PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL No.06 El Vigía, 31 de Marzo de 2009 198º y 150º ASUNTO PRINCIPAL : LP11-P-2009-000632 AUTO DECRETANDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Mediante escrito recibido a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Extensión El Vigía del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha veintitrés (23) de los corrientes mes y año, solicita la Fiscal (A), adscrita a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de esta entidad, que este órgano jurisdiccional en funciones de Control, decrete el Sobreseimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 318.3, del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48.8, eiusdem. A los fines de darle adecuada y oportuna respuesta a dicha solicitud conforme a lo previsto en el artículo 51 Constitucional, en concordancia con lo establecido en los artículos 177 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones: 1.- Identificación del imputado La presente investigación obra contra el ciudadano CARLOS ENRIQUE MUÑOZ VELASQUEZ, venezolano, de 27 años de edad, titular de la cedula de identidad Nº 15.142.404, residenciado en la Hacienda Rió San Pedro, Estado Mérida, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y tipificado en el artículo 17, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de la perpetración, en perjuicio de la ciudadana GLORIA MARIA SALAS SIMANCA, venezolana, de 27 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V-14.053.678, residenciada en Santa Rosa, vía Torondo, casa s/n, frente a la Finca de Ender Vera, Estado Mérida. 2.- Descripción del hecho objeto de la investigación Da inicio a la presente investigación el Ministerio Público en fecha 12.11.2004, en virtud de la Denuncia que en fecha 05.11.2004, interpusiera ante la Sub/Comisaría Policial No. 16, Torondoy Estado Mérida, por la ciudadana GLORIA MARIA SALAS SIMANCA,: quien entre otras cosas manifiesta, que denuncia a quien era su concubino CARLOS ENRIQUE MUÑOZ VELASQUEZ, por haber llegado rascado a su casa, ubicada en Santa Rosa, en horas de la noche, la golpeo por la mandíbula, le dió contra el piso, le pegó por las rodillas, los brazos y las piernas y le dio un golpe en la columna. 3. Fundamentos de Hecho y de Derecho Analizadas la solicitud y demás actuaciones acompañadas por la Representación Fiscal, se aprecian las siguientes diligencias de investigación: 1.- Reconocimiento Medico Legal Nº 9700- 136- MF-524 de fecha 29-11-2004,practicado por el medico Forense Antonio Gutierrez, a la ciudadana GLORIA MARIA SALAS SIMANCA C.I. No. V-14.053.678, EDAD: 27 años, el cual expresa: “ CONCLUSIONES: Síndrome de Maltrato a la Mujer. Cuyas lesiones fueron producidas por objeto contuso, tipo: Puño, Madera u otro similar. Tiempo de curación: curó en diez (10) días. Tiempo de privación de ocupación: privó dos (02) días. Asistencia médica: Ambulatoria y Legal. Trastornos de función: No. Cicatríces: No. Carácter de las lesiones: LEVE”. (f - 20). 2.- Acta de Investigación Penal s/n, de fecha 27-08- 2004, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalisticas, Sub Delegación El Vigía, dejando constancia de su traslado al lugar donde ocurrieron los hechos, sector Santa Rosa, casa sin número,Vía Torondoy, Estado Mérida, a fin de practicar Inspección Técnica. (f- 14y vuelto). 3.- Inspección Técnica No 517, de fecha 19-11-2004, suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalisticas, sub delegación Torondoy, practicado en el lugar donde ocurrieron los hechos, específicamente en una vivienda s/n, Sector Santa Rosa, Estado Mérida. (f- 13 y vuelto). Analizadas la solicitud y demás actuaciones acompañadas por la Representación Fiscal, de ellas se infiere la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y tipificado en el artículo 17, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para la fecha en que ocurren los hechos. El señalado hecho punible es sancionado con pena de prisión de seis (06) a dieciocho (18) meses, que conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal Venezolano vigente para el momento en que ocurren los hechos, debe aplicarse en su término medio, siendo el mismo de doce (12) mese de prisión, y tiene establecido un término de prescripción ordinaria de tres (03) años, a tenor de lo establecido en el artículo 108, numeral 5°, eiusdem. Ahora bien, el artículo 109, del mismo Código Penal Sustantivo, regula el momento en que comenzará la prescripción, y establece que, para los hechos punibles consumados, comenzará desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. Y el artículo 110, eiusdem, regula los modos de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, en los siguientes términos: “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal. Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal…”. En el caso que nos ocupa, se observa que los hechos ocurren el día 22.10.2004, habiendo transcurrido hasta la presente fecha un total de cuatro (04) años, cuatro (04) meses, y veinticuatro (24) días, lo que determina efectivamente la extinción de la acción penal, según lo establecido en el artículo 48.8, del Código Orgánico Procesal Penal, al haber operado la prescripción aplicable según el artículo 108, ordinal 5°, del Código Penal vigente para la fecha en que ocurren los hechos, sin que hubiere ocurrido ninguno de los supuestos de interrupción de la prescripción a que hace referencia el artículo 110, eiusdem, de allí que sea pertinente la petición de la Representación Fiscal, siendo procedente, en consecuencia, decretar el Sobreseimiento de la presente causa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. En otro orden de ideas, el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal establece el trámite a seguir cuando el Ministerio Público solicita el Sobreseimiento de la causa, en los siguientes términos: “Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate. Si el Juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición Fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo”. Como bien señala el autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, (“Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, pág. 360), “Normalmente y como regla, el otorgamiento o no del sobreseimiento debe debatirse en audiencia oral con todas las partes interesadas. El trámite diseñado en este artículo 323 del COPP se refiere únicamente al debate sobre el sobreseimiento que se solicita en la fase preparatoria, y quizás al que pudiera celebrarse en la etapa de preparación del juicio oral, pues el sobreseimiento que pueda otorgarse en la fase intermedia se debaten en la audiencia preliminar y el que se solicita en juicio oral conforme al artículo 31 se debate el la audiencia del juicio”. En el encabezamiento de la norma anteriormente transcrita, se prevé, por vía de excepción a la regla de que habla el autor, el supuesto de que el juez obvie la convocatoria a las partes y a la víctima, y la realización de la audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, “…si estima que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate”. Salvo mejor criterio, entiende este juzgador que tal excepción se refiere al supuesto de que, de la misma solicitud fiscal, como de las actuaciones acompañadas con dicha solicitud, se desprenda como fundamento ser el punto sobre el cual verse la petición de mero derecho. En este sentido, en el caso subjúdice, de la solicitud de Sobreseimiento acompañada por la Representación Fiscal, y de las actuaciones acompañadas con la misma se infiere, que el fundamento de dicha petición es de mero derecho, al estar referido a la extinción de la acción por el transcurso del tiempo, lo que en criterio de este decidor no amerita debate alguno, siendo inoficiosa la realización de un audiencia oral para debatir los fundamentos de dicha petición fiscal. Así se establece. Decisión Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 Constitucional, 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de la perpetración, 37, 108,numeral 5°, 109 y 110, del Código Penal Venezolano vigente para el momento en que ocurren los hechos investigados, y 48.8, 282 y 318.3, del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control No. 06, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY, decreta el Sobreseimiento de la presente causa, instruida en contra del ciudadano CARLOS ENRIQUE MUÑOZ VELASQUEZ, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 15.142.404, de 27 años de edad, residenciado en la hacienda Rió San Pedro, Estado Mérida, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y tipificado en el artículo 17, de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de la perpetración, en perjuicio de la ciudadana , venezolana, de 27 años de edad, titular de la cédula de identidad No. V-14.053.678, residenciada en Santa Rosa, vía Torondoy, casa s/n, frente a la Finca de Ender Vera, Estado Mérida. Notifíquese a las partes la presente decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal, y remítanse en su oportunidad las presentes actuaciones al Archivo Central para su guarda, custodia y conservación. Cúmplase.- EL JUEZ EN FUNCIONES DE CONTROL No. 06 ABG NOEL ENRIQUE PETIT LEAL LA SECRETARIA ABG JENNIFFER AYMEE SANCHEZ MARQUINA En fecha___________________se cumplió lo ordenado en auto que antecede. Se libraron Boletas de Notificación Nros.___________________________________.- Conste/Stria.