JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- El Vigía, ocho de diciembre de dos mil ocho. 198° y 149° De la revisión de las actas observa el Tribunal que al folio 789, tercera pieza, consta oficio Nº ORT-MER-AL-Nº 0336-08 de fecha 25 de noviembre de 2008, emanado de la Oficina Regional de Tierras Mérida, mediante el cual participa la apertura de expediente de declaratoria de derecho de permanencia; asimismo, al folio 793, tercera pieza, consta diligencia suscrita por la abogada DORIS BELMONTE, en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora, por la cual solicita se proceda a continuar con la fase de la ejecución forzosa. El derecho de permanencia lo define el jurista ALI JOSE VENTURINI, como el poder jurídico que se atribuye a los productores rurales en los términos y condiciones previstas por la Ley para continuar sus explotaciones aún contra la voluntad del propietario del fundo objeto de actividad, sin que puedan ser desalojados de la tierra que laboran en virtud de un contrato de tenencia o de ocupación unilateral por más de un año. Se desprende de la definición de ALI JOSE VENTURINI que el derecho de permanencia se basa en: a) un contrato agrario, en cualquiera de sus formas o modalidades; b) en la ocupación unilateral por más de un año. En los actuales momentos el derecho de permanencia está recogido en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Es así como reza el artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, párrafo segundo, “el Juez debe abstenerse de practicar cualquier medida de desalojo, contra sujetos que puedan ser beneficiarios de la garantía de permanencia, cuando en cualquier estado y grado del proceso judicial se presente el acto administrativo que de inicio del procedimiento o que declare el derecho de permanencia”. El legislador deja clara que su intención es impedir el desalojo de los sujetos beneficiarios de la garantía de permanencia, es decir a toda aquella persona pequeño o mediano productor que este realizando una actividad agraria y que su producción sea ordenada conforme a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Es decir proteger la producción agroalimentaria en el predio rural mediante la garantía de permanencia. Cuando hablamos de acciones derivadas del derecho de permanencia se distinguen dos situaciones. a) La protección administrativa: Que no es otra que la derivada del acto administrativo en apoyo y protección al productor que realizan la actividad agraria efectiva, la cual se dicta basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 305, en concordancia con lo previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 1, y artículo 121 eiusdem, el cual faculta el ente agrario para dictar actos administrativos en el proceso de regularización de la posesión de la tierra. b) Acción Judicial: Que no es otra que aquella petición o solicitud que se hace ante el órgano judicial de protección a la unidad de producción y a la persona que trabaja las tierras. Así pues las cosas estima esta juzgadora que habiéndose evidenciado de las actas que en el presente caso se inició un procedimiento administrativo de Derecho de permanencia por ante el ente administrativo Instituto Nacional de Tierras, considera esta servidora de la justicia que es conveniente agotar la vía administrativa, quedando en suspenso el asunto en la sede jurisdiccional, con la finalidad de garantizar los principios constitucionales agrarios, dada la importancia de lo que significa la declaratoria del derecho de permanencia, y de esta manera evitar cualquier acto que sea contrario a los principios de seguridad agroalimentarios, utilidad pública, función social de la tierra, el uso racional de la tierra, los recursos naturales, la biodiversidad y la vocación de uso de la tierra. Así se decide. De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría, para su archivo, copia fotostática certificada de la presente decisión. La Juez Temporal, Dra. Agnedys Hernández La Secretaria, Ab. Ana Thais Núñez Contreras Exp. Nº 2965 bcn.