TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.- Ejido, dieciséis (16) de julio de dos mil nueve (2.009).-

199° y 150°

DEL SOLICITANTE Y APODERADOS

SOLICITANTE: Abogado en Ejercicio OSWALDO RODRÍGUEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nro. 2.111.089, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 26.113, actuando en su carácter de Apoderado de la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A, según consta de Poder Especial, autenticado ante la Notaria Publica Trigésima Novena del Municipio Libertador, el día 16 de abril de 2.009, bajo el Nº 62, Tomo 47, con domicilio en la ciudad de Caracas Distrito Capital.
MOTIVO: TITULO SUPLETORIO.-

SÍNTESIS PRELIMINAR:

Visto que en fecha dos (02) de junio del año 2009, se recibió por ante este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, por declinación de competencia proveniente del JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, solicitud de Titulo Supletorio, constante de dos (02) folios útiles y veintidós (22) anexos en veinticuatro (24) folios útiles, se le dio entrada, acordándose el exhorto a la parte solicitante para que presentara la lista de testigos que tenga a bien presentar, a fin de fijarles día y hora para escuchar sus respectivas declaraciones. En fecha, dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2.009), la parte solicitante diligenció en la presente solicitud, consignado la lista de testigos a fin de que este Tribunal fije día y hora para escuchar a los testigos promovidos. En fecha, veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2.009), se fijo para el día dos (02) de julio del año en curso, a las dos y treinta minutos (02:30 pm) y dos y cuarenta y cinco minutos (02:45 pm) de la tarde, para escuchar la declaración de los testigos ciudadanos GUY ALEX SILVA PERES y EDUARDO ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ, respectivamente, los cuales serán presentados por el solicitante. En fecha, dos (02) de julio del año en curso, riela a los folios 28 y 29 de la presente solicitud, diligencias suscritas por la parte solicitante en donde expone lo siguiente: PRIMERO: que por cuanto el testigo ciudadano EDUARDO ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ, se vio imposibilitado para asistir al acto de declaración de testigo pautado para las dos y cuarenta y cinco minutos (02:45 pm) del día dos (02) de julio de dos mil nueve (2.009), promueve al testigo ciudadano FRANCISCO JURADO y SEGUNDO: que por cuanto la parte solicitante se encuentra de transito en la ciudad de Mérida, solicita a este Tribunal se sirva a proveer por habilitación del tiempo que sea necesario durante el día 02 de julio de 2.009, para que se le tome la declaración al testigo promovido en su primera exposición. En fecha, 02 de julio de 2.009, el tribunal dicto auto en donde acuerda fijar para este mismo día a las tres (03:00 pm) de la tarde, la declaración del testigo ciudadano JURADO MARTÍN FRANCISCO JAVIER. En fecha, 02 de julio del año en curso riela a los folios treinta y uno (31) y treinta y dos (32), las declaraciones de los testigos promovidos por la parte solicitante.

I
DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE

En el referido escrito de Solicitud Titulo Supletorio, que obra agregado a los folios 01 al 02, el ciudadano: Abogado en Ejercicio OSWALDO RODRÍGUEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nro. 2.111.089, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 26.113, actuando en su carácter de Apoderado de la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A, según consta de Poder Especial, autenticado ante la Notaria Publica Trigésima Novena del Municipio Libertador, el día 16 de abril de 2.009, bajo el Nº 62, Tomo 47, con domicilio en la ciudad de Caracas Distrito Capital, parte solicitante, señala textualmente lo siguiente: “Mi representada por compra que hizo su Presidente, Ciudadano OSWALDO RODRÍGUEZ CABRERA, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas e identificado con la Cédula de identidad N° V-11.233.677; carácter de Socio Presidente, que consta en el Acta Constitutiva y Estatutos de la precitada empresa mercantil SAFE & SOUND, C.A.; inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 09 de agosto de 2001; bajo el N° 27; Tomo 573AQTO. Precisamente en su Cláusula DECIMA QUINTA. Asimismo en la CLAUSULA OCTAVA le son conferidas las más amplias facultades de administración y disposición; razón por la que adquirió un encierro radicado en un lote de terreno, ubicado en la Loma de Los Ángeles, Jurisdicción del Municipio Campo Elias del Estado Mérida; así como la bienhechurías sobre él construidas. Lote de Terreno que tiene un área aproximada de QUINCE MIL METROS CUADRADOS (15.000 Mts.2); cuyos linderos son los siguientes: FRENTE: Terrenos de la Loma de Los Ángeles, en parte. Y en parte con terrenos de la sucesión de Ricardo Santiago y Mario Romero. POR LOS OTROS TRES COSTADOS: con terrenos que son o fueron de Mario Romero; la compra del inmueble en referencia se constata de documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Campo Elias del Estado Mérida, el día 7 de mayo de 2004; quedando registrado bajo el N° 39; Folio 312 al Folio 319; Protocolo Primero, Tomo Cuarto Ahora bien, sobre el lote de terreno indicado la precitada empresa mercantil SAFE & SOUND, C.A. está ejecutando un proceso constructivo de una casa inconclusa de 425 Mts2 de construcción. Construyó Terrazas excavación para asiento de Estructuras; obra que incluye carga y transporte. Además realizó el cercado perimetral del lote de terreno con malla ciclón, tubos de hierro galvanizado, con todos los accesorios que lo perfeccionan. El valor DEL LOTE DE TERRENO sumados los costos de las operaciones y obras constructivas alcanza a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 2.245.240,20). Los montos antes indicados son resultado de Avalúo practicado por el lng° RUBÉN ABUHAZI, Identificado con cédula N° 6.050.609; inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela con el N° 73.879; y debidamente autorizado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN); bajo el N° P-2908 del REGISTRO DE PERITOS AVALUADORES. Fundamenta la solicitud en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil.

