TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS
LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO MÉRIDA

199º y 151º

EXP. Nº 6.620

CAPÍTULO I

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

Parte actora: Sociedad Mercantil MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el 03 de abril de 1925, bajo el Nº 123, cuyos actuales Estatutos Sociales, refundidos en un solo texto, consta en asiente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de agosto de 2008, bajo el Nº 13, Tomo 121-A Pro.

Apoderados Judiciales de la parte actora: Abgs. Carlos Luis Matos Barón y Silvia Leonor Troconis Vivas, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nºs. V-8.038.560 y V-8.087.188, inscrita en el I.P.S.A. bajo los Nºs. 42.300 y 42.302, respectivamente, mayores de edad y jurídicamente hábiles.

Domicilio procesal: La sede del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Parte demandada: Sociedad Mercantil MILLENNIUM STORE, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 29 de mayo de 2007, bajo el Nº 07, Tomo A-16.

Domicilio: Avenida 03 (Independencia), entre calles 26 y 27, Centro Comercial “Pekas”, nivel planta baja, local 01, Municipio Libertador del Estado Mérida.

Motivo de la causa: Cobro de bolívares por el procedimiento de intimación, cobro de costas y honorarios profesionales.

CAPÍTULO II

En fecha 01 de marzo de 2.010, se recibió por distribución del Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, libelo de demanda incoada por los abogados en ejercicio Carlos Luis Matos Barón y Silvia Leonor Troconis Vivas, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Sociedad Mercantil MILLENNIUM STORE, C.A., representada por la ciudadana Mayalín Zorel Flores Marcano, por cobro de bolívares por el procedimiento de intimación.
Del análisis hecho al libelo de demanda, se observa que la parte actora en su libelo entre otras cosas, expuso:
…omisis…
IV
PETITORIO
Por las razones antes expuestas, siguiendo instrucciones de nuestro representado, ocurrimos ante Usted (sic) para demandar (…) a la ya identificada sociedad mercantil MILLENNIUM STORE, C.A., en su carácter de obligada principal, en la persona de su Presidente MAYALIN ZOREL FLORES MARCANO (…) para que convengan en cancelar a nuestro representado, a ellos son compelidos por este Tribunal, los siguientes conceptos: PRIMERO: la suma de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 39.500,00), por concepto de capital adeudado conforme a los Pagarés descritos (…) CUARTO: al pago de las costas y costos procesales que ocasione el presente procedimiento, incluyendo honorarios profesionales (…)

Llama la atención a este Tribunal, que la parte actora incoa demanda por cobro de bolívares por el procedimiento de intimación, y a su vez, reclama el cobro de costas y honorarios profesionales; en tal sentido, se procede a analizar si la presente acción es o no admisible.
Establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, estatuye: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.”
Asimismo, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, expresa: “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí…”
Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y en Sentencia N° 3.045, del 02 de diciembre de 2002, ha determinado lo siguiente:
…omissis…
sólo es posible la acumulación de pretensiones incompatibles, en una misma demanda, cuando el demandante las propone de forma subsidiaria, sin embargo, el mismo artículo coarta dicha posibilidad cuando se trata de pretensiones con procedimientos incompatibles. Entiende entonces esta Sala que la acumulación de pretensiones con procedimientos incompatibles no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria (omissis).

