REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL L.O.P.N.A

. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EN FUNCIONES DE CONTROL No 1. SECCIÓN DE ADOLESCENTES. MÉRIDA; 23 DE AGOSTO DE 2010. 200º y 151º CAUSA Nº C1-3026-10 ASUNTO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. ADOLESCENTE IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA FISCALIA: DÉCIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO. DELITO: APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO. LOS HECHOS Vista la solicitud de sobreseimiento definitivo formulada por la Fiscal Décima Segunda del Ministerio Público, Abogada DORIS BEATRIZ ROJAS, inserta a los folios veinte (20) al veintidós (22), este Tribunal estando dentro del lapso establecido en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar auto fundado en los términos siguientes: La investigación penal se inició en virtud que el día 29 de enero del año 2003, funcionarios policiales adscritos a la Sub Comisaría Policial Nº 3 de la Dirección General de la Policía del estado Mérida se encontraban de patrullaje por el sector San Buenaventura, calle principal cuando observaron que en la vivienda Nº 3 se encontraba una moto marca Yamaha, color azul, tipo Scooter, modelo Jog Next Zone, sin placas serial de cuadro 3YK5338626, serial de motor 3KJ, que en horas de mañana de ese mismo día, había sido denunciada como hurtada por el ciudadano ISRAEL PUENTES FLORES; a quien le fue entregada posteriormente el vehículo, al acreditar la propiedad. La Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, en fecha 29 de enero de 2003, ordenó el inicio de la investigación penal, acordando la práctica de diligencias tendentes a investigar y hacer constar la comisión del hecho punible con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de su autor y demás participes. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Por cuanto se trata de un sobreseimiento basado en una causal de mero derecho, pues basta con leer las actuaciones para determinar que la acción está preescrita, se prescinde de la convocatoria a la audiencia prevista en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal. Quien aquí juzga, coincide con el criterio expresado por la Fiscal del Ministerio Público en cuanto a la prescripción de la acción penal, ya que desde el día 29 de enero de 2003, oportunidad en que ocurrieron los hechos, hasta el día de hoy han transcurrido más de tres (3) años, sin que haya operado causa de interrupción del curso de la prescripción. Los términos de la prescripción de la acción penal se encuentran establecidos en el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que señala: “La acción prescribirá a los cinco años en caso de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción. A los tres años cuando se trate de otro hecho punible de acción pública y a los seis meses en caso de delitos de instancia privada o de faltas” (subrayado nuestro). Esta misma norma refiere al Código Penal en cuanto a la forma de contar los términos previstos en la Ley especial. Los hechos encuadran en el tipo penal APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, previsto en el artículo 9 de la Ley contra el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, que siendo de acción pública, que NO admite como sanción definitiva la medida de privación de libertad, prevista en el artículo 620.f de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la actividad penal prescribe transcurridos tres (3) años. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante el supuesto contenido en el ordinal 3º del artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal, emergiendo el sobreseimiento definitivo de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 109 del Código Penal, como la figura jurídica aplicable. Y ASÍ SE DECIDE. Por mérito de lo expuesto, este Tribunal de Primera Instancia de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Mérida en funciones de Control Nº 1, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de IDENTIDAD OMITIDA; de conformidad con lo previsto en los artículos 615 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 318 ordinal 3º y 324 del Código Orgánico Procesal Penal y 109 del Código Penal. Notifíquese a las partes (victima, imputado y Fiscal del Ministerio Público). Líbrense boletas. Procédase al archivo de las presentes actuaciones, en la oportunidad en que se formen los legajos. CÚMPLASE. LA JUEZA TITULAR EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 1 ABOG MELISA ELENA QUIROGA DE SÁNCHEZ LA SECRETARIA ABOG. MERLE MORY.