TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 19 de Octubre de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2009-004788
ASUNTO : LP01-P-2009-004788

FUNDAMENTACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA.

Visto que en fecha 19-10-2009, se realizó la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia, solicitada por la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público, con motivo de la aprehensión del ciudadano: JEAN CARLOS GONZALEZ ALTUVE, venezolano, mayor de edad, de 28 años, titular de la cédula de identidad Nº V-15.175.082, con fecha de nacimiento 04-03-1981, estado civil casado, de profesión obrero, hijo de Maria Altuve y Manuel Albarran, residenciado en el Barrio Andrés Eloy blanco, Pasaje Dos la Esperanza, Casa Nº 0-16, de la Ciudad de Mérida Estado Mérida, teléfono: 0274-7902581 y 0426-7322475, de conformidad con lo previsto en el Artículo 246 del Código Orgánico Procesal Penal, procede este Tribunal de Control No. 03 por auto separado a fundamentar la respectiva decisión pronunciada en la oportunidad anteriormente señalada.

SOLICITUD FISCAL.

La ciudadana Fiscal del Ministerio Público le solicitó al Tribunal de Control que se califique la aprehensión del investigado en Situación de Flagrancia, por considerar que están llenos los requisitos exigidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, precalificó el delito cometido como: Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, solicitó además, que la presente causa sea tramitada por el Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 ultimo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, pidió además, que se acuerde la aplicación de una Medida Cautelar Sustitutiva, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitó Autorización para Destruir la Droga incautada en el procedimiento realizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la referida Ley Especial, y finalmente, solicitó que se ordene la practica de una Experticia Psiquiátrica al investigado de autos.

CALIFICACIÓN JURÍDICA.

El Tribunal de Control le otorgó al hecho anteriormente señalado y descrito una pre-calificación jurídica de: Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

LA DEFENSA PRIVADA.

El ciudadano Defensor Privado, abogado: RONY BONILLA, una vez concedido el derecho de palabra manifestó que “Esta defensa técnica se apega a la solicitud de la fiscalía sin ningún problema. Es todo”.

EL TRIBUNAL.

En lo que respecta a la solicitud fiscal de Calificación de Flagrancia, considera éste Tribunal que efectivamente en el presente caso las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente se cometió el delito y se produjo la aprehensión del imputado, quien presuntamente tenía en su poder la Droga incautada por los funcionarios policiales actuantes en el procedimiento de allanamiento realizado en su vivienda, y que resultó ser Marihuana, Cannabis Sativa, con un Peso Neto de Tres (03grs) Gramos con Cuatrocientos Miligramos (400 mlgrs), encuadran perfectamente en el supuesto de hecho de la Flagrancia Propia, también llamada Flagrancia en Sentido Estricto, contemplada en el Articulo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, que se materializa cuando el hecho punible se esta cometiendo, como sucedió en el caso que nos ocupa, razón por la cual la detención del imputado se produjo efectivamente en circunstancias de Flagrancia. Y ASI SE DECIDE.

Referente al procedimiento a seguir, el Tribunal declara con lugar la petición Fiscal y acuerda continuar la presente causa por los tramites del Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo previsto en el Artículo 373 ultimo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante una vez que la presente decisión sea declarada firme por efecto del transcurso del lapso legal respectivo, según lo dispuesto en el Artículo 178 Ejusdem, a fin de que continúe con la investigación a fin de determinar a ciencia cierta la manera como sucedieron los hechos y de esta forma establecer el grado de responsabilidad penal del investigado, y posteriormente, proceda a dictar el correspondiente Acto Conclusivo.

