, SRIA
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