TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 15 de Enero de 2009
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2008-003938
ASUNTO : LP01-P-2008-003938

MANDATO DE CONDUCCIÓN.

Vista la solicitud presentada por la ciudadana Fiscal Décimo del Ministerio Público, abogada: MARIA CAROLINA COLOMBI, en la cual pide a éste Tribunal que:

“…Yo, Abg. MARIA CAROLINA COLOMBI SPINETTI, procediendo en este acto, con el carácter de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía 10° de Protección del Niño y del Adolescente del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en uso de las atribuciones que me confiere el Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 16 y 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Artículo 108 Y 310 del Código Orgánico Procesal Penal, Artículo 170 literal b y g de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, actuando con el carácter ya indicado, acudo ante usted a exponer lo siguiente:

En virtud de las múltiples gestiones realizadas por esta Representación Fiscal, por medio de la Unidad de Apoyo del Niño, Niña y Adolescente de la Dirección General de Policía del Estado Mérida; a los fines de lograr la comparecencia de la ciudadana: ROSEE MARGARITA GONZÁLEZ JEREZ, a los fines de recepcionar entrevista, con relación a los hechos que se investigan en la Investigación Penal N° 14F10015008, de nuestra nomenclatura interna, instruida por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCiÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL; en perjuicio del adolescente: ALEX AYENDI HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, de 17 años de edad; y por cuanto se requiere del testimonio de la misma, a los fines de recepcionar entrevista con relación a los hechos que se investigan.

Siendo de que las mismas han resultado infructuosas, por parte de la requerida ciudadana, tal y como consta en ACTA POLICIAL, de fecha 17-10-2008, de la cual anexo al presente su original, haciéndose necesaria que comparezca, a los fines de poder esta Representación Fiscal, practicar la diligencia ante mencionada; es por lo que solicito del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control, se sirva acordar un MANDATO DE CONDUCCiÓN, de conformidad con el Artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, de la ciudadana: ROSEE MARGARITA GONZÁLEZ JEREZ; para recepcionar entrevista, el cual se materializará con el debido respeto de sus Derechos Constitucionales, a objeto de que esta Unidad Fiscal, pueda entonces materializar las diligencias antes indicadas, las cuales son de suma importancia y así lograr el esclarecimiento del caso, por medio de funcionarios de la Unidad de Apoyo del Niño, Niña y Adolescente de la Dirección General de Policía del Estado Mérida…”.

Este Tribunal de Control a los fines de decidir previamente observa:

El artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone claramente lo siguiente:

“El Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar que cualquier ciudadano sea conducido por la fuerza pública en forma inmediata ante el funcionario del Ministerio Público que solicitó la conducción, con el debido respeto de sus derechos constitucionales, a fin de ser entrevistado por aquel sobre los hechos que se investigan. Será llevado en forma inmediata ante el Ministerio Público para dar cumplimiento al objeto de su requerimiento, en un plazo que no excederá de ocho horas contadas a partir de la conducción por la fuerza pública.”

En el mismo orden de ideas, el artículo 222 del mismo Código Adjetivo Penal establece que:
“Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación, y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración.

Se observaran los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, que establezcan excepciones a esta regla.”

Por su parte, el artículo 226 Ejusdem preceptúa además que:

“Si el testigo no se presenta a la primera declaración, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública.

Si después de comparecer se niega a declarar sin derecho a hacerlo, se comunicará ese hecho al Ministerio Público para que proceda a realizar la investigación.

En tal sentido, debe recordarse que toda persona que sea legalmente citada por el Ministerio Público a fin de que comparezca por ante su despacho para tomarle una entrevista relacionada con la investigación que se esté llevando a cabo, por considerar que resulta de gran importancia para la misma el conocimiento que de los hechos tenga la persona citada, deberá comparecer obligatoriamente al llamado de la Fiscalía, por cuanto la negativa indebida e injustificada a cumplir con el llamado del órgano encargado de dirigir la investigación de todo hecho punible, puede ser considerado como un acto contumaz que de alguna forma pretende entorpecer u obstruir la correspondiente investigación, por lo tanto, en tales casos, la representación Fiscal puede acudir perfectamente ante el Tribunal de Control respectivo con el propósito de solicitar y obtener un Mandato de Conducción, a través del cual se conmine a la persona requerida para que comparezca obligatoriamente y rinda testimonio, oportunidad en la cual será conducido por la fuerza pública de manera obligatoria, y una vez cumplido con dicho acto la persona citada quedará nuevamente en libertad.

Ahora bien, tomando en consideración que en el presente caso se investiga la presunta comisión de un hecho punible previsto y sancionado en la Ley Orgánica Para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y contra la Libertad Individual, donde figura como victima un adolescente de 17 años de edad, de nombre: ALEX AYENDI HERNANDEZ MÁRQUEZ, y la Fiscalía actuante requiere como acto de investigación practicar una entrevista con la ciudadana: ROSEE MARGARITA GONZALEZ JEREZ, quien no ha comparecido al llamado de la Fiscalía actuante, es por lo que este Tribunal de Control considera pertinente y oportuno expedir un MANDATO DE CONDUCCIÓN, para que la referida ciudadana sea conducida por la Fuerza Pública hasta la sede de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, y estando acompañado por su Defensor rinda el testimonio respectivo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente señaladas, éste Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, expide: MANDATO DE CONDUCCION en contra de la ciudadana: ROSEE MARGARITA GONZALEZ JEREZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 310 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 222 y 226 Ejusdem, y en armonía con los Artículos 2, 26, 30, 49, y 257 de la Constitución de la República, en consecuencia, se Autoriza a la Fiscalía Primera del Ministerio Público del Estado Mérida, para que actuando como Titular de la Acción Penal y Organo Director de la Investigación Penal, coordine adecuadamente con los funcionarios policiales que estime y considere conveniente, haciendo uso de sus atribuciones y facultades, tal como lo establecen los artículos 108 y 114 del referido Código Adjetivo Penal, la conducción obligatoria de la mencionada ciudadana a la brevedad posible o en la fecha que estime oportuno y pertinente hasta su despacho, cumpliendo estrictamente con todas las garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la única y exclusiva finalidad de ser entrevistada personalmente por la ciudadana Fiscal Décimo, en relación con los hechos que se investigan en la mencionada causa, a objeto de establecer la Verdad y la Justicia como fin último del Proceso Penal, tal como lo establece el artículo 13 del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, siendo dicha representación Fiscal garante del cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley para que no se cometan abusos de autoridad ni tampoco arbitrariedades en el cumplimiento de la presente orden, de acuerdo a lo previsto expresamente en los artículos 55 Ultimo Aparte y 60 ambos de la Constitución de la República, para lo cual se acuerda la remisión de la presente solicitud a la Fiscalía actuante para todos los demás fines legales subsiguientes.

Notifíquese y Cúmplase.

Abg. VÍCTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE CONTROL No. 03.

Abg. GLEDYS J. DIAZ.
SECRETARIA.