TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 13 de Diciembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2008-005525
ASUNTO : LP01-P-2008-005525

MEDIDA DE PROTECCIÓN DE VICTIMA.

Vista la solicitud presentada por ante este Tribunal de Control por el ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público, abogado JESÚS ARNALDO GALLUCCI REQUENA, en la cual pide que se tomen con carácter urgente las medidas conducentes a garantizar la integridad física del ciudadano: ORLANDO JOSÉ RONDON MONSALVE, venezolano, mayor de edad, de 43 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.040.166, de profesión administrador, domiciliado en la Urbanización Antonio Pinto Salinas, Vereda C-7, Casa No. 51 y 52, Santa Juana, Estado Mérida, quien figura como VICTIMA POR EXTENSIÓN en la Causa Penal identificada con el N° 14F03-PAF-102-07 conocida y tramitada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, en el cual aparece como investigado un ciudadano identificado como: WILSON RENE ESCOBAR RAMIREZ, de nacionalidad Colombiana, nacido en fecha 24-11-1977, de 29 años de edad, soltero, de profesión obrero, titular de la cédula de identidad No. E-94.472.715, quien se encuentra actualmente privado de libertad en el Centro Penitenciario de Barinas, Estado Barinas, y solicita que la medida de protección policial sea otorgada por un lapso de tiempo de SESENTA (60) DÍAS prorrogables, según sea necesario, consistente en la vigilancia directa de su residencia, fundamentando su petición en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 108 y 540.2 del Código Orgánico Procesal Penal; artículo 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; y artículos 2, 4, 5, 17, 18, 24 y 30 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.

Este Tribunal de Control una vez revisadas detenidamente las actuaciones que integran la presente solicitud, observa que la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, lleva adelante una investigación penal signada con el N° 14F03-PAF-102-07, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, concretamente el delito de Homicidio, perpetrado en contra de quien en vida respondía al nombre de: JOSÉ RAFAEL RONDÓN MONSALVE, en el cual figura como VICTIMA POR EXTENSIÓN del presunto hecho punible, el ciudadano: ORLANDO JOSÉ RONDON MONSALVE, titular de la cédula de identidad No. V-8.040.166, constatando que este acudió de manera voluntaria por ante la sede del Ministerio Público y solicitó que se le otorgue una Medida de Protección, tanto a el como a su familia, por cuanto, según lo manifestado por este ante la ciudadana Fiscal Tercero (A) del Ministerio Público, “…desde el día 29 de Noviembre del presente año, a las 11:35 horas de la noche, comenzó a recibir llamadas telefónicas al teléfono CANTV de su residencia, y luego a su teléfono celular, en las cuales desde entonces ha sido objeto de amenazas por parte de un sujeto desconocido, y en fecha 06-12-2008 fue objeto de un atentado en su residencia, donde personas desconocidas en horas de la noche efectuaron varios tiros contra su vehículo automotor, destrozando el vidrio trasero y parte interna del mismo, por lo que teme por su integridad física y la de su grupo familiar…”, tales circunstancias, corroboran el hecho cierto de que el interlocutor anónimo que realiza las llamadas amenazantes a la victima, conoce perfectamente su lugar de residencia, así como los números telefónicos de la vivienda y del celular, lo mismo que el nombre de varios de los integrantes de su familia y de sus compañeros de trabajo, lo que hace pensar que se trata de una persona conocida o allegada a la Empresa para la cual trabaja la victima, o en su defecto de la familia, pero con evidentes intereses personales y particulares en el comportamiento y desempeño profesional de la victima, lo que hace necesario adoptar la medida solicitada por considerar que se encuentra ajustada a derecho, pero con la advertencia de que si se trata de una persona que incluso puede ser conocida por la propia victima y que se encuentra de alguna manera infiltrada en su lugar de trabajo o grupo familiar y comparte diariamente la información de los hechos ocurridos, podría ser que la medida no rinda los frutos esperados, ni tampoco cumpla la finalidad para la cual se adopta.

En tal sentido, debemos tener presente que el artículo 4 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, señala cuales son los destinatarios de la misma en los siguientes términos:

“Son destinatarios de la protección prevista en este Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual o eventual en el proceso penal, por ser victima directa o indirecta, testigo, experto o experta, funcionario o funcionaria del Ministerio Público, o de los órganos de policía, y demás sujetos principales y secundarios, que intervengan en ese proceso…”.

Por su parte, el artículo 19 ejusdem, hace referencia a la provisionalidad de tales medidas, atendiendo diferentes criterios legales, a saber:

“Toda medida de protección debe ser impuesta provisionalmente de acuerdo con las particulares necesidades del caso. Ante diversas posibilidades, debe aplicarse la medida que resulte adecuada y que, además, resulte menos lesiva o restrictiva de derechos de terceros.

Cuando por el cambio de las circunstancias que dieron lugar a la medida de protección sea necesario modificarla, se podrá imponer una o más medidas.

Cuando las medidas de protección previstas en la presente Ley resulten, por especiales circunstancias ineficaces, inadecuadas o insuficientes para asegurar los derechos e intereses de la persona protegida, el Ministerio Público debe requerir la aplicación de otras medidas de protección que resulten sustancialmente análogas a las reconocidas expresamente en la presente Ley, mientras sean compatibles con su objeto y fin.”

