REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL L.O.P.N.A
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIDENTAL EN FUNCIONES DE JUICIO SECCION DE ADOLESCENTES
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA
Mérida, 04 de agosto de 2008
198° y 149°
CAUSA N° J01-M-487-04.
AUTO DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA Y ORDENANDO REPONER LA CAUSA AL ESTADO DE QUE SE CELEBRE EL ACTO DE IMPUTACIÓN
El 30 de julio de 2008, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección de Adolescente de este Circuito Judicial Penal, recibe escrito suscrito por el Defensor Público abogado OSCAR RAMÓN ROSALES NOGUERA, y como tal defensor del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión del delito de Robo Agravado de Vehículo Automotor y Porte Ilícito de Arma de Fuego, constante de cuatro (4) folios útiles, en el cual solicita se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones que constan en la presente causa, por violación del debido proceso; y se reponga la causa al estado en que la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público, realice el acto formal de imputación, en virtud del reiterado criterio del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias de la Sala Constitucional de fecha 14-02-02 y la de Sala de Casación Penal , fundamentando dicho pedimento en los artículos 190, 191 y 192 del Código Orgánico Procesal Penal , en armonía con el ordinal 1º del artículo 49 Constitucional, tal como se evidencia a los folios 663 al 666 de las actuaciones. En atención al cual ésta Juzgadora, procede a realizar las siguientes observaciones:
El 21-04-2006 se celebró audiencia con motivo de calificación de aprehensión en flagrancia por ante el Tribunal de Control Sección Adolescentes Extensión El Vigía del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, donde le fue designado el defensor a la adolescente; en el cual fue declarada con lugar la aprehensión flagranti de la adolescente conforme al artículo 557, 559 de la Ley Adjetiva Penal, el procedimiento ordinario y medida privativa preventiva de libertad a los fines de asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de Luís Javier Villasmil Rosales. (folios 28 al 40). Fundamentándose dichos pronunciamientos en esta misma fecha (F.44 al 54).
El 25 de abril de 2006 se presentó formal acusación por parte de la representación fiscal en contra del adolescente de marras por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previstos en el Código Penal en el artículo 458 en perjuicio del ciudadano Luís Javier Villasmil Rosales, folios 57 al 62.
El 17 de mayo de 2006, se celebró audiencia preliminar ( folios 73 al 88). Y en la misma fecha se fundamentó el auto de enjuiciamiento (folios 92 al 97.)
El 06 de julio de 2006 se recibieron las actuaciones por ante el Tribunal de Juicio N° 01 de esta Sección Penal de Adolescentes. ( folio 101).
El 04 de julio de 2006 se constituyó el Tribunal en la categoría de Mixto (folio 130 al 133)
El 27 de julio de 2006 se dictó auto de sustitución de medida cautelar al adolescente de marras ( folio 161 al 163)
El 24 de agosto de 2007 se dictó auto acordando constituir el Tribunal en unipersonal. ( folios 370 al 374).
El 11 de agosto de 2006 se dictó auto de cambio de medida cautelar. ( folio 174 al 176).
El 14 de agosto de 2006, se levantó acta a los fines de imponer al adolescente del cambio de medida ( folios 188 y 189).
El 13 de agosto de 2006 se declaró en rebeldía al adolescente de marras. ( folios 236 y 237).
El 02 de junio de 2008 se acordó la acumulación de las causas J01-M-737-08 a la causa J01-01-487 del adolescente de marrras.
El 14 de abril de 2008 se celebró audiencia con motivo de calificación de aprehensión en flagrancia por ante el Tribunal de Control Sección Adolescentes Extensión El Vigía del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, donde le fue designado el defensor a la adolescente; en el cual fue declarada con lugar la aprehensión flagranti del adolescente conforme al artículo 557, 559 de la Ley Adjetiva Penal, el procedimiento ordinario y medida privativa preventiva de libertad a los fines de asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, en perjuicio del ciudadano Jorge Luís Guillén Ramírez .(folios 360 al 366). Fundamentándose dichos pronunciamientos en esa misma fecha. ( 378 al 385).
El 18 de abril de 2008 se presentó formal acusación por parte de la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía, en contra del adolescente de marras por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el Código Penal en el artículo 458 en perjuicio del ciudadano Luís Javier Villasmil Rosales. ( folios 388 al 392) .
