REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA CON SEDE EN EL VIGÍA
VISTOS CON INFORMES:
Se inició el presente procedimiento de inserción de partida de nacimiento, según escrito de fecha 24 de octubre de 2008, interpuesto por el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, de 34 años de edad, soltero, agricultor, domiciliado en la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, asistido profesionalmente por el abogado VICENTE MUÑOZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 58.053.
Mediante auto de fecha 06 de noviembre del 2008 (f.18), de conformidad con el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, se admite la presente solicitud de Inserción de Partida de Nacimiento, por no ser contraria a orden publico, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. Se ordenó la notificación del representante del Ministerio Público, y la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la capital de la República, emplazando a cuantas personas puedan ver afectados sus derechos con el procedimiento, para el décimo día de despacho después que conste en autos su publicación.
Obra agregada a los folios 19 y 20, boleta de notificación de la representante del Ministerio Público, debidamente firmada en fecha 14 de noviembre del 2008.
Según diligencia de fecha 16 de marzo del 2009 (f. 21), el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, otorga poder apud acta al profesional del derecho VICENTE MUÑOZ.
En fecha 04 de junio de 2009, según diligencia extendida en el folio 18 del presente expediente, el representante judicial de la solicitante, consignada Edicto publicado en el diario El Nacional, de fecha sábado 23 del mes de mayo del 2009, el cual fue agregado según auto de fecha 4 de junio del 2009.
En la oportunidad fijada para la comparecencia de los interesados en hacerse parte en el presente procedimiento, que correspondió con el día 18 de junio de 2009, según consta de acta agregada al folio 25, se abrió el acto y se pudo constatar la incomparecencia de persona interesada en hacerse parte del juicio. Igualmente, en la misma acta de conformidad con el artículo 770 eiusdem, en concordancia con el artículo 505 del Código Civil, se declaró el juicio abierto a pruebas por los trámites del procedimiento ordinario.
Según escrito de fecha 30 de junio del 2009, que obra al folio 26, la representación judicial de la parte solicitante, promovió pruebas, las cuales fueron admitidas según auto de fecha 22 de julio de 2009 (f.24)
Mediante Auto de fecha 14 de octubre del 2009 (f. 38), el Tribunal, de conformidad con los ordinales 2 y 3 del articulo 401 del Código de Procedimiento Civil, oficiosamente, ordena a la parte solicitante la consignación en autos de pruebas instrumentales y la comparecencia de la ciudadana MARÍA FLOR HENÁNDEZ MÁRQUEZ, quien fue mencionada en la solicitud como comadrona o partera del demandante.
Mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2009 (f. vto. 44), previo el cómputo del lapso para el cumplimiento de la prueba de oficio, el Tribunal fijó el décimo quinto día para la presentación de los informes, los cuales fueron consignados por la parte solicitante, según escrito de fecha 07 de diciembre de 2009, que consta agregado a los folios 45 y 46.
En fecha 13 de enero del 2010 (f.39), de conformidad al artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal fijó para dictar sentencia el lapso de sesenta días calendario consecutivos. Dicha resolución fue revocada, según auto de fecha 22 de enero del mismo mes y año, en virtud que el Tribunal omitió oficiar a la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería, a los fines de solicitar información acerca de si el solicitante se encuentra registrado como de alguna nacionalidad extranjera.
Mediante Auto de fecha 17 de febrero de 2010 (f. 50) el Tribunal, de conformidad al artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, fijó para dictar sentencia el lapso de sesenta días calendario consecutivos, lapso que fue diferido por treinta días calendario más según auto de fecha 20 de abril de 2010 (f. 51)
Dentro de la etapa decisoria del presente procedimiento, este Tribunal procede a dictar la sentencia definitiva, previa las consideraciones siguientes.
I
La solicitud quedó planteada en los términos que se exponen a continuación.
La solicitante, asistida por el profesional del derecho VICENTE MUÑOZ, en su solicitud, expone: 1) Que, “… es natural de GUACHICAPAZÓN (Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora)…”; 2) Que, nació “… el día: quince de junio de mil novecientos sesenta y cuatro (15-06-1.974) (sic) asistido por una partera, …”; 3) Que, sus padres no lo presentaron en el tiempo oportuno razón por la que, “… no aparezco asentado en los libros de Registro Civil de Nacimiento llevados por el Registro Civil de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora, Estado Mérida, ...”.
Que por las razones antes expuestas, con fundamento en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil, acude al Tribunal para solicitar se ordene la inserción de su partida de nacimiento en los libros llevados por el Registro Civil de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora, Estado Mérida y el Registro Principal del Estado.
II
Este Juzgador, como punto previo a la resolución de la presente solicitud, considera menester realizar la aclaratoria siguiente:
En el presente caso, la parte solicitante aduce, que nació en la población de Guachicapazón, el día 15 de junio de 1974, y por hechos que no le son imputables, no se insertó en el registro civil su partida de nacimiento, razón por la que, con fundamento en el artículo 458 del Código Civil, y mediante el procedimiento especial destinado al efecto, pretende que la sentencia definitiva dictada en este juicio, se inserte en el registro civil correspondiente para que le sirva de partida de nacimiento.
Como se observa, tanto la situación de hecho invocada como la norma jurídica en la que fundamenta su pretensión el solicitante, ocurrieron bajo la vigencia de las normas contenidas en los Capítulos I y II, del Título XIII, del Libro Primero del Código Civil, que estaban en rigor hasta el día 15 de marzo de 2010, fecha a partir de la cual, dichas normas, junto con otros más, quedaron derogadas por virtud de la disposición derogatoria SEGUNDA de la Ley Orgánica de Registro Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 39.264 de fecha 15 de septiembre de 2009.
Ahora bien, para la resolución de la presente causa deben aplicarse tales normas, toda vez que, tratándose de normas de derecho sustantivo, las disposiciones de derecho aplicables son las que regían para el tiempo en que sucedieron los hechos, y en garantía del principio de irretroactividad de la Ley, previsto por el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Este principio, ha sido analizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reiteradas sentencias (véase 1760/2001; 2482/2001, 104/2002 y 15/2003), en los cuales se destaca:


“... Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que hubieron de actuar.
La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de un modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley, no es más que una técnica conforme a la cual el derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hábito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría en definitiva, de ser un orden...” (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Septiembre/1760-250901-00-2783).