Con respecto a la Medida Cautelar Sustitutiva solicitada por la representación Fiscal, considera éste Juzgador luego de escuchar las intervenciones de las partes y revisar cuidadosamente todas las actuaciones que integran la presente causa que No Existe Una Presunción Razonable de Peligro de Fuga por parte del investigado, también llamada Periculum In Mora, tal como lo establece el Articulo 250 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Articulo 251 Ejusdem, debido a que en el presente caso nos encontramos en presencia de un presunto consumidor, además de que la cantidad de Droga presuntamente encontrada en poder del investigado es particularmente pequeña, y en tal caso la pena que se pudiera llegar a imponer de ser considerado culpable de tal hecho, no es considerablemente elevada, ni grave, además de que el mismo tiene un domicilio y un trabajo fijo, que lo hace perfectamente ubicable o localizable por parte de los órganos del Estado, aparte de que este no presenta una mala conducta pre-delictual, por cuanto, además de ser un consumidor de la misma Droga, tal como quedó establecido en la respectiva Experticia Toxicológica In Vivo practicada al mismo luego de su detención, también es un infractor primario, circunstancias estas que permiten pensar objetivamente que el investigado no se dará a la fuga o se evadirá del proceso que se le sigue, eludiendo de esta forma la acción de la justicia, para lo cual se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente: “…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti ... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (subrayado y negrillas del Tribunal), por lo tanto, este Tribunal de Control, procediendo de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 8, 9, 243, 244, 253, 263, 282 y 373 del referido Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y vista la solicitud Fiscal, le impone al mencionado ciudadano, una Medida Cautelar Sustitutiva, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 numerales 2° y 3° del referido Código Adjetivo Penal, por tanto, se le impone la obligación de acudir por ante la Fundación “José Félix Ribas”, de esta ciudad de Mérida, a fin de que reciba tratamiento médico especializado para combatir su adicción a las Drogas, debiendo consignar en la causa constancia de estar recibiendo dicho tratamiento médico, así mismo, se le impone la obligación de presentarse periódicamente por ante la sede del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, una vez cada Veinte (20) Días a partir de la presente fecha, y finalmente, el Tribunal autoriza al Ministerio Público para que proceda a la destrucción de la Droga incautada en el procedimiento realizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Especial, y con respecto a la Experticia Psiquiátrica se acuerda la realización de la misma por ante la Medicatura Forense del C.I.C.P.C. Sub-delegación Mérida, por lo bucal se acuerda oficiar a dicha institución con la salvedad de que las resultas de la misma sean remitidas este Despacho. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todas las razones anteriormente expuestas este Tribunal de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: Declara la aprehensión en situación de flagrancia del ciudadano JEAN CARLOS GONZALEZ ALTUVE, por considerar que se dan los supuestos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal del articulo 41 numeral 1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se ordena la aplicación del procedimiento Ordinario, de conformidad con el artículo 373, ultimo aparte del Código Orgánico Procesal, y en consecuencia se acuerda remitir a la Fiscalía del Ministerio Público en el lapso legal correspondiente, una vez firme la presente decisión. TERCERO: Comparte la precalificación presentada por el ministerio Publico; por la presunta comisión del delito de POSESION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. CUARTO: Se le impone al investigado una medida cautelar sustitutiva, específicamente la contenida en el articulo 256 numeral 2, consistente en la obligación de acudir ante la fundación José Félix Rivas, a los fines de recibir tratamiento especializado, debiendo consignar a través de sus defensores constancia de estar asistiendo a dicha institución. Ofíciese a la referida institución, así mismo, se le impone la establecida en el numeral 3, vale decir presentaciones periódicas ante este Tribunal, una vez cada 20 días. QUINTO:: Se Autoriza al Ministerio Público para que proceda a la destrucción de la Droga incautada, conforme con el artículo 119 de la especial que rige la materia. SEXTO: Finalmente el investigado deberá acudir por ente la medicatura forense del CICPC, a fin de que le practiquen una experticia psiquiátrica, cuyo resultado deberá remitirse a este Tribunal. Ofíciese. Líbrese la correspondiente Boleta de libertad.

Cúmplase.

Abg. VICTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE CONTROL No. 03.

Abg. GLEDYS J. DIAZ.
SECRETARIA.