PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL No. 06 El Vigía, 24 de Septiembre de 2008 198º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : LP11-P-2008-002438 AUTO DECRETANDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Solicitan las Fiscales Principal y Auxiliar, adscritas a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de esta entidad, que este órgano jurisdiccional en funciones de Control, decrete el Sobreseimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 318.3, del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48.8, eiusdem. A los fines de darle adecuada y oportuna respuesta a dicha solicitud conforme a lo previsto en el artículo 51 Constitucional, en concordancia con lo establecido en los artículos 177 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal, y estimando inoficiosa la realización de una audiencia oral para debatir los fundamentos de dicha petición según lo previsto en el artículo 323, eiusdem, este Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones: 1. Identificación de las partes La presente investigación obra contra el ciudadano GUSTAVO TORRES FONTALVO, de quien no existen más datos en la investigación, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y tipificado en el artículo 17, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de la perpetración, en perjuicio de la ciudadana TOLOZA ORTIZ MEREDITH, venezolana, de 40 años de edad, ama de casa, titular de la cédula de identidad No. V-23.204.953, residenciada en la zona industrial, Parcelamiento Hugo Chávez Frías, Calle Libertador, casa No. 100, El Vigía, Estado Mérida. 2. Descripción del hecho objeto de la investigación Da inicio a la presente investigación el Ministerio Público, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y tipificados en la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, en fecha 14.03.2005, en virtud de la Denuncia que en fecha 13.03.2005, interpusiera la ciudadana TOLOZA ORTIZ MEREDITH, ante la Unidad de Investigaciones de la Sub-Comisaría Policial No.12, Comisaría Policial No. 04, de la Dirección General de Policial del Estado Mérida, con sede en El Vigía, jurisdicción del Municipio Alberto Adriani, del Estado Mérida, en la que, entre otras cosas manifiesta, que ocurre a ese despacho policial a denunciar a su exmarido GUSTAVO TORRES FONTALVO, ya que el día anterior, como a eso de las 09:30 p.m., se encontraba ella en su casa en compañía de sus dos hijos menores, cuando de repente llegó el ciudadano GUSTAVO TORRES FONTALVO en estado de ebriedad, empezó a insultarla con palabras obscenas y luego se le fue encima y empezó a agredirla físicamente, ella se encerró en el cuarto y empezó a golpearla, ella se defendió y también lo golpeó, continuaron dándose golpes de parte y parte porque ella no iba a dejar que ese hombre la matara, que ella le dijo que se fuera de su casa ya que él vive unos días en la casa y luego se va, que desde hace más de un mes ella no tiene relaciones con ese señor y que lo que quiere es que se vaya de la casa, ya que un día de estos la mata o ella lo mata a él, porque ella ya no le tiene miedo y no va a dejar ni a permitir que la continúe agrediendo ni física ni verbalmente, que ese señor no le da nada económicamente y no la ayuda con los gastos de los hijos de ambos. 3. Fundamentos de Hecho y de Derecho Analizadas la solicitud y demás actuaciones acompañadas por la Representación Fiscal, de ellas se infiere la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y tipificado en el artículo 17, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para la fecha. El señalado hecho punible es sancionado con pena de prisión de seis (06) a dieciocho (18) meses, que conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal Venezolano vigente para el momento en que ocurren los hechos, debe aplicarse en su término medio, siendo el mismo de doce (12) meses de prisión, y tiene establecido un término de prescripción de tres (03) años, a tenor de lo establecido en el artículo 108, numeral 4°, eiusdem. Ahora bien, el artículo 109, del mismo Código Penal Sustantivo, regula el momento en que comenzará la prescripción, y establece que, para los hechos punibles consumados, comenzará desde el día de la perpetración; para las infracciones , intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. Y el artículo 110, eiusdem, regula los modos de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, estableciendo que, “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal. Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal…”. En el caso que nos ocupa, se observa que los hechos ocurren el día 12.03.2005, habiendo transcurrido hasta la presente fecha un total de tres (03) años, seis (06) meses y doce (12) días, lo que determina efectivamente la extinción de la acción penal, según lo establecido en el artículo 48.8, del Código Orgánico Procesal Penal, al haber operado la prescripción aplicable según el artículo 108, ordinal 4°, del Código Penal vigente para la fecha en que ocurren los hechos, sin que hubiere ocurrido ninguno de los supuestos de interrupción de la prescripción a que hace referencia el artículo 110, eiusdem, de allí que resulte pertinente la petición de la Representación Fiscal, siendo procedente, en consecuencia, decretar el Sobreseimiento de la presente causa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. En otro orden de ideas, el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal establece el trámite a seguir cuando el Ministerio Público solicita el Sobreseimiento de la causa, en los siguientes términos: “Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate. Si el Juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición Fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo”. Como bien señala el autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, (“Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, pág. 360), “Normalmente y como regla, el otorgamiento o no del sobreseimiento debe debatirse en audiencia oral con todas las partes interesadas. El trámite diseñado en este artículo 323 del COPP se refiere únicamente al debate sobre el sobreseimiento que se solicita en la fase preparatoria, y quizás al que pudiera celebrarse en la etapa de preparación del juicio oral, pues el sobreseimiento que pueda otorgarse en la fase intermedia se debaten en la audiencia preliminar y el que se solicita en juicio oral conforme al artículo 31 se debate el la audiencia del juicio”. En el encabezamiento de la norma anteriormente transcrita, se prevé, por vía de excepción a la regla de que habla el autor, el supuesto de que el juez obvie la convocatoria a las partes y a la víctima, y la realización de la audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, “…si estima que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate”. Salvo mejor criterio, entiende este juzgador que tal excepción se refiere al supuesto de que, de la misma solicitud fiscal, como de las actuaciones acompañadas con dicha solicitud, se desprenda como fundamento ser el punto sobre el cual verse la petición de mero derecho. En este sentido, en el caso subjúdice, de la solicitud de Sobreseimiento acompañada por la Representación Fiscal, y de las actuaciones acompañadas con la misma se infiere, que el fundamento de dicha petición es de mero derecho, al estar referido a la extinción de la acción por el transcurso del tiempo, lo que en criterio de este decidor no amerita debate alguno, siendo inoficiosa la realización de un audiencia oral para debatir los fundamentos de dicha petición fiscal. Así se establece. Decisión Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 Constitucional, 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de la perpetración, 37, 108,numeral 4°, 109 y 110, del Código Penal Venezolano vigente para el momento en que ocurren los hechos investigados, y 48.8, 282 y 318.3, del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control No. 06, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY, decreta el Sobreseimiento de la presente causa, instruída en contra del ciudadano GUSTAVO TORRES FONTALVO, de quien no existen más datos en la investigación, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y tipificado en el artículo 17, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de la perpetración, en perjuicio de la ciudadana TOLOZA ORTIZ MEREDITH, venezolana, de 40 años de edad, ama de casa, titular de la cédula de identidad No. V-23.204.953, residenciada en la zona industrial, Parcelamiento Hugo Chávez Frías, Calle Libertador, casa No. 100, El Vigía, Estado Mérida. Notifíquese a las partes la presente decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, y remítanse en su oportunidad las presentes actuaciones al Archivo Central para su guarda, custodia y conservación. Cúmplase.- EL JUEZ EN FUNCIONES DE CONTROL No. 06 ABG NOEL ENRIQUE PETIT LEAL LA SECRETARIA ABG JENNIFER A. SANCHEZ MARQUINA En fecha___________________se cumplió lo ordenado en auto que antecede. Se libraron Boletas de Notificación Nros.___________________________________.- Conste/Stria.