En fuerza de las razones anteriores, en el presente caso, deben aplicarse las normas contenidas en el artículo 501 y en los Capítulos I y II del Título XIII, del Libro Primero del Código Civil, pues eran la que regían o debieron regir, la conducta de las personas involucradas y las que se encontraban vigentes para el momento de la interposición de la presente demanda. ASÍ SE ESTABLECE.-
III
Establecido lo anterior, y planteada la solicitud en los términos precedentemente expuestos, este Tribunal para decidir observa:
De conformidad con el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Estos no contendrán mención alguna que califique la filiación.

De otra parte, según el artículo 445 del Código Civil: “Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar, en la jurisdicción en que ocurran, en registros especialmente destinados a este objeto”
Asimismo, el artículo 458 eiusdem, señala:

Si se han perdido o destruido en todo o en parte los registros; si son ilegibles; si no se han llevado los registros de nacimiento o de defunción, o si en estos mismos registros se han interrumpido u omitido los asientos, podrá suplirse el acta respectiva con cualquiera especie de prueba. Las partidas eclesiásticas tendrán el valor de presunciones.
La prueba supletoria será admisible, no sólo cuando se trate de nacimientos, matrimonios y defunciones, sino también para acreditar todos los otros actos que deben inscribirse en los registros del estado civil, cuando concurran respecto de estos actos las mismas circunstancias ya previstas.
Si la falta, destrucción, inutilización total o parcial, o la interrupción de los registros proviene de dolo del requirente, no se le admitirá la prueba autorizada por este artículo.

De la interpretación concatenada de las normas antes trascritas, resulta que, deben llevarse actas en las que se registre el nacimiento, el matrimonio y la defunción de una persona, no obstante, en ausencia del acta respectiva podrá suplirse con cualquier especie de prueba.
En este sentido, la doctrina enseña: “… en principio, los actos o hechos relativos al estado civil deben ser probados con el acta correspondiente, pero aunque es difícil que otras pruebas reúnan las mismas garantías que ofrecen las actas, es necesario autorizar a título subsidiario (a falta de acta), otros medios de prueba especiales, cuando el interesado, sin su culpa se encuentra en la imposibilidad de hacer valer una partida” (Aguilar Gorrondona, J. 1984. Derecho Civil Personas, p. 127)
El medio ordinario para obtener esa prueba supletoria de la partida, consiste en que el legitimado activo intente un juicio especial para ello, con la finalidad que la sentencia definitivamente firme y ejecutoriada que en él se dicte, una vez insertada en el Registro Civil, haga las veces de partida.
El procedimiento para obtener esta prueba supletoria de la partida de registro civil, se encuentra previsto en la norma contenida en el artículo 505 ídem, que preceptúa:

“También se seguirá el procedimiento de los juicios de rectificación en los casos del artículo 458, pero sin que pueda abreviarse el lapso probatorio y debiendo acreditarse dentro de éste, hechos suficientes ha demostrar una indubitable posesión de estado, cuando esta prueba fuere pertinente al caso. A este fin no bastará presentar una justificación de testigos instruida fuera del juicio. Respecto a la sentencia que se dicte en este procedimiento, es aplicable lo dispuesto en el artículo anterior”.

Como se observa, cuando los registros del estado civil se han perdido o destruido en todo o en parte; cuando son ilegibles; cuando los registros de nacimiento o de defunción no se han llevado o cuando se han interrumpido u omitido los asientos, la solicitud para obtener la prueba que supla el acta respectiva, debe tramitarse por el procedimiento ordinario, y debe acreditarse en éste, hechos suficientes que demuestren una indubitable posesión de estado, la cual no puede hacerse mediante una simple justificación de testigos evacuada fuera del juicio.
Asimismo, debe tenerse en cuenta, que en este procedimiento, según preceptúa la parte in fine del artículo 771 del Código de Procedimiento Civil “… el Juez podrá mandar a evacuar de oficio las pruebas que considere necesarias, igualmente podrá promoverlas el Ministerio Público”
En este sentido, la jurisprudencia de instancia ha establecido:

“… La inscripción en el Registro Civil de Nacimiento de una persona natural es absolutamente indispensable para su ingreso en la vida civil y por otra parte su acta de nacimiento constituirá la prueba esencial de su existencia como persona; a partir de ella se inicia además el proceso de identificación que el Estado le debe garantizar a todo ciudadano (artículo 2º de la Ley Orgánica de Identificación). Se establecen sus lazos de filiación, se comienza a contar su existencia cronológica, etc. Debe recalcarse por lo tanto, el interés supremo de la persona natural en obtener su debida inserción en el Registro Civil de Nacimiento porque de ella dependerá su existencia civil como persona (…)
En la solicitud de inserción de Partida de Nacimiento el Juez de la Causa debe ser atento y meticuloso en lograr una clara e indubitable identidad entre el solicitante y quién dice ser, ordenando cualquier diligencia dirigida a clarificar el asunto…” (subrayado del Tribunal) (Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay, T. CXXIX (129). Juzgado Superior Primero de Familia y Menores del Área Metropolitana de Caracas. Caso: A. Ramírez en solicitud de inserción de partida, 11 de noviembre de 1994, p. 72 al 74)


