TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

TRIBUNAL 1° DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO
RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA EXTENSION EL VIGIA

El Vigía, 27 de octubre 2009.-
199° y 150°
Vista la anterior solicitud que por distribución le correspondió conocer a este Tribunal, presentada por el ciudadano DAMASO OLIVO ZAMBRANO RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, criador y agricultor, titular de la cédula de identidad Nº V-9.313. 725 y CARMEN YOLANDA FERREIRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, viuda, criadora y agricultora, titular de la cédula de identidad Nº V-10.243.131, domiciliados en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, asistidos por la abogada Carmen Josefina Best Dávila, titular de la cédula de identidad Nº 3.994.348, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo Nº 17.728, anótese su entrada en el Libro respectivo, fórmese expediente de actuaciones. Este Tribunal para decidir sobre su admisibilidad o no, hace las siguientes observaciones:
PRIMERO: Los solicitantes DAMASO OLIVO ZAMBRANO RODRIGUEZ y CARMEN YOLANDA FERREIRA exponen lo siguiente:
“…Que de conformidad con las previsiones de los artículos 1.363 y 1364 del Código Civil, solicitamos se sirva citar a los ciudadanos: MARIA ROMELIA ZAMBRANO RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, criadora y agricultora, titular de la cédula de identidad Nº 5.512.925 y ORANGEL ZAMBRANO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular, criador y agricultor, titular de la cédula de identidad Nº 9.313.737, domiciliados en El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida. . . . a los fines de que reconozcan tanto en su contenido y firma, el documento privado suscrito en fecha 16 de octubre del año 2009, en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida….”
SEGUNDO: Es de hacer notar, que en nuestro sistema Civil venezolano, el reconocimiento de documentos privados puede solicitarse por acción principal o por vía incidental. Si es por la vía principal, mediante demanda en juicio ordinario. Por vía incidental, produciendo el documento junto con el libelo de la demanda en un juicio principal cuyo objeto no sea específicamente el reconocimiento del documento privado o bien, presentado el documento en dicho juicio como medio probatorio dentro del lapso de promoción. No obstante, el reconocimiento de un instrumento privado es la declaración o confesión que hace el emplazado de alguna obligación a favor de otro o de algún instrumento privado que otorgó y tiene por objeto hacer que los instrumentos tengan plena validez en el juicio a promoverse, o en el promovido si se pide dentro del juicio, lo que en el caso de autos, no es el procedimiento solicitado ya que el documento privado del cual se solicita su reconocimiento de contenido y firma está siendo ejercido para ser tramitado y resuelto por vía de jurisdicción voluntaria.
TERCERO: En el caso que nos ocupa los solicitantes fundamenta su pretensión como ya se indicó en los artículo 1363 y 1364 del Código Civil y dicha norma guarda relación con aquellos instrumentos privados que son producidos en juicio, lo que evidentemente no es el asunto que aquí se ventila, por cuanto los solicitantes interponen su pretensión mediante jurisdicción voluntaria, siendo taxativos los procedimientos establecidos en la misma y no se señala el Reconocimiento de Contenido y Firma como uno de ellos, sin observarse la posibilidad de aplicaciones análogas de las disposiciones generales de dicha jurisdicción, por lo que este Tribunal concluye que el documento anexo en original al escrito de solicitud, objeto de la pretensión del reconocimiento de contenido y firma, relacionado con una declaración de venta de derechos y acciones, no puede ser tramitado bajo la tutela de los procedimientos establecidos dentro de la jurisdicción voluntaria.
Asimismo, la Ley contempla en su artículo 631 del Código de Procedimiento Civil, un procedimiento especial, no contencioso, para el reconocimiento de firmas de documentos privados “para preparar la vía ejecutiva”. La vía ejecutiva es un procedimiento expedito para hacer efectivas las obligaciones de pagar alguna cantidad líquida y exigible y que tiene lugar cuando el demandante presenta instrumento público o privado que pruebe clara y ciertamente la referida obligación; o cuando el actor para demostrar este tipo de obligación, acompañe al libelo el documento privado reconocido judicialmente por el deudor, lo que evidentemente tampoco es el caso de autos, por cuanto al analizar el escrito de solicitud y el documento anexo a la misma, se observa que no hay una acreencia pendiente, y lo que se quiere hacer valer es una declaración ya que de la lectura de dicho documento privado anexo a la solicitud, se evidencia que el mismo es una declaración de venta sobre derechos y acciones por parte de los ciudadanos MARÍA ROMELIA ZAMBRANO RODRIGUEZ Y ORANGEL ZAMBRANO RODRIGUEZ a los ciudadanos DAMASO OLIVO ZAMBRANO RODRIGUEZ y CARMEN YOLANDA FERREIRA, de las mejoras descritas en el documento privado, lo que hace improcedente si se escoge dicho procedimiento, por cuanto, no se trata de una obligación de pagar una cantidad líquida y exigible, que es el requisito exigido en los documentos privados para preparar la vía ejecutiva y pedir el reconocimiento de contenido y firma y en el presente caso tal procedimiento no tiene aplicación.
CUARTO: Por las razones legales que anteceden considera conveniente este Tribunal que la presente solicitud no procede en derecho y se obliga a declarar la misma inadmisible. Y ASI SE DECIDE.
En consecuencia, este Juzgado Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo de la Circunscripción Judicial, declara INADMISIBLE la solicitud de reconocimiento de contenido y firma de documento privado suscrita por los ciudadanos DAMASO OLIVO ZAMBRANO de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, criador y agricultor, titular de la cédula de identidad Nº V-9.313.725 y CARMEN YOLANDA FERREIRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, viuda, criadora y agricultora, titular de la cédula de identidad Nº 10.243.131, domiciliados en la ciudad de El Vigía, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, asistidos por la abogada CARMEN JOSEFINA BETS DAVILA, titular de la cédula de identidad Nº 3.994.348, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.728, por no estar ajustada a derecho. Por consiguiente, se ordena devolver las presentes actuaciones en original a la parte interesada, previa certificación de las mismas, una vez quede firme la decisión dictada.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
DADO, SELLADO, FIRMADO Y REFRENDADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. EL VIGIA, veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2009). AÑOS: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZ,

ABG. CARMEN ELENA RINCON
LA SECRETARIA,

ABG. DAIREE J. MARIN RANGEL