TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 6 de Octubre del 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2008-003525
ASUNTO : LP01-P-2008-003525

AUTO DE ADMISION DE QUERELLA.

Vista la Querella presentada por ante éste Tribunal de Control por la ciudadana: ZULEMA YOLANDA CAMACHO VALERO, venezolana, mayor de edad, de 52 años, divorciada, titular de la cédula de identidad No. V-4.472.513, de profesión terapeuta, domiciliada en las Residencias Andrés Bello, Torre “D”, Piso 3, Apartamento 4-4, Sector Zumba, Mérida, Estado Mérida, debidamente asistida por el ciudadano abogado: JESÚS ANTONIO MORÓN MORENO, titular de la cédula de identidad No. V-4.793.306, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 73.755, y de este mismo domicilio, éste Despacho luego de una minuciosa revisión de las actuaciones considera que la misma cumple con todos los requisitos formales exigidos en los Artículos 293 y 294 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo, observa que la accionante tiene efectivamente Legitimación Activa para Querellarse por cuanto la mencionada ciudadana actúa en el presente caso como Victima, cumpliendo de ésta forma con la previsión establecida en el Articulo 292 Ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 119 Numeral 1° Ibidem, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Articulo 296 del referido Código Adjetivo Penal, así como lo preceptuado en los Artículos 26, 30, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran el Derecho de Acceso a la Justicia, a presentar peticiones, a obtener oportuna respuesta y a no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, este Tribunal de Control ADMITE LA QUERELLA presentada por la parte accionante anteriormente identificada, a reserva de lo que arroje el proceso y sin emitir ningún pronunciamiento sobre el hecho punible imputado ni tampoco sobre la responsabilidad de la Querellada, acción interpuesta en contra de la ciudadana: SORANGEL COROMOTO MEJIA PORTILLO, venezolana, mayor de edad, de 45 años de edad, soltera, de profesión comerciante, titular de la cédula de identidad No. V-10.907.329, con domicilio procesal en el Edificio Oficentro El Encanto, Prolongación Avenida 2 Lora, Piso 1, Oficina 1-04, de esta ciudad de Mérida, teléfono: 0274-4160357 y 0414-7442049, por la presunta comisión del Delito de: ESTAFA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Código Penal, razón por la cual a partir del presente Auto de Admisión, la victima accionante adquiere formalmente la condición de PARTE QUERELLANTE en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el Articulo 296 Primer Aparte del referido Código Orgánico Procesal Penal.

Resulta pertinente señalar en este caso, un extracto de la Sentencia signada con el No. 032, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28-05-2003, con ponencia del Magistrado Dr. Rafael Pérez Perdomo, en la cual dejó sentado lo siguiente:

“… para la admisión de la querella deben aparecer debidamente sustentados los medios de convicción indispensables para la tipicidad delictiva. La determinación de estos supuestos fácticos obedece a razones de seguridad jurídica, pues, como se sabe, son estos hechos y no otros distintos, los que van a definir los limites de la controversia judicial (thema decidendum).” (Negrillas del Tribunal).

En tal sentido debemos tener presente que el Artículo 462 encabezamiento del Código Penal Vigente dispone expresamente lo siguiente:

“El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para si o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años…” (Negrillas del Tribunal).

Como puede verse, la pre-nombrada norma sustantiva tipifica el delito de ESTAFA, que es un Delito de eminente ACCION PÚBLICA cuya investigación y enjuiciamiento por parte de los órganos encargados de la persecución penal, se sigue de oficio y no exige el requerimiento o la instancia de la Parte Agraviada para su procedencia, lo que significa que cambia la titularidad de la Acción Penal que en lugar de tenerla la victima, le corresponde es al Estado quien la ejerce, a través, del Ministerio Público.

En este mismo orden de ideas es necesario dejar claro que el Querellante tiene la facultad legal de acudir al Fiscal del Ministerio Público en su carácter de Titular de la Acción Penal y director de la Investigación, para solicitar las diligencias que estime y considere necesarias en orden a la determinación de los hechos, así como también para establecer el grado de participación y responsabilidad de la Querellada en el Delito de Acción Pública que se le imputa, tal como lo establece claramente el Articulo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Articulo 125 Numeral 5° Ejusdem referente a los Derechos del Imputado.

Finalmente se acuerda notificar de la presente decisión al ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida para que procediendo dentro de la esfera de sus facultades y atribuciones actuando como Titular de la Acción Penal, tal como lo consagran los Artículos 11 y 24 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Articulo 285 Numerales 4° y 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decida lo conducente conforme a lo previsto en la Ley, de igual forma respetando el Principio Procesal de igualdad entre las partes previsto en el Articulo 12 de la Ley Adjetiva Penal, se acuerda notificar inmediatamente de la presente decisión a la Imputada-Querellada, ciudadana: SORANGEL COROMOTO MEJIA PORTILLO, titular de la cédula de identidad No. V-10.907.329, y anteriormente identificada, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo 125 Numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, así como también en cumplimiento de las reglas del Debido Proceso previstas en el Articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de que la misma ejerza plenamente el Derecho a la Defensa que la Ley le otorga a todo ciudadano.

Notifíquese y Cúmplase.

Abg. VICTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE CONTROL No. 03.

Abg. GLEDYS DIAZ SANCHEZ.
SECRETARIA.