II
DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena mediante Resolución N° 2.009-0006, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha dos (02) de abril de 2009, delego competencia a los Juzgados de Municipio en asuntos de Jurisdicción Voluntaria o no Contenciosa. Tal potestad abarca distintas solicitudes, entre las cuales se encuentran el Titulo Supletorio, entre otros asuntos de semejante naturaleza, razón ésta por la cual este Juzgado de Municipio Campo Elías y Aricagua, es competente para conocer de la solicitud en comento. Y así se decide.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Y DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS:

Se inicia el caso de marras en virtud de la solicitud de TITULO SUPLETORIO formulada por el ciudadano Abogado en Ejercicio OSWALDO RODRÍGUEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nro. 2.111.089, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 26.113, actuando en su carácter de Apoderado de la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A, según consta de Poder Especial, autenticado ante la Notaria Publica Trigésima Novena del Municipio Libertador, el día 16 de abril de 2.009, bajo el Nº 62, Tomo con domicilio en la ciudad de Caracas Distrito Capital, en la cual solicita le sean reconocidas unas mejoras consistentes en un proceso constructivo de una casa inconclusa de 425 Mts2 de construcción. Construyó Terrazas excavación para asiento de Estructuras; obra que incluye carga y transporte. Además realizó el cercado perimetral del lote de terreno con malla ciclón, tubos de hierro galvanizado, con todos los accesorios que lo perfeccionan, dichas mejoras fueron construidas sobre un encierro radicado en un lote de terreno, ubicado en la Loma de Los Ángeles, Jurisdicción del Municipio Campo Elias del Estado Mérida. El valor DEL LOTE DE TERRENO sumados los costos de las operaciones y obras constructivas alcanza a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 2.245.240,20).
Ahora bien, una vez admitida la solicitud por parte de este Tribunal, mediante auto de fecha dos (02) de junio de 2009, tal y como consta del folio veinticinco (25) de la presente solicitud. En fecha, veintiséis (26) de junio del dos mil nueve (2.009), se ordenó mediante auto, fijar día y hora para oír conforme a la Ley, a los testigos que la parte promoverte promovió. En tal sentido, en fecha dos (02) de junio del año 2009, comparecieron a rendir las respectivas declaraciones los testigos ciudadanos: GUY ALEX SILVA PÉREZ y FRANCISCO JAVIER JURADO MARTÍN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V- 2.028.441 y V -5.971.192, en su orden, domiciliados en Avenida 1, casa Nº 1-57, sector Santa Ana Norte, Parroquia Milla Mérida estado Mérida y La Mesa de los Indios, Sector San Rafael, casa San Isidro, Municipio Campo Elías del Estado Mérida y hábiles, respectivamente, los cuales declararon por ante este Juzgado, tal y como consta de los folios (31 y 32) de la solicitud. A tal efecto, los testigos declararon de la siguiente manera: 1°) el testigo ciudadano: GUY ALEX SILVA PÉREZ, a la Primera Pregunta respondió: “Si lo conozco desde hace mas de veinte años de vista trato y comunicación”; a la Segunda Pregunta respondió: “Si claro”; a la Tercera Pregunta respondió: “Si me consta”. 2°) El testigo ciudadano: FRANCISCO JAVIER JURADO MARTÍN, a la Primera Pregunta respondió: “Si lo conozco desde hace muchos años y se que es socio presidente de la Empresa SAFE&SOUND C.A.”; a la Segunda Pregunta respondió: “Si se y me consta que eso es así”; y la Tercera Pregunta respondió: “Si se y me consta que es el valor de ese terreno mas las mejoras que allí se hicieron”.-