Así las cosas, se puede concluir que para la procedencia de la solicitud de inserción de partidas del registro civil, además de las pruebas que pueda oficiosamente promover el Juez de la causa y el fiscal del Ministerio Público, el solicitante tiene la carga de demostrar en juicio hechos suficientes que demuestren una indubitable posesión de estado, lo cual no puede hacerse mediante una simple justificación de testigos evacuada fuera del juicio.
Según la doctrina, la posesión de estado, “… es la apariencia de ser titular o de tener un estado civil determinado y consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, así como de gozar los deberes que de él deriven” (Aguilar Gorrondona, J. op. cit., p.79)
Así mismo, el interesado deberá probar, los requisitos siguientes: 1) el hecho de encontrarse en uno de los supuestos de procedencia de la acción; y 2) El hecho o acto relativo al estado civil que desea probar, lo cual puede hacer con cualquier medio de prueba, con la salvedad que las partidas eclesiásticas tendrán valor de presunción.
En el presente caso, la parte solicitante ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, alega los hechos siguientes: 1) Que, “… es natural de GUACHICAPAZÓN (Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora)…”; 2) Que, nació “… el día: quince de junio de mil novecientos sesenta y cuatro (15-06-1.974) (sic) asistido por una partera, …”; 3) Que, sus padres no lo presentaron en el tiempo oportuno razón por la que, “… no aparezco asentado en los libros de Registro Civil de Nacimiento llevados por el Registro Civil de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora, Estado Mérida, ...”.
En consecuencia, de conformidad con los artículos 458 y 505 del Código Civil, en concordancia con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la parte solicitante la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.
IV
Para verificar si la parte solicitante, demostró los requisitos de procedibilidad de su pretensión, se hace necesario enunciar, analizar y valorar el material probatorio cursante de autos. Para lo cual se observa:
PRUEBAS DE LA PARTE SOLICITANTE:
Junto con su solicitud, el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, produjo los instrumentos siguientes:
Al folio 04, constancia emanada por la Registradora Civil Municipal, del Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, de fecha 23 de julio de 2008, según la cual, certifica lo siguiente: “… habiendo revisado minuciosamente los libros de Registro de Nacimientos del año 1.974 al 1980, llevados por este Despacho se pudo contactar (sic) (rectius: constatar) que no aparece registrado LA PARTIDA DE NACIMIENTO del ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, Nació (sic) el día quince de junio de mil novecientos setenta y cuatro, en GUACHICAPAZÓN, hijo de: CAYETANO GUARÍN ORTIS y de: LUZ BENIA OCHOA MEDINA…”
Del análisis de este instrumento, este Juzgador puede constatar que se trata de un documento público administrativo, por lo que antes de emitir pronunciamiento en cuanto a la valoración del medio de prueba, considera menester hacer las observaciones siguientes:
Según sentencia proferida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de julio del 2007, con ponencia del Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, se estableció:

“…En este orden de ideas, ya la Sala ha establecido en anteriores fallos (sentencia No. 300 del 28 de mayo de 1998) que la especialidad del documento administrativo lo configura como una tercera categoría de prueba instrumental. En efecto, esta especial clase de documento escrito no puede asimilarse al documento público definido en el artículo 1.357 del Código Civil, pues no participa del carácter negocial que caracteriza a este último. Sin embargo, su carácter auténtico deviene del hecho de ser una declaración emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Así, conforme al criterio sostenido por la doctrina nacional mayoritaria, con el cual coincide esta Sala, el expediente administrativo (rectius: documento administrativo) se asemeja a los documentos privados reconocidos o tenidos por reconocidos (artículo 1.363 eiusdem), pero sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad. (Sentencia de esta Sala No. 00692 de fecha 21 de mayo de 2002) (Negrillas de la decisión)

Del fallo parcialmente transcrito, se desprende con meridiana claridad que las copias certificadas del expediente administrativo remitidas por el ente público que corresponda, constituyen una tercera categoría de prueba documental, asimilándose en lo que atañe a su valor probatorio a los instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, en los términos consagrados en el artículo 1.363 del Código Civil, toda vez que hacen fe del hecho material de las declaraciones en ellos contenidas, hasta prueba en contrario. (…)
Ahora bien, tal y como se advirtiera, cada instrumental incorporada al expediente administrativo tendrá el valor probatorio conforme a la naturaleza del documento que se trate, pero tal y como lo ha establecido esta Sala, los documentos administrativos se valorarán igualmente como un instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil. (subrayado del Tribunal) (Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay, T. CCXLVI (246) Caso: Echo Chemical 2000 C.A. pp. 452 al 466)


