TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011)
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL Nº LP21-L-2010-000506

SENTENCIA INTERLOCUTORIA
DECLINATORIA DE COMPETENCIA

PARTE DEMANDANTE: BONNIE ELEANOR MC FADDEN, extranjera, de nacionalidad estadounidense, titular del pasaporte número P-213886060, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: ANA ALICIA LEAL MORENO y NANCY JOSEFINA CALDERON TREJO, titulares de las cédulas de identidad números: V-11.294.986 y V-9.475.833, respectivamente, inscritas en el Inpreabogado bajo los números: 69.952 y 91.089 en su orden, Procuradoras Especiales de los Trabajadores en el Estado Mérida, domiciliadas en la ciudad de Mérida, Estado Mérida.

PARTE DEMANDADA: COLEGIO UNIVERSITARIO “HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS” (CUHELAV), creada mediante decreto Nº 2.463, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 35.016, de fecha 30 de julio de 1992, representado por el ciudadano JESUS HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número V-12.351.061, domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Mérida, en su condición de Director Gerente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ALVARO J. CHACON C., titular de la cédula de identidad número V-10.712.904, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.524, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida.

MOTIVO: COBRO DE HORAS LABORADAS

-I-
ANTECEDENTES PROCESALES

Fue recibido en este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el presente expediente, contentivo de la demanda incoada por la ciudadana BONNIE ELEANOR Mc. FADDEN, titular del pasaporte número P-213886060 en contra del COLEGIO UNIVERSITARIO “HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS” (CUHELAV), por cobro de horas laboradas, en fecha 04 de marzo de 2011, proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. Posteriormente por auto de fecha 15 de marzo de 2011, se providenciaron las pruebas y se procedió a fijar la celebración de la audiencia de juicio para el día jueves 28 de abril de 2011, a las 11 de la mañana.

- II -
DE LA COMPETENCIA

Ahora bien, tratándose la competencia, materia de orden público, la cual puede ser solicitada y revisada en cualquier estado e instancia del proceso (artículo 60 del Código de Procedimiento Civil), este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la misma, respetando el derecho constitucional que tienen los justiciables de ser juzgados por su juez natural, conforme lo dispone el Artículo 49, ordinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y; en consecuencia:
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.”

En tal sentido, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que integran el presente asunto y en virtud a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y aplicando por analogía lo establecido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, quien aquí sentencia pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

Del escrito cabeza de autos, presentado por la ciudadana BONNIE ELEANOR MC FADDEN, titular del pasaporte número P-213886060, en su condición de parte demandante, asistida de abogada, se infiere que la misma señala lo siguiente en la relación de los hechos:
“… En fecha 14 de enero de 2008, comencé a prestar servicios como Docente en el Colegio Universitario Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos (CUHELAV), Instituto de Educación superior, creada por Decreto Presidencial, siendo contratada bajo la modalidad de contrato de trabajo a tiempo determinado suscrito con la Directora Gerente ciudadana MAGALY ALEJANDRA AYALA, y debía entre otras cumplir con las funciones de dictar 200 horas académicas, correspondientes a los niveles 1 y 2, de acuerdo los horarios establecidos por la Coordinación Regional de Colegio…”
…omissis…
“…en fecha 01 de marzo 2009, fui nuevamente contratada como consultora para preparar material didáctico para Idiomas…”
…omissis…
“… Posteriormente, en fecha 16 de Septiembre de 2009, fui nuevamente contratada por la ciudadana MARIA ILEANA CABELLO LEON, en su carácter de Coordinadora Nacional de IDIOMAS, para elaborar Traducciones al Ingles de los materiales de la conferencia FITVEN y en virtud del trabajo realizado le presente la relación de las horas laboradas equivalentes a 29,32 horas a 50,00 Bolívares cada una, arrojando un monto de UN MIL CUATROCIENTOS SSENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 1.466,00). Mientras la ciudadana MARIA ILEANA CABELLO tramitaba el pago del trabajo realizado por ante el departamento de contabilidad del CUHELAV, en 14 de octubre de 2009, la misma solicita nuevamente mis servicios para investigar y preparar ejercicios gramaticales de idioma Ingles de Internet…”
…omissis…
“…En fecha 23 de octubre de 2009, MARIA ELENA CABELLO LEON me dijo que el departamento de contabilidad de CUHELAV se niega a realizar el pago por las 29,32 horas de traducciones…”
…Omissis…
“…El 01 de diciembre de 2009, firme un contrato por mi trabajo anterior de ejercicio por Idiomas a través CUHELAV, representada y firmada por Directora Gerente GLADIS JOSEFINA AYALA PARES…”
…Omissis…
“…Alrededor del 14 de enero de 2010, después de la expiración del contrato del 01 de Diciembre de 2009, CUHELAV me obligó a firmar un “addendum” al contrato de 01 de diciembre de 2009. Este “addendum, con fecha 15 de Diciembre de 2009, pretendía cambiar la descripción de los trabajos ya realizados y las condiciones de pago del contrato de 01 de Diciembre, después que el trabajo había sido completado, presentado y aceptado el 17 de noviembre de 2009…
…Omissis…
“…por cuanto han sido infructuosos todos los tramites de tipo amistoso y administrativo, para el cobro de los conceptos laborales que me adeudan, vengo a demandar formalmente como en efecto lo hago por ante esta autoridad judicial competente, al COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV), Institución de Educación Superior creada mediante Decreto Presidencial Nº 2463, de fecha 30 de julio de 1992, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 35.016, de fecha 30 de julio de 1992, representado por la ciudadana GLADIS JOSEFINA AYALA PARES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-6.843.643, licenciada en Comunicación Social, de este domicilio y hábil, en su carácter de DIRECTORA GERENTE, según providencia P/N010/09 de fecha 31 de marzo de 2009, emanada del Ministerio del Poder Popular para el turismo publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39152 de fecha 02 de Abril de 2009…” (Negrita y subrayado de este Tribunal).