El Tribunal para decidir observa:
Por las consideraciones anteriores y analizada como fue la presente solicitud y los testimonios rendidos en la misma. Esta Juzgadora llega a la conclusión que la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A, construyó con su propio dinero las mejoras indicadas en el encierro radicado en un lote de terreno, ubicado en la Loma de Los Ángeles, Jurisdicción del Municipio Campo Elias del Estado Mérida, propiedad del ciudadano OSWALDO FERNANDO RODRÍGUEZ CABRERA, consistente un proceso constructivo de una casa inconclusa de 425 Mts2 de construcción. Construyó Terrazas excavación para asiento de Estructuras; obra que incluye carga y transporte. Además realizó el cercado perimetral del lote de terreno con malla ciclón, tubos de hierro galvanizado, con todos los accesorios que lo perfeccionan. El valor DEL LOTE DE TERRENO sumados los costos de las operaciones y obras constructivas alcanza a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 2.245.240,20).
El Tribunal para valorar estos testigos, observa que los mismos fueron contestes y no se contradijeron en sus dichos, y que las deposiciones son referidas, a las mejoras consistente en un inmueble identificado en autos que aduce el solicitante. En consecuencia, este Juzgado de conformidad con los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, le da pleno valor probatorio. Y así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este Tribunal, para decidir observa:
Del contenido de la presente solicitud y su petitum, cuyo resumen se hizo en la parte narrativa de esta sentencia, observa esta juzgadora que la pretensión que en él se deduce, es la obtención de un título supletorio, consagrado en el Capítulo II, Título VI, Parte Segunda del Libro Cuarto del vigente Código de Procedimiento Civil, donde se regulan las denominadas legalmente “justificaciones para perpetua memoria”, estableciéndose en sus artículos 936, 937 y 939, la competencia y el procedimiento para su tramitación, en los términos siguientes:
“Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación del algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, en el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregarán al solicitante sin decreto alguno.
Artículo 937.- “Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros.
El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate.
Artículo 939.- Toda autoridad judicial es competente para recibir las informaciones de nudo hecho que se promuevan con el objeto de acusar a un funcionario público, y atenderá a esto con preferencia a cualquier otro asunto”.
Las disposiciones legales anteriormente transcritas se corresponden, en esencia, con aquellas que se hallaban contenidas en los artículos 797, 798 y 800 del Código de Procedimiento Civil derogado de 1916.
Entre las ligeras modificaciones introducidas en las disposiciones legales antes transcritas por el vigente Código de Procedimiento Civil, pueden mencionarse las relativas al Juez competente para instruir las justificaciones y diligencias a que se contrae el artículo 936 ejusdem, en el que se precisó que debe tratarse de un “Juez Civil”, y no de “Cualquier Juez”, como lo establecía la norma derogada. Asimismo, en cuanto a la competencia para dictar el decreto a que alude el artículo 937 ibidem, se aclaró en el único aparte de esta disposición que la misma le corresponde al “Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate”, y no a cualquier “Juez de Primera Instancia”, como lo disponía la norma legal derogada.
Al interpretar el sentido y alcance de las disposiciones contenidas en los precitados artículos 797, 798 y 799 del Código de Procedimiento Civil derogado --equivalentes a las de los artículos 936, 947 y 938--, el comentarista patrio Ramón F. Feo, en su conocida obra “Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil Venezolano” (Tomo II, Editorial Rea, Caracas, Venezuela, 1962, pp. 236 – 237), expresó lo siguiente:

“Jueces competentes.- El Juez de Primera Instancia y sus inferiores son los llamados legalmente a instruir las informaciones y diligencias que quiera promover cualquier persona para comprobar algún hecho o algún derecho propio suyo, como declaraciones de testigos, reconocimiento de papel o documento, o aun vista ocular como asistencia de prácticos, con los cuales se proponga acreditar que posee tal o cual cosa determinada como suya, o cualquier otro hecho que le interese, o establecer el estado en que se encuentre alguna localidad, y las circunstancias y señales que presenta, como las ruinas de un edificio incendiado, una siembra maltratada, un terreno inundado por las aguas, etc.
Con o sin citación.- Tales diligencias pueden promoverse con o sin citación de algún tercero, deberá hacerse; si no asiste, las diligencias se practican como si hubiera ocurrido; y si comparece tiene derecho a repreguntar los testigos, a hacer las observaciones que estimare conducentes y a pedir que se ponga constancia de cualquier circunstancia que se notare; pero sin poder interrumpir el curso de las actuaciones, limitándose a las protestas y salvas que crea conducente en resguardo de sus derechos. Todo el procedimiento del Juez se reduce a la práctica de las diligencias, y a devolverlas luego originales al promovente.

