TSJ Regiones - Decisión

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN N° 02
EXTENSIÓN EL VIGÍA
El Vigía, 25 de julio de 2011
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2011-000140
ASUNTO : LP11-P-2011-000140

CAPITULO I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ACUSADOR: Abogado NELSON GRANADOS, Fiscal Séptimo de Proceso del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía.
ACUSADO: JEAN CARLOS ROA, venezolano, mayor de edad, de 29 años de edad, de estado civil: soltero, de oficio: chofer, hijo de Jesús Manuel Peña (v) y de Ofelia Esperanza Roa (v), residenciado en La Inmaculada, calle 10, casa Nº 7-30, cerca de “Fisel” alquiler de celulares, El Vigía, Estado Mérida.
DEFENSA: Abogados JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ y DANELLY SUÁREZ NOGUERA.
VICTIMA: LA COLECTIVIDAD

CAPITULO II
ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO

En fecha 28 de marzo de 2011, una vez verificada la presencia de las partes, se declaró con las formalidades de Ley, dar apertura al juicio oral y público, concediéndosele el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público abogada MARISOL MARTINEZ, quien explanó en forma oral la acusación inserta de manera escrita a los folios 82 al 92 de las actuaciones que conforman la causa, expresando que presentaba acusación en contra del ciudadano JEAN CARLOS ROA, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, corrigiéndose en el acto el error material del escrito acusatorio en cuanto a que se indicaba el segundo aparte del mencionado artículo. El Ministerio Público expuso las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos; enunció los elementos de convicción de su acusación, e igualmente ofreció las pruebas obtenidas e incorporadas en forma lícita enunciados en el mencionado escrito acusatorio. Requirió que la acusación fuese admitida en todas y cada una de sus partes, así como las pruebas, a los fines del enjuiciamiento del ciudadano JEAN CARLOS ROA como responsable del delito antes mencionado, y se diera apertura al juicio oral y público, manteniéndosele a éste la medida judicial preventiva de libertad.

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS.

“En fecha 22 de enero del 2011, a las 08:10 de la mañana, fue aprehendido en situación de flagrancia el ciudadano JEAN CARLOS ROA, por funcionarios adscritos a la Unidad de Investigaciones Criminales de la Comisaría Policial N° 05 de El Vigía, quienes se constituyeron en Comisión y se trasladaron hasta el sector La Inmaculada, avenida 10, casa sin número, diagonal a la casa 7-49, pintada de color verde, parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de allanamiento emitida por el Juez de Control Nº 7 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, en el Asunto Principal N° LP11-P-2011-000140, a fin de incautar Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en donde observaron que la puerta principal de dicha vivienda se encontraba abierta, procediendo ingresar la comisión policial, encontrando sólo un ciudadano quien manifestó ser inquilino y llamarse JEAN CARLOS ROA, procediendo a informarle el motivo de la presencia de la comisión policial, leer la orden de allanamiento en presencia de dos testigos, y notificándose al ciudadano si quería de la presencia de un abogado para que lo asistiera o de una persona de su confianza, respondiendo el mismo que no, designando el Jefe de la comisión al funcionario GUSTAVO CORREA como el encargado de realizar la inspección a la vivienda en presencia de los dos testigos y el ciudadano inquilino; al funcionario LIDIO BALZA y DEIBIS MÁRQUEZ como seguridad interna y el funcionario AMALIO ROJAS como seguridad externa, comenzando la inspección por la primera habitación, situada a mano derecha entrando a la vivienda, no encontrando nada; pasando a la segunda habitación también a mano derecha, no encontrando nada, luego la tercera habitación que funciona como cocina donde se incautó en un casco de color negro que se encontraba encima de un tobo de color verde, en la tapa, una bolsa transparente de tamaño regular atado en su extremo por su mismo material, y dentro del mismo un polvo blanco que expedía un fuerte olor de presunta droga (Cocaína), por lo que le notificaron al ciudadano JEAN CARLOS ROA que en vista de la situación y la evidencia incautada iba a quedar detenido, dándole a conocer sus derechos como imputado según lo establece el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, y puesto a la orden del Ministerio Público junto con la evidencia incautada.”

Por su parte, el Defensor Privado abogado JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ, expuso entre otras que: “En primer lugar rechazo la acusación en todas y cada una de sus partes en cuanto a sus hechos y su derecho; es totalmente falso que mi representado tenga toda la casa en el cual se hizo el allanamiento, por cuanto tiene alquilada es una sola habitación. En segundo lugar, es mentira que los funcionarios dicen que la puerta de la casa estaba abierta y que el único que se encontraba ese día era mi defendido; hasta el día de hoy en esa casa viven siete personas y ese día fueron detenidos MIRLA, BRAYAN, MERI, JEAN CARLOS y la señora MARBELYS que es propietaria de la casa, y se los llevaron a la casilla policial en Sur América, en la casa se quedó JERSON y KARINA que son niños hijos de la señora MARBELYS dueña de la casa; por eso es mentira que el único que estaba ese día era mi defendido; la puerta fue forzada, despegada de una de las bisagras, también es falso que la casa no tenía numero, cuando sí tiene, es la casa N° 7-30. Ahora bien, a mi detenido se lo llevan al Comando, y a otros se lo llevan a la casilla policial del Barrio Sur América, que los presionaron y les pidieron dinero, mi defendido está alquilado en una habitación, es chofer y llega en la noche a dormir, vale decir, que él no tiene nada que ver en el allanamiento que hicieron. También es importante destacar que existen tres componentes de sustancia que la fiscal dice que es difícil separar, veremos cuando lo diga el experto. Por otra parte, existe una jurisprudencia de fecha 21 de octubre de 2005 de la Sala Constitucional que dice que a pesar de que no sea la persona que busca, pero es la persona que abre la puerta se le podría dar validez a la orden de allanamiento; este no es el caso, se demostrará en este juicio una vez se escuchen las declaraciones. Desde ahora solicito la nulidad del procedimiento de la actuaciones policiales de conformidad al artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez se escuchen todas las declaraciones, y también una vez escuchada los órganos a evacuar, solicito una inspección en la vivienda que fue allanada, a los fines de verificar los daños que presentan la puerta principal. Así mismo, solicito al Tribunal si se comprueba en la inspección si en la vivienda viven más personas, se proceda a citar a esas personas que son las que hoy nombro.”

El Tribunal una vez escuchado los señalamientos de las partes, procedió a la admisión de la acusación del Ministerio Público, formulada en contra del imputado JEAN CARLOS ROA, venezolano, mayor de edad, de 29 años de edad, de estado civil: soltero, de oficio: chofer, hijo de Jesús Manuel Peña (v) y de Ofelia Esperanza Roa (v), residenciado en La Inmaculada, calle 10, casa Nº 7-30, cerca de “Fisel” alquiler de celulares, El Vigía, Estado Mérida; por el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, por los hechos supra señalados y narrados por la Vindicta Pública; toda vez que se encuentran llenos los extremos del articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente, fueron admitidas las pruebas en su totalidad, por ser consideradas lícitas, legales, útiles, pertinentes y necesarias, por cuanto se relacionan con los hechos imputados al acusado JEAN CARLOS ROA.
Así mismo, se le ratificó al acusado de autos del precepto constitucional correspondiente a la excepción de declarar en causa propia, o hacerlo en contra de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tal como lo consagra el artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así mismo se les indicó que en caso de prestar declaración lo harán sin juramento, instruyéndole que la declaración es un medio para su defensa, y en caso de no prestar declaración, no será un indicio de culpabilidad en su contra. Finalmente se le explicó al acusado el alcance y contenido del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, señalándose que las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, correspondientes al Principio de Oportunidad, previsto en el artículo 37 y siguientes; los Acuerdos Reparatorios, señalado en los artículos 40 y 42, y la Suspensión Condicional del Proceso, indicada en los artículos 42 y siguientes, todos previstos en la mencionada norma adjetiva, no son viables para el delito por el cual se le acusa.

Una vez concedido el derecho de palabra al acusado JEAN CARLOS ROA, previo a la advertencia preliminar conforme a las exigencias del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestó: “No deseo admitir los hechos y no deseo declarar”.

En fecha 08 de abril de 2011, continuando con el desarrollo del debate, el acusado JEAN CARLOS ROA, solicitó el derecho de palabra, e impuesto previamente de los derechos que le asisten, así como del derecho contenido en el artículo 49 Constitucional, manifestó: “Yo soy inocente de lo que de lo que me acusa la Fiscal del Ministerio Público, yo no tengo nada que ver con ese delito”.