El 20 de septiembre de 2007 se celebró audiencia con motivo de la aprehensión en flagrancia por ante el Tribunal de Control Sección Adolescentes Extensión El Vigía del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, del adolescente de marras previo nombramiento de defensor, por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego previsto en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, en el cual fue declarada con lugar la aprehensión flagranti del adolescente conforme al artículo 557 de la Ley Adjetiva Penal y el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo la medida establecida en el artículo 582 letra “b” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y de igual manera el procedimiento ordinario. (413 al 421). Fundamentándose dichos pronunciamientos en la misma fecha ( folios 435 al 441).
El 17 de abril de 2008 se presentó formal acusación del adolescente de marras por parte de Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía, ( folios 448 al 450 y vto.).
El 06 de mayo de 2008 se celebró audiencia preliminar ( folios 475 al 506).Y en la misma fecha se fundamentó la decisión ( folios 509 al 518).
El 23 de mayo de 2008 se recibieron las actuaciones por ante este Tribunal de Juicio N° 01,procedentes del Tribunal de Control N° 01 de la Sección Penal de Adolescentes Extensión El Vigía del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. ( folio 535 y 536).
El 01 de julio de 2008, fecha en la cual se tenía prevista la realización de la audiencia de juicio oral y reservado, la misma no se llevó a cabo por cuanto no acudieron ni la víctima ni uno d los escabinos, por lo que se fijó nuevamente la audiencia para el día 23-07-2008. ( folio 60’7 y 608).
El 16 de julio de 2008 se acordó el decaimiento de la medida de prisión preventiva de libertad al adolescente de marras, acordándose la medida establecida en el artículo 582 letras “b” y “c” de la Ley Adjetiva Penal, de presentación periódica cada ocho días por ante el Cuerpo de Alguacilazgo de la Sección Penal de Adolescentes Extensión El Vigía, así mismo la medida de someterse a la vigilancia de su representante legal. ( folios 632 al 636).
El 23 de julio de 2008 visto que no se hicieron presentes ni el adolescente ni la representación fiscal se acordó diferir la realización de la audiencia de juicio oral y reservado para el día 01 de noviembre de 2008. (folios 654 y 655).
Hecha la relación anterior, esta juzgadora pasa a decidir, previo los siguientes señalamientos:
PRIMERO: En la presente causa, y de la revisión exhaustiva de las actuaciones se observa que al adolescente identificado up-supra, no se le realizó el acto formal de imputación en la fase investigativa tal cual lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 131 al 133.
Una vez analizado el pedimento formulado por el Defensor Público Abogado OSCAR RAMÓN ROSALES, se puede concluir que éste se encuentra totalmente ajustado a derecho, en cuanto a la falta del acto formal de imputación se refiere, visto que luego de ser declarado el procedimiento ordinario en la fase investigación, como en efecto, se hizo en la audiencia de presentación del detenido, dicha audiencia no suple, ni sustituye en ningún caso el acto de imputación formal del imputado al cual se contrae el articulo 49; ya que el adolescente de marras tenía el derecho a acceder a las actuaciones y a proponer la práctica de diligencias de investigación tendientes a desvirtuar las imputaciones recaídas en su contra, más sin embargo, esto no ocurrió así, lo cual sin lugar a dudas vulneró a sus derechos fundamentales.
SEGUNDO: El artículo 537 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, señala que las disposiciones respecto a su ámbito de aplicación deben interpretarse y aplicarse: “… en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución, del Derecho Penal y Procesal Penal, y de los Tratados Internacionales, consagrados a favor de la persona y especialmente de los adolescentes.
En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este título deben aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal, y en su defecto el Código de Procedimiento Civil” . (Negritas del Tribunal)
El artículo 541 de Ley antes citada, dispone: “El adolescente investigado o detenido debe ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables y su defensor.” (Negritas del Tribunal)
A tenor de lo dispuesto en el precitado artículo 537, cabe destacar el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, que textualmente señala: “Se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución pena …”. (Negritas del tribunal). Por lo que la condición de imputado se adquiere desde el primer acto de procedimiento que contra él dirijan las autoridades encargadas de la persecución penal y ello le otorga una serie de derechos, entre ellos, los previstos en el artículo 125, numerales 1°, 3° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, que señala textualmente: “…1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan… 3. Ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público… 5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen…”. (Negritas del Tribunal).
El encabezamiento el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal señala textualmente: “El imputado declarará durante la investigación ante el funcionario del Ministerio Público encargado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público…” (Negritas del Tribunal).
El artículo 554 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente señala: “La investigación comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes, sin menoscabo de los derechos fundamentales”. (Negritas del Tribunal). Artículo este que alude al derecho vulnerado en el presente caso, como lo es el tipificado en el artículo 49.1 Constitucional.
