REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL El Vigía, 18 de Febrero de 2009 198º y 149º DECISIÓN N° 30-02 ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2009-000351 Visto el escrito presentado por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Mérida, haciendo uso de la facultad que le confiere el Ordinal 10º del Artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en concordancia con el Ordinal 7º del Artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal de Control N° 7, conforme al Artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar quien aquí decide, que no es necesario realizar audiencia, habida cuenta que el motivo de la solicitud es la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, es lo por que este tribunal pasa a decidir en los siguiente términos: La presente averiguación se inició en fecha 6 de Diciembre de 2004, mediante denuncia de la ciudadana ANA ELISA PÉREZ MARQUINA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 13.825.761, quien manifestó que denuncia a RAFAEL ANTONIO SEGOVIA, por haberla agredido físicamente, con un palo….cuando ella llegó le tiró el portón encima, ocasionándole una herida en la frente y cuando ella entro, el agarró el palo y la golpeó en el brazo y en las piernas. Coincide este Juzgador con el Ministerio Publico, que los hechos antes descritos pudieran subsumirse en el delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de los hechos, en perjuicio de ANA ELISA PÉREZ MARQUINA. Solicita el despacho fiscal, que se decrete el sobreseimiento de la causa, por cuanto el hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado, de conformidad con el artículo 318 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal, utilizando como razones de hecho, que no se practicó a la víctima el Reconocimiento Médico Legal. A tal efecto, debe este tribunal precisar que tal fundamento no es congruente con lo acreditado en autos, pues en el caso de marras se puede apreciar con meridiana claridad que ocurrió un hecho reprochable penalmente, por lo que no puede alegarse que “el hecho no se realizo”, así mismo resultaría temerario señalar que “el hecho no puede atribuírsele al imputado”, pues hasta la presente fecha no se ha producido una sentencia absolutoria que lo exonere de responsabilidad. Ahora bien, considera este Tribunal, que aun cuando ocurrió un hecho, resulta ineludible precisar que en la presente causa, no existe el Reconocimiento Médico Legal, necesario para establecer el tipo penal aplicable en el caso en concreto. De manera que en el supuesto de autos, ante la ausencia de la referida experticia, a todas luces resulta de imposible adecuación penal, y siendo que aun cuando al día de hoy el ministerio publico lograra la realización del referido reconocimiento medico, éste sería inoficioso, toda vez que desde que se produjo tal hecho, han transcurrido más de cuatro (4) años, de allí el impedimento legal de presentar otro acto conclusivo distinto al presentado, pues la referida experticia es de capital importancia resultando necesario concluir que a pesar de la falta de certeza no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar el enjuiciamiento de los investigados. Considera este sentenciador que el sistema del ejercicio de la acción penal, es un sistema semi- absoluto por lo que respecta a los delitos de acción pública, como lo es en el caso de autos, ya que la titularidad del ejercicio de la acción penal en estos delitos pertenecen al Estado a través del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285, ordinal 4° de la Constitución Nacional, razón por la cual el Ministerio Público se encuentra facultado para solicitar el sobreseimiento de la causa, lo cual en el presente asunto es procedente, por cuanto el Tribunal ha evaluado el mérito de las actuaciones presentadas y concluye que efectivamente, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no se cuenta con suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de persona alguna. Y así se decide. DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Control N° 7, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE PRESENTE LA CAUSA, de conformidad con el artículo 318 ordinal 4 ° del Código Orgánico Procesal Penal, seguida a RAFAEL ANTONIO SEGOVIA, venezolano, de 41 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 13.825.559, residenciado en la Sanjita, Calle la Cancha, Casa S/N, Nueva Bolivia Estado Mérida, por el delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de los hechos, en perjuicio de ANA ELISA PÉREZ MARQUINA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 13.825.761. Notifíquese a las partes. Remítase en su oportunidad legal al Archivo Judicial del Estado Mérida, a los fines de su conservación y archivo del mismo. Cúmplase. EL JUEZ DE CONTROL N° 7 ABG. CARLOS ALBERTO QUINTERO RIVAS. SECRETARIA. ABG. MILAGRO MARISOL ARANDA VIVAS En Fecha___________ se libraron Boletas de Notificación Nros.___________