En fecha 26 de abril de 2011, se declara abierto el acto del juicio oral y público, y se procede a escuchar la declaración del funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS, quien previo al juramento de Ley y señalar sus datos personales, expuso en relación al Acta Policial Nº 0006/2011, exponiendo entre otras cosas que: “Ratifico el contenido y firma de Acta Policial que se me coloca a la vista; eso fue un 22 de enero como a las 6 a.m. cuando llegamos la comisión a la vivienda, se entró, se revisó el área de la cocina, allí se visualizó un tobo, encima del tobo estaba un casco y dentro una bolsa con un polvo blanco.
A preguntas realizadas por el Ministerio Público, el funcionario respondió entre otras cosas lo siguiente: Yo estaba en compañía del Sub-Inspector MARVIN DUGARTE, el Cabo Segundo LIGIO BALZA, el funcionario MÁRQUEZ, y no recuerdo a los demás; eso fue en el sector La Inmaculada, calle 10, debajo de un local de reparación de teléfonos, nos trasladamos para cumplir una orden de allanamiento, yo realicé la inspección a la vivienda, nos acompañaron dos testigos, encontré en la evidencia en el área de la cocina un tobo, encima del tobo estaba un casco, y arriba del casco, una bolsa con polvo blanco; los testigos estaban ahí mientras hice la inspección, solo encontré esa evidencia de interés criminalístico la bolsa con el polvo blanco, pero no se que era porque no soy especialista en eso.
A preguntas realizadas por la Defensa, el funcionario respondió entre otras cosas lo siguiente: Habían en la casa como 5 o 6 personas, como dos hombres, como 4 mujeres, uno de los hombres estaba llegando, habían adolescentes pero no recuerdo exactamente cuantos ni de que sexos eran, no recuerdo bien porque a mí me tocó inspeccionar la vivienda y en eso me enfoqué; no sabría decirle quién es el propietario de la casa; la orden de allanamiento iba dirigida a un ciudadano y ese ciudadano estaba ahí, yo hablé con él y le manifestamos que se le iba a dar cumplimento a una orden de allanamiento; en definitiva le dimos curso a la orden y se hizo el allanamiento; la puerta de la casa estaba abierta porque iba entrando un ciudadano a esa vivienda, nosotros no dañamos ninguna puerta, en ningún momento tuvimos que ejercer la fuerza, entrando a la casa a mano derecha estaba la cocina, se aprecia un marco sin puerta, vimos ahí el tobo, el tobo estaba tapado, arriba el casco y dentro estaba la bolsa con la sustancia, la bolsa era transparente, una sola persona detuvimos quien era a la que iba dirigida la orden, que era JEAN CARLOS ROA, cuando lo detuvimos se le leyeron los derechos, se le hace la valoración médica, se lleva al Comando, íbamos en una sola patrulla como cinco o seis funcionarios, nosotros todos trabajamos de civil porque somos funcionarios de inteligencia; en el momento de la investigación no vimos el número de nomenclatura visible, y de eso dejamos constancia, la orden de allanamiento iba dirigida a una sola persona y por eso fue a él a quien detuvimos, la orden era para el investigado y por eso lo detuvimos a él, yo llevé a Mérida la sustancia y al imputado, lo volví a traer a El Vigía y lo dejé en el retén, la casa allanada tiene cuatro habitaciones, con la persona que yo me entrevisté me manifestó que el investigado estaba ahí, que pernoctaba allí, yo estaba en compañía de los dos testigos; los funcionarios estaban efectuando cada quien su misión.
A preguntas realizadas por el Tribunal, el funcionario respondió entre otras cosas que: En ese procedimiento como en todos los demás los funcionarios nos dividimos para garantizar la seguridad interna y externa, hay un funcionario que ve todo lo que se hace, la externa es para que nadie entre o salga de la vivienda, el mismo investigado JEAN CARLOS cuando se le preguntó dijo delante de los testigos que a él lo llamaban desde muy joven “El Brayan”; nosotros fuimos los mismos funcionarios quienes llevamos a cabo la recolección de investigación, la manejamos, la procesamos y solicitamos la orden de allanamiento.

En fecha veinticinco de mayo de dos mil once, se continúa con la recepción de la pruebas, haciéndose ingresar a la sala de audiencias al funcionario MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA, quien previo al juramento de Ley y señalar sus datos personales, expuso en relación Acta Policial Nº 0006/2011 inserta al folio 03 de la causa, manifestando entre otras cosas lo siguiente: “Ratifico el contenido y firma del Acta que se me puso a la vista; eso fue el 22 de enero del 2011 aproximadamente a las 7:30 a.m. en el sector La Inmaculada, calle 10, al mando mío, había una comisión de cuatro funcionarios policiales de la Sub-Comisaría Policial N° 05 de El Vigía y dos testigos a realizar orden de allanamiento, llegamos a la vivienda para lo cual la puerta estaba abierta, ingresamos y encontramos a un ciudadano que dice llamarse JEAN CARLOS ROA, procedí a leerle el Acta de Allanamiento junto con los testigos, luego asigné al funcionario Agente GUSTAVO CORREA a revisar la vivienda en compañía de los dos testigos, ubiqué a AMALIO ROJAS a seguridad externa y el Cabo Segundo BALZA y Distinguido MÁRQUEZ a seguridad interna, el funcionario Correa procedió a revisar la vivienda, primero dos habitaciones y no se encontró nada y en la tercera habitación que funcionaba como cocina, el funcionario me señaló que en un tobo había un casco y dentro del casco una bolsa transparente con polvo color blanco y olor fuerte donde se presumió que era droga, se le informó al ciudadano que iba a quedar detenido, se le leyeron sus derechos, se trasladó al hospital para realizarle la respectiva pruebas y luego se trasladó al Comando Policial.
A preguntas realizadas por el Fiscal del Ministerio Publico, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: La incautación de la droga se encontraba en la cocina a mano derecha entrando, dentro de un tobo; entra solo a revisar la habitación el funcionario Gustavo Correa junto con los dos testigos; lo que observé que había un tobo y dentro de este un casco y dentro del casco una bolsa con un olor fuerte donde se presumió que era presunta droga, todo se hizo en presencia de los testigos; el imputado no opuso resistencia cuando se detuvo.
A preguntas realizadas por la defensa, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Cuando ingresamos a la vivienda entré junto con los dos testigos, no forzamos la puerta porque estaba abierta, el ciudadano JEAN CARLOS estaba solo cuando nosotros llegamos; el ciudadano JEAN CARLOS manifestó que él estaba alquilado allí en la vivienda; la orden no iba a nombre de JEAN CARLOS porque la orden tenía lo del apodo “Brayan”; el ciudadano mostró la cédula y nosotros presumimos que era el hoy acusado el del apodo; solo fuimos en la patrulla del Comando policial; la sede principal y la oficina del Comando está en Sur América; en la Unidad 275 fue donde se trasladó al detenido al hospital, el vehiculo Focus negro es solo para unidad de investigaciones.
A preguntas realizadas por la defensa, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Cuando llegamos a la vivienda observe que la puerta estaba abierta no vi ingresar a nadie dentro de la misma; que yo me recuerde yo no observe que Correa conversara con alguien dentro de la vivienda, iba normal con los testigos; cuando Correa me llama yo estaba como en la parte del centro de la casa, como de pared a pared de esta sala; el agente Gustavo Correa es el que revisa las habitaciones; el acusado habitaba en la primera habitación de la vivienda; la habitación de la cocina es libre no tienen puerta; los funcionarios estábamos de civiles, andábamos en la unidad Focus negra; nosotros le leímos la orden al hoy acusado.
Se deja constancia que el Tribunal no realizo preguntas.-

Seguidamente, el Tribunal llama a declarar a funcionario, LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ, quien previo al juramento de Ley, expuso en relación Acta Policial Nº 0006/2011 inserta al folio 03 de la causa, manifestando entre otras cosas lo siguiente: ”Ratifico el contenido y firma del acta que se me puso a la vista; eso fue el 22 de enero del presente año, como a las 7 a.m., se trasladó la comisión de policía a una vivienda para hacer una orden de allanamiento, al llegar a la vivienda estaba la puerta abierta, entramos con los testigos y estaba un ciudadano, el Jefe DUGARTE lo identificó, allí el funcionario Jefe distribuyó la seguridad y fui comisionado a seguridad interna, posteriormente se le dio lectura a la orden de allanamiento, de allí se continuo con la revisión en la primera y segunda habitación no se consiguió nada y en la tercera habitación que funciona como cocina, nos llamaron para observar, estaban los testigos, es allí que podemos visualizar que encima de un tobo se encontraba un casco y en la parte interna de este observamos una bolsa plástica transparente que tenía un polvo blanco y olor fuerte, de allí se le dice al ciudadano que estaba detenido por encontrarse la sustancia incautada, se le leyeron sus derechos, luego se trasladó en la Unidad 275 creo que para el hospital a realizarse los exámenes correspondientes y luego se trasladó al Comando policial.
A preguntas realizadas por el Fiscal del Ministerio Público, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Mi función fue de seguridad interna; la seguridad interna hace referencia que la seguridad dentro de la vivienda pero sin entrar a los cuartos; el funcionario CORREA fue quien hizo la revisión minuciosa de los cuartos; en el momento que se encontró la droga nosotros estábamos cerca, porque estábamos dentro de la vivienda, nos llamó el funcionario CORREA que estaba con los testigos, quienes se encontraban cuando hallaron la droga.
A preguntas realizadas por la defensa, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Cuando ingresamos a la vivienda se encontraba un solo ciudadano(acusado); nosotros cuando llegamos le informamos del motivo de nuestra visita; el acusado no manifestó nada; no se en cual habitación dormía el ciudadano (acusado); éramos cuatro funcionarios, todos andábamos de civil; nosotros llegamos a la vivienda en un sólo vehículo y una moto, no recuerdo bien; yo llegué en un vehículo; la orden iba dirigida a un ciudadano apodo “Brayan”; debe haber una investigación previa obligatoria que es la que determina que el ciudadano apodo “Brayan” es la misma persona que se encuentra en el inmueble y a quien va dirigida la orden de allanamiento; sí participe en la investigación previa a solicitar la orden de allanamiento; uno durante la investigación no sabe el nombre porque cuando se está investigando sólo decían el apodo, por ejemplo a usted la conocen es por “La Gata” mas que por su nombre; el funcionario CORREA nos llamó cuando encontró la presunta droga; CORREA llamó a dos funcionarios cuando encontró la presunta droga, yo solo doy fe de mi persona y debería preguntarle a cada uno, yo observé la presunta droga y tenía olor fuerte; no se porque la puerta de la vivienda estaba abierta cuando llegamos; cuando llegamos no ingresó nadie a esa vivienda; la presunta droga se consigue en la cocina entrando a mano derecha; es como una habitación pero funciona como cocina; desde lo que yo considero que es la sala de la vivienda no se observaba la droga.
A preguntas realizadas por el Tribunal, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: El apodado “Brayan” resultó ser de apellido ROA; cuando salimos habían personas por todos lados; creo que el ciudadano ROA era inquilino de la vivienda; en la investigación yo estuve y observé al ciudadano (acusado) en aptitud sospechosa porque entraban y salían personas de esa vivienda y los que nos dieron la información de lo que sucedía en la vivienda fueron las personas cerca del lugar y fue lo que nos motivó a la investigación.

