TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NRO. 06, CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA, Mérida, seis (06) de mayo del año dos mil ocho (2.008).
197° y 148°
ASUNTO PRINCIPAL: LP01-P-2008-001862
ASUNTO: LP01-P-2008-001862

AUTO FUNDAMENTANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA

Por cuanto en fecha 30-04-2.008, se llevó a cabo la respectiva audiencia de calificación de flagrancia, solicitada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de ésta Circunscripción Judicial, éste Juzgado de Control, con motivo de la aprehensión del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, de conformidad con los artículos 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, procede por auto separado a fundamentar su decisión con respecto a la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, de conformidad con el artículo 246 eiusdem, sustentándose en las siguientes consideraciones:

DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, de nacionalidad venezolana, nacido el 10-02-82, de 26 años de edad, soltero, caletero, titular de la cédula de identidad nro. V-16.200.758, domiciliado en la Urbanización Los Curos, parte media, vereda nro. 08, casa nro. 2-13, Mérida, Estado Mérida.

ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN

La Representación Fiscal le atribuye al imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, el hecho de haber sido aprehendido aproximadamente a las 01:40 a.m. del día 27-04-2.008, en la calle principal del Sector José Antonio Páez de Los Curos, por una comisión policial integrada por dos (02) funcionarios adscritos a la Unidad de Protección Vecinal J.J. Osuna Rodríguez (Los Curos) de la Comisaría Policial nro. 01 de las F.A.P.E.M., luego de que recibieran una llamada vía radio, donde se les informaba que en la casilla policial se encontraba la ciudadana SUHEY MAIROBI QUINTERO, quien les manifestó que su concubino; el ciudadano MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, aproximadamente a las 06:00 a.m. del día 26-04-2.008, luego de insultarla, procedió a agredirla físicamente con golpes de puño en la cara, ocasionándole la caída de un diente, así mismo, la agarró fuerte por el cuello, posteriormente el día 27-04-2.008, aproximadamente a la 01:00 a.m., se presentó en estado de ebriedad y trató de ingresar a la vivienda, pero la víctima no lo dejó entrar para evitar resultar agredida nuevamente y cuando éste se retiró, la misma se dirigió a la casilla policial a denunciar lo sucedido, igualmente, al imputado se le practicó una inspección personal en la cual no se le encontró nada, observándosele algunos golpes en la cara, lo que ameritó que éste quedara detenido y fuera puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público de guardia, luego de imponérsele de sus derechos como imputado.

SUPUESTOS QUE CONCURREN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 256, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 250 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

