REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL L.O.P.N.A

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA TRIBUNAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO N° 01 SECCION DE ADOLESCENTES Mérida, 19 de septiembre de 2008 198° y 149° CAUSA N° J01-M-762-08. ASUNTO: AUTO ACORDANDO SUSTITUCIÓN DE MEDIDA DE PRISION PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA ADOLESCENTE: IDENTIDAD OMITIDA. DEFENSOR PRIVADO: ABG. CARLOS ARTURO PEÑA PEÑALOZA. DELITO: OCULTAMIENTO DE SUSTANC IAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS. FISCALÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO. Visto escrito presentado por el abogado CARLOS ARTURO PEÑA PEÑALOZA, como tal defensor del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, escrito en el cual solicita la sustitución de la medida de prisión preventiva, que le fuera impuesta a su representado y en virtud de la cual se encuentra actualmente recluida en el Instituto Nacional de Asistencia al Menor, por una sustitutiva de las contenidas en el artículo 582 de la Ley antes citada (folios 57). Esta Juzgadora tomando en cuenta dicha solicitud; para decidir observa: En audiencia de flagrancia realizada en fecha 23-07-08, el Tribunal de Control N° 02 de esta Sección de Adolescente, a cargo de la Jueza titular Abogada Rosana Freites Alvaray, impuso medida de prisión preventiva a la adolescente con fundamento en los artículos 581 letra “a” de la Ley Orgánica Para La Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal en virtud del riesgo razonable de que no compareciera al juicio, acto en el cual se ordenó su reclusión en el INAM Seccional Mérida. (folios 35 al 38). En atención a lo antes expuesto, cabe citar los siguientes dispositivos legales: Artículo 581 Parágrafo Segundo de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, que establece textualmente: “La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar.” (negritas del tribunal). El artículo 582 ejusdem: “ Siempre que las condiciones que autorizan la detención preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente de oficio, o a solicitud del interesado, deberá imponer en su lugar, algunas de las medidas siguientes…”. Medidas que se aplicaran en correspondencia con los principios sustentados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la cual se exhorta a los países que suscriban la Convención a adoptar dentro de su legislación penal, medidas alternas de internamiento. En efecto el artículo 40.4º de la Convención antes señalada, dispone: “Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como, otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”. De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7 referido al derecho a la Libertad personal, establece en su ordinal 5º: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevado sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que se continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. Así mismo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, establece que la libertad personal es inviolable, la persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la Ley y apreciadas por el Juez o jueza en cada caso. La Comisión interamericana de derechos Humanos ha señalado que más allá del plazo que establece la Ley, la detención sea considerada ilegítima prima facie, independientemente del delito que se impute o de la complejidad del caso, y que incluso la duración de la prisión preventiva podrá no ser razonable aun antes del vencimiento del plazo. El artículo 78 Constitución señala: “ Los Niños, Niñas y Adolescentes, son sujetos de derechos y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados… El Estado, las Familias y la Sociedad aseguraran, con prioridad absoluta, protección integral para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan…” En el presente caso, la prisión preventiva no sólo exige ser atendida con prioridad, por exceder del término fijado en el parágrafo segundo del precitado artículo 581, para así evitar que su excesiva duración se convierta en una sanción anticipada, que afectaría gravemente el principio de inocencia establecido a su favor en el los artículos 49.2 Constitucional y 540 Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente; de la revisión de las actuaciones considera esta juzgadora considera improcedente, imponer al adolescente de marras la medida cautelar sustitutiva de libertad por cuanto no han transcurrido los tres (3) meses de privación de libertad, no han variado las circunstancias para tal efecto. Por lo que se acuerda ratificar la medida privativa de libertad conforme a lo dispuesto en el artículo 581 letra “a” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual deberá cumplir el adolescente en el Instituto Nacional del Menor hasta el día 23 de octubre de 2008. ASÍ SE DEDICE. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto y a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de carácter constitucional establecida en el artículo 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Sección Adolescente Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamiento: ÚNICO: Se ratifica la medida de prisión preventiva que le fuere impuesta al adolescente IDENTIDAD OMITIDA (identificado en autos) en fecha 23-07-08, por ante el Tribunal de Control N° 02 de esta Sección de Adolescentes, a cargo de la Jueza titular Abogada Rosana Freites Alvaray, la cual impuso medida de prisión preventiva al adolescente con fundamento en los artículos 581 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 35 al 38), por no haber transcurrido los tres (3) meses que establece la Ley y no haber variado las circunstancias. ASÍ SE DECIDE. Notifíquese a las partes. Ofíciese al Director del Instituto Nacional del Menor Seccional Mérida. ASÍ SE DECIDE. LA JUEZA DE JUICIO N° 01 ABG. YOLY CARRERO MORE LA SECRETARIA ABG. KARINA VILLARREAL En la misma fecha se cumplió con lo ordenado bajo los números ___________ ____________________________________________________________________.- La Sria.