Títulos supletorios.- Si se pidiere que las diligencias sean declaradas título supletorio, o bastante para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición de tercero, no podrá hacer tal declaratoria sino el Juez de Primera Instancia y no los inferiores. Aquel dará su decreto, según el mérito de la comprobación hecha, dejando en todo caso a salvo los derechos de terceros. Si la resolución fuere desfavorable, el promovente podrá apelar para el superior, dándose curso a la alzada como en los demás casos” (Subrayado añadido por esta Superioridad).
Por su parte, el maestro Arminio Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano (Tomo VI, 4ª ed., Librería Piñango, Caracas, Venezuela, 1973, pp. 389-395), al glosar las referidas disposiciones legales, entre otras cosas, expuso:

“(omissis) Entiéndese por justificación para perpetua memoria o ad perpetuam rei memoriam, o simplemente ad perpetuam, las informaciones de testigos, instruidas judicialmente, para hacer constar algún hecho que interese a las personas que las promueven. No son creaciones del derecho moderno estas comprobaciones testimoniales. En Roma, como es sabido, se las autorizaba indistintamente en toda clase de convenciones y en las donaciones (…). Pero no todas las legislaciones de nuestros días permiten instruir fuera de juicio estas informaciones, a objeto de hacerlas valer en su oportunidad. En Francia, por ejemplo, las enquetes, sean verbales o escritas, no son procedentes sino en los litigios en curso (…). En otros países, como en España, aunque permitidas, no pueden practicarse sino cuando no se refieren a hechos de que no pueda resultar perjuicio a una persona cierta y determinada, y previa audiencia del Ministerio Fiscal, debiendo los testigos ser personas conocidas del Juez o haberles sido presentadas por dos testigos de conocimiento3. En cambio, cuando han sido instruidas con sujeción a tales formalidades, tienen en dicho país fuerza y valor de documentos públicos y solemnes para justificar los hechos a que se refieren, mientras no se haga prueba en contrario (…). Nuestra ley, aunque las considera como actos auténticos, no les atribuye semejante valor probatorio contra terceros sino cuando, en el juicio que se siga contra éstos, los testigos del justificativo ratifican en la forma legal sus respectivas declaraciones; a menos que de modo expreso se les haya atribuido fuerza probatoria bastante para producir determinados efectos, como sucede, por ejemplo, con las justificaciones comprobatorias de los hechos de posesión, despojo, perturbación y cualesquiera otros en que haya de fundarse alguna querella interdictal, pues ellas, como se sabe, sirven de prueba bastante para que se pueda decretar el amparo, la restitución, la suspensión de la obra nueva, etc.
Las expresadas justificaciones ad perpetuam, instruidas como son fuera del juicio, no valen si no son ratificadas en él, aun cuando el promovente haya pedido la citación de la parte contra la cual pretenda hacerlas valer y ésta tenga a bien comparecer a repreguntar los testigos.
Se ha sostenido en contrario, sin embargo, que las justificaciones así instruidas tienen autenticidad bastante en el juicio que después se siguiere con el tercero que asistió al acto de su instrucción (…); pero ni la voluntaria asistencia e intervención de éste hace mayor la autenticidad que la propia autoridad judicial le da al hecho de que los testigos del justificativo rindieron real y efectivamente las declaraciones en el expuestas, ni esa intervención basta para hacer necesariamente admisible en el juicio la prueba testimonial del justificativo, ni puede privar al tercero de su derecho de volver a repreguntar en el proceso a los testigos, desde luego que cuando lo hizo extra litem no pudo tener en cuenta las circunstancias del litigio incoado, ni ejercer su derecho de tacha, ni proceder, en fin, como parte en juicio contradictorio. Además, si semejante justificaciones pudieran tener el valor que les desconocemos, es claro que el legislador no se lo hubiera atribuido, de modo expreso y excepcional, a la justificación instruida de manera análoga, como prueba adelantada, en el caso de retardo perjudicial a que se refiere el artículo 675 del Código de Procedimiento Civil.
(omissis)
II.- Nuestra ley procesal equipara a las justificaciones ad perpetuam la instrucción extra litem de todas otras diligencias dirigidas a la comprobación de hechos o derechos que interesen al promovente, tales como las inspecciones oculares que tengan por objeto poner constancia del estado de cosas y lugares y de señales o rastros expuestos a desaparecer, la consignación de instrumentos públicos o auténticos, a fin de obtener alguna copia certificada de ellos, la formación del inventario de determinados bienes o cosas y otras semejantes. El legislador trata, por lo tanto, de ellas en la misma Sección en que vamos a ocuparnos, correspondientes a las expresadas justificaciones, porque unas y otras se practican conforme a un mismo procedimiento y tienden ambas al mismo fin de dar autenticidad a actos o hechos que se necesite acreditar en actuaciones posteriores. Dichas diligencias, instruidas por la autoridad judicial, hacen pruebas auténticas de lo que la expresada autoridad asevera haber pasado en su presencia, o de los hechos o circunstancia que ella ha visto y hecho constar, y tienen, en consecuencia, a diferencia de los simples justificativos, todo el valor de un instrumento público. (…)

AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA INSTRUIR LAS JUSTIFICACIONES Y DILIGENCIAS “AD PERPETUAM”, PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS. DEBEN DEVOLVERSE ORIGINALES AL INTERESADO SIN DECRETO ALGUNO
I.- Conforme a la primera de estas disposiciones (Art. 797), para la instrucción de las mencionadas justificaciones y diligencias ad perpetuam es competente cualquier Juez civil, sin distinción de jerarquía, con tal que sea de sustanciación. Todo Juez, en efecto, merece fe pública en ejercicio de su ministerio, y la da plena de los actos pasados ante él. Ninguno puede, por tanto, ser excluido de la atribución de instruir justificativos y practicar otras diligencias de mera comprobación de hechos. En opinión de Sanojo (…), sin embargo, opinión que compartimos junto con Feo (…) deben considerarse exentos de la referida atribución los Tribunales Superiores y Supremos y el más alto Tribunal de la República, porque esa función es muy semejante a la de sustanciar los juicios, y ésta no incumbe sino a los jueces de Primera Instancia y a los de Distrito y Municipio o Departamentales y Parroquiales, y porque, desde luego que la ley no acuerda sino a los de primera instancia la autoridad necesaria para declarar que ciertas justificaciones tienen carácter de títulos supletorios, es claro que no ha tenido en mientes incluir a los Tribunales de más elevada jerarquía entre los que pueden instruir dichas justificaciones, pues de otro modo les habría atribuido a ellos, antes que a los de Primera Instancia, la competencia necesaria para hacer la mencionada declaratoria.
En la misma audiencia de presentación del escrito en que se pida la instrucción de una justificación o de alguna diligencia comprobatoria de hechos, el Juez deberá proveerlo, acordando practicar la conducente y ordenando que, hecho que ello sea, se devuelvan originales las actuaciones al interesado, sin decreto alguno. Es claro que el retardo en proveer la solicitud no viciara la diligencia que se practique, pero si hará incurrir al funcionario remiso en la multa disciplinaria a que se refiere al artículo 27 del Código de Procedimiento Civil, y en responsabilidad penal por denegación de justicia
…omissis…
LAS JUSTIFICACIONES REFERENTES A LA POSESIÓN, LA PROPIEDAD O ALGÚN OTRO DERECHO DEL PROMOVENTE, PUEDEN SER DECLARADAS BASTANTES PARA ASEGURAR ESE DERECHO, SALVO OPOSICIÓN, CUANDO PUEDE SOLICITARSE ESA DECLARATORIA. CUANDO HA DE PROVEERSE LO QUE SEA CONDUCENTE.
I.- La presente disposición (Art. 799) permite atribuir a determinadas justificaciones y diligencias ad perpetuam el carácter de títulos supletorios o provisionales, mediante la declaratoria, de la autoridad judicial competente, de que son bastantes para asegurar a la parte que las promueve, o en cuyo favor se las promueve, la posesión o algún otro derecho, mientras no haya oposición. Es frecuente que la posesión de inmuebles aparezca vinculada tradicionalmente en una familia, transmitiéndose en ella sin obstáculos de una a otra generación, o que la propiedad de alguien sobre alguna cosa sea unánimemente reconocida, sin que ni aquella posesión ni esta propiedad consten fundadas en título comprobatorio de ellas, ora por pérdida del instrumento respectivo, si acaso existió inmemorialmente, ora porque lo es la prescripción sin título, ora por otra causa análoga cualquiera. Y lo que decimos de la posesión o la propiedad puede decirse igualmente de otros derechos, como el del usuario, el del usufructuario, el del enfiteuta, etc. Es natural que cuando los interesados que se hallen en el ejercicio de tales derechos soliciten instruir o hayan instruido el justificativo correspondiente, puedan pedir u obtener que éste sea declarado bastante para suplir, sin perjuicio de tercero, el instrumento comprobatorio del derecho mencionado.
La solicitud de dicha declaratoria puede dirigirse en todo tiempo a la autoridad judicial competente, desde el momento mismo en que ante ella se promueve la justificación. Si ésta hubiere sido instruida con anterioridad por el mismo Tribunal competente o por otro cualquiera el postulante deberá acompañarla a su respectiva petición. En el primer caso, el Juez instructor decretará lo conducente, accediendo o no a dicha petición, antes de entregar las diligencias al interesado; en el segundo dentro de los tres días siguientes a la introducción de la solicitud.”
En plena armonía con los criterios doctrinales expuestos, la antigua Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 1980 (citada por Juana Martínez Ledezma en su obra “Código de Procedimiento Civil. Artículos 446 al 802, Imprenta Universitaria, Caracas, 1983, pp. 544-547), con pleno asidero, interpretó de modo sistemático las normas contenidas en los precitados 797, 798 y 799 del Código de Procedimiento Civil derogado --equivalentes a los artículos 936, 947 y 938 del vigente--, que esta juzgadora transcribe de cita de sentencia de fecha 25 de septiembre de 2.006, emanada del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, que declaró con lugar la apelación de la sentencia que negó el título supletorio, cuya cita se reproduce de la siguiente forma:
“Bajo el título de ‘Justificación (sic) para perpetua memoria’, nuestro CPC (sic), en el Título V, Parte Segunda, del Libro Tercero, contempla dos situaciones, a saber:
a) Instrucciones de justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas, sin que el Juez se pronuncie sobre el valor de las mismas. En este caso, cualquier Juez, es competente para su instrucción, limitándose éste en la misma audiencia en que se promueven, a acordar lo necesario para practicarlas; y una vez concluidas, las entregará al postulante, sin decreto alguno (Art. 797 del CPC).
b) Que se pida que tales justificaciones o diligencias se declaren bastante para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición. En este caso, el Juez de Primera Instancia es el único competente para hacer tal declaratoria. Esto no indica sin embargo, que para poder hacer tal pronunciamiento, dicho Juez debe haber instruido, necesariamente, tales justificaciones ya que del propio texto del aparte del artículo 798 del CPC se desprende que la competencia exclusiva es para tal declaratoria, pero no para la instrucción de las justificaciones que bien puede hacerse evacuar por ante cualquier Juez (caso “a”) y ser llevados luego a la Primera Instancia para la referida declaratoria dirigida a asegurar al promovente la posesión o algún otro derecho.
Las justificaciones para perpetua memoria son aquellas informaciones de testigos, instruidas judicialmente, para hacerse constar algún hecho que interese a las personas que las promueven, quedando incluidas dentro de este amplio concepto, las comprobatorias de hechos de posesión, despojo, perturbación y cualesquiera otros en que haya de fundarse alguna querella interdictal.