En cuanto al Órgano Jurisdiccional competente para proceder a dictar tales medidas, el artículo 31 de la mencionada Ley establece que:

“…La competencia para dictar las medidas de protección previstas en la presente Ley corresponderá, previa solicitud del Ministerio Público, al órgano jurisdiccional competente.”

En el mismo orden de ideas, el artículo 42 ibidem, establece el tiempo de duración de las medidas otorgadas en los siguientes términos:

“Las medidas de protección tendrán una duración máxima de seis (6) meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas y las mismas serán decretadas por el órgano jurisdiccional correspondiente, determinando las circunstancias de modo, lugar y tiempo, de acuerdo con la evaluación que realice el juez o jueza competente que conozca el caso y previa opinión del Ministerio Público, sin perjuicio del derecho de defensa del imputado o imputada, acusado o acusada. Queda entendido que mientras se aprueba la prorroga arriba mencionada se mantendrán las medidas de protección.

Las medidas de protección se darán por terminadas, previa decisión judicial fundada, cuando finalice el plazo por el cual fueron otorgadas, sin que hubieren sido prorrogadas, cuando desaparezcan las circunstancias de riesgo que motivaron la protección o cuando el beneficiario o beneficiaria incumpla la medida, condiciones u obligaciones establecidas.

La prorroga de las medidas de protección será acordada de oficio por el órgano jurisdiccional, o a solicitud del Ministerio Público, de la victima, testigo y demás sujetos procesales amparados por la medida.”

Además de ello, el artículo 24 de la Ley hace especial referencia a la protección policial en los siguientes términos:

“El ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial competente que se le conceda protección policial a las victimas, testigos y demás sujetos procesales que la ameriten. Esta protección policial podrá ser acordada por la autoridad judicial competente en cualquiera de las etapas del proceso penal.”

Por su parte, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el mismo sentido lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…”.

El artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente cuales son los objetivos del proceso penal, de la siguiente forma:

“La protección reparación del daño causado a la victima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.

Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, facilitando al máximo su participación en los tramites en que debe intervenir.”

Finalmente, el artículo 120 numeral 3° del mismo Código Adjetivo Penal, señala claramente cuales son los derechos de la victima, al establecer que:

“Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado victima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos: …(Omissis)

3. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia…”.

Así las cosas, este Tribunal de Control teniendo en cuenta que existe una grave presunción de que la VICTIMA POR EXTENSIÓN anteriormente identificada, pueda sufrir algún tipo de represalia, producto del conocimiento que pueda tener este con respecto a asuntos directamente relacionados con la investigación que adelanta la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, lo que puede constituir un riesgo para la integridad física de este y de su familia, es por lo que considera prudente y oportuno, además de ajustado a derecho declarar Con Lugar la solicitud de protección realizada por el Ministerio Público, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, se impone de manera provisional al ciudadano: ORLANDO JOSÉ RONDON MONSALVE, venezolano, mayor de edad, de 43 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.040.166, de profesión administrador, domiciliado en la Urbanización Antonio Pinto Salinas, Vereda C-7, Casa No. 51 y 52, Santa Juana, Estado Mérida, una Medida de Protección, consistente en la Custodia Personal con Vigilancia Directa de su Vivienda durante el día, desde la salida de su vivienda en la mañana hasta el regreso a la misma después de cumplir con la jornada de trabajo respectiva, correspondiéndole cumplir tal función a la Comandancia General de Policía del Estado Mérida, por un lapso de tiempo de SESENTA (60) DÍAS contados a partir del momento en que se designe formalmente y se materialice la mencionada custodia, que podrán ser prorrogados por otro periodo igual en caso de ser necesario y previa justificación de tal solicitud ante el Tribunal de Control, dejando claramente establecido que el beneficiario de la medida acordada aceptó expresamente las condiciones previstas en el artículo 28 de la referida Ley, mediante acta de aceptación debidamente suscrita por ante la Unidad de Atención a la Victima adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Mérida. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente señaladas, este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 118 y 120 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, y en armonía con lo previsto en los artículos 4, 19, 24, 31 y 42 de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, declara: CON LUGAR la solicitud presentada por ante este Tribunal de Control por el ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público, abogado JESÚS ARNALDO GALLUCCI REQUENA, y en consecuencia, se impone de manera provisional al ciudadano: ORLANDO JOSÉ RONDON MONSALVE, venezolano, mayor de edad, de 43 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.040.166, de profesión administrador, domiciliado en la Urbanización Antonio Pinto Salinas, Vereda C-7, Casa No. 51 y 52, Santa Juana, Estado Mérida, quien figura como VICTIMA POR EXTENSIÓN en la Causa Penal identificada con el N° 14F03-PAF-102-07 conocida y tramitada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, una Medida de Protección, consistente en la Custodia Personal con Vigilancia Directa de su Vivienda durante el día, desde la salida de su vivienda en la mañana hasta el regreso a la misma después de cumplir con la jornada de trabajo respectiva, correspondiéndole cumplir tal función a la Comandancia General de Policía del Estado Mérida, por un lapso de tiempo de SESENTA (60) DÍAS contados a partir del momento en que se designe formalmente y se materialice la mencionada custodia, los cuales podrán ser prorrogados por otro periodo igual en caso de ser necesario y previa justificación de tal solicitud ante el Tribunal de Control.

Notifíquese y remítase a la Fiscalía Superior del Ministerio Público. Cúmplase.

ABG. VICTOR HUGO AYALA
JUEZ DE CONTROL No. 03.

ABG. MARIA EUGENIA MOTEZUMA.
SECRETARIA.