De las disposiciones antes citadas, se desprende que constituye un derecho fundamental de la persona contra quien se dirige una investigación penal, rendir declaración durante la fase preparatoria, asistido de su defensor , ante el Fiscal del Ministerio Público; o en su defecto deberá ser citado para el acto de imputación, en el cual se le notifique formalmente de los cargos que recaen en su contra y se le imponga de las actuaciones; a fin de que se le permita ejercer de manera efectiva el derecho fundamental a la defensa, previsto en el artículo 49, numerales 1° y 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece expresamente lo siguiente: 1. “La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa...3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente...”(Negritas del Tribunal) ; concatenado con el artículo 544 de la Ley Adjetiva Especial.
En atención a lo antes señalado, cabe citar la sentencia de fecha 27-06-2008 de la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en la cual hace mención a lo señalado por la doctrina de la Sala Constitucional en sentencia de fecha 19-07-2005, y en la cual se lee: “…No establece el Código Orgánico Procesal Penal un derecho de las personas a solicitar al Ministerio Publico si son o no imputados, pero reputa que tal derecho si existe, como un derivado del derecho de defensa que consagra el artículo 49 Constitucional para la investigación y que expresa “toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga.
A juicio de esta Sala cuando hay hechos concretos contra alguien, a pesar de que se estén investigando, la persona tiene derecho a solicitar conocerlos, y la existencia de tales hechos, de la misma naturaleza que los de la denuncias, equivalen a imputaciones.
Este criterio debe enlazarse con el establecido en la sentencia N° 1935 dictada por esta Sala el 19 de octubre de 2007, mediante la cual se indica que los señalamientos que el Ministerio Público atribuye al detenido en la audiencia de presentación o solicitud de medida privativa , si bien le dan la condición de imputado, no constituye el acto formal de imputación por lo cual no lo sustituye o suprime, siendo necesario que la Vindicta Pública impute formalmente al detenido aun después de privado de libertad siempre antes de la presentación del acto conclusivo, específicamente de la acusación. Para mayor amplitud se cita a continuación:
“…si bien la audiencia de presentación no constituye en sí misma la imputación formal, la cual corresponde exclusivamente al Ministerio Público antes de la presentación del acto conclusivo de la investigación (acusación, sobreseimiento o archivo fiscal), para garantizar el derecho a la defensa del investigado, se trata de un acto procesal (audiencia de presentación) que atribuye la cualidad de imputado, no siendo esencial que la imputación formal se efectué previamente a la audiencia de presentación en la cual se acuerda medida de privación judicial preventiva de la libertad, como en el caso de autos, al estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal”. (Negritas del tribunal).
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, por ser lo procedente y ajustado a derecho, DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA, tanto del escrito de acusación fiscal, presentado como acto conclusivo, inserto a los folios 57 al 62; 388 al 392;448 al 450 y vuelto, así como de los actos procésales fijados y realizados como consecuencia de la presentación de dichos escritos acusatorios; ello conforme a previsto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal; por violación del derecho fundamental consagrado en el artículo 49.1 Constitucional y 541 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente; sin que tal declaratoria de nulidad se extienda a los actos de investigación anteriores al escrito acusatorio. No obstante en el presente caso tal declaratoria de nulidad no debe extenderse a las audiencias de presentación en flagrancia celebradas en fechas: 1.- 21 de abril de 2006. 2.- 14 de abril de 2008 y la 3.- 20 de septiembre de 2007; todas por ante el Tribunal de Control N° 01 de la Sección Penal de Adolescentes Extensión El Vigía de este Circuito Judicial Penal; en las tres audiencias se acordó el procedimiento ordinario y al auto de fundamentación de los pronunciamientos hechos en dicha audiencias, en la cual se ordenó la privación de libertad del adolescente up-supra de conformidad con la medida establecida en el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes excepto en la decisión de fecha 20 de septiembre por ante el mismo Tribunal se acordó la medida establecida en el artículo 582 letra “b” donde el adolescente de marras debía presentarse por ante el Equipo Multidisciplinario de dicha Sección Penal de Adolescentes.