Sentada la anterior premisa jurisprudencial, la cual acoge este Juzgador de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que se trata de un instrumento emanado por la autoridad competente para ello, hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de las declaraciones en ella contenida, en cuanto al hecho que no se llevó el registro de nacimiento del solicitante ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLCE.-
En cuanto al resto de los instrumentos producidos por el actor, junto con su solicitud, se puede constatar que los mismos fueron ofrecidos posteriormente dentro del lapso probatorio, motivo por el cual, en virtud que en el presente juicio --por su naturaleza-- no existe instrumento fundamental, es decir, aquel o aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, se puede considerar que la oportunidad procesal pertinente para ofrecerlos o promoverlos lo es la etapa de promoción de pruebas, tal como fue hecho en la presente causa.
Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2009, que corre inserto al folio 26 del presente expediente, la parte solicitante promovió los medios de prueba siguientes:
PRIMERO y SEGUNDO: TESTIMONIALES, de los ciudadanos CARMEN AUXILIADORA PEÑA, ANA ISABEL DUARTE NAVARRO y CIRO DE JESÚS GIL.
Este medio de prueba fue admitido mediante auto de fecha 22 de julio de 2009 (f. 28), y de conformidad con el artículo 493 del Código de Procedimiento Civil, se fijó para su declaración, por ante la sede del mismo Tribunal de la causa, el tercer día de despacho siguiente, oportunidad en que la parte solicitante no cumplió con su carga procesal de presentarlos, motivo por el cual, fueron declarados desiertos los actos abiertos para oír su declaración, no obstante, según diligencia de fecha 17 de septiembre de 2009 (f. 30) el representante judicial de la parte accionante, solicita la fijación de nueva oportunidad, solicitud que fue providenciada por auto de fecha 22 de septiembre de 2009, en esa nueva oportunidad tampoco comparecieron los testigos promovidos, por lo que fueron declarados desiertos sus actos de declaración, si embargo, según diligencia de fecha 29 de septiembre de 2009, la representación judicial del solicitante pidió la fijación de nuevo día y hora para el examen de los testigos, lo cual fue acordado según auto de fecha 30 del mismo mes y año.
En la oportunidad fijada comparecieron a rendir su declaración los testigos siguientes:
CARMEN AUXILIADORA PEÑA, venezolana, de cincuenta y cinco años de edad, cedulada con el Nro. 9.197.719, domiciliada en Guachicapazón, cerca del club Vista Alegre, Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, quien bajo juramento contestó al interrogatorio de la manera siguiente:

PRIMERA: ¿Diga la testigo, si conoce suficientemente de vista trato y comunicación desde hace varios años al ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA? CONTESTO: Si lo conozco, desde pequeño lo he visto ahí, tengo más o menos como dieciocho años y tiene varios años viviendo ahí bueno hasta ahorita. SEGUNDA: ¿Diga la testigo, si por ese conocimiento que dice tener sabe y le consta que el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, nació Guachicapazón, de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, y si toda la vida ha vivido en ese sector? CONTESTO: Si se y me consta que nació ahí por cuanto llegó embarazada a esa zona, es decir que nació en Guachicapazón el siempre ha vivido ahí, desde niño ha crecido ahí. TERCERA. ¿Diga la testigo, si por ese mismo conocimiento sabe y le consta, que es hijo de los ciudadanos Cayetano Marín Ortiz y Luz Benia Ochoa Medina? CONTESTO: Si me consta y se que LUIS ALBERTO GUARÍN OCHOA, es hijo de los ciudadanos Cayetano Guarín Ortiz y Luz Benia Ochoa Medina. CUARTA ¿Diga la testigo, si por ese conocimiento sabe y le consta que su trabajo es obrero de finca. CONTESTO: Si el también es obrero de finca porque se la pasa trabajando en el campo y en fincas donde lo buscan. Es todo. No hay más preguntas. Se terminó, leyó y conformes firman.


Del análisis de las respuestas dadas por esta testigo a las preguntas formuladas por la parte promovente, este Juzgador puede constatar que la misma no incurrió en contradicción en sus deposiciones, ni de ellas surge elemento alguno que invalide su testimonio.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLECE.-
ANA ISABEL DUARTE NAVARRO, venezolana, de cuarenta y siete años de edad, cedulada con el Nro. 9.196.659, domiciliada en Guachipazón, calle 3, cerca de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, quien bajo juramento contesto al interrogatorio de la manera siguiente:

PRIMERA: ¿Diga la testigo, si conoce suficientemente de vista trato y comunicación desde hace varios años al ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA? CONTESTO: Si lo conozco, porque el nació ahí o sea (sic) cuando la mama (sic) llego (sic) a esa población estaba embarazada de el. SEGUNDA: ¿Diga la testigo, si por ese conocimiento que dice tener sabe y le consta que el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, nació Guachicapazón, de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, y si toda la vida ha vivido en ese sector? CONTESTO: Si se y me consta que nació ahí en Guachicapazón el siempre ha vivido ahí, desde niño ha crecido ahí TERCERA. ¿Diga la testigo, si por ese mismo conocimiento sabe y le consta, que es hijo de los ciudadanos Cayetano Marín Ortiz y Luz Benia Ochoa Medina? CONTESTO: Si me consta y se que LUIS ALBERTO GUARÍN OCHOA, es hijo de los ciudadanos Cayetano Guarín Ortiz y Luz Benia Ochoa Medina, porque como ya le dije ella llegó embarazada ahí y la acompañaba el señor Cayetano. CUARTA ¿Diga la testigo, si por ese conocimiento sabe y le consta que su trabajo es obrero de finca. CONTESTO: Si el también me consta porque el ha trabajado con mi marido Ciro de Jesús Gil en fincas. Es todo. No hay más preguntas. Se terminó, leyó y conformes firman.