Indicado lo anterior, es importante traer a colación el criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, referido a la competencia de los Tribunales, en el caso de los Docentes Universitarios, entre la que destaca especialmente la Sentencia Nº 1.603, de la Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, de fecha 21 de octubre de 2008, en el caso de la ciudadana NIDIA BEATRÍZ PERNALETE DE MAITAS contra la UNIVERSIDAD DE ORIENTE (U.D.O.) NUCLEO BOLÍVAR; sentencia que recoge el criterio de las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con la competencia, la cual señala:

“… Así pues, con vista de lo planteado por el recurrente en su escrito recursivo con relación a la supuesta incompetencia del Tribunal Superior Laboral, al dejar de aplicar el numeral 4°, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera oportuno traer a colación una serie de criterios emanados de este Tribunal Supremo de Justicia en materia de competencia, entre ellos, la sentencia Nº 144 de la Sala Constitucional, de fecha 24 de marzo de 2000, expediente Nº 00-0056, (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador contra decisión judicial), en la que se hace alusión a reglas de competencia y de estricta observancia:

(…) Los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, son los jueces naturales, de quienes se supone conocimientos particulares sobre las materias que juzgan, siendo esta característica, la de la idoneidad del juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…).
Para evitar un caos, y ordenar la administración de justicia, hay reglas de competencia que se consideran de orden público y son inderogables, mientras que hay otras que no lo son. La competencia por la materia se encuentra entre las primeras, mientras que las que determinan el territorio, por ejemplo, están entre las segundas. El órgano que ejerce la jurisdicción, en cuanto a la competencia por la materia, es por excelencia el juez natural de las personas que tengan que ventilar litigios relativos a esas materias.

Como el ser juzgado por el juez natural es una garantía judicial, y un elemento para que pueda existir el debido proceso, la abrogada Constitución de 1961 en su artículo 69, así como la vigente en su artículo 49, consagran el derecho de las personas naturales o jurídicas de ser juzgadas por dicho juez, quien además debe existir como órgano jurisdiccional con anterioridad a los hechos litigiosos sin que pueda crearse un órgano jurisdiccional para conocer únicamente dichos hechos después de ocurridos. El citado artículo 49 de la vigente Constitución es claro al respecto: En su numeral 4, reza:

Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

(Omissis)

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

(Omissis)

Esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Dada su importancia, no es concebible que sobre ella existan pactos válidos de las partes, ni que los Tribunales al resolver conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el conocimiento de una causa. El convenio expreso o tácito de las partes en ese sentido, al igual que la decisión judicial que trastoque al juez natural, constituyen infracciones constitucionales de orden público.

Por lo anterior, si un juez civil decidiere un problema agrario, porque en un conflicto entre jueces, el superior se lo asignó al juez civil, tal determinación transgrediría (sic) la garantía del debido proceso a las partes, así la decisión provenga de una de las Salas de nuestro máximo Tribunal, y así las partes no reclamaran (…). (Subrayado y negrillas de la Sala).

Así pues, respecto a la competencia para los supuestos de docentes universitarios que reclamen derechos laborales, se hace también referencia a sentencia Nº 2620 emitida por la Sala Político-Administrativa, de fecha 21 de noviembre de 2006 caso: Edgar José Valdivieso Acosta contra Universidad de Oriente, la cual explica lo que a continuación se transcribe:

“…Dilucidado anteriormente el asunto de la jurisdicción, esta Sala considera necesario realizar algunas precisiones respecto de la competencia para conocer de las acciones que interpongan los docentes universitarios con ocasión de la relación laboral que mantienen con las Universidades. En el caso de autos de los alegatos expuestos por el accionante se señala, que el ciudadano Edgar José Valdivieso Acosta, se desempeñaba en calidad de “docente en materia de frutales en la Escuela de Ingeniería Agronómica, Núcleo Monagas”.

Sobre este particular, la jurisprudencia de esta Sala ha sido pacífica al sostener que ante una relación funcionarial o de empleo público, deben prevalecer los principios constitucionales relativos al juez natural y a la especialidad, conforme a la materia de que se trate.