Todas estas justificaciones, pueden instruirse, como se dijo en la letra a) por cualquier juez civil, sin distinción de jerarquía, pues todo juez merece fe pública en ejercicio de su ministerio, y de plena fe a los actos pasados ante él, no pudiendo por tanto ninguno ser excluido de la atribución de instruir justificativos y practicar otras diligencias de mera comprobación de hechos, desde el de Parroquia o Municipio hasta el de Primera Instancia, no a los Superiores, porque esta función es muy semejante a la de sustanciar los juicios, y ésta no incumbe sino a los Jueces de Primera Instancia. Así lo sostiene Borjas, Sanojo y Feo; criterio que la Corte hace suyo, por considerarlo ajustado a derecho.
…omissis…
Ese tribunal de alzada en la misma sentencia consideró lo siguiente:
“Conforme a los criterios doctrinales, jurisprudenciales y legales anteriormente citados y que este Tribunal, como argumentos de autoridad, acoge plenamente, a los fines de la decisión de la presente causa resulta menester distinguir entre la simple instrucción de las justificaciones y diligencias ad perpetuam memoria a que se contraen el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, cuyo específico objeto, según lo indica dicha norma, es “la comprobación de algún hecho o algún derecho del interesado en ellas”, sin que, en consecuencia, sea necesario pronunciamiento judicial alguno respecto del valor jurídico de las mismas, las cuales unas vez evacuadas se entregaran al interesado; de aquellas, comúnmente denominadas “títulos supletorios”, a las que alude el artículo 937 eiusdem, en las que se pide que tales justificaciones o diligencias “sean declaradas bastantes para asegurar la posesión o algún derecho”, las cuales sí requieren una determinación del órgano jurisdiccional en forma de decreto. En el primer caso, según lo dispuesto en el precitado artículo 936, la autoridad judicial competente para la instrucción es cualquier Juez que ejerza competencia civil, sin distinción de jerarquía, a excepción de los Superiores, para preservar la doble instancia, y de los de Municipios Ejecutores de Medidas, porque no tienen legalmente atribuida función de sustanciación. Por ello, cualquier Juez de Municipio Ordinario o de Primera Instancia en lo Civil, a elección del solicitante, es competente para la instrucción de tales justificaciones o diligencias --verbigratia, justificativos de testigos, inspecciones oculares, certificación de documentos que se presenten a tal efecto, etc.--, independientemente del lugar en que se encuentren los bienes a que se refieren, si fuere el caso, o en el que se halle el domicilio del peticionario. Para su instrucción, el trámite se limita a acordar el Juez, en el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; y, una vez concluidas, se entregarán en original al postulante, sin decreto alguno. En cambio, en el segundo caso, es decir, cuando se pida que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para “asegurar la posesión o algún derecho”, por expreso mandato de la norma contenida en el único aparte del artículo 937 de Código de Procedimiento Civil, el único Juez competente para hacer tal declaratoria es el de “Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate”, si fuere el caso. No señala este dispositivo legal la jurisdicción a que debe pertenecer este Juez de Primera Instancia; no obstante tal omisión, de la interpretación concordada de esta norma con la contenida en el encabezamiento del artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, considera el juzgador que se trata de un Juez de Primera Instancia en lo Civil. Debe advertirse que esta categoría de “títulos supletorios” comprende no solamente aquellos relativos a la posesión o al derecho de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles, sino a cualesquiera otros derechos reales o personales, entre los cuales se ubica la solicitud de declaratoria de únicos y universales herederos, los que --según el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche-- constituyen “títulos supletorios (que) tienen como finalidad que el órgano instructor una vez evacuadas las diligencias pertinentes (evacuación de testigos) emita un dictamen o pronunciamiento provisional acerca de la cualidad de heredero del solicitante (salvo prueba en contrario) que le permita tomar posesión del acervo hereditario” (“Código de Procedimiento Civil”, 2ª ed., Tomo V, Caracas, 2004, p. 581).”
Sentadas las anteriores premisas, procede seguidamente esta juzgadora a la enunciación y valoración de las pruebas promovidas, lo cual hace de seguidas:
El Tribunal observa:
Del análisis y valoración del material probatorio cursante en autos, el Juzgado concluye que se encuentran plenamente demostrados los requisitos de procedencia del justificativo de marras, ya que, como antes se expresó estos comprenden no solamente aquellos relativos a la posesión o al derecho de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles, sino a cualesquiera otros derechos reales o personales, lo que se evidencia que tales justificaciones se pidieren para que “se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho”, por expreso mandato de la norma contenida en el único aparte del artículo 937 de Código de Procedimiento Civil, ya que, donde la Ley no distingue, no debe distinguir el interprete y, por ende, considera esta juzgadora que el referido justificativo debe considerarse bastante como en efecto lo considera este Tribunal. Así se decide.
Habiéndose demostrado tales requisitos y no existiendo oposición, debe decretarse con lugar la solicitud de título supletorio de marras, dejando a salvo los derechos de terceros, como en efecto, así se declarará en la parte dispositiva de la presente sentencia y así se decide.
Por las consideraciones anteriores y analizada como fue la presente solicitud y los recaudos acompañados a la misma, esta juzgadora llega a la conclusión, que es cierto que la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A, con domicilio en la ciudad de Caracas Distrito Capital, manifiesta que “ se acredite mi derecho de propiedad sobre las referidas mejoras en un encierro radicado en un lote de terreno, ubicado en la Loma de Los Ángeles, Jurisdicción del Municipio Campo Elias del Estado Mérida, constituido sobre un proceso constructivo de una casa inconclusa de 425 Mts2 de construcción. Construyó Terrazas excavación para asiento de Estructuras; obra que incluye carga y transporte. Además realizó el cercado perimetral del lote de terreno con malla ciclón, tubos de hierro galvanizado, con todos los accesorios que lo perfeccionan un proceso constructivo de una casa inconclusa de 425 Mts2 de construcción. Así mismo, adminiculando las testimoniales evacuadas de los ciudadanos GUY ALEX SILVA PEREZ y FRANCISCO JAVIER JURADO MARTIN. Esta juzgadora considera ciertos y suficientes los mismos.
Por las consideraciones antes expuestas, en consecuencia, se le otorga TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD sobre las mejoras plenamente descritas, construidas sobre un lote de terreno propiedad del ciudadano OSWALDO RODRÍGUEZ CABRERA. DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE TERCEROS. Y así se decide.