El Tribunal a llamar a declarar al funcionario, DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO, quien previo al juramento de Ley, expuso en relación Acta Policial Nº 0006/2011 inserta al folio 03 de la causa, manifestando entre otras cosas lo siguiente: ”Ratifico el contenido y firma del Acta que se me puso a la vista; eso fue un sábado 22 de enero del 2011, se formó una comisión al mando de DUGARTE y de cuatro compañeros, fuimos al Sector La Inmaculada, en la calle 10, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de allanamiento, llegamos en la unidad creo 377 de nosotros, al llegar a la vivienda la puerta estaba abierta, ingresamos con los testigos y se encontró a un ciudadano, el jefe de la comisión le informó el motivo de nuestra presencia, el ciudadano manifestó llamarse JEAN CARLOS ROA, el Jefe comisionó a CORREA GUSTAVO para que realizara la inspección al ciudadano y a la vivienda, y al funcionario BALZA y mi persona como seguridad interna y a AMALIO ROJAS como seguridad externa, se leyó la orden en presencia de los testigos y comenzó la inspección, él reviso dos cuartos a mano derecha y luego otra habitación que funciona como cocina y luego llamó al Jefe DUGARTE y él se acercó y manifestó que había encontrado una bolsa transparente y también nos llamó para que viéramos, allí estaban los dos testigos presentes, la bolsa estaba contentivo de un polvo blanco, de allí salimos a la sala y el Jefe le dijo al ciudadano que iba a quedar detenido, se llevó al hospital y después al Comando y se informó a la Fiscal de guardia.
A preguntas realizadas por el Fiscal del Ministerio Público, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Mi función era de seguridad interna junto con Balza; lo que observé era una bolsa transparente y tenía un polvo blanco por dentro; el Agente CORREA fue el que inspeccionó; el ciudadano (acusado) colaboró con la comisión y no tuvo actitud extraña; CORREA estuvo con los testigos en el momento que se encuentra la droga.
A preguntas realizadas por la defensa, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Llegamos en una camioneta Focus negra; no llegó otro vehiculo con nosotros; yo no estuve en la investigación; no recuerdo quien pidió la orden; después que se realizó la inspección creo que sí llegó otra Unidad; no recuerdo en que Unidad se trasladó al ciudadano al hospital; no habían mas personas en la vivienda cuando llegamos; el acusado no manifestó nada; exactamente no recuerdo donde estaba el acusado cuando le leyeron la orden, pero sí estaban los testigos; desde el sitio donde yo estaba ubicado no se observa donde estaba la droga; cuando yo llegué a observa fue porque me llamaron, se observaba a simple vista que era polvo blanco; no recuerdo quien llevó al acusado porque yo me fui con los testigos; cuando salimos si habían personas afuera; no recuerdo si llegaron funcionarios en una moto; la sede está en Sur América; no llevamos al ciudadano para esa sede de Sur América sino al hospital y al Comando; cinco funcionarios ingresamos a la vivienda y dos testigos; nosotros llegamos en la Unidad 377, y los testigos se ubican cerca del lugar a allanar, no recuerdo quien buscó a los testigos; ingresamos todos a la vivienda junto con los testigos; a la Unidad ingresamos a veces hasta ocho funcionarios; CORREA y el conductor AMALIO trasladan al acusado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Mérida junto con la droga; el acusado no manifestó nada y si hablaría fue con el Jefe; mi función era que no ingresara nadie a la vivienda; creo que la orden iba a nombre de “Brayan”; para determinar que la persona que estaba en la vivienda es la misma de la orden se hace por una investigación previa; por la investigación es que se determina si en la vivienda venden droga; la investigación no fue mía yo venia de estar libre de dos o tres días.
A preguntas realizadas por el Tribunal, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Si sabía lo que íbamos a buscar, en este caso fue para buscar droga.

Seguidamente, el Tribunal a llamar a declarar al funcionario AMALIO ROJAS DAVILA, quien previo al juramento de Ley, expuso en relación Acta Policial Nº 0006/2011 inserta al folio 03 de la causa, manifestando entre otras cosas lo siguiente: ”Ratifico el contenido y firma del Acta que se me puso a la vista; eso fue el 22 de enero a las 7:30 a.m. día sábado, se formó una comisión por cuatro funcionarios al mando del Jefe DUGARTE, nos dirigimos a la calle 10, casa amarilla con marrón, a realizar una orden de allanamiento, una vez que llegamos al sitio encontramos la puerta abierta, ingresamos y estaba un ciudadano, el Jefe comisionó a CORREA a que realizara la inspección, a otros dos funcionarios BALZA y MÁRQUEZ seguridad interna, y como seguridad externa mi persona, salí a la parte de afuera de la vivienda y ellos comenzaron a realizar la inspección.
A preguntas realizadas por el Fiscal del Ministerio Público, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Yo me ubiqué frente a la vivienda; no salio ni ingresó nadie a la vivienda cuando llegó la comisión.
A preguntas realizadas por la defensa, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: Nosotros llegamos en la Unidad 377 y esta no tiene ninguna insignia, es una Focus negra, siempre estamos de civil cuando vamos a actuar; la sede está en Sur América; cuando llegamos al sitio iba un vehículo y una moto; fuimos cinco funcionarios incluyendo al de la moto; los testigos se buscaron cerca de la vivienda; sí ingresamos a la vivienda, habían dentro de la vivienda los funcionarios actuantes, dos testigos y el aquí ciudadano (señaló al acusado); no recuerdo que hubiesen adolescentes dentro de la casa; llamamos a otra Unidad 375 para llevar al ciudadano al hospital y luego al retén; cuando encontraron la droga yo no entré porque estaba de seguridad externa; para el momento del procedimiento sólo nos llevamos al ciudadano que iba dirigida la orden de allanamiento; cuando entré, solo estaba el ciudadano (acusado), no se si habían mas personas porque si estaban, estarían en los cuartos; determinamos que el ciudadano es el de la orden de allanamiento porque se encontraba en la casa; no participé en la investigación previa a solicitar la orden de allanamiento; la investigación puede durar días o meses, no tienen límites; el funcionario CORREA fue quien se encargó de la cadena de custodia.
A preguntas realizadas por el Tribunal, el funcionario responde entre otras cosas lo siguiente: No recuerdo quien iba en la moto; dentro de la unidad Focus iba BALZA y DUGARTE; yo iba como conductor de la Unidad; busqué a los testigos y los dirigí hacia la casa; frente a la vivienda del otro lado de la carretera habían personas del sexo masculino pero mas que todo del sexo femenino y mayores de edad; ninguna persona me dijo nada para poder ingresar a la vivienda ni tampoco preguntaban nada; no llevé al detenido al hospital; yo trasladé a los testigos a la sede; desconozco quien trasladó al acusado.

En fecha 08 de junio de 2011, fecha fijada a los fines de continuar con el debate oral y público, por no existir órganos de prueba que recepcionar, el Tribunal pasa a la recepción de una de las pruebas Documentales, tal y como lo prevé el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo debidamente la ORDEN DE ALLANAMIENTO, emitida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 07, en fecha 21 de enero de 2011 y la cual obra inserta al folio 13 de las actuaciones que integran la presente causa. De su contenido se evidencia su finalidad: incautar 2SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, según investigación que adelanta la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, e igualmente dirigida al ciudadano apodado “EL BRAYAN”, o en su defecto al propietario, inquilino u ocupante del inmueble ubicado en el “sector La Inmaculada, Calle 10, casa sin número, diagonal a la casa 7-49, pintada de color verde, Parroquia Presidente Páez, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, casa de un nivel construida en bloque y cemento frisada, paredes de color amarilla y marrón, una puerta de acceso de color marrón, una ventana de color marrón y a su izquierda un portón de color marrón; como punto de referencia al lado de Sistema y Computación C.A.”