PRIMERO: En cuanto a la aprehensión del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, éste Juzgador, observa que el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que a los Jueces de la República les corresponderá velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo atenerse siempre a la norma constitucional por encima de cualquier otra ley, así tenemos que el artículo 44 , numeral 1° de la Carta Magna, dispone que la libertad personal es inviolable y: “…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti...Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”, (subrayado y negrillas del Tribunal), en tal sentido, resulta claro, que el legislador prevé como una garantía de rango constitucional la libertad personal, la cual es inviolable, a excepción de que nos encontremos delante de dos supuestos: 1.- Que la persona este solicitada a través de orden judicial, entendiéndose que debe tener en su contra una orden de aprehensión o encarcelación emitida por la autoridad judicial y 2.- Que sea sorprendida “in fraganti” cometiendo un hecho punible.
En consecuencia, en el presente caso, se justificaba tal aprehensión, ya que nos encontramos en presencia de uno de los supuestos de excepción a la libertad personal, establecidos en el artículo 44, ordinal 1° de nuestra Constitución Nacional, como lo es la flagrancia, tomando en cuenta el concepto ampliado o extendido previsto en la novísima Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 93, segundo aparte, consagra textualmente lo siguiente: “…Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo, procederá la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior…”
Dicha flagrancia, se verifica en el presente caso, con motivo a que el imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, resultó aprehendido cerca del sitio del suceso y en un lapso dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible que nos ocupa, siendo que dicho ciudadano presuntamente agredió físicamente a la víctima en horas de la mañana del día sábado 26 de abril de 2.008, propinándole varios golpes de puño en la cara y agarrándole fuertemente el cuello, llegando incluso a causarle la pérdida de una pieza dental (incisivo inferior derecho), constituyendo éstas lesiones personales intencionales de carácter LEVE, ya que ameritaron asistencia médica y odontológica, siendo susceptibles de alcanzar su curación en un lapso de nueve (09) días, no incapacitándola para realizar sus ocupaciones habituales, de acuerdo al respectivo Informe de Reconocimiento Médico Legal nro. 1185, de fecha 27-04-2.008, cursante al folio (16) de las actuaciones, por lo cual tal conducta, a criterio de éste Juzgador, encuadra en el delito de: VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42, encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana SUHEY MAIROBI QUINTERO, por cuanto los hechos de violencia ocurrieron en el ámbito doméstico, siendo el presunto auto el concubino de la víctima, situación ésta que legitima la detención del mismo.
SEGUNDO: En cuanto a la solicitud Fiscal, donde invocó la aplicación del procedimiento ordinario, ello se encuentra perfectamente ajustado a derecho, por mandato expreso del artículo 101 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con el procedimiento especial a que se refiere el artículo 94 y siguientes de la citada Ley, por lo que resulta pertinente ACORDAR LA CONTINUACIÓN DE LA CAUSA POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, ordenándose la remisión de las actuaciones originales a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de ésta Circunscripción Judicial, a los fines de que concluya su investigación y dicte el acto conclusivo a que haya lugar, una vez quede firme la presente decisión.
TERCERO: Ahora bien, éste Tribunal, considera que el hecho punible atribuido al imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, merece una pena relativamente baja, ya que el delito de: VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42, encabezamiento y segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo prevé una pena de seis (06) a dieciocho (18) meses de prisión, más un incremento de pena de un tercio (1/3) a la mitad (1/2), así mismo, la acción penal para perseguirlo no se encuentra evidentemente prescrita y de las actuaciones se desprenden suficientes y fundados elementos de convicción que aportan el necesario convencimiento a este Tribunal, para estimar que presuntamente el imputado ha sido el autor de la comisión del citado hecho punible, lo cual se deriva principalmente de: el acta policial, de fecha 27-04-2.008, donde se describen las circunstancias de lugar, modo y tiempo en que resultó aprehendido el imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (folio 02 y su vuelto), de la entrevista recibida en fecha 27-04-2.008 a la víctima; ciudadana SUHEY MAIROBI QUINTERO, quien narra lo sucedido (folio 04 y su vuelto) y del Informe de Reconocimiento Médico Legal nro. 1185, de fecha 27-04-2.008, donde el Experto Profesional IV Dr. ARCADIO PAYARES MUÑOZ concluyó que las lesiones corporales apreciadas a la víctima SUHEY MAIROBI QUINTERO ameritaron asistencia médica y odontológica, siendo susceptibles de alcanzar su curación en un lapso de nueve (09) días, no incapacitándola para realizar sus ocupaciones habituales (folio 16), igualmente, el imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, presenta buena conducta predelictual, ya que no posee registro policiales alguno, tal como consta en el acta de investigación policial, de fecha 27-04-2.008, cursante al folio (09) de las actuaciones y tiene arraigo en ésta Ciudad, donde tiene fijada su residencia, todo lo cual destruye cualquier presunción de PELIGRO DE FUGA y lleva a la convicción de éste Juzgado de Control, que no se encuentra lleno tal requisito previsto en el ordinal 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y cuyas circunstancias se encuentras señaladas en el artículo 251 eiusdem, pues es difícil presumir que ante una pena considerablemente baja como la que se le pudiera llegar a imponer, éste se dará a la fuga, evadiendo de ésta forma la acción de la justicia y el proceso penal seguido en su contra, por lo cual en aplicación de los artículos 8, 9, 243, 253, 244, 256, encabezamiento, 263 y 282 del citado Código y el artículo 44, ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se procede a imponerle las medidas de protección previstas en el artículo 87, numerales 3°, 5° y 6° de la citada Ley y las medidas cautelares previstas en el artículo 92, numerales 7° y 8° ejusdem, en concordancia con el artículo 256, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales son las siguientes:
1) Prohibición al imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ de realizar por sí mismo o por terceras personas, actos de persecución, intimidación o acoso hacia la mujer agredida o algún otro integrante de su familia.
2) Prohibición de incurrir en la comisión de un nuevo hecho punible, mucho menos, relacionado con nuevas agresiones físicas o verbales hacia la víctima SUHEY MAIROBI QUINTERO.
3) Prohibición de abusar en el consumo de bebidas alcohólicas y prohibición de consumir sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
4) Prohibición de acercamiento a la residencia y lugar de trabajo de la víctima SUHEY MAIROBI QUINTERO.
5) Obligación de comparecer a los actos procesales futuros para los cuales sea convocado por la Fiscalía o por éste Tribunal.
6) Presentación periódica una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal, contados a partir del día 30/04/2.008, hasta tanto concluya el presente proceso penal.
7) Obligación de comparecer por ante el Instituto Merideño de la Mujer de la Gobernación del Estado Mérida, a fin de que reciba una charla de orientación sobre el tema de la violencia y el maltrato a las mujeres, por lo cual deberá presentar constancia de haber asistido ante esa institución, en el término de diez (10) días de despacho contados a partir del día 30-04-2.008. Se ordena oficiar lo conducente a la citada Institución para que tenga conocimiento de lo aquí acordado.
8) Orden de salida del imputado MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ de la residencia que compartía con la víctima SUHEY MAIROBI QUINTERO, por lo cual sólo se le autoriza a retirar sus objetos o efectos personales, instrumentos o herramientas de trabajo, lo cual realizará debidamente acompañado de al menos un (01) funcionario policial adscrito a la Unidad de Protección Vecinal J.J. Osuna Rodríguez (Los Curos) de la Comisaría Policial nro. 01, en la cual el imputado presentará una copia certificada del acta de la audiencia, a los fines de que sea supervisado el cumplimiento efectivo de la orden de salida.
Se deja constancia que el imputado ha quedado advertido de que el incumplimiento de éstas medidas de protección y cautelares, dará lugar a su inmediata REVOCATORIA, de acuerdo a lo pautado en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo tal medida de coerción personal solicitada tanto por la Fiscal Auxiliar Vigésima del Ministerio Público, Abogado NANCY JUDITH QUINTERO como por el Defensor Privado; Abogado GUSTAVO CONTRERAS, pedimento que en definitiva fue DECLARADO CON LUGAR.

Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control nro. 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, UNA VEZ CALIFICADA LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, PROCEDE A IMPONER AL IMPUTADO MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERNÁNDEZ LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 87, NUMERALES 3°, 5° y 6° DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA y LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 92, NUMERALES 7° y 8° EJUSDEM, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 256, NUMERAL 3° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL, por considerar llenos los extremos exigidos en los ordinales 1° y 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, más no el exigido en el ordinal 3°, referido a la presunción de peligro de fuga, supuestos que pueden ser satisfechos por medidas de protección y por medidas cautelares menos gravosas, ello de conformidad con los artículos 8, 9, 243, 253, 244, 256, encabezamiento, 263 y 282 del citado Código y el artículo 44, ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 89 y 91, numeral 2° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues es difícil presumir que ante una pena relativamente baja como la que se le pudiera llegar a imponer, éste se dará a la fuga o se abstraerá del proceso penal que se le sigue. Y ASI SE DECIDE.
Se ordenó librar la correspondiente boleta de libertad.

No se ordena notificar a las partes, ya que todas quedaron debidamente notificadas en la respectiva audiencia de calificación de flagrancia en cuanto a que en fecha de hoy se publicaría el auto fundado correspondiente.

EL JUEZ TITULAR DE CONTROL NRO. 06

Abog. HUGO JAVIER RAEL MENDOZA
LA SECRETARIA

Abog. YENY VILLAMIZAR

En fecha 30-04-2.008, se cumplió con librar la correspondiente boleta de libertad y en fecha___________________se libró oficio nro.______________________________________________________.

LA SECRETARIA