Posteriormente, la misma Sala, en Sentencia de fecha 18 de Agosto de 2004, Ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocanto. Exp. N° 1618, dejó sentado:
(omissis) No obstante lo anterior, la Sala estima que el rol del juez como director del proceso no se agota con este pronunciamiento, porque de existir circunstancias que hagan presumir la inadmisibilidad de la pretensión, como la misma está estrechamente vinculada con la constitución válida del proceso, debe ser analizada, incluso en la fase ejecutiva.
…
En el caso en cuestión se denunció la inepta acumulación de pretensiones, porque en el juicio de intimación y estimación de honorarios iniciado por los abogados… contra la accionante se reclamaron honorarios judiciales y extrajudiciales, los cuales tienen un procedimiento, cuya acumulación está prohibida por el legislador para mantener la unidad del proceso.
…
En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse al juez de la causa principal y no al Juez de Retasa; pero la Sala considera que éste último, quien igualmente es director del proceso, sin necesidad de que la inepta acumulación haya sido denunciada, debió declararla
…omissis…
La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto, en la presente causa, como el juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones, pues en el libelo se indicó que “en el desarrollo del proceso y hasta la fecha en que estuvimos acreditados como Apoderados Judiciales de la Empresa, realizamos una ‘gran cantidad de actuaciones’ (…) tampoco descartamos las múltiples reuniones que sostuvimos con los socios y la Apoderada Judicial” (…), el Juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada.
…
En vista de los anterior, cuando el Juzgado de Retasa constituido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no se pronunció respecto de la inepta acumulación de pretensiones, le conculcó a la accionante su derecho al debido proceso. Por las razones expuestas, esta Sala confirma, con una motivación distinta, el fallo consultado. Así se decide (ommisis).
En el presente caso, esta Jurisdiccente observa que la parte actora en el libelo de la demanda acumuló dos pretenciones como lo fue “cobro de bolívares por el procedimiento de intimación” y “cobro de honorarios profesionales”, fundamentando dicha acción en los artículos 13, 435, 436, 451, 455, 456 y 487 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 340 y 881 al 894 del Código de Procedimiento Civil; siendo que los mismos (“cobro de bolívares por el procedimiento de intimación, cobro de costas y honorarios profesionales”), son procedimientos autónomos entre sí, y que el primero y tercero de, se tramitan a través del procedimiento de intimación o monitorio, ya que es un procedimiento de cognición reducida, con carácter de sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos creditorios que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Mediante demanda, esta acción es presentada ante el juez competente, quien inaudita parte, puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación, y una vez notificado haga oposición, surgiendo de ello un procedimiento ordinario. Si el deudor no hace oposición dentro del mismo término (10 días de despacho siguientes a su intimación) el decreto pasa a ser definitivo e irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. Dicho procedimiento está contenido en el Libro IV, Título II, Capítulo II del Código de Procedimiento Civil. La admisión del procedimiento monitorio, contempla el requerimiento previo de exigencias establecidas en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el decreto que se dicte, contendrá la orden efectiva de pago o entrega de la cosa, que en el caso de no mediar oposición, adquirirá el carácter de título ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.
Con respecto al cobro de las costas procesales y honorarios profesionales, las cuales comprende los gastos del proceso y los honorarios profesionales de abogados, es un derecho inherente de los profesionales del derecho que se logra a través del procedimiento especial de estimación e intimación de honorarios profesionales, previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, procedimiento éste que según el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no tiene cabida sino después de terminado el juicio y siempre que una de las partes haya resultado totalmente vencida y lo anterior revela que estamos en presencia una vez mas frente a una acumulación prohibida de pretensiones que, como tal, impide al Juez admitir la demanda , por ser contraria a una disposición expresa de la Ley (artículos 78, 81, ordinal 3º y 341 del CPC), con la cual reprodujo una subversión procedimental, y por las razones expuestas, la presente acción debe ser declarada INADMISIBLE, por haberse acumulado indebidamente la pretensión de COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, COBRO DE COSTAS y HONORARIOS PROFESIONALES, pretensiones que se ventilan por procedimientos incompatibles. Así se declara.

DECISIÓN

En vista de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda incoada por los abogados en ejercicio Carlos Luis Matos Barón y Silvia Leonor Troconis Vivas, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Sociedad Mercantil MILLENNIUM STORE, C.A., representada por la ciudadana Mayalín Zorel Flores Marcano, por cobro de bolívares por el procedimiento de intimación, cobro de costas y honorarios profesionales, por ser contraria a una disposición expresa de la Ley (artículos 78, 81, ordinal 3º y 341 del CPC). Así se decide.-
Publíquese, regístrese, comuníquese y déjese copia certificada de la misma para el archivo de este Tribunal.
Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil diez Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Juez Titular,

Abg. Roraima Solange Méndez Vivas
El Secretario,

Abg. Jesús Alberto Monsalve

En la misma fecha se le dio entrada bajo el Nº 6.620, en el Libro L-10, se publicó la presente decisión siendo las 11:30 a.m., y se dejó copia certificada de la misma por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Srio.,

Abg. Jesús Alberto Monsalve

RSMV/JAM/gc.-