En fecha 16 de junio de 2011, se procede a llamar al Experto LUIS SÁNCHEZ, quien previo al juramento de Ley, expuso en relación a la Inspección Nº 0091 de fecha 23 de enero de 2011, inserta al folio 81 y vuelto, manifestando entre otras cosas lo siguiente: “Reconozco el contenido y la firma de la Inspección que se me pone a la vista; esa fue una inspección que se realizó a una vivienda en La Inmaculada, avenida 10 con calle 8, casa N° 7-30, posee su fachada elaborada en bloque de cemento con un portón de metal y ventanas de metal del mismo color, al trasponer la misma se observa un pasillo con paredes de color rosado, posee cinco habitaciones; posterior al pasillo se aprecia el área de la cocina con techo de láminas de zinc, con enseres propios del espacio.
A preguntas realizadas por el Fiscal del Ministerio Público, el experto responde entre otras cosas lo siguiente: Para el momento de la Inspección todo estaba dentro de la normalidad y orden.
A preguntas realizadas por la defensa, el experto responde entre otras cosas lo siguiente: Fui acompañado del Agente CARLOS MONTILLA, nos atendió la propietaria o inquilina, para el momento una señora creo que de nombre MARBELIS, quien nos permitió el acceso a la vivienda e hicimos la inspección, y sí nos indicó que en la parte donde estaba ubicada la cocina a mano derecha era el sitio del suceso; fui en compañía de CARLOS MONTILLA a identificar al Imputado en la policía; no me entrevisté con personas en la calle, pero el otro funcionario sólo se entrevistó con la señora que nos acompañó a inspeccionar el Inmueble.

En fecha 06 de julio de 2011, se procede a tomar la declaración de la Experta LAURA VANESSA SANTIAGO BRUGNOLI, quien previo al juramento de Ley, expuso en relación a la Experticia Química Botánica Nº 9700-067-00218 y Toxicológica In Vivo Nº 9700-067-00219, ambas de fecha 23 de enero de 2011, inserta a los folio 77 y 78 de la causa, señaló lo siguiente: “Reconozco el contenido y la firma de ambas experticias; ambas fueron suscritas junto con YASMIN MORALES en virtud de que la declaración de ambas sea válida; la Experticia Química consiste en la descripción de las muestras, envoltorio de material sintético flexible transparente con un peso bruto de 187 gramos con 800 miligramos; las muestras recibidas consistían en un polvo blanco con un peso neto 185 gramos con 700 miligramos; los análisis correspondientes a este polvo blanco dieron como resultado Clorhidrato de Cocaína, Levamizol y Fenacetina, de los cuales se encontraba en mayor proporción el Clorhidrato de Cocaína y la Fenacetina y la otra Levamizol, menor porcentaje; la Toxicológica In Vivo se le tomaron muestra de sangre, orina y raspado de dedos de los cuales arrojaron como resultado negativo para Alcohol, cocaína, Marihuana y Heroína.
El Fiscal del Ministerio Público no realizó preguntas a la Experta.
A preguntas realizadas por la defensa, la experto responde entre otras cosas lo siguiente: En el laboratorio no contamos con equipos para establecer las cantidades de los componentes, sin embargo existen equipos que pueden cuantificarlos; para determinar que había cocaína, Fenaticina y Levamizol utilizamos con colaboración de la Facultad de Farmacia un equipo que se llama Cromatógrafo de gases, este equipo tiene una amplia base de datos, con muchos componentes el cual arroja un tipo específico para cada componente y dependiendo del tamaño del “pico” sabemos qué porcentaje presenta cada una; en este caso las muestras son los que llamamos pruebas de orientación, en este caso cuando se trata de Cocaína pura el reactivo de Scott da azul turquesa y en este caso dio puntos azul turquesa que eso determina la presencia de Cocaína, pero no como algo homogéneo, por lo tanto es una mezcla.
A preguntas hechas por el Tribunal, la experto responde entre otras cosas lo siguiente: El raspado de dedos se utiliza para determinar si la persona ha manipulado marihuana y no cocaína, porque la marihuana tiene una resina que queda en los dedos mientras que la cocaína es hidrosoluble, es decir, soluble en el agua.

En este estado, el Tribunal por cuanto los testigos YOVANY DIONISIO GARCÍA RANGEL y DOUGLAS ALEXIS DUQUE HERNÁNDEZ fueron citados por este Tribunal por intermedio del cuerpo de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, de conformidad con el artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal, evidenciándose de las resultas de las correspondientes Boletas que las direcciones para ser localizados dichos ciudadanos, no fueron localizadas aunado a que no fue posible de que dieran información sobre el paradero de dichos ciudadanos; se ordena de conformidad con el artículo 188 eiusdem, comisionar a la Policía para su localización, resultando de las diligencias del Jefe de la Comisaría Policial Nº 12 de El Vigía, negativa la búsqueda, tal como consta de oficio Nº 170, inserto al folio 262, donde se informó al Tribunal que no pudieron ser ubicados en las direcciones aportadas e igualmente que los vecinos del sector informaron que no residen en sector indicado. En este mismo sentido, de la Sub Comisaría Policial Nº 12, mediante oficio Nº 199, igualmente informaron que no se encontró la dirección y que las personas del sector no los conocían, tal y como consta al folio 275 y vuelto. Por último, se ordenó el mandato de conducción por la Fuerza Pública de los mencionados testigos para se practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informando el Jefe de la Sub Delegación El Vigía mediante oficio Nº 1921 que la dirección la aportaba era la Brigada de Inteligencia de la Policía del Estado Mérida, quienes tienen la información reservada. Debido a no logar la ubicación de los testigos, el Tribunal en atención al Principio de celeridad procesal y habiéndose agotado todas las diligencias pertinentes, procede a continuar el debate.

Seguidamente, se pasa a la recepción de las pruebas Documentales, tal y como lo prevé el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en el siguiente orden:
1.- Acta de Allanamiento de fecha 22-01-2011, inserta a los folios 06 al 09 de las actuaciones que integran la presente causa;
2.- Inspección Nº 0091, inserta al folio 81 de las actuaciones que integran la presente causa;
3.- Experticia Química Botánica Nº 9700-067-00218, inserta al folio 77 de las actuaciones
4.- Experticia Toxicológica In Vivo Nº 9700-067-00219, ambas de fecha 23-01-2011, inserta al folio 78 de la causa.

Declarada terminada la recepción de pruebas, de conformidad con el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal, la representante Fiscal del Ministerio Público y la Defensa privada expusieron sus conclusiones.
De acuerdo a lo expuesto en conclusiones por parte del representante de la Fiscalía del Ministerio Público, abogado NELSON GRANADOS, expuso entre otras cosas que: “Esta Representación Fiscal procede a realizar las conclusiones referente al juicio que acabamos de concluir. Escuchamos de la Experta LAURA SANTIAGO respecto de la clara existencia de una sustancia ilícita en la cual resultó un peso de 185 gramos con 700 miligramos, sustancia claramente ilegal de acuerdo a la Ley Orgánica de Drogas. También ésta experta pudo determinar que para el momento de realizarse la experticia toxicológica In Vivo al acusado, resultó negativo en sangre, orina y raspado de dedos, circunstancia que da a entender que este ciudadano no estuvo en contacto con marihuana el día previa a la realización de dicha experticia, circunstancias que en derecho se entiende que hay una comprobación del cuerpo del delito. Observa igualmente esta Representación Fiscal que los funcionarios actuantes en el procedimiento, existen evidentes contradicciones entre lo que dijeron cada uno de ellos entre sí y entre lo que aparece en actas de investigación. Por otra parte el Ministerio Público observa con preocupación como los funcionarios actuantes, no toman las precauciones debidas a fin de poder verificar la ubicación de los testigos del procedimiento ciudadanos YIOVANNY DIONISIO GARCÍA y DOUGLAS ALEXIS DUQUE, teniendo como clara consecuencia el no poder escuchar sus testimonios y la verificación de los hechos que ocurren el 22 de febrero de 2011 a las 08:00 a.m., circunstancia que pido igualmente se tome en consideración. Finalmente, quiero solicitar que de ser el caso de una sentencia absolutoria con las circunstancias últimas mencionadas, se sirva dejar constancia, salvo mejor criterio, de cada uno de estos elementos por cuanto el Ministerio Público considera que no se deben sustentar procedimientos sobre bases tan poco firmes y que traen como consecuencia el encontrar una justicia dada por fallas y no por el esclarecimiento de la verdad. Solicito desde ya me sea expedida copia certificada tanto del acta del día de hoy como de la sentencia a que tenga a bien emitir el Tribunal.”

