REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 10 de Diciembre de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2010-001998
ASUNTO : LP01-P-2010-001998
SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS.
I.
IDENTIFICACION DEL ACUSADO.
Ciudadano: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, venezolano, mayor de edad, de 35 años, titular de la cédula de identidad Nº 13.013.377, natural de Chiguará, nacido en fecha 19/09/1974, hijo de Fedelfina de Fernández y José Inocente de Fernández, domiciliado en el Barrio San Benito, parte alta, casa Nº 6-8, cerca de un Mercal, de la escuela Fermín Toro hacia arriba, Lagunillas Estado Mérida, quien se encuentra legalmente defendido en esta Causa Penal por la ciudadana Defensora Pública, Abogada: MAYULI SULBARAN, con ocasión de la Acusación formal presentada en su contra por el ciudadano Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público, abogado: LUIS CONTRERAS, y siendo esta la oportunidad legal a que se contrae el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, pasa este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a dictar Sentencia Definitiva en los siguientes términos:
II.
LOS HECHOS OBJETO DEL JUICIO.
En fecha 11-06-2010, siendo aproximadamente las 06:30 horas de la tarde, cuando se encontraban realizando labores de patrullaje por la Laguna de Urao, los funcionarios policiales actuantes, adscritos a la Sub-comisaria Policial No. 05 de Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida, lograron observar a dos (02) ciudadanos que adoptaron una actitud nerviosa, razón por la cual, se acercaron a estos y uno de ellos salió corriendo dándose a la fuga, no obstante fue perseguido hasta ser capturado, pero resultó ser un adolescente de 13 años de edad, luego procedieron a practicarle al otro ciudadano una Inspección Personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, logrando encontrarle en su poder dentro de Un (01) Koala, Color Negro, Marca Nike, que llevaba puesto en la cintura Un (01) Arma Blanca, Tipo Cuchillo, Marca Mingze, así como, Veintiún (21) Envoltorios, de los cuales Trece (13) de ellos elaborados en papel plástico de color anaranjado, atados en sus extremos con hilo de color rojo, y Ocho (08) Envoltorios elaborados en papel plástico de color blanco, atados en sus extremos con hilo de color blanco, todos contentivos en su interior de Un Polvo de Color Blanco de Presunta Droga, siendo impuesto de sus derechos y detenido en el mismo lugar del hecho.
Posteriormente, le practicaron la respectiva Experticia Química – Botánica a la sustancia incautada en el procedimiento, la cual se encuentra identificada con el N° 9700-067-LAB-1219, de fecha 12-06-2010, suscrita por el Farmaceuta-Toxicólogo Dr. MARIO JAVIER ABCHI, Experto adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, arrojando un PESO NETO de TRES (03) GRAMOS CON QUINIENTOS (500) MILlGRAMOS de MARIHUANA (CANNABIS SATIVA) y CINCO (05) GRAMOS DE COCAINA.
III.
LA SOLICITUD FISCAL Y LA CALIFICACION JURIDICA.
La Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público sostiene en su acusación escrita, que en el presente caso nos encontramos ante un hecho punible cometido por el acusado de autos, ciudadano: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, titular de la cédula de identidad Nº V-13.013.377, que califica como: OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Vigente para el momento de la comisión del Delito), hecho este cometido en las circunstancias de tiempo, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
En este mismo orden de ideas, el ciudadano Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público, presentó la Acusación Penal respectiva y ofreció todos los Medios de Prueba que presentaría en el curso del Debate Oral y Público y solicitó igualmente su admisión por considerarlos lícitos, pertinentes, útiles y necesarios para el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, además, solicitó la admisión de la acusación presentada y el enjuiciamiento público del acusado de autos, anteriormente identificado, a quien considera como Autor Material y Penalmente Responsable de la comisión del mencionado delito.
IV.
SOLICITUD DE LA DEFENSA.
La ciudadana Defensora Pública, Abogada: MAYULI SULBARAN, una vez que le fue concedido el derecho de palabra en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, le manifestó al Tribunal que su defendido se va a acoger al Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente solicitó la imposición inmediata de la pena teniendo en cuenta las atenuantes a las cuales es merecedora en virtud de que no tiene antecedentes penales. Es todo.
V.
EL ACUSADO.