Así pues, se ha establecido, incluso antes de la promulgación de la Ley del Estatuto del Función Pública, es decir, bajo la vigencia de la de la Ley de la Carrera Administrativa, que independientemente de que se excluya a determinados grupos de funcionarios de su aplicación, por imperio de los principios antes señalados, todas las reclamaciones judiciales en materia funcionarial debía ser conocidas por el Tribunal de la Carrera Administrativa, ahora Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Regionales.

No obstante estima, esta Sala, que existe una relación laboral que requiere tratamiento especial respecto del régimen competencial aplicable, como es el caso de los docentes universitarios, quienes desempeñan una labor fundamental y muy especifica al servicio de las Universidades y de la comunidad, además de estar sujetos a un régimen especialísimo y específico que no necesariamente se compara con el régimen aplicable a los funcionarios públicos.

De allí que, mediante decisión de fecha 20 de febrero de 2003, caso: Endy Argenis Villamil Soto y Otros Vs. Universidad del Sur del Lago “Jesús María Semprún” (UNISUR), la Sala estableció que la competencia para conocer de las acciones que interpongan los docentes universitarios con ocasión de la relación laboral que mantienen con las Universidades debían ser conocidas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo…”.

Como se observa, para los casos de docentes universitarios, se ha venido dando un tratamiento especial respecto del régimen competencial aplicable, debido al hecho de desempeñar una labor fundamental y muy específica al servicio de las Universidades y de la comunidad, además de estar sujetos a un régimen especialísimo que no necesariamente se compara con el régimen aplicable a los funcionarios públicos, pero que aun así, en esos, deben prevalecer los principios constitucionales relativos al juez natural y a la especialidad conforme a la materia.
En este orden de ideas, es preciso señalar la sentencia Nº 1107, de fecha 14 de noviembre de 2007, emitida por la Sala Político-Admistrativo del Tribunal Supremo de Justicia, contentiva de criterio vigente y aplicable al presente caso, según el cual, para el conocimiento de las causas laborales en los que estén involucrados docentes universitarios, sean contratados o titulares, corresponde el conocimiento de ello a los Juzgados en materia contencioso-administrativa:
Así pues, señala la referida decisión, lo siguiente:

(…Omissis…)

Con fundamento en lo anterior y en el marco de la pretensión del ciudadano José Máximo Briceño, la cual deriva de su servicio como profesor contratado de un Instituto Universitario, el conocimiento del presente recurso corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. Así se declara.

(…Omissis…)

Asimismo, ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia emanada de esta Sala en cuanto a la competencia para conocer sobre los conflictos laborales de los docentes universitarios, que aun en el caso de los contratados, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, debido a la condición inherente de servidores públicos, por cuanto desempeñan una labor fundamental y muy específica al servicio de la educación y la comunidad.

Siendo esto así y por cuanto la presente causa trata de una demanda por cobros de prestaciones sociales, suscitada con ocasión a la prestación de servicio como docente por parte del demandante en el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (I.U.T.E.), ubicado en el Estado Mérida, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, esta Sala observa que la competencia para conocer del caso en autos, corresponde en primera instancia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes. Así se decide.

De manera pues, que ante los criterios jurisprudenciales citados, para la Sala es evidente que existe violación del orden público al quebrantarse normas referentes a la competencia,…”.

El criterio supra transcrito, fue reiterado en la sentencia de la misma Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1931, de fecha 16 de diciembre de 2009, con ponencia del Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, en el caso ANA MARÍA QUINTERO DE ARTEAGA, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG).

En tal sentido y con base a las consideraciones expuestas, este Tribunal acoge las doctrinas parcialmente transcritas relacionadas con las acciones incoadas por docentes contra universidades nacionales, por cuanto la titular de la presente acción fue contratada como docente universitaria en el COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV) y, en base a que la competencia se puede revisar en cualquier estado e instancia del proceso, este TRIBUNAL Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida se considera incompetente por la materia y declina la competencia para conocer del presente asunto en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, con sede en la ciudad de Barinas Estado Barinas. Así se decide.

III
DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: Su INCOMPETENCIA por razón de la materia para conocer de la reclamación de COBRO DE HORAS LABORADAS, interpuesta por la ciudadana BONNIE ELEANOR MC FADDEN, titular del pasaporte número P-213886060 en contra el COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV), Institución de Educación Superior creada mediante Decreto Presidencial Nº 2463, de fecha 30 de julio de 1992, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 35.016, de fecha 30 de julio de 1992, por lo que DECLINA la competencia para conocer de la presente acción al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo de La Región de Los Andes, con sede en la ciudad de Barinas, Estado Barinas, el cual es el competente para conocer de dicha reclamación.

SEGUNDO: Se ordena remitir original del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo de La Región de Los Andes, con sede en la ciudad de Barinas, una vez quede firme esta decisión.

Se ordena publicar, registrar y dejar copia certificada del presente fallo.

Publíquese, regístrese y déjese la copia certificada del presente fallo por secretaría.

Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

El Juez.

Abg. Alirio Osorio.
La Secretaria.

Abg. Yurahi Gutiérrez Quintero

En la misma fecha, siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana ( 8:55 a.m.) se publicó y registró el fallo que antecede.

La Secretaria.

Abg. Yurahi Gutiérrez Quintero