Seguidamente, la Defensa abogado JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ procedió a explanar sus conclusiones, señalando, entre otras cosas que: “En nombre y representación de mi defendido debo manifestar que en la oportunidad en que se apertura el juicio manifestaba al Tribunal que mi protegido jurídico no se llamaba “Brayan” sino que por el hecho de estar en la vivienda se lo llevan detenido. Igualmente, en la vivienda donde practican el allanamiento los funcionarios, se encontraba la dueña de la vivienda, dos muchachas, dos adolescentes, mi protegido y la persona que iba a buscar los funcionarios que le dicen “Brayan”, que habían sido trasladadas todas las personas para la Delegación que tienen ubicadas en el Barrio Sur América, que posteriormente a todos los detienen estando en el calabozo “Brayan” y mi defendido que lo que no se explica es que como a las dos horas sacan a “Brayan” y no queda más ninguna otra persona detenida siendo que le cobraron a las demás personas y ellos le estaban exigiendo a mi defendido cinco millones de bolívares para sacarlo. Es importante traer a colación en conclusiones que cuando vimos la entrevista de GUSTAVO ANTONIO CORREA es el funcionario que entra con los demás a la vivienda y ahí es que vienen sus contradicciones. A preguntas de la Defensa dice que había cinco o seis personas como dos hombres y cuatro mujeres. Uno de los hombres estaba llegando, había adolescentes y no recuerda cuántos y de qué sexo eran. Dicen que iba entrando un ciudadano y ellos aprovechan y entran. De esa declaración, si se compara con las otras declaraciones todos negaron que hubiesen personas en la casa, y haber participado en un procedimiento de investigación, negaron haber entrado con otra persona, negaron hasta que tenían la sede en el Sector Sur América. Pero todavía del procedimiento supuesto que hicieron dicen que son vecinos del sector quienes dieron la información, pero el experto que realiza la inspección del sitio del suceso manifestó que normalmente ellos le preguntan a los vecinos y él manifestó que se había entrevistado con la dueña de la casa, entonces si está alquilada, como es que la dueña de la casa estaba ahí, cómo sabe entonces la dueña de la casa dónde está la droga si ella no estaba en la casa el día del procedimiento. Este es un procedimiento montado por los funcionarios policiales y como mi cliente no tenía dinero por eso es que está detenido. Entendí que el Fiscal del Ministerio Público fundamentado en las contradicciones de los funcionarios y que no hay otro dicho, prácticamente dijo que era una sentencia absolutoria. Tanto de la Sala Constitucional y Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se ha establecido que el solo dicho de los funcionarios no es suficiente para emitir una sentencia condenatoria. Si bien es cierto lo que acaba de decir el Ministerio Público con la experta se logra comprobar el cuerpo del delito pero no la responsabilidad de mi representado y con los funcionarios se demostró las contradicciones en que incurren en un procedimiento. No sabemos si las personas que fungen como testigos participaron en ese procedimiento, ya que los funcionarios aportan direcciones al Tribunal que no existen. Lo que sí es importante es que se abra una investigación a los funcionarios por la Fiscalía de Derechos Fundamentales. En consecuencia, comparto el criterio del Ministerio Público en el sentido de que la Sentencia que debe emitir el Tribunal sea Absolutoria.

Se deja constancia que ni el Fiscal del Ministerio Público, ni la defensa ejercieron su derecho a réplica.

Siendo las 03:45 horas de las tarde, el Tribunal declara cerrado el debate y aplaza el Juicio por el lapso de veinticinco minutos a los fines de dictar la dispositiva de sentencia, donde se declaró al acusado JEAN CARLOS ROA, INCULPABLE.

CAPITULO III
DETERMINANCION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS

El Tribunal, apreciando las pruebas debatidas en el juicio oral y público, observando las reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencia, tal como lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, consideró en cuanto a los hechos, las circunstancias de tiempo y lugar, así como el objeto material del delito. Sin embargo no fue determinada la participación del acusado JEAN CARLOS ROA en la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

En principio, es determinante a los fines de establecer que alguna persona pueda incurrir en alguno de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas, que los estupefacientes y sustancias psicotrópicas sean de los que figuren en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Enmendada por el Protocolo de 1972, y las listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, aprobado por las Naciones Unidas, como lo son entre otras, la Cocaína y sus derivados. Estas sustancias, efectivamente son ilícitas, tal como lo enmarca el artículo 3 numerales 12 y 29 de la mencionada Ley antidrogas.
La sustancia ilícita de la cual alude el Ministerio Público en el presente Asunto Penal, en cuanto a su peso neto y componente, corresponde a: “185 GRAMOS con 700 MILIGRAMOS” de “CLORHIDRATO DE COCAÍNA, FENACETINA Y LEVAMIZOL”, tal como lo expuso en el debate la experto LAURA VANESSA SANTIAGO BRUGNOLI, quien previo al juramento de Ley, ratificó la Experticia Química Botánica Nº 9700-067-00218 inserta al folio 77 de las actuaciones que conforman la causa. Así mismo refirió, que de los análisis correspondientes al polvo de color blanco, se encontraba en mayor proporción el Clorhidrato de Cocaína, y que en cuanto a la descripción de las muestras, se trataba de un envoltorio de material sintético flexible transparente. En este mismo sentido, la mencionada experticia fue incorporada al debate por su lectura, donde se verificó ampliamente el tipo de droga, peso neto y bruto antes mencionada, y la descripción del envoltorio donde se encontraba la droga, elaborado en material sintético flexible transparente atado en sus extremos con el mismo material.

De acuerdo a lo anterior, se determina que la muestra aportada por los funcionarios policiales actuantes, mediante Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, correspondió a una sustancia ilícita de “CLORHIDRATO DE COCAÍNA”, mezclada con Fenacetina y Levamizol, con un peso neto de “185 GRAMOS con 700 MILIGRAMOS”.

El procedimiento realizado por los funcionarios aprehensores y quienes incautaron la droga supra mencionada, fue apreciado de manera objetiva en el Capítulo I de la presente sentencia.
Tenemos que la comisión para llevar a efecto la orden de allanamiento estaba conformada por los funcionarios MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA como Jefe de la comisión, GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS encargado de la inspección de la vivienda; LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ y DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO encargados de la seguridad interna, y el funcionario AMALIO ROJAS DAVILA encargado de la seguridad externa, todos adscritos a la Unidad de Investigaciones Criminales de la Comisaría Policial N° 05 de El Vigía del Estado Mérida; quienes ratificaron contenido y firma del Acta Policial N° 0006/11 de fecha 22 de enero de 2011, cuyo contenido se refiere al Acta de Allanamiento de fecha 22 de enero de 2011, inserta a los folios 06 al 09 de las actuaciones que integran la causa y la cual fue incorporada al debate por su lectura, apreciándose del contexto de ésta, la actuación que realizaron los funcionarios policiales en el acto del allanamiento en la residencia donde fue aprehendido el acusado JEAN CARLOS ROA.

Por la declaración de la mayoría de los funcionarios actuantes, se determinó, pese a lo insuficiente de sus declaraciones, el día y el lugar donde se llevó a cabo el allanamiento.
Señaló el funcionario MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA actuando como Jefe de la comisión, que el allanamiento se había realizado el 22 de enero del 2011, en el sector La Inmaculada, calle 10. En este mismo sentido el funcionario DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO precisó que había sido un sábado 22 de enero del 2011, cuando se formó una comisión en el Sector La Inmaculada, calle 10, a dar cumplimiento a una orden de allanamiento. Por su parte el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS expuso igualmente que el 22 de enero llegó la comisión a la vivienda ubicada en el sector La Inmaculada, calle 10, debajo de un local de reparación de teléfonos. El funcionario AMALIO ROJAS DAVILA señaló que el 22 de enero, día sábado, se dirigieron a la calle 10, casa amarilla con marrón; sin embargo éste no especificó el sector. El funcionario LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ, sólo se limitó a señalar que el allanamiento se había efectuado el 22 de enero del presente año, sin señalar la dirección.

De manera objetiva y más precisa, el experto LUIS SÁNCHEZ adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación El Vigía, expuso en relación a la Inspección Nº 0091 de fecha 23 de enero de 2011, inserta al folio 81 y su vuelto, señalando que la inspección la realizó en una vivienda ubicada en el sector La Inmaculada, avenida 10 con calle 8, casa N° 7-30, y que dentro de la misma aparte de habitaciones, se apreciaba el área de la cocina ubicada a mano derecha donde se especificaba que era el sitio del suceso.

De acuerdo a dicha declaración, es preciso referir lo manifestado por el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS, cuando expone: “… en el momento de la investigación no vimos el número de nomenclatura visible,…”. Por su parte, los demás funcionarios no refirieron en sus declaraciones, la nomenclatura de la vivienda allanada, pese a estar presentes en el procedimiento.

En cuanto a la hora de cuando se llevó a efecto el procedimiento, sólo fueron contestes el Jefe de la comisión MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA y el funcionario AMALIO ROJAS DAVILA cuando indicaron que había sido a las 7:30 a.m.; por su parte el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS señaló las 6:00 a.m.; el funcionario LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ precisó que eran las 7:00 a.m.; y el funcionario DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO no indicó la hora.
Del hecho narrado por el Ministerio Público, y por el cual se acusa a JEAN CARLOS ROA, se señaló que en fecha 22 de enero del 2011, a las 08:10 de la mañana, fue aprehendido en situación de flagrancia el ciudadano JEAN CARLOS ROA, por funcionarios adscritos a la Unidad de Investigaciones Criminales de la Comisaría Policial N° 05 de El Vigía, quienes se constituyeron en Comisión y se trasladaron hasta el sector La Inmaculada, avenida 10, casa sin número, diagonal a la casa 7-49, pintada de color verde, parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de allanamiento.
Como puede apreciarse de la narración del hecho, en el mismo se indicó de manera precisa la fecha, esto es, el día, mes y año de cuando se llevó a cabo el allanamiento (22 de enero del 2011), e igualmente se detalló la dirección de donde se constituyó la comisión policial a los fines de materializar el allanamiento (sector La Inmaculada, avenida 10, casa sin número, diagonal a la casa 7-49, pintada de color verde, parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida), de igual manera fue determinada la hora de la aprehensión del acusado de autos (08:10 a.m.).