El ciudadano: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, venezolano, mayor de edad, de 35 años, titular de la cédula de identidad Nº 13.013.377, natural de Chiguará, nacido en fecha 19/09/1974, hijo de Fedelfina de Fernández y José Inocente de Fernández, domiciliado en el Barrio San Benito, parte alta, casa Nº 6-8, cerca de un Mercal, de la escuela Fermín Toro hacia arriba, Lagunillas Estado Mérida, acusado en la presente causa, luego de ser impuesto por el Tribunal de Juicio de todos sus Derechos Legales y Constitucionales, expresamente consagrados en el Artículo 49 numerales 1°, 3° y 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de las Alternativas a la Prosecución del Proceso, previstas en los Artículos 37, 39, 40, y 42 del Código Orgánico Procesal Penal, y finalmente del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, establecido expresamente en el Artículo 376 Ejusdem, y concedido como le fue el derecho de palabra, manifestó de manera clara, libre, espontánea, voluntaria y sin condiciones de ninguna naturaleza que: “YO ADMITO LOS HECHOS, ME SIENTO ARREPENTIDO DE LO QUE HICE Y ESPERO QUE TENGA CONCIENCIA DE MI. NO LO DEBÍ HACER. ES TODO”.
VI.
HECHOS ACREDITADOS.
En el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, celebrada en la presente causa, quedaron claramente ofrecidos y expuestos los diferentes Elementos Probatorios, así como la Calificación Jurídica presentada por la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público en contra del Acusado, como fundamento legal de su acusación, los cuales fueron debidamente admitidos por el Tribunal de Juicio, por considerarlos útiles, pertinentes y necesarios en orden a la consecución de los fines del proceso consagrados en el Artículo 13 Ejusdem, como son el descubrimiento de la verdad y la realización de la justicia, además de ello, estos no fueron rechazados, contradichos, ni tampoco desvirtuados por la Defensa del acusado de autos, ciudadano: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, titular de la cédula de identidad Nº V-13.013.377, antes por el contrario, el mencionado ciudadano ADMITIÓ de manera libre, espontánea y voluntaria, en ejercicio pleno de sus derechos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, los hechos imputados por la señalada representación Fiscal, relacionados con la perpetración del delito de: OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Vigente para el momento de la comisión del Delito), hecho cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, lo cual hace que no sólo procedan de pleno derecho en contra del acusado de autos, sino que también, y como consecuencia de ello, se hace legal y materialmente innecesaria la evacuación en el Debate Oral y Público de los Medios Probatorios ofrecidos por la Fiscalía actuante, incluyendo obviamente los testimonios o declaraciones que deben ser rendidos en la Sala de Audiencias, así como también la incorporación al debate oral mediante su lectura de las pruebas documentales expresamente señaladas en el Artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, al proceder a Admitir los Hechos antes del comienzo del Debate Oral, tal como lo exige claramente la mencionada norma procesal, implícitamente el Acusado está renunciando a la realización del Juicio Oral y Público, al considerar que es mejor y más conveniente para sus intereses procesales la rebaja de pena contenida expresamente en el artículo 376 ejusdem, y ante tal situación jurídica, el Tribunal de Juicio debe pronunciarse inmediatamente, a través de una Sentencia Definitiva que necesariamente debe ser condenatoria, pero con la particularidad de que en estos casos el juzgador no puede entrar a analizar y valorar todos aquellos elementos probatorios que constituyen el Objeto del Proceso Penal en la presente causa, debido fundamentalmente a que no se realizó ningún debate contradictorio que le permitiera al Tribunal actuando con base en los Principios de la Oralidad, la Inmediación y la contradicción determinar la veracidad y certeza de tales Medios Probatorios, máxime cuando estamos en presencia de un Proceso Penal Acusatorio, por lo tanto, al tratarse de un Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, el Principio General de que toda sentencia debe ser fundada, bajo pena de nulidad, tal como lo dispone el Artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, se circunscribe, no al estudio, análisis y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, ni tampoco a la valoración de los elementos fácticos que corren insertos en la causa, por cuanto la libre manifestación de voluntad del acusado, al admitir los hechos, hace irrelevante tal operación mental, la cual además sería completamente ilegal, por cuanto, entrar a conocer el contenido de las actas procesales, sin que las mismas hayan sido ratificadas personalmente y de viva voz en el debate oral por los funcionarios, testigos y expertos actuantes, sería retroceder nuevamente al derogado Sistema Penal Escrito e Inquisitivo del C.E.C., que fue definitivamente superado, sino más bien, al cumplimiento de los demás requisitos de la sentencia contenidos expresamente en el Artículo 364 Ibidem.
