REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL L.O.P.N.A

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL No. 01 DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA. MÉRIDA; 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 199° y 150° ASUNTO: AUTO HOMOLOGANDO LA CONCILIACION CAUSA: C1-2695-09. JUEZA: ABG. MELISA ELENA QUIROGA DE SANCHEZ FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO: DORIS BEATRIZ ROJAS CABRERA INVESTIGADO: IDENTIDAD OMITIDA DEFENSORA PÚBLICA: ABOG ILIAMA PANTOJA ARELLANO DELITO: AMENAZA PRIVADA VICTIMA: IDENTIDAD OMITIDA Vistos los alegatos efectuados por las partes en la audiencia de conciliación llevada a efecto en el día 10 de noviembre de 2009, este tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 565, 566 y 568 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, estando dentro de la oportunidad para fundar las decisiones dictadas en la audiencia pasa a dictar auto motivado en los términos siguientes: HECHOS OBJETO DE LA IMPUTACIÓN FISCAL La representación fiscal le imputa al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, los hechos, que textualmente se transcriben: (…) en el mes de julio del año 2008, específicamente en las inmediaciones del liceo libertador del estado Mérida, ubicado calle 28 con avenida 4 Bolívar, Municipio Libertador, donde el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, quien estudiaba en dicha institución amenazaba constantemente de muerte al adolescente, IDENTIDAD OMITIDA quien estudiaba en dicha institución, vistas estas amenazas de muerte la licenciada SARA QUINTERO, emite un informe al fiscal superior del estado Mérida a los fines de la apretura la presente investigación por la presunta comisión del delito de AMENAZA PRIVADA, así mismo al ser valorado el adolescente victima por el experto psiquiatra este determinó que la victima presentó Trastorno de Estrés Post- Traumático, relacionado directamente con amenazas y situaciones de violencia experimentadas en su liceo. La Fiscal del Ministerio Público imputó al adolescente la comisión como autor del delito de AMENAZA PRIVADA, previsto en el artículo 175 ultimo aparte del Código Penal, en perjuicio de IDENTIDAD OMITIDA. DE LA CONCILIACIÓN PLANTEADA El delito por el cual es procesado el adolescente, no admiten como medida definitiva la privación de libertad, pues el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al no integrarlo al catalogo de delitos que admiten privación de libertad, tácitamente lo excluye. El artículo en referencia establece que solo por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, LESIONES GRAVÍSIMAS (SALVO LAS CULPOSAS), HURTO y ROBO DE VEHÍCULOS, TRAFICO DE DROGAS EN TODAS SUS MODALIDADES, VIOLACIÓN, SECUESTRO y HOMICIDIO (salvo el culposo), se puede acordar una medida de privación de libertad, preventiva o definitiva, por tanto ante la presunta comisión de un delito distinto a los taxativamente mencionados en el precepto legal, es jurídicamente admisible que el conflicto se solucione por medio de la aplicación de la figura de la conciliación prevista en el artículo 564 ejusdem, que señala: “ Cuando se trate de hechos punibles para los que no sea procedente la privación de libertad como sanción, el Fiscal del Ministerio Público promoverá la conciliación. “ (Subrayo y cursivas nuestras). En este aspecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 29 de julio de 2005, ha ratificado la aplicación del contenido del artículo 564 de la citada Ley Orgánica, al señalar que la conciliación se aplica en todos aquellos casos, no señalados por el legislador como merecedores de la medida de privación de libertad: (…) “la adolescente imputada tenía derecho a la suspensión a prueba del proceso seguido en su contra mediante la formula de solución anticipada de la conciliación, ya que la única restricción legal de improcedencia es para aquellos delitos para los cuales proceda la privación de libertad como sanción- que no era su caso- los cuales están expresamente señalados en el parágrafo segundo, literal a) del artículo 628 eiusdem. (Subrayo y cursivas nuestras). Estando las actuaciones en esta fase es oportuna la aplicación de esta formula de solución anticipada, en atención al principio que impera en el proceso penal juvenil: la diversificación de la justicia, mediante la desjudicializaciòn de los conflictos, principio que encuentra asidero en el artículo 258 Constitucional, que reza lo siguiente: Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. (Negrillas y cursivas nuestras). DISPOSITIVA Esta Juzgadora verificó que las obligaciones pactadas no fuesen contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres o violatorias de los derechos inherentes al ser humano (obligaciones humillantes) o del interés superior del adolescente, por tanto este TRIBUNAL EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de acuerdo a lo previsto en los artículos 565 y 566 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes HOMOLOGA LA CONCILIACION a la que arribaron las partes y SUSPENDE EL PROCESO A PRUEBA POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES, que culmina el día 10 DE MAYO DE 2010. El adolescente IDENTIDAD OMITIDA, se comprometió a no agredir a IDENTIDAD OMITIDA, identificado en autos, NI POR SI MISMO, NI A TRAVES DE OTRAS PERSONAS Y A NO REALIZAR ACTOS INTIMIDATORIOS EN SU CONTRA. Firme la presente decisión remítase al archivo judicial para su guarda y custodia, en la oportunidad en que se formen los legajos y ofíciese al departamento de Asesorìa Jurídica Nacional del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas. La presente decisión tiene fundamento en los artículos 2, 256 y 258 constitucional y 565, 566 y 568 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. LA JUEZA TITULAR EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 1 ABOG. MELISA ELENA QUIROGA DE SÁNCHEZ LA SECRETARIA ABG. ANA MERCEDES ANDRADE