REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL L.O.P.N.A

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EN FUNCIONES DE CONTROL No 1. SECCIÓN DE ADOLESCENTES. MÉRIDA; 03 DE OCTUBRE DE 2008. 198º y 149º CAUSA Nº C1-2284-08 ASUNTO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. ADOLESCENTE: IDENTIDAD OMITIDA VICTIMA: LA COLECTIVIDAD Y EL ESTADO VENEZOLANO. FISCALÍA: DÉCIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO. DELITO: PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. Vista la solicitud de sobreseimiento definitivo formulada por la Fiscal Auxiliar Décima Segunda del Ministerio Público, Abogada DORIS BEATRIZ ROJAS CABRERA, inserta a los folios ciento sesenta (160) al ciento sesenta y uno (161) este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar auto fundado en los términos siguientes: El adolescente imputado, fue interceptado por funcionarios policiales, cuando se encontraba en la calle principal de la urbanización José Adelmo Gutiérrez. Al realizarle la inspección personal le encontraron en la pretina del pantalón un arma de fuego, tipo pistola, color negro, sin marca aparente, calibre 380 y en el bolsillo un cartucho 9 mm sin percutar. Luego de la revisión el adolescente se tornó agresivo con el funcionario actuante, quien debió solicitar apoyo para lograr controlar y aprehender al adolescente. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Por cuanto se trata de un sobreseimiento basado en una causal de mero derecho: prescripción (artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal) cuya constatación es posible efectuar con la lectura de las actas del proceso, se prescinde de la convocatoria de una audiencia especial para debatir sobre la solicitud formulada, de conformidad con el artículo 323 eiusdem. Así se decide. Quien aquí juzga, coincide con el criterio expresado por la Fiscal del Ministerio Público en cuanto a la prescripción de la acción penal, ya que desde oportunidad en que ocurrieron los hechos ( 22 de noviembre de 2003), hasta el día de hoy han transcurrido más de tres (3) años, sin que haya operado causa de interrupción del curso de la prescripción. Los términos de la prescripción de la acción penal se encuentran establecidos en el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que señala: “La acción prescribirá a los cinco años en caso de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción. A los tres años cuando se trate de otro hecho punible de acción pública y a los seis meses en caso de delitos de instancia privada o de faltas” (subrayado nuestro). Esta misma norma refiere al Código Penal en cuanto a la forma de contar los términos previstos en la Ley especial. Los hechos objeto del proceso encuadran dentro de los supuestos previstos en los artículos PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, contenidos en los artículos 278 y 219 del Código Penal, que siendo delitos de acción pública, que NO admiten como sanción definitiva la medida de privación de libertad, prevista en el artículo 620.f de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la actividad penal prescribe transcurridos tres (3) años. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante el supuesto contenido en el ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, emergiendo el sobreseimiento definitivo de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 109 del Código Penal, como la figura jurídica aplicable. Y ASÍ SE DECIDE. Por mérito de los razonamientos que anteceden este Tribunal de Primera Instancia de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida en funciones de Control Nº 1, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, a favor de IDENTIDAD OMITIDA, de conformidad con lo previsto en los artículos 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 318 ordinal 3º y 324 del Código Orgánico Procesal Penal y 109 del Código Penal. Notifíquese las partes (Fiscal del Ministerio Público, victima, defensor e imputado). Procédase al archivo de las presentes actuaciones, en la oportunidad en que se formen los legajos. CÚMPLASE. LA JUEZA TITULAR EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 1 ABOG MELISA ELENA QUIROGA DE SÁNCHEZ LA SECRETARIA ABOG. YENNY DIAZ