REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA
198º y 149º
PARTE NARRATIVA
Ingresó por distribución la presente demanda que por Divorcio Ordinario interpuso el ciudadano JOSE ANTONIO CASTRO VAZQUEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad número V-8.716.302, domiciliado en la ciudad de Ejido, Municipio Campo Elías del Estado Mérida, y civilmente hábil, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JONATAN SUAREZ PAREDES, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 106.657, titular de la cédula de identidad número V-11.956.558, y jurídicamente hábil, en contra de la ciudadana MARIA FLORA BRADARIZ TABOADA, española, mayor de edad, de oficios del hogar. En fecha 17 de mayo de 2007, mediante auto que riela a los folios 5 y 6, se admitió la demanda, y se emplazó a ambos conyugues para que comparezcan el cuadragésimo sexto (46°) día siguiente a aquel que conste en autos la notificación de la Fiscal del Ministerio público de Familia del Estado Mérida, así como la citación del demandado, a fin de que tuviera lugar el primer acto conciliatorio del proceso. Se puede constatar al folio 10, constancia de fecha 22 de mayo de 2007, suscrita tanto por el Alguacil Titular de este Juzgado ciudadano JORGE GREGORIO SALCEDO VIELMA, así como por la Secretaria Titular de este Tribunal abogada SULAY QUINTERO QUINTERO, por medio de la cual se dejó constancia de haber notificado legalmente a la Fiscal del Ministerio público de Familia del Estado Mérida. Obra al folio 11, constancia de fecha 20 de junio de 2007, suscrita tanto por el Alguacil Titular de este Juzgado ciudadano JORGE GREGORIO SALCEDO VIELMA, así como por la Secretaria Titular de este Tribunal abogada SULAY QUINTERO QUINTERO, por medio de la cual se dejó constancia de que no se pudo practicar la citación de la parte demandada. Así pues, tenemos que desde el día 20 de junio de 2007, hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (1) año, sin que se hubiere realizado alguna actuación de procedimiento por parte de los sujetos procesales involucrados en la controversia, y en especial de la parte actora quien debía impulsar el proceso, por lo que corresponde a este Jurisdicente, actuando ex oficio comprobar si efectivamente, en el caso de marras ha operado la perención prevista en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PARTE MOTIVA
A los fines de verificar la ocurrencia o no de la perención de la instancia se hacen necesarias las siguientes consideraciones.
PRIMERA CONSIDERACIÓN: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
Conforme el contenido de la norma, el Instituto de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA no es más que “…el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” (RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329).
Esta sanción tiene su fundamento, de un lado, en la presunta expresión de voluntad de las partes de no continuar con el proceso instaurado, la cual se evidencia de la falta de impulso procesal por un período determinado que el Legislador previó como suficiente para presumir tal circunstancia; y del otro, la necesidad del estado de evitar que los jueces se recarguen de expedientes cuya pendencia de no ocurrir la perención resultaría indefinida.
La doctrina y jurisprudencia han determinado que la perención, aparte de sancionar la conducta omisiva de las partes, pretende que el proceso se desenvuelva sin dilaciones hasta alcanzar su fin y su propósito, es decir: la sentencia que dirime el conflicto.
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: En el mismo orden de ideas, tenemos que el Legislador en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, señala los casos en los que procede la perención de la instancia, y particularmente, en el encabezamiento de dicha norma, se dispone como causa para la procedencia de dicha figura procesal la ocurrencia de los siguientes elementos:
a) El transcurso de un período determinado, esto es, un (01) año contado a partir del último acto de procedimiento de las partes.
b) La inactividad procesal durante el período antes indicado.
c) Que la inactividad no ocurra después de vista la causa por el juez.
En consecuencia, a los fines de dilucidar si efectivamente ha ocurrido en este proceso la extinción de la instancia por la inactividad observada por este Juzgador, debe verificarse la ocurrencia de los elementos en referencia. ASI SE DEJA ESTABLECIDO.
TERCERA CONSIDERACIÓN: Así tenemos, pues, que luego de la constancia de fecha 20 de junio de 2007, suscrita tanto por el Alguacil Titular de este Juzgado ciudadano JORGE GREGORIO SALCEDO VIELMA, así como por la Secretaria Titular de este Tribunal abogada SULAY QUINTERO QUINTERO, por medio de la cual se dejó constancia de que no se pudo practicar la citación de la parte demandada, no se realizó en el expediente ningún otro acto de procedimiento de las partes, y mucho menos de la parte actora a quien correspondía –como se dijo con anterioridad- dar el impulso correspondiente al presente juicio, con lo cual para el día de hoy se encuentra cumplido con creces el lapso previsto por el legislador para que se tenga como consumada la perención de la instancia, y habida cuenta, que el presente expediente no se encuentra en estado de sentencia, se halla plenamente configurado el supuesto de hecho contenido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, ha operado la PRENCIÓN DE LA INSTANCIA, la cual se consumó desde día 20 de junio de 2007. ASÍ SE DECLARA.
PARTE DISPOSITIVA
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio que por Divorcio Ordinario interpuso el ciudadano JOSE ANTONIO CASTRO VAZQUEZ, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JONATAN SUAREZ PAREDES, en contra de la ciudadana MARIA FLORA BRADARIZ TABOADA, anteriormente identificados.
SEGUNDO: Notifíquese a la parte actora, haciéndole saber que el lapso para que interponga el recurso que considere pertinente, contra la presente decisión comenzará a correr una vez que conste en autos su notificación. Líbrese por auto separado la correspondiente boleta y entréguesele al Alguacil para que la haga efectiva.
TERCERO: Se exime de costas a la parte actora por la naturaleza del fallo, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, treinta de septiembre de dos mil ocho.
EL JUEZ TITULAR,
ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO
LA SECRETARIA TITULAR,
SULAY QUINTERO QUINTERO
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las diez de la mañana. Conste,
LA SECRETARIA TITULAR,
SULAY QUINTERO QUINTERO
ACZ/SQQ/carv.-
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