Esta Juzgadora tomando en cuenta que el adolescente se encuentra bajo medida cautelar sustitutiva que le fuere acordada en fecha 16-07-08 ( folios 632 al 636) conforme al artículo 582 letras “b” y “c” de la Ley Adjetiva Penal, es decir, con posterioridad al acto conclusivo aquí anulado, quedando por lo tanto anulada dicha cautelar sustitutiva. Este Tribunal con fundamento en el principio Constitucional de ser Juzgado en Libertad, tal como lo prevé el artículo 44 ordinal 1° de nuestra Constitución Nacional, el cual dispone que la libertad personal es inviolable y en consecuencia “NINGUNA PERSONA PUEDE SER ARRESTADA O DETENIDA SINO EN VIRTUD DE UNA ORDEN JUDICIAL, A MENOS QUE: el imputado haya sido sorprendido in fraganti… SERA JUZGADO EN LIBERTAD, EXCEPTO POR LAS RAZONES DETERMINADAS POR LA LEY Y APRECIADAS POR EL JUEZ O JUEZA EN CADA CASO… (SUBRAYADA Y NEGRILLAS DEL TRIBUNAL), en concordancia con el 264 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda sustituir la medida privativa de libertad de fechas 21 de abril de 2006 y 20 de septiembre de 2007, que con anterioridad al acto conclusivo le fueron impuestas al adolescente de marras, por la medida de presentación periódica por ante la oficina de Alguacilazgo de la Sección Penal de Adolescentes del Extensión El Vigía del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cada ocho (8) días a partir del día 14 de agosto de 2008 de conformidad con lo establecido en el artículo 582 letra “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente . Ofíciese.
Éste Tribunal de Juicio, considera que resulta procedente y ajustado a derecho mantener una medida de coerción personal al imputado o imputados, tomando en cuenta la gravedad del delito o delitos y otras circunstancias graves, aún cuando, se declare con lugar una solicitud de nulidad absoluta y se reponga la causa, a los fines de la celebración del acto formal de imputación que fuera omitido por el Ministerio público, ya que ello se produjo en la decisión emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado DR. ELADIO APONTE APONTE, sentencia nro. 568, de fecha 18-12-2.006, expediente nro. AA30-2006-000370, así como, en la sentencia dictada en fecha 28-06-2.007, expediente nro. 2007-00013, con ponencia del mismo Magistrado DR. ELADIO APONTE APONTE, quien, entre otras cosas, dejó señalado lo siguiente: “La Sala de Casación Penal, en aras de garantizar las resultas del proceso, la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas y la debida aplicación del derecho y considerando que sobre la presente causa inciden graves circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde se señalan como posibles autores a funcionarios policiales…en la probable comisión de delitos de alta trascendencia social como lo son los previstos en la Ley Orgánica Contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ordena mantener la aprehensión de los ciudadanos…y realizar con la urgencia del caso, una nueva audiencia de conformidad con e artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”
En consecuencia, SE ORDENA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA A LA FASE PREPARATORIA, A LOS FINES DE QUE SEA CELEBRADO EL CORRESPONDIENTE ACTO DE IMPUTACIÓN DEL ADOLESCENTE (IDENTIDAD OMITIDA) POR ANTE LA FISCALÍA DÉCIMA OCTAVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ÉSTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, en presencia de su actual Defensor Público; el Abogado OSCAR RAMÓN ROSALES NOGUERA, quien ya se encuentra debidamente juramentado, por cuanto ciertamente su no realización ha afectado el derecho a la defensa y la garantía de un debido proceso que amparan al imputado en todo estado y grado de la investigación, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejándose expresa constancia que el nuevo escrito acusatorio deberá incorporar las resultas de todas aquellas diligencias de investigación que se practiquen con motivo de la declaración que rindan el imputado, por todo ello, se acuerda la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público, una vez debidamente notificadas todas las partes.
NOTIFIQUESE AL ADOLESCENTE DEL CAMBIO DE MEDIDA POR LO QUE DEBERA PRESENTARSE CADA OCHO (8) DÍAS A PARTIR DEL DÍA CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2008, POR ANTE LA OFICINA DE ALGUACILAZGO DE LA SECCIÓN PENAL DE ADOLESCENTES EXTENSIÓN EL VIGIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA. De conformidad con lo establecido en el artículo 582 letra “c” del referido texto legal . Ofíciese.
OFICIESE. REGISTRESE. DIARICESE. Y ASI SE DECIDE.
Notifíquese la presente decisión, infórmese a la oficina de Participación Ciudadana de lo aquí decidido; remítase las actuaciones a la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público, una vez debidamente notificadas todas las partes y Diarícese.
JUEZA DE JUICIO SECCION ADOLESCENTES
ABG. YOLY CARRERO MORE
SECRETARIA
ABG. KARINA VILLARREAL
En la misma fecha se cumplió con lo acordado y se libraron boletas números____________________________________________________________________________________________________________________________.
La Sria.