VII.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.
Con relación al Delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Vigente para el momento de la comisión del Delito), hecho este cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO admitido por el acusado de autos, la norma especial establece una pena de Seis (6) a Ocho (8) Años de Prisión.
En tal sentido, la norma sustantiva especial contenida en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Vigente para el momento de la comisión del Delito), dispone expresamente lo siguiente:
“…Si la cantidad de drogas no excede de mil gramos de marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, veinte gramos de derivados de la amapola o doscientos gramos de drogas sintéticas, la pena será de seis a ocho años de prisión…”.
En el presente caso, tal calificación jurídica obedece al hecho cierto de que el acusado de autos ciudadano, identificado como: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, titular de la cédula de identidad Nº V-13.013.377, fue aprehendido de manera in fraganti en fecha 11-06-2010, siendo aproximadamente las 06:30 horas de la tarde, en la Laguna de Urao, Lagunillas, Municipio Sucre del Estado Mérida, cuando los Funcionarios Policiales actuantes, adscritos a la Sub-comisaria Policial No. 05, le practicaron una Inspección Personal al referido ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, logrando encontrarle en su poder dentro de Un (01) Koala, Color Negro, Marca Nike, que llevaba puesto en la cintura Un (01) Arma Blanca, Tipo Cuchillo, Marca Mingze, así como, Veintiún (21) Envoltorios, de los cuales Trece (13) de ellos elaborados en papel plástico de color anaranjado, atados en sus extremos con hilo de color rojo, y Ocho (08) Envoltorios elaborados en papel plástico de color blanco, atados en sus extremos con hilo de color blanco, todos contentivos en su interior de Un Polvo de Color Blanco de Presunta Droga, y al practicarle la respectiva Experticia Química – Botánica a la sustancia incautada en el procedimiento, la misma arrojó un PESO NETO de TRES (03) GRAMOS CON QUINIENTOS (500) MILlGRAMOS de MARIHUANA (CANNABIS SATIVA) y CINCO (05) GRAMOS DE COCAINA, y como y se trata de una sustancia ilícita que por sus efectos altamente tóxicos y nocivos para la salud, es considerada por la doctrina y la jurisprudencia como un Delito de Lessa Humanidad.
Ahora bien, tomando en consideración todos los elementos de juicio que obran en la causa en contra del acusado de autos, EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, titular de la cédula de identidad Nº V-13.013.377, este Tribunal de Juicio estima definitivamente que la ACCIÓN desplegada en el hecho por el supra-indicado ciudadano se encuentra suficientemente acreditada en la causa, por cuanto se trata ciertamente de la misma persona que fue aprehendida de manera in fraganti por los funcionarios actuantes, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar claramente detalladas en el Acta Policial, teniendo en su poder una sustancia que resultó ser Droga, específicamente Marihuana y Cocaína, razón por la cual el legislador estableció una sanción penal para éste tipo de conductas, mediante el principio de la TIPICIDAD por tratarse de hechos de carácter evidentemente ilícitos, tal como en el presente caso, que se trata de un delito calificado como: OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Vigente para el momento de la comisión del Delito), hecho este cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, lo cual ciertamente habla de la ANTIJURICIDAD de la conducta dolosa e intencional desplegada por el acusado, debido a que en este tipo de delitos no puede hablarse de una conducta culposa, por cuanto se requiere necesariamente el concurso del Dolo Específico a fin de consumar la antijuricidad de la acción desplegada, y como no existe ningún elemento de valor acreditado en la presente causa, que permita presumir o suponer que el mencionado ciudadano haya actuado bajo alguna circunstancia que ponga en duda la salud o la claridad mental del mismo respecto a la gravedad del hecho perpetrado, debe concluirse que se trata de una persona totalmente IMPUTABLE por lo que debe concluirse necesariamente que su responsabilidad penal en el hecho imputado queda definitivamente acreditada. Y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, una vez revisadas y analizadas detenidamente todas las actuaciones que integran la presente causa, el Tribunal tomando en consideración que el acusado de autos: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, venezolano, mayor de edad, de 35 años, titular de la cédula de identidad Nº 13.013.377, natural de Chiguará, nacido en fecha 19/09/1974, hijo de Fedelfina de Fernández y José Inocente de Fernández, domiciliado en el Barrio San Benito, parte alta, casa Nº 6-8, cerca de un Mercal, de la escuela Fermín Toro hacia arriba, Lagunillas Estado Mérida, actuando de manera libre, voluntaria