TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 07
El Vigía, 2 de Julio de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : LP11-P-2010-001236
ASUNTO : LP11-P-2010-001236

Vistos los escritos presentados por los Abogados: HENRY JOSE CORREDOR RAMIREZ, en su carácter de defensor privado del imputado JOSE MAURO COELLO MARQUEZ, que riela al folio 323 de la presente causa y Abg. JOSE RAMON CALDERON, en su carácter de defensor privado del imputado HUGO HERNAN CONTRERAS GALVIS, mediante el cual de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitan la revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de libertad decretada en contra de sus defendidos, y se les sustituya por una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, este Tribunal para decidir observa:
Que los defensores privados solicitan nuevamente la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad a favor de sus defendidos, invocando la aplicación análoga del artículo 438 del Código Penal Adjetivo, por cuanto sus defendidos son procesados por los mismos hechos y los mismos delitos que los coimputados Oscar Márquez, Ledy Alicia Pacheco Flores y Yadira Ureña, a quienes se les otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad.
Al respecto debe aclarar este Tribunal que en el presente caso no se puede aplicar el efecto extensivo contenido en el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los motivos que sirvieron de fundamento al Tribunal de Control N° 03, para decretar en contra de los mismos la medida de privación judicial preventiva de libertad, no fueron los mismos motivos en que se fundamentó este Tribunal para decretar la medida privativa de libertad en contra de las imputadas Ledy Alicia Pacheco Flores y Yadira Ureña, y si bien es cierto que todos los coimputados están siendo procesados por los mismos hechos, también es cierto que no todos los elementos de convicción que obran en la causa, son aplicables a todos los coimputados por igual, aunado al hecho de que el efecto extensivo a que se refiere el artículo 438 de la norma adjetiva penal, solo se aplica en materia de recursos como seria el caso de un recurso de apelación, en consecuencia el argumento expresado por los defensores privados de los imputados JOSE MAURO COELLO MARQUEZ y HUGO HERNAN CONTRERAS GALVIS, para solicitar la revisión de la medida, no es procedente en el caso que nos ocupa; sin embargo el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. ….” (subrayo del Tribunal), lo cual ratifica no sólo el derecho a la defensa y al debido proceso, como derechos fundamentales de todos los justiciables y que se encuentran establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también, el derecho de acceso a la justicia que tiene todo ciudadano conforme a lo estipulado en el artículo 26 ejusdem, en cuyo caso el juez de la causa debe examinar la procedencia o no de lo solicitado a la luz de los hechos y del ordenamiento jurídico vigente, motivo por el cual en el presente caso resulta necesario tomar en cuenta lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que establecen: Artículo 243 " Toda persona a quién se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. (Subrayo del Tribunal). Artículo 244: " No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. (…) (Subrayado del Tribunal). De estas normas transcritas, se deduce que las finalidades del proceso penal, implican no sólo la realización de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, sino también, el descubrimiento de la verdad y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 ejusdem, lo que tiene relación directa con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se establece que el Estado protegerá a la víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados, y en la presente caso nos encontramos con la presencia de presuntos hechos punibles como lo son Uso y Aprovechamiento de Acto Falso; Falsa Atestación ante Funcionario Público y Usurpación de Funciones Civiles, previstos y sancionados en los artículos 322 en relación con el artículo 319; 320, 213 en relación con el artículo 83 del Código Penal Vigente, en perjuicio de la Fe Pública y de la Cosa Pública respectivamente, que están siendo investigados por el Ministerio Público; y si bien es cierto que debe tomarse en cuenta lo establecido en el Artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la interpretación restrictiva de las disposiciones legales que limitan la libertad de los imputados y las que definen la flagrancia, no es menos cierto, que también debe tomarse en consideración que la medida de privación de libertad decretada por el Tribunal de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 04-06-2010, en contra de los imputados JOSE MAURO COELLO MARQUEZ y HUGO HERNAN CONTRERAS GALVIS, representa la excepción a dicho principio y consiste únicamente en una medida de carácter eminentemente procesal, que tiene una finalidad instrumental y no sancionatoria o de carácter punitivo, que busca fundamentalmente garantizar la necesaria presencia de los imputados a los actos subsiguientes del proceso y que estos no interfieran de manera alguna en la investigación que adelanta el Ministerio Público, para así garantizar objetivamente la aplicación de la justicia, evitando que ésta se vea obstaculizada por la acción que pudieren ejercer los imputados quienes son funcionarios públicos que se desempeñaban como alguaciles de este Circuito Judicial Penal, para destruir, modificar ocultar o falsificar elementos de convicción e influir para que los testigos, funcionarios o expertos se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar esos comportamientos poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, y este Tribunal ha revisado la causa strictu sensu y encuentra que las razones de hecho y de derecho que dieron lugar a la privación judicial preventiva de la libertad de los imputados solicitantes, no han variado; por el contrario, se mantienen incólumes, lo que hace aún más necesario, asegurar la normal tramitación de la causa por vía cautelar y no existe en la solicitud interpuesta por los mismos, la mención de hecho alguno, capaz de modificar las circunstancias y condiciones presentes para el momento en que se acordó la privación de libertad de los imputados, además que desde el día 04-06-2010, fecha en que se decretó en contra de los imputados supra señalados, la medida de privación Judicial Preventiva de Libertad, hasta la presente fecha en que se revisa la misma (02-07-2010) se determina que los imputados han estado privados de su libertad, durante veintiocho (28) días, lo que evidencia que no se ha materializado la preclusión de los lapsos para la vigencia de la medida de coerción personal que prevé el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que señala que: "No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. (Subrayado del Tribunal), por lo que este Tribunal declara sin lugar la solicitud de revisión de medida solicitada de conformidad con lo dispuesto en el referido Artículo 264 ejusdem, razón por la cual se mantiene la misma. Y ASI SE DECIDE.
Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL DE CONTROL N° 07 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD que le confiere la Ley, de conformidad con el tercer aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y 264 ejusdem, PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la solicitud de Revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en contra de los imputados JOSE MAURO COELLO y HUGO HERNAN CONTRERAS GALVIS, en fecha 04-06-2010, por el Tribunal de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal, por cuanto no han variado los supuestos que dieron lugar a la imposición de la misma. ASI SE DECIDE. Notifíquese a la defensa y a los imputados del contenido de esta decisión. CUMPLASE.

LA JUEZ DE CONTROL Nº 07

ABG. VILMA MARIA TOMMASI ESCALONA

LA SECRETARIA.

ABG. DULCE MARIA MANRIQUE

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto que antecede, se libraron boletas de notificación Nrs. __________________________________________

CONSTE. SRIA.

ABG. DULCE MARIA MANRIQUE