Del análisis de las respuestas dadas por esta testigo a las preguntas formuladas por la parte promovente, este Juzgador puede constatar que la misma no incurrió en contradicción en sus deposiciones, ni de ellas surge elemento alguno que invalide su testimonio.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLECE.-
CIRO DE JESÚS GIL, venezolano, de cincuenta y un años de edad, agricultor, cedulado con el Nro. 9.201.304, domiciliado en Guachicapazón, calle 3, cerca del Kiosco La Lucha de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora, del Estado Mérida, quien bajo juramento contesto al interrogatorio de la manera siguiente:

PRIMERA: ¿Diga el testigo, si conoce suficientemente de vista trato y comunicación desde hace varios años al ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA? CONTESTO: Si lo conozco, porque el nació ahí y lo conozco desde hce más o menos 24 años. SEGUNDA: ¿Diga el testigo, si por ese conocimiento que dice tener sabe y le consta que el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, nació Guachicapazón, de la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, y si toda la vida ha vivido en ese sector? CONTESTO: Si se y me consta que nació ahí en Guachicapazón ya que la mamá llego (sic) embarazada y siempre el ha vivido ahí desde niño TERCERA. Diga el testigo, si por ese mismo conocimiento sabe y le consta, que es hijo de los ciudadanos Cayetano Marín Ortiz y Luz Benia Ochoa Medina? CONTESTO: Si me consta y se que LUIS ALBERTO GUARÍN OCHOA, es hijo de los ciudadanos Cayetano Guarín Ortiz y Luz Benia Ochoa Medina, como ya se lo dije la señora llegó embarazada de el y estaba con el señor Cayetano. CUARTA ¿Diga la testigo, si por ese conocimiento sabe y le consta que su trabajo es obrero de finca. CONTESTO: Si el también me consta porque he trabajado con el como obrero de finca. Es todo. No hay más preguntas. Se terminó, leyó y conformes firman.


Del análisis de las respuestas dadas por este testigo a las preguntas formuladas por la parte promovente, este Juzgador puede constatar que el misma no incurrió en contradicción en sus deposiciones, ni de ellas surge elemento alguno que invalide su testimonio.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLECE.-
TERCERO: DOCUMENTALES, siguientes:
1) Constancia expedida por la partera ciudadana MARÍA ISAURA ALTUVE de QUINTERO, y su cédula de identidad.
Del estudio de las actas que integran el presente expediente este Juzgador puede constatar que se encuentra agregado al folio 02, un documento privado suscrito, en fecha 22 de abril de 2008, por la ciudadana MARÍA FLOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, quien se identifica como venezolana, mayor de edad, cedulada con el Nro. 4.700.849, residenciada en la comunidad de Guachicapazón, según el cual expone: “… el día quince de junio de 1974 atendí el parto a Luz Benia Ochoa Medina mayor de edad, CI 23226042 (sic), en su residencia ubicada en Guachicapazón, donde nacio (sic) un niño a las 6:00 am, que lleva por nombre: Luís Alberto Guarín Ochoa, hijo de Cayetano Guarín Ortiz mayor de edad…”
Del análisis de esta prueba, este Juzgador puede constatar que se trata de un documento privado emanado de un tercero, que no fue ratificado en juicio por la tercero mediante la prueba testimonial, motivo por el cual, el mismo no fue evacuado de conformidad con las previsiones del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.
En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de febrero de 2004, (ratificado en fecha 19 de mayo de 2005, exp. 03-0721) con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE GUTIÉRREZ), dejó sentado:

“… la Sala expresamente abandona los expresados criterios y retoma el anterior, de conformidad con el cual el documento emanado de tercero, formado fuera del juicio y sin participación del juez ni de las partes procesales, no es capaz de producir efectos probatorios. Estas declaraciones hechas por el tercero que constan en dicho documento, sólo pueden ser trasladadas al expediente mediante la promoción y evacuación de la prueba testimonial, que es la única formada en el proceso, con inmediación del juez y con la posibilidad efectiva de control y contradicción, en cuyo caso, por referirse el testimonio a su contenido, de ser ratificado, las declaraciones pasan a formar parte de la prueba testimonial, las cuales deben ser apreciadas por el juez de conformidad con la regla de valoración prevista en el Art. 508 del Código de Procedimiento Civil” (Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay, T. CCVIII (208) Caso: E.J. Chaparro contra Seguros La Seguridad, C. A. pp. 636 al 646