En este orden de ideas, es necesario resaltar que los funcionarios en sus actuaciones deben ser más cuidadosos y detallistas en sus declaraciones ante el Tribunal, máxime cuando se trata de un hecho punible tipificado en la Ley Orgánica de Drogas, el cual conlleva privativa de libertad como lo fue en el presente caso el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Se hace mención de los delitos de esta especie, toda vez que son delitos de lesa humanidad, y consecuencialmente atentan contra la colectividad y el Estado Venezolano, tal como la ha señalado en reiteradas decisiones el Tribunal Supremo de Justicia.

Indicaron los funcionarios antes mencionados, a excepción del funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS, en cuanto a que al llegar a la residencia a allanar, la puerta de la misma se encontraba abierta y dentro de la residencia de la calle 10 se encontraba solamente el hoy acusado. El mencionado funcionario agregó que: “… la puerta de la casa estaba abierta porque iba entrando un ciudadano a esa vivienda,…”, además indicó que: “Habían en la casa como 5 o 6 personas, como dos hombres, como 4 mujeres, uno de los hombres estaba llegando, habían adolescentes pero no recuerdo exactamente cuantos ni de que sexos eran, no recuerdo bien,…”.

Tal situación, genera dudas en el ánimo del juzgador, en cuanto a que el acusado JEAN CARLOS ROA se encontrara solo en la residencia a allanar, máxime cuando no consta de las declaraciones de los funcionarios, que el mencionado acusado señalara que solicitaba una persona que lo asistiera como lo prevé el último aparte del artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal.
Si hubiese sido el caso, de la presencia de otras personas dentro de la residencia en el momento que se apersona la comisión, el resultado de la actuación tendría las bases suficientes para arribar a la verdad de los hechos, toda vez que, además de contar con la presencia de dos testigos hábiles, tendrían además como testigo la persona de confianza del hoy acusado.

Los funcionarios policiales en su totalidad, coincidieron en señalar que ingresaron a la vivienda en compañía de dos testigos, y que el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS fue comisionado para proceder a la inspección del inmueble, encontrando en compañía de los dos testigos en el área que funge de cocina, la droga.
En este orden de ideas, es necesario apuntar sobre la ubicación de los ciudadanos YOVANY DIONISIO GARCÍA RANGEL y DOUGLAS ALEXIS DUQUE HERNÁNDEZ quienes supuestamente fungieron como testigos presenciales del procedimiento, a los fines de oír su declaración en el debate. Llama la atención a quien decide, la imposibilidad de la ubicación de los mismos por parte del Tribunal, a pesar de realizarse todas las diligencias necesarias a efecto de dar con el paradero de cada uno de ellos.
Se indica de las resultas de tales diligencias, información de que los vecinos del sector señalaron que los ciudadanos a citar no residen en el sector indicado. En este mismo sentido, de la Sub Comisaría Policial Nº 12, mediante oficio Nº 199, informaron que no se encontró la dirección y que las personas del sector igualmente no los conocían, tal y como consta al folio 275 y vuelto.
De tal circunstancia, llama poderosamente la atención al Tribunal en el sentido de que siendo el mismo organismo policial quien ubicó para el momento del allanamiento a los testigos presenciales del procedimiento y a quien igualmente se comisionó para la ubicación y consecuencial notificación de los mismos, no hayan logrado dar con el paradero de cada uno de ellos para su efectiva evacuación en el debate.
Aunado a lo anterior, el mandato de conducción por la Fuerza Pública de los mencionados testigos comisionándose para ello al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; le fue informado al Tribunal por parte del Jefe de la Sub Delegación El Vigía mediante oficio Nº 1921, que la dirección la aportaba era la Brigada de Inteligencia de la Policía del Estado Mérida, quienes tenían la información reservada.

Así las cosas, debe instarse a los organismos policiales y de investigación, no trabajar aisladamente, sino por el contrario, cada uno sea presto en colaborar uno con los otros a los fines de esclarecer los hechos y de esta manera impartir justicia en los procedimientos por ellos realizados.
En el caso que nos ocupa, era necesaria la comparecencia de los testigos presenciales del procedimiento ciudadanos YOVANY DIONISIO GARCÍA RANGEL y DOUGLAS ALEXIS DUQUE HERNÁNDEZ, toda vez que de escucharse sus declaraciones, se hubiese corroborado estas con las deposiciones de los funcionarios actuantes, y de esta manera poder arribar a la verdad de los hechos donde fue aprehendido el acusado JEAN CARLOS ROA.

En este sentido, cabe destacar que el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS era el encargado de la revisión del inmueble, y se hacía acompañar de los dos testigos al momento del hallazgo de la droga en el área de la cocina, tal como lo afirmaron de manera contestes todos los demás funcionarios.
Surge el obstáculo a los fines de alcanzar la verdad de los hechos, cuando de las deposiciones de los propios funcionarios se infiere que al momento de encontrarse la droga, se encontraba era el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS en compañía de los dos testigos. Cada uno de los declarantes, manifestaron la función encomendada en el acto del allanamiento, esto es, el funcionario MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA como Jefe de la comisión quien comisionó a LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ y DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO como encargados de la seguridad interna, y al funcionario AMALIO ROJAS DAVILA encargado de la seguridad externa.
Los funcionarios LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ y DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO, pese a encontrarse dentro del inmueble allanado, como seguridad interna, el primero expuso en este sentido que: “…la seguridad interna hace referencia que la seguridad dentro de la vivienda pero sin entrar a los cuartos; el funcionario CORREA fue quien hizo la revisión minuciosa de los cuartos; en el momento que se encontró la droga nosotros estábamos cerca, porque estábamos dentro de la vivienda, nos llamó el funcionario CORREA,…”. El segundo funcionario en mención indicó que: “… el Agente CORREA fue el que inspeccionó;… CORREA estuvo con los testigos en el momento que se encuentra la droga.”
El funcionario AMALIO ROJAS DAVILA encargado de la seguridad externa, señaló que: “…cuando encontraron la droga yo no entré porque estaba de seguridad externa,…”

El Jefe de la comisión MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA expuso que: “…entra solo a revisar la habitación el funcionario Gustavo Correa junto con los dos testigos;… cuando Correa me llama yo estaba como en la parte del centro de la casa,… el agente Gustavo Correa es el que revisa las habitaciones,…”

Tenemos de las declaraciones parcialmente transcritas, que el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS fue el único funcionario que encontró la droga en compañía de los testigos, mientras que los restantes, posteriormente observaron el hallazgo de la misma.
Se pregunta quien decide, cómo no estuvieron presentes en cada una de los registros de las dependencias de la residencia, otro de los funcionarios policiales, máxime si en la seguridad interna se comisionaron a dos funcionarios, LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ y DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO, quien alguno de estos pudieron estar igualmente recorriendo el inmueble y consecuencialmente informar en el debate que observó igual que el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS, el momento del hallazgo de la droga?

Adicionalmente debe traerse a colación la falta de contesticidad de parte del funcionario MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA al indicar el lugar donde se encontraba la sustancia ilícita al indicar que: “…lo que observé que había un tobo y dentro de este un casco y dentro del casco una bolsa con un olor fuerte donde se presumió que era presunta droga,…”. En contra de este señalamiento, los funcionarios AMALIO ROJAS DAVILA, GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS y LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ, manifestaros que la droga fue ubicada en una bolsa transparente dentro de un casco, el cual se encontraba encima de un tobo ubicado en una habitación que fungía como cocina. Por su parte el funcionario DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO en su declaración no refirió detalles de la ubicación de la sustancia, sólo que la bolsa era transparente y estaba contentiva de un polvo blanco.

Tal situación de falta de testigos y de otros funcionarios que presenciaren el momento de encontrarse la droga, y donde el funcionario MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA no fue conteste con el dicho de los demás, genera dudas para determinar que el acusado mantenía oculta la droga dentro de un casco el cual se encontraba encima de un tobo.
De dichas declaraciones, al Tribunal le surgen dudas de que éstos funcionarios efectivamente observaran el momento del hallazgo de la sustancia ilícita, toda vez que no estaban presentes en el momento preciso, sólo refieren que las personas que estuvieron presentes observando el momento de encontrarse la droga, eran los ciudadanos YOVANY DIONISIO GARCÍA RANGEL y DOUGLAS ALEXIS DUQUE HERNÁNDEZ, quienes como se indicó supra no depusieron en el debate a los fines de corroborar los hechos.