y sin presiones de ninguna naturaleza, luego de escuchar la acusación fiscal, y después de ser impuesto de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso y el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el Precepto Constitucional contemplado en el Artículo 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio pleno de su Derecho a la Defensa, procedió a ADMITIR LOS HECHOS IMPUTADOS, solicitando además la imposición de LA PENA CORRESPONDIENTE con la REBAJA RESPECTIVA, y luego de constatar la efectiva comisión de un hecho punible de acción pública cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, por tratarse de delitos cuya acción es Imprescriptible por mandato expreso del Artículo 29 de la Constitución de la República, además de tomar en consideración que tal Admisión de Hechos se encuentra plenamente ajustada a derecho, por haber sido expresada de manera pura y simple, sin condiciones de ninguna naturaleza y con pleno conocimiento de sus derechos, éste Juzgador de conformidad con lo establecido en los Artículos 26, 49 y 257 Ejusdem, que obligan al Estado a garantizar la realización de una justicia equitativa, rápida, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, ordenando no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, dicta inmediatamente SENTENCIA CONDENATORIA de conformidad con lo dispuesto en el mencionado Artículo 376 del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el Artículo 367 Ibidem, en contra del acusado de autos, ciudadano: EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, titular de la cédula de identidad Nº V-13.013.377, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Vigente para el momento de la comisión del Delito), hecho este cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, y en consecuencia, la CONDENA a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por cuanto, su responsabilidad penal y la consecuente culpabilidad en el mencionado hecho punible se encuentran plenamente demostradas, quedando de esta forma desvirtuado más allá de toda duda razonable, el Principio de Presunción Inocencia, consagrado en el Artículo 8º del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el numeral 2º del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASI SE DECIDE.
VIII.
DISPOSITIVA.
Este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Artículo 253 de la Constitución de la República, DECRETA:-------------------------
PRIMERO: Vista la admisión de hechos realizada por el acusado EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, de conformidad con lo previsto en el artículo 376 del COPP, este Tribunal CONDENA al mencionado ciudadano a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de OCULTAMIENTO ILICITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previstos y calificados en el artículo 31 segundo aparte, en relación con el artículo 46.7 de la Ley Especial de drogas, vigente para el momento de la comisión de los hechos, así como el artículo277 del Código Penal en concordancia con los artículos 9 y 25 de la Ley sobre Armas y Explosivos y 15 y 27 de su reglamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, y 74.4 del Código Penal, en concordancia con el artículo 376 del Código Adjetivo Penal.
SEGUNDO: Se establece como fecha probable del cumplimiento de la pena impuesta, el día 30/05/2014.
TERCERO: NO SE CONDENA EN COSTAS al ciudadano EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE, por aplicación de los principios de igualdad de todas la personas ante la Ley y la gratuidad de la Justicia, previstos en los artículos 21 y 26 de la Constitución del Republica.
CUARTO: Como consecuencia de la sentencia condenatoria dictada, se mantiene la medida privativa de libertad que pesa sobre el ciudadano EDGAR ALEXANDER FERNÁNDEZ URIBE y el mismo sitio de reclusión, hasta que el Tribunal de Ejecución que le corresponda conocer la causa, decida lo pertinente. LIBRESE BOLETA DE ENCARCELACION. QUINTO: Se acuerda oficiar al CICPC-Mérida, a fin de que el arma incautada sea remitida al Parque Nacional de Armas para su destrucción inmediata.
QUINTO: Una vez firme la presente decisión se acuerda remitir COPIA CERTFTICADA de la sentencia condenatoria a la División de Antecedentes Penales del Ministerio de Interior y de Justicia, y Consejo Nacional Electoral, así como también remitir la causa al Tribunal de Ejecución que le corresponda conocer.
SÉXTO: El Tribunal se acoge al lapso previsto en el artículo 365 del COPP, para la publicación del texto integro de la sentencia.
Publíquese, Regístrese y Ofíciese.
Dada, firmada, sellada y refrendada en el despacho del Juez de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a los 10 días del mes de Diciembre del Año 2010. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
ABG. VÍCTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE JUICIO N° 03.
ABG. MARYSOL MOLINA.
LA SECRETARIA
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