IV
DISPOSITIVA
ESTE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de TITULO SUPLETORIO que acredita la legítima propiedad de las mejoras a la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A, con domicilio en la ciudad de Caracas Distrito Capital, construidos sobre un Lote de Terreno propiedad del ciudadano OSWALDO RODRÍGUEZ CABRERA, que tiene un área aproximada de QUINCE MIL METROS CUADRADOS (15.000 Mts.2); cuyos linderos son los siguientes: FRENTE: Terrenos de la Loma de Los Ángeles, en parte. Y en parte con terrenos de la sucesión de Ricardo Santiago y Mario Romero. POR LOS OTROS TRES COSTADOS: con terrenos que son o fueron de Mario Romero; la compra del inmueble en referencia se constata de documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Campo Elias del Estado Mérida, el día 7 de mayo de 2004; quedando registrado bajo el N° 39; Folio 312 al Folio 319; Protocolo Primero, Tomo Cuarto, sobre un terreno indicado por la precitada empresa mercantil SAFE & SOUND, C..A. Las características de la construcción son las siguientes: encierro radicado en un lote de terreno, ubicado en la Loma de Los Ángeles, Jurisdicción del Municipio Campo Elías del Estado Mérida, sobre un proceso constructivo de una casa inconclusa de 425 Mts2 de construcción. Construyó Terrazas excavación para asiento de Estructuras; obra que incluye carga y transporte. Además realizó el cercado perimetral del lote de terreno con malla ciclón, tubos de hierro galvanizado, con todos los accesorios que lo perfeccionan En consecuencia, sirva la presente decisión como TITULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD SOBRE LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS. Se deja a salvo los derechos a terceros de acuerdo a las previsiones de las disposiciones legales mencionadas. Y así se decide.-
SEGUNDO: Se ordena devolver las presentes actuaciones originales a la parte interesada, previa certificación de copias de la totalidad del expediente, a los fines de que la misma quede en este Juzgado para que surta efectos legales una vez que quede FIRME la presente decisión.
TERCERO: De conformidad al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se les concede a las partes el lapso establecido en tal dispositivo, para tales efectos.
Publíquese, comuníquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo.
DADO, FIRMADO, SELLADO Y REFRENDADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. AÑOS: 199º DE LA INDEPENDENCIA Y 150º DE LA FEDERACIÓN.- EN EJIDO a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil nueve (2.009).
LA JUEZ TEMPORAL,