Por otra parte, debe el Tribunal referirse a la manera irregular que tuvieron los funcionarios para determinar la vinculación del destinatario de la orden de allanamiento apodado “El Brayan”, con el acusado JEAN CARLOS ROA.
En primer lugar tenemos el señalamiento del funcionario LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ, quien es el único que indica que cuando entran con los testigos a la vivienda estaba un ciudadano a quien el jefe de la comisión MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA lo identificó, así mismo señala que determina e identifica quien es la persona que se busca en la residencia a allanar en el presente caso al apodado “Brayan”, toda vez que debió existir una investigación previa; que estuvo en la investigación del caso y observó al acusado en actitud sospechosa porque entraban y salían personas de esa vivienda.

Se desprende de la versión del mencionado funcionario quien realizó personalmente la investigación y por el cual se emitió una orden de allanamiento, una situación por demás irregular, cuando éste afirma que la actitud del hoy acusado era sospechosa sólo por el hecho de que de la residencia donde éste se encontraba entraban y salían personas.
No puede concebirse de ningún modo que se presuma que un sujeto esté incurso en algunos de los delitos contemplados en la Ley Orgánica de Drogas, como lo fue en el presente caso el delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sólo por el hecho de que en la residencia habitada por uno o varios ciudadanos entren y salgan de la misma, personas.

Por su parte el funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS fue el único en afirmar que habían varias personas en el inmueble a allanar, indicó además que se entrevistó con una persona quien le manifestó que el investigado estaba allí. Dice así mismo que la orden iba dirigida a una sola persona y por eso detuvieron al hoy acusado quien le informó que él lo llamaban desde muy joven “El Brayan” cuando se le preguntó delante de los testigos.
Dicha declaración, igual que la anterior, no infunden la certeza para determinar que el acusado JEAN CARLOS ROA fuese el apodado “El Brayan”, por cuanto ninguno de los funcionarios que estuvieron presentes al ingresar al inmueble en compañía del funcionario GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS, señalaran que el hoy acusado manifestara que él era “El Brayan”.

Por su parte, el jefe de la comisión MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA, a los fines de identificar como la misma persona al apodado “El Brayan” con el acusado JEAN CARLOS ROA, manifestó que cuando el mencionado acusado había mostrado la cédula ellos como funcionarios habían presumido que era JEAN CARLOS ROA.
Débil fundamento el señalado por el mencionado funcionario, al afirmar que por el solo hecho de obtener la cédula de JEAN CARLOS ROA, presumió que dicho ciudadano era el apodado “El Brayan”.

En cuanto a la declaración del funcionario DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO, este expuso que no había estado integrando el grupo de funcionarios en la investigación por cuanto venía de estar libre de dos o tres día. En igual sentido lo señaló el funcionario AMALIO ROJAS DAVILA que no participó en la investigación. El primero no tuvo seguridad si la orden era emitida al apodado “El Brayan”, por cuanto al respecto expresó: “…creo que la orden iba a nombre de “Brayan”. Por su parte el último en mención manifestó: “…determinamos que el ciudadano es el de la orden de allanamiento porque se encontraba en la casa,…”.

Igual que las declaraciones anteriores, el Tribunal las considera cuestionables a los fines de determinar que el acusado JEAN CARLOS ROA fuese el apodado “El Brayan”, por cuanto el funcionario DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO no estaba seguro a nombre de quien iba dirigida la orden de allanamiento, y en relación al señalamiento del funcionario AMALIO ROJAS DAVILA este involucra al acusado por el solo hecho de encontrarse en la vivienda allanada.

Finalizando las pruebas recepcionadas en el debate, tenemos la documental correspondiente a la Orden de Allanamiento emitida en fecha 21 de enero de 2011 por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 07, inserta al folio 13 de las actuaciones que integran la presente causa. De su contenido se evidencia que la finalidad era incautar SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS”, según investigación de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, e igualmente que dicha orden iba dirigida al ciudadano apodado “EL BRAYAN”, o en su defecto al propietario, inquilino u ocupante del inmueble ubicado en el “sector La Inmaculada, Calle 10, casa sin número, diagonal a la casa 7-49, pintada de color verde, Parroquia Presidente Páez, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, casa de un nivel construida en bloque y cemento frisada, paredes de color amarilla y marrón, una puerta de acceso de color marrón, una ventana de color marrón y a su izquierda un portón de color marrón; como punto de referencia al lado de Sistema y Computación C.A.

De dicha documental se desprende el lugar a allanar, sin embargo no identifica plenamente a la persona a quien iba dirigida la orden, sólo refería el apodo o a alguna otra persona como el propietario, inquilino u ocupante.
Como fue expuesto anteriormente, no se logró relacionar al acusado de autos con el apodado “El Brayan”.

Por las circunstancias antes señaladas, el Tribunal considera que no existen pruebas suficientes para aseverar que el apodado “El Brayan” a quien iba dirigida la orden de allanamiento, fuese el acusado JEAN CARLOS ROA involucrado como la persona que ocultaba dentro de su residencia, específicamente en el área de la cocina, encima de un tobo un casco, y dentro de este una bolsa transparente contentiva de Clorhidrato de Cocaína, Levamizol y Fenacetina.

Por último cabe destacar, a favor del acusado JEAN CARLOS ROA, que de acuerdo a la experticia Toxicológica In Vivo Nº 9700-067-00219, de fecha 23 de enero de 2011, la cual fue ratificada en contenido y firma por la funcionaria LAURA VANESSA SANTIAGO BRUGNOLI, e incorporada dicha documental por su lectura al juicio oral y público, resultó negativo para Alcohol, Cocaína, Marihuana y Heroína; siendo el caso que de tales resultas se concluye que el acusado ni manipuló ni consumió alguna sustancia ilícita.

En cuanto a las solicitudes que hace la defensa al inicio del juicio, correspondientes a que se declare la nulidad del procedimiento de las actuaciones policiales de conformidad al artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez se escuchen todas las declaraciones; quien aquí decide considera que la nulidad no puede en ninguna forma estar condicionada para declararse la misma, toda vez que si bien es cierto la nulidad puede plantearse en cualquier estado y grado del proceso, no es menos cierto que el peticionante debe señalar al Tribunal cuál es el acto viciado u omitido, cuáles derechos y garantías del interesado fueron afectados, a los fines de que con tan solo la declaratoria de nulidad de las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento, estas violaciones puedan ser reparadas.
De tal manera, el requirente no especificó durante el debate a qué nulidad absoluta hacía referencia, a los fines de que el Tribunal procediera realizar el pronunciamiento a que hubiere lugar.

Igualmente al inicio de la apertura del juicio, refirió el defensor que una vez escuchado los órganos a evacuar, solicitaba una inspección en la vivienda que fue allanada a los fines de verificar los daños que presentaba la puerta principal, y se comprobara si en la vivienda vivían más personas, y se procediera a su citación, que son las que ella menciona.
En este sentido, nuestra norma adjetiva penal, establece en el Capítulo II del Título III, específicamente en el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, las “pruebas complementarias”, las cuales las partes podrán promover como nuevas pruebas, cuando estas hayan sido conocidas por el peticionate posteriormente a la celebración de la audiencia preliminar, siendo el caso que tal situación debe ser efectivamente probada, todo a los fine de no subvertir el debido proceso, esto es, que es en la Audiencia Preliminar donde las partes dentro del lapso de cinco días antes a la celebración de esta, debieron promover aquellas pruebas que producirían en el juicio oral, con indicación de su necesidad y pertinencia.
Igualmente en el desarrollo del debate, excepcionalmente el Tribunal de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la recepción de alguna prueba, siempre y cuando surjan hechos o circunstancias nuevas que requieran ser esclarecidas, tal como lo exige el artículo 359 eiusdem, así mismo, se dispondrá de una inspección cuando sea necesario, conforme a lo establecido en el último aparte del artículo 357 ibídem.

De tal manera que en el correspondiente juicio, la parte solicitante no advirtió cuáles eran los hechos o circunstancias nuevas a los fines de que este Tribunal ordenara la admisión de las pruebas, e igualmente antes de dar por terminada su recepción, no señaló el o los motivos para llevar a efecto la inspección en la vivienda allanada.

Ante tales circunstancias, y conforme al derecho de petición consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se declara sin lugar las solicitudes de la defensa del acusado de autos, en cuanto a que se declare la nulidad del procedimiento de las actuaciones policiales de conformidad al artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente el requerimiento de la práctica de una inspección en la vivienda que fue allanada.

CAPITULO IV
EXPOSICIÓN CONCISA DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio, considera que el acusado: JEAN CARLOS ROA es INCULPABLE, del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas.