Sentada la anterior premisa jurisprudencial, la cual acoge este Tribunal de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, resulta claro que este medio de prueba no tiene efectos probatorios.
En consecuencia, este Juzgador, de conformidad con el artículo 431 eiusdem, desecha el medio de prueba analizado por ser manifiestamente ilegal. ASÍ SE DECIDE.-
2) Copia de la Cédula de Identidad de la madre.
De la revisión de las actas que integran el presente expediente, quien sentencia puede constatar que obra al folio 05, del presente expediente copia simple de la Cédula de Identidad de la República Bolivariana de Venezuela, correspondiente a la ciudadana LUZ BENIA OCHOA MEDINA, de la que se evidencia que dicha ciudadana es portadora del número de identificación 22.226.042, cuya fecha de nacimiento es el 10 de noviembre de 1954 y su estado civil es de soltera.
Del análisis de este instrumento, este Juzgador puede constatar que se trata de un documento público administrativo, emanado por la autoridad competente para ello, por tanto, hace fe, hasta prueba en contrario, de la identificación como ciudadana venezolana de LUZ BENIA OCHOA MEDINA.
Ahora bien, a juicio de quien sentencia, tal prueba carece de eficacia probatoria a los fines de probar la pretensión del solicitante.
En consecuencia, este Juzgador, de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, lo desecha por impertinente y no ser idóneo para ofrecer un medio de convicción en la presente causa. ASÍ SE DECIDE.-
3) Constancia de estudio.
Este Tribunal observa, que consta al folio 06 del presente expediente, original de constancia de estudio, emanada por la Unidad Educativa Bolivariana Caño Rico-Mérida, Consejo Municipal de Educación Nº 5, zona educativa Nro. 14, de fecha 29 de abril de 2008, según el cual, la directora de dicha institución hace constar que el alumno LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, “… cursó y aprobó el 6TO grado de Educación Básica durante el año escolar 1986-1987 en la U.E. Guachipazón, obteniendo una calificación de 14 puntos…”
Del análisis de este medio de prueba se constata que se trata de un documento público administrativo, emanado por la autoridad competente para ello, motivo por el cual, hace fe hasta prueba en contrario, de la verdad de las declaraciones en ella contenida, en cuanto al hecho que el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, cursó y aprobó el 6to. grado de Educación Básica en la Unidad Educativa Bolivariana Caño Rico-Mérida, Consejo Municipal de Educación Nº 5, zona educativa Nro. 14, durante el año Escolar 1986-1987.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLCE.-
4) Constancia de trabajo.
De la revisión de las actas que integran el presente expediente se puede constatar que obra a los folios 07 y 08, un documento privado suscrito, en fecha 21 de abril de 2008, por el ciudadano HUBEL DE JESÚS ROA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, cedulado con el Nro. 3.764.620, con el carácter de propietario de la finca “LA FORTALEZA”, ubicada en Guachipazón, según el cual expone: “… el Ciudadano (sic) LUIS ALBERTO GUARIN OCHOA, venezolano, mayor de edad trabajo (sic) en esta finca, durante un periodo de catorce (14) años, demostrando puntualidad y eficiencia en su trabajo…”
Del análisis de esta prueba, este Juzgador puede constatar que se trata de un documento privado emanado de un tercero, que no fue ratificado en juicio por el tercero mediante la prueba testimonial, motivo por el cual, el mismo no fue evacuado de conformidad con las previsiones del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, este Juzgador, de conformidad con el artículo 431 eiusdem, desecha el medio de prueba analizado por ser manifiestamente ilegal. ASÍ SE DECIDE.-
5) Constancia de buena conducta.
Estudiadas las actas se puede constatar que consta agregada al folio 09, constancia emanada por la Coordinadora y demás integrantes el Consejo Comunal Guachicapazón del Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, en fecha 21 de abril de 2008, según la cual, hacen constar: “… Que la ciudadana: Luís Alberto Guarín Ochoa, titular de la Cédula de Identidad Nº V-__________, mayor de edad, Reside en Guachicapazón Municipio “Obispo Ramos de Lora, Edo Mérida, desde hace mas de (33) años, demostrando una CONDUCTA INTACHABLE, respeto por las leyes y fiel colaborador (a) con sus vecinos, razones suficientes para hacerse acreedor (a) de la presente…”
Del análisis de este medio de prueba se constata que se trata de un documento público administrativo, emanado por la autoridad competente para ello, motivo por el cual, hace fe hasta prueba en contrario, de la verdad de las declaraciones en ella contenida, en cuanto al desempeño en sociedad del ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLCE.-
6) Constancia de residencia.
De la revisión de las actas procesales se puede constatar que obra al folio 10, constancia de residencia emanada por el Consejo Comunal Guachipazón del Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, en fecha 15 de abril de 2008, según la cual, los miembros del Consejo Comunal, certifican que el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, “… vive y hace vida activa en nuestro sector desde hace treinta y tres (33) años mostrando una conducta buena…”
Del análisis de este medio de prueba se constatar que se trata de un documento público administrativo, emanado por la autoridad competente para ello, motivo por el cual, hace fe hasta prueba en contrario, de la verdad de las declaraciones en ella contenida, en cuanto a la residencia en el sector Guachipazón, del solicitante.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLCE.-
7) Cédula de identidad del padre del solicitante.
De la revisión de las actas que integran el presente expediente, quien sentencia puede constatar que obra al folio 11, del presente expediente copia simple de la Cédula de Identidad de la República Bolivariana de Venezuela, correspondiente al ciudadano CAYETANO GUARÍN ORTIZ, de la que se evidencia que dicho ciudadano es portador del número de identificación 22.228.274, cuya fecha de nacimiento es el 09 de enero de 1955 y su estado civil es de soltero.
Del análisis de este instrumento, este Juzgador puede constatar que se trata de la copia simple de un documento público administrativo, emanado por la autoridad competente para ello, por tanto, hace fe, hasta prueba en contrario, de la identificación como ciudadano venezolano de CAYETANO GUARÍN ORTIZ.
Ahora bien, a juicio de quien sentencia, tal prueba carece de eficacia probatoria a los fines de probar la pretensión del solicitante.
En consecuencia, este Juzgador, de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, lo desecha por impertinente y no ser idóneo para ofrecer un medio de convicción en la presente causa. ASÍ SE DECIDE.-
8) Partidas de nacimiento de los hermanos del solicitante ROBERTO, FERNANDO, PATRICIA, DIEGO JOSÉ, MAURICIO, CARLOS ALBERTO y GÉNESIS GUARÍN OCHOA.
De la revisión de las actas que integran el presente expediente, este Juzgador pude constatar, que obra a los folios 12 y 18, copia certificada emanada por la Registradora Civil de la Parroquia Santa Elena de Arenales del Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, de las partidas de nacimiento distinguidas con los Nros. 8, 160, 417, 254, 264, 437, 335, folios 8, 161, 23, 461, 483, 395, 285, de los años 1978, 1983, 1984, 1989, 1990, 1993, 1996 respectivamente, de las cuales se evidencia que en fechas 27 de noviembre de 1977, 29 de junio de 1982, 19 de julio de 1984, 26 de septiembre de 1986, 21 de marzo de 1990, 04 de octubre de 1993, 20 de junio de 1996, en su orden, ocurrió el nacimiento, en la ciudad de Santa Elena de Arenales, de los ciudadanos ROBERTO, FERNANDO, PATRICIA, DIEGO JOSÉ, MAURICIO, CARLOS ALBERTO y GÉNESIS GUARÍN OCHOA, respectivamente, quienes fueron presentados como sus hijos por el ciudadano CAYETANO GUARÍN ORTIZ, quien declaró que eran hijos de la ciudadana LUZ BENIA OCHOA MEDINA.
Del análisis de estos medios de prueba, este Juzgador puede constatar que se trata de documentos públicos emanados por la autoridad competente para ello, que tienen el carácter de auténticos respecto de los hechos jurídicos en ellos contenidos, en cuanto a la fecha y lugar de nacimiento de los ciudadanos ROBERTO, FERNANDO, PATRICIA, DIEGO JOSÉ, MAURICIO, CARLOS ALBERTO y GÉNESIS GUARÍN OCHOA, y su relación filial con los ciudadanos CAYETANO GUARÍN ORTIZ y LUZ BENIA OCHOA MEDINA.
Sin embargo, en el caso sub examine, este medio probatorio no ofrece ningún elemento de convicción que permita determinar el hecho del nacimiento de la parte demandante ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, así como el vínculo filial con los ciudadanos CAYETANO GUARÍN ORTIZ y LUZ BENIA OCHOA MEDINA.
En consecuencia, este Juzgador, de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, desecha el medio de prueba analizado por impertinente. ASÍ SE DECIDE.-