ABG. MARIA MAGDALENA UZCATEGUI RONDON. EL…
… SECRETARIO,

ABG. JERRY LARRY SANCHEZ MOLINA.
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, previas las formalidades de ley, siendo las dos de la tarde, se expidieron copias certificadas para la estadística del Tribunal. Se exhorta a la parte interesada a que suministre los emolumentos necesarios por ante a la Alguacil de este Tribunal para que expida las copias requeridas de la totalidad del presente solicitud.

EL SECRETARIO,

ABG. JERRY LARRY SÁNCHEZ MOLINA
SOLICITUD Nº 2.987.-
MMUR/Jlsm/Jm.-

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.- Ejido, diez (10) de Julio del año dos mil nueve (2.009).-

199° y 150°

Certifíquese la copia de la Sentencia dictada en esta misma fecha y que riela a los folios treinta y tres (33) al cuarenta (40), de conformidad con el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 111 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Vigente. CÚMPLASE.-----------------------------------LA JUEZA TEMPORAL,

ABG. MARÍA MAGDALENA UZCATEGUI RONDON
EL SECRETARIO,

ABG. JERRY LARRY SANCHEZ MOLINA.

En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto anterior.-

SÁNCHEZ MOLINA SRIO.

MMUR/jlsm/Jm.-
. /SOL. Nº 2987.--

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, ABG. JERRY LARRY SÁNCHEZ MOLINA, CERTIFICA: Que las anteriores copias fotostáticas son fieles y exactas de sus originales por haberlas tenido a la vista y constatado detenidamente su contenido, y que se encuentran inserta a los folios treinta y tres (33) al cuarenta (40), perteneciente a la solicitud signada bajo el Nº 2.987.- SOLICITANTE: Abogado en Ejercicio OSWALDO RODRÍGUEZ GARCIA, actuando en su carácter de Apoderado de la Empresa Mercantil SAFE & SOUND C.A.- MOTIVO: TITULO SUPLETORIO.- FECHA DE ENTRADA: 02 DE JUNIO DE 2.009, todo lo anterior según lo ordenado en el auto dictado por este Tribunal en esta misma fecha el cual se transcribe textualmente: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.- Ejido, doce (12) de junio de dos mil dos nueve (2.009).- 199º y 150º.- Certifíquese la copia de la Sentencia dictada en esta misma fecha y que riela a los folios treinta y tres (33) al cuarenta (40), de conformidad con el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 111 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Vigente. CÚMPLASE.- (Fdo.) LA JUEZA TEMPORAL, ABG. MARIA MAGDALENA UZCATEGUI RONDON. (Fdo.) EL SECRETARIO. ABG. JERRY LARRY SÁNCHEZ MOLINA.- En este misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto anterior.- (Fdo.) SÁNCHEZ MOLINA SRIO.- MMUR/jlsm/Jm.-. /SOL. Nº 2.987.- Esta en tinta el Sello del Tribunal. Certificación que se expide en la ciudad de Ejido, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil nueve (2.009).------------------------------------------------------------------------------

ABG. JERRY LARRY SÁNCHEZ MOLINA
EL SECRETARIO