El Tribunal, estima por las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sólo la existencia de la droga denominada “CLORHIDRATO DE COCAÍNA”, mezclada con Fenacetina y Levamizol, con un peso neto de “185 GRAMOS con 700 MILIGRAMOS”. Así mismo, la aprehensión del acusado JEAN CARLOS ROA, por parte de los funcionarios policiales MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA como Jefe de la comisión, GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS encargado de la inspección de la vivienda; LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ y DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO encargados de la seguridad interna, y el funcionario AMALIO ROJAS DAVILA encargado de la seguridad externa, todos adscritos a la Unidad de Investigaciones Criminales de la Comisaría Policial N° 05 de El Vigía del Estado Mérida; el día 22 de enero del 2011, en horas de la mañana, en la residencia ubicada en el sector La Inmaculada, avenida 10, casa sin número, parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, motivado a la emisión de una orden de allanamiento a los fines de la búsqueda de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Sin embargo, no fue probado que el acusado JEAN CARLOS ROA fuese el sujeto activo apodado “El Brayan”, y a quien iba dirigida la orden de allanamiento, por el hecho de éste encontrarse en una vivienda en la cual se realiza una visita domiciliaria. Tal como fue señalado en el Capítulo que antecede, donde se dejó sentado que los funcionarios policiales actuantes con sus declaraciones no afinaron de manera fehaciente, los motivos por los cuales consideraron que el hoy acusado fuese el apodado “El Brayan”.
En el debate fueron escuchados débiles argumentos por los funcionarios policiales actuantes, a los fines de vincular o relacionar al hoy acusado con un sujeto apodado “El Brayan”.
En este sentido tenemos que el Jefe de la comisión policial MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA, presume que el acusado JEAN CARLOS ROA es el apodado “El Brayan”, solo cuando muestra su cédula de identidad.
Débil fundamento el señalado por el mencionado funcionario, pese a ser el Jefe de la comisión, el hecho de involucrar a una persona en un delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuando se obtiene de este como sospechoso, la cédula de identidad.
El funcionario policial GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS encargado de la revisión e inspección del acusado, fue el único de los cuatro restantes funcionarios quien afirmó que habían varias personas en el inmueble a allanar y se entrevistó con una persona quien fue la que le manifestó que el investigado estaba allí, y que el propio acusado JEAN CARLOS ROA fue quien le dijo que a él lo llamaban desde muy joven “El Brayan”.
No es creíble tal versión, por falta de coherencia con los restantes funcionarios presentes en el acto de allanamiento, quienes no reseñaron que el hoy acusado declarara o revelara su identidad, y menos aún que dentro del inmueble se encontraran otras personas ajenas a la comisión y de los supuestos dos testigos.

El funcionario LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ, afirmó que estuvo en la investigación previa al allanamiento y por tanto reconoce al acusado a quien observó en actitud sospechosa porque entraban y salían personas de la vivienda a allanar.
Inconsistente dicha afirmación, a los fines de determinar sin otra causa valedera que el acusado JEAN CARLOS ROA, fuese la persona que ocultara la droga en la residencia motivo del allanamiento, máxime cuando entraban y salían personas de la misma.

Los funcionarios DEIBIS JESUS MARQUEZ MORENO y AMALIO ROJAS DAVILA, señalaron que no estuvieron en la investigación previa al allanamiento, el primero además indicó que “creía” que la orden iba a nombre de “Brayan”; el segundo estableció que por el hecho del hoy acusado encontrarse en la casa, era a éste a quien iba dirigida la orden de allanamiento.
El Tribunal de estas últimas declaraciones, iguales que las anteriores, no le sirven de sustento a los fines de establecer que el acusado JEAN CARLOS ROA fuese la persona a quien iba dirigida la orden de allanamiento por supuestamente ocultar dentro del inmueble allanado, la droga incautada.

Aunado a los señalamientos que anteceden, no logró determinar el Tribunal sin duda, los hechos expuestos por el Ministerio Público, por cuanto a pesar de que los funcionarios fueron contestes en manifestar en el debate que la visita domiciliaria se llevó a cabo en todo momento en presencia de dos testigos; sin embargo dichos testigos (DIONISIO GARCÍA RANGEL y DOUGLAS ALEXIS DUQUE HERNÁNDEZ) imprescindibles para arribar a la verdad una vez escuchada sus declaraciones de lo que efectivamente presenciaron en el procedimiento, no fueron localizados en las direcciones aportadas por la Vindicta Pública, quien cuenta con las mismas debido al aporte que les suministra el organismo policial, en este caso, los integrantes de la investigación previa al allanamiento, como fueron: MARBING SAGLEN DUGARTE PEÑA, GUSTAVO ADOLFO CORREA BUELVAS y LIDIO ANTONIO BALZA SANCHEZ.
Así las cosas, las pruebas debatidas en el juicio mediante los Principios de Inmediación y Contradicción, no resultaron suficientes a los fines de desvirtuar el Principio de Inocencia que le ampara al ciudadano JEAN CARLOS ROA acusado como el sujeto activo del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, en el sentido que fuera la persona que dentro del inmueble allanado el cual según la inspección N° 0091, correspondería a una residencia ubicada en sector La Inmaculada, avenida 10, casa sin número, diagonal a la casa 7-49, pintada de color verde, parroquia Presidente Páez del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; escondiera o disimulara la droga correspondiente a “CLORHIDRATO DE COCAÍNA”, mezclada con Fenacetina y Levamizol, con un peso neto de “185 GRAMOS con 700 MILIGRAMOS”, la cual fue debidamente experticiada bajo el N° 9700-067-00218.
Aunado a que de las muestras de sangre, orina y raspado de dedos realizada al acusado JEAN CARLOS ROA, plasmadas en la correspondiente experticia Toxicológica In Vivo bajo el N° 9700-067-00219 de fecha 23 de enero de 2011, la cual fue ratificada en contenido y firma por la funcionaria LAURA VANESSA SANTIAGO BRUGNOLI, resultó negativa de cualquier sustancia estupefaciente y psicotrópica, ya sea por su manipulación y consumo.

Acorde con las garantías procesales, de oralidad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción, consagrados los dos primeros en nuestra norma constitucional en su artículo 257, y en los artículos 14 y 15 del Código Orgánico Procesal Penal, y los restantes en los artículos 16, 17 y 18 eiusdem, el Tribunal estableció la inculpabilidad del acusado JEAN CARLOS ROA. En este sentido, las partes conforme a la actuación concreta del Derecho Penal Sustantivo, lograron participar en cada uno de los actos del juicio oral y público en condiciones de paridad e interactuando en el mismo. A su vez, este Tribunal de Juicio presenció ininterrumpidamente el debate con la incorporación de las pruebas, a los fines de emitir una justa decisión. En todos estos aspectos se basa el debido proceso.

Como fue reflejado en el Capítulo que antecede, en la coyuntura de la falta de pruebas suficientes para construir la culpabilidad del acusado de autos, priva en todo caso, la Presunción de Inocencia para lo cual cabe mencionar en primer término, lo establecido en el artículo 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: …2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”.
Igualmente, lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, que dispone: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.”
A su vez, señala el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad."
En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre precisa el artículo XXVI que: "Se presume que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario.”
Por último, el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, apunta: “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.”

Impera la presunción de inocencia a favor del acusado de autos, toda vez que se incrimina la participación de éste, sólo por el dicho de cada uno de los funcionarios policiales actuantes. En este sentido, se precisa mencionar Sentencia N° 277 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de julio de 2010, con ponencia del Magistrado HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, en la cual se señala: “…la condena del acusado de autos no es consecuencia de la práctica de una actividad probatoria congruente tanto con los hechos objeto de la acusación y posterior condena, como respecto a la participación y responsabilidad del acusado de autos en su comisión toda vez que el referido Tribunal de Juicio se limitó a condenar al acusado de autos con el sólo dicho de los funcionarios policiales, no obstante ello resultar insuficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado de autos, …”
Dicha decisión, hace referencia a Sentencia N° 225-230604-C040123, con ponencia de la Magistrada BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN, al citar:
“De allí entonces se observa, que se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado solamente con los dichos de los funcionarios, hecho que resulta contradictorio con la jurisprudencia reiterada establecida por esta Sala de Casación Penal que expresa: “...el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad...”.
El juez de juicio consideró suficiente para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia del acusado, únicamente acreditar las declaraciones de los funcionarios Distinguidos Nelson Bastidas Araujo e Iván José Alvarado, quienes al visualizar un vehículo en una zona poco transitable y realizar la revisión de las personas e inspección de dicho vehículo, incautaron un arma de fuego, mientras que la otra prueba que se coteja en el expediente, correspondiente a la declaración del funcionario Experto Víctor Vivas, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es tomada para la comprobación del cuerpo del delito, y no para demostrar la culpabilidad del acusado en el proceso.
El sentenciador de juicio se limita a expresar, que conforme a la sana crítica, reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencia da por demostrado los elementos que componen el delito, así como también la calificación del hecho demostrado, pero no alcanza a manifestar en su fallo, en qué consiste la valoración de la prueba, ni como influyen los medios de prueba sobre la decisión tomada.
Es cierto que el sistema de la libre convicción o sana crítica, adoptado por nuestro proceso penal, significa que el juez tiene el deber y la libertad de apreciar y asignarle el valor a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, pero no de manera arbitraria, como sucede en el presente caso, sino que debe hacerlo de forma razonada. El establecimiento de los hechos debe partir del razonamiento empleado a los medios de pruebas practicados, para lo cual se cuenta con una serie de normas señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal, que permiten al juez valerse de cualquier medio idóneo lícito para fundamentar suficientemente su decisión.”

Además de lo anteriormente señalado, en sentencia de fecha 21 de junio de 2005 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, según expediente N° 05-211, se estableció: “…en aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, la prueba hubiere dejado duda en el ánimo del juzgador sobre la existencia de culpabilidad del acusado, deberá absolvérsele.”

En este mismo orