TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03
El Vigía, 4 de octubre de 2010
200º y 151º
Resolución Nº 296/2010
ASUNTO PRINCIPAL : LP11-P-2010-002346
SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA

En fecha 22/09/2010, este Tribunal recibió escrito suscrito por las Abogadas SOELY BENCOMO BECERRA, HORTENCIA RIVAS PERNIA y SUSAN IDENNE COLINA, actuando con el carácter de Fiscal Principal, la primera nombrada y Fiscales Auxiliares Sextas, del Proceso del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, , mediante el cual solicita se decrete EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano HENRY JOAQUIN MARIN VALLEJO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.936.653, residenciado en la Avenida Don Pepe Rojas, Barrio Las Flores, parte alta, casa Nº 24, El Vigía, Estado Mérida; por la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia; en perjuicio de las ciudadanas MARÍA ZULAY GUERRERO QUINTERO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-4.702.240, residenciada en la Avenida Don Pepe Rojas, frente a la Urbanización 1ro de Mayo, casa Nº 1460, El Vigía, Estado Mérida, y SANDRA MAYLEN RINCÓN GUERRERO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 15.436.350, residenciada (para la fecha de los hechos) en la Avenida Don Pepe Rojas, Barrio Las Flores, parte alta, casa Nº 24, El Vigía, Estado Mérida; por considerar que la acción penal se encuentra evidentemente prescrita, fundamentando su solicitud en los artículos 318 numeral 3 y 48 numeral 8 ambos de la norma procesal penal vigente, en armonía con el artículo 108 numeral 5 del Código Penal, este Tribunal de Control para decidir observa:
PUNTO PREVIO:

Considera quien decide que el Ministerio Público dentro del marco de sus atribuciones, realizó las diligencias necesarias para investigar y hacer constar la comisión del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad del autor o los autores y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, sin embargo el transcurso del tiempo imposibilita que para la presente fecha se pueda continuar con la persecución penal, estimando esta Juzgadora que para establecer si efectivamente ha operado tal circunstancia que impide el ejercicio de la acción penal no existe la necesidad de convocar la audiencia a que refiere el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, debido a que se trata de una petición de mero derecho, por lo inexorable del transcurso del tiempo; no obstante la decisión que recaiga en el presente asunto debe ser notificada a todas las partes a los fines de garantizar el debido proceso y el derecho a la víctima de recurrir de las decisiones de conformidad con lo previsto en el artículo 120 ejusdem.
DE LOS HECHOS

Según la denuncia formulada por las víctimas, una ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 26/11/2003 y otra ante la Sub-Comisaría Policial Nº 12, con sede en El Vigía, Estado Mérida, de fecha 25/11/2003, donde manifestaron: la agraviada MARÍA ZULAY GUERRERO QUINTERO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 4.702.240, que denunciaba al ex marido de su sobrina SANDRA MAYLEN RINCÓN GUERRERO, de nombre HENRY JOAQUIN MARIN VALLEJO, porque en fecha 25-11-2003, siendo aproximadamente las 6:00 horas de la tarde, encontrándose en su residencia ubicada en la avenida Don Pepe Rojas, frente a la Urbanización 1ro de Mayo, casa Nº 1460, El Vigía, Estado Mérida, la lesionó físicamente con un golpe en los ojos, cuando le reclamó por haber golpeado a su sobrina, esta lesión fue valorada médicamente en la Experticia de Reconocimiento Médico Legal Nº 9700-230-MF-1120 de fecha 26/11/2003, suscrita por el Médico Forense, donde concluyó que la ciudadana presentó 1.- Contusión en región orbitaria izquierda con hemorragia subconjuntival, y 2.- Erosión lineal en surco nosogeniano derecho, concluyendo que se trata de lesiones que ameritaron asistencia médica que la incapacitan para sus labores habituales y deberán sanar en un lapso de doce (12) días. Denunciando igualmente la ciudadana SANDRA MAYLEN RINCÓN GUERRERO al mencionado imputado HENRY JOAQUIN MARIN VALLEJO, el día 25/11/2003, llegó a su casa ubicada en la Avenida Don Pepe Don Pepe Rojas, Barrio Las Flores, parte alta, casa Nº 24, El Vigía, Estado Mérida, entró a su casa sin permiso, y empezó a decirle que ella tenía que regresar con el y como ella se negó la agarro por el cabello y le dio golpes de puño en varias partes del cuerpo, estas lesiones fueron apreciadas por el Médico Forense en experticia Nº 9700-230-MF-1119 de fecha 26/11/2003, observando: 1.- Contusión en cara lateral derecha del tórax, 2.- Contusión con hematoma en cuero cabelludo región occipital y 3.- Contusión simple en codo izquierdo, concluyendo que son lesiones que ameritan asistencia médica, que la incapacitan para sus labores habituales y deberán sanar en un lapso de ocho (08) días.

En fecha 27/11/2003, se dio inicio a la investigación Penal signada con el Nº 14F6-1171-03, por estar la acción encuadrada típicamente en uno de los delitos de la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, descrita en el artículo 17, el cual sanciona el delito de VIOLENCIA FÍSICA, que textualmente reza: “El que ejerza violencia física sobre la mujer u otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4 de esta Ley o al patrimonio de éstas, será castigado con prisión de seis (06) a dieciocho (18) meses…”; legislación vigente para la fecha de los hechos, actualmente artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO
EN QUE SE FUNDA LA DECISION CON INDICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS

Del estudio realizado a todas y cada una de las actas procesales que integran el presente expediente, se observa que existen suficientes y fundados elementos de convicción que permiten acreditar el delito de acción pública y calificado por el Ministerio Público como VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de a Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia; en perjuicio de las ciudadanas MARÍA ZULAY GUERRERO QUINTERO y SANDRA MAYLEN RINCÓN GUERRERO, tal y como se evidencia del contenido de las actas procesales de investigación.

Efectuadas las anteriores precisiones, advierte el Juzgado, que el hecho que nos ocupa aconteció el día 25/11/2003, hasta la fecha en que es presentado el escrito de marras, han transcurrido más de SEIS (06) años, NUEVE (09) meses, tiempo este superior al de la prescripción ordinaria aplicable para el delito en mención, al cual le corresponde un lapso de prescripción de Tres años, según las previsiones del articulo 108 numeral 5 ejusdem.
Por su parte, el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Son causas de extinción de la acción penal (…omissis…) 8. La prescripción, salvo que el imputado renuncie a ella (...omissis…)”.
Finalmente, el artículo 318 del Código eiusdem, señala: “El Sobreseimiento procede, cuando: (…omissis…) 3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada”.
De las disposiciones antes transcritas, se infiere, que en el caso sub iudice, ha operado la prescripción de la acción penal, en virtud de haber transcurrido más de SEIS (06) años desde que se consumó el hecho punible, tiempo que excede considerablemente del necesario conforme a lo previsto en el citado precepto legal, a los efectos de investigar, exigir y hacer efectiva la responsabilidad del autor o de los autores del hecho punible cometido, e igualmente no existe dentro de las actuaciones ninguno de los actos de naturaleza procesal a los que se refiere el artículo 110 de la Norma Sustantiva Penal, que interrumpan la prescripción, resultando demostrado para quien aquí decide, que la acción penal se encuentra evidentemente extinta por prescripción ordinaria, conforme a lo establecido en los artículos 108 numeral 5 del Código Penal, artículo 48 numeral 8 y artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal; motivos anteriores por los cuales procede a derecho declarar CON LUGAR el pedimento hecho por la Fiscalía del Ministerio Público, en el sentido de otorgar el SOBRESEIMIENTO en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA EXTENSIÓN EL VIGÍA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano HENRY JOAQUIN MARIN VALLEJO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.936.653, residenciado en la Avenida Don Pepe Rojas, Barrio Las Flores, parte alta, casa Nº 24, El Vigía, Estado Mérida; por la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia; en perjuicio de las ciudadanas MARÍA ZULAY GUERRERO QUINTERO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-4.702.240, residenciada en la Avenida Don Pepe Rojas, frente a la Urbanización 1ro de Mayo, casa Nº 1460, El Vigía, Estado Mérida, y SANDRA MAYLEN RINCÓN GUERRERO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 15.436.350, residenciada (para la fecha de los hechos) en la Avenida Don Pepe Rojas, Barrio Las Flores, parte alta, casa Nº 24, El Vigía, Estado Mérida; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8° ejusdem, y el artículo 108 numeral 5 del Código Penal. Notifíquese a las partes de la presente Decisión. Una vez quede Firme la presente decisión, se ordena su remisión al Archivo Judicial para su custodia.

JUEZA EN FUNCIÓN DE CONTROL Nº 03
ABG. MERCEDES LA TORRE VILORIA

SECRETARIA:
ABG. NANCY ANDREA ARIAS

Seguidamente se libraron las boletas de notificaciones correspondientes, en cumplimiento a lo acordado por el Tribunal.-
CONSTE/SRIA