PRUEBAS ORDENADAS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL:
Mediante auto de fecha 14 de octubre de 2009 (f. 38) este Tribunal, concluido el lapso probatorio, de conformidad con los artículos 771 y 401 del Código de Procedimiento Civil, consideró necesario ordenar la práctica de las diligencias siguientes:
PRIMERA: De conformidad con el ordinal 2do. del artículo 401 eiusdem, exigió al solicitante ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, la presentación de los instrumentos siguientes:
1) Partida de nacimiento de sus padres o acta de defunción si son fallecidos.
De la revisión de las actas que integran el presente expediente, este Tribunal puede constatar que la parte solicitante no hizo la presentación de los instrumentos solicitados, ni aún en copia simple, ni indicó los datos de la oficina de registro civil en la que se encuentran inscritos, por lo que, incumplió totalmente con la exigencia hecha por el Tribunal.
De la revisión de las actas, se puede apreciar que según diligencia de fecha 06 de noviembre de 2009 (f. 41), la representación judicial de la solicitante produjo junto con la misma copia simple de la cédula de identidad de sus padres, las cuales fueron valoradas previamente en el texto de esta sentencia.
2) Constancia del Registro Principal del Estado Mérida.
De la revisión de las actas procesales se pude constatar que consta al folio 41, diligencia de fecha 06 de noviembre de 2009, según la cual, la parte solicitante consigna “… Recibo de la solicitud de Constancia del Registro Principal del estado Mérida, expedido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, del mismo estado…”
Del análisis de dicho instrumento, que obra agregado al folio 42, quien sentencia puede constatar, que en efecto, se trata de un recibo emanado por el Registro Principal del Estado Mérida, de fecha 04 de noviembre de 2009, distinguido con el Nro. 0000036255, que demuestra el pago de la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 165,00) por concepto de servicios autónomos de registro.
Ahora bien, el mismo no se corresponde con el instrumento exigido por el Tribunal, referido a la constancia del Registro Principal del Estado Mérida, acerca de la revisión de los duplicados de los libros del registro civil del Estado, específicamente de la Parroquia Santa Elena de Arenales, durante el año que dice haber nacido el solicitante ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, a los fines de corroborar la inexistencia del duplicado de la partida de nacimiento, (ex artículos 446 y 498 del Código Civil) y así verificar el cumplimiento del supuesto de procedibilidad de la solicitud, como lo es la inexistencia de la partida de nacimiento, tanto en el Registro Civil de la parroquia donde sucedió el nacimiento como en el Registro Principal del Estado.
En consecuencia, este Juzgador, en virtud que el recibo consignado no se corresponde con la instrumental exigida, pues ni siquiera hace referencia al tipo de solicitud, ni a la persona a que corresponde, desecha valor probatorio a la documental consignada por el apoderado de la parte solicitante. ASÍ SE ESTABLECE.-
SEGUNDA: De conformidad con el ordinal 3ro. del artículo 401 eiusdem, se ordenó la comparecencia de la ciudadana MARÍA FLOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, cedulada con el Nro. 4.700.849, que según la parte demandante fue quien atendió el parto de su madre, para el séptimo día de despacho siguiente a las diez de la mañana.
De la revisión de las actas que integran el presente expediente, se puede constatar que en fecha 02 de noviembre de 2009, la parte solicitante hizo comparecer a la ciudadana MARÍA FLOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, quien bajo juramento declaró ser venezolana, de 63 años de edad, cedulada con el Nro. 4.700.849, domiciliada en Guachipazón, y respondió al interrogatorio siguiente:

PRIMERA: ¿Diga la testigo, su nombre completo y su numero (sic) de cedula (sic) de identidad? CONTESTO: MARÍA FLOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, titular de la cédula de Nro. 4.700.849. SEGUNDA: ¿Dónde se encuentra residenciada? CONTESTO: En Guachicapazón Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida. TERCERA. ¿Qué (sic) tiempo tiene de estar viviendo en Guachicapazón? CONTESTO: con el marido que tenía viví cuarenta años y cuatro que tengo de estar ahí viviendo sóla. CUARTA ¿Usted a que se dedica? CONTESTO: a los oficios de la casa, yo con mi edad a veces asisto a cualquier mujer que se le presente el parto porque a veces no les da tiempo para llegar al hospital, el trasporte es muy fregado. QUINTA: ¿Quiénes han sido sus vecinos? CONTESTÓ: Ahí (sic) muchos vecinos esta Miriam Contreras y a unos que los conozco es por apodos. SEXTA: ¿Usted conoce de vista, trato y comunicación a los señores CAYETANO GUARÍN ORTIZ y LUZ BENIA OCHOA MEDINA? CONTESTÓ: Si, los conozco desde que legué a Guachi, hace como 45 años aproximadamente. SEPTIMA: ¿Cuantos (sic) hijos le conoce a la señora LUZ BENIA OCHOA MEDINA? CONTESTÓ: tienen 7 hijos, 5 varones y dos hembras. OCTAVA: Usted en el mes de junio de 1974, atendió un parto a la señora Luz Benia Ochoa Medina? CONTESTÓ: Si la atendí y como a dos partos más. NOVENA: Cómo se llama el nió que usted atendió? CONTESTÓ: Yo en uno de los partos que le atendí a uno le pusieron el nombre de Luis Alberto, y a los otros no me acuerdo, porque a veces los llaman es por apodos. DECIMA: ¿Usted se ha desempeñado como partera en otras ocasiones? CONTESTO: Si yo trabaje (sic) de partera como 10 años. Es todo. No hay más preguntas. Se leyó y firman conformes.


Del análisis de las respuestas dadas por esta testigo a las preguntas formuladas por la parte promovente, este Juzgador puede constatar que la misma no incurrió en contradicción en sus deposiciones, ni de ellas surge elemento alguno que invalide su testimonio, motivo por el cual, hace plena prueba de los hechos afirmados por el solicitante en cuanto a que atendió su alumbramiento la partera ciudadana MARÍA FLOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, el día 15 de junio de 1974, en la población de Guachicapazón, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida.
En consecuencia, el Tribunal de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLECE.-
Mediante Auto de fecha 22 de enero de 2010 (f. 48), este Tribunal, ordenó oficiar a la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería, con sede en El Vigía, a los fines que informe a este Despacho Judicial, acerca de sí el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, se encuentra registrado con alguna nacionalidad extranjera.
Obra al folio 49 del presente expediente, oficio expedido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de fecha 08 de febrero de 2010, distinguido con el alfanumérico RIIE-5-0355-095, según el cual, se informa a este Tribunal, que de la revisión efectuada en los archivos de dicho organismo, no se pudo encontrar ningún documento perteneciente al ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA.
Del análisis de este instrumento, este Tribunal puede constatar que se trata de un documento público administrativo, emanado por la autoridad competente para ello, motivo por el cual, hace fe hasta prueba en contrario, de la verdad de las declaraciones en ella contenida, en cuanto al hecho que en los archivos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), no se encuentra registrado el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA.
En consecuencia, este Juzgador de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, le confiere pleno valor probatorio. ASÍ SE ESTABLCE.-
V
Analizado el material probatorio cursante de autos, este Tribunal puede concluir que la parte solicitante logró acreditar en el presente procedimiento, hechos suficientes para demostrar una indubitable posesión de estado, es decir, cumplió con su carga procesal de traer al juicio pruebas fehacientes para demostrar los hechos afirmados por él en su solicitud, acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su nacimiento.
En efecto, la parte accionante demostró encontrarse en uno de los supuestos para la procedencia del procedimiento de inserción de partida, como lo es la ausencia total del asiento de su partida de nacimiento, por la conducta negligente de las personas a quienes correspondía la responsabilidad de hacer la presentación --hecho que sólo probó con la constancia emanada por el Registro Civil de la Parroquia correspondiente, más no con la respectiva constancia del Registro Principal del Estado--
Asimismo, logró demostrar los hechos por él afirmados en cuanto a que nació en la población de Guachipazón, el día 15 de junio de 1974, y que atendió su nacimiento o alumbramiento una partera de nombre MARÍA FLOR HERNÁNDEZ MÁRQUEZ.
En consecuencia, en fuerza de las razones anteriores, el Tribunal en la parte dispositiva de esta sentencia declarará CON LUGAR la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.-


VI
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en El Vigía, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la presente solicitud de INSERCION DE PARTIDA DE NACIMIENTO intentada por el ciudadano LUÍS ALBERTO GUARÍN OCHOA, de 34 años de edad, soltero, agricultor, domiciliado en la Parroquia Santa Elena de Arenales, Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, asistido profesionalmente por el abogado VICENTE MUÑOZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 58.053.
De conformidad con el artículo 506 del Código Civil, en concordancia con los artículos 151 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, una vez quede firme la presente decisión, remítase copia certificada al Registro Civil Municipal de Santa Elena de Arenales del Municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida, a fin de que se inserte en los libros correspondientes.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
DADO, FIRMADO Y SELLADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. En el Vigía, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diez. Años 200 de la Independencia y 151 de la Federación.

EL JUEZ,

JULIO CÉSAR NEWMAN GUTIÉRREZ
LA SECRETARIA,

ABG. NORIS CLAYNETH BONILLA VARGAS.
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 12:45 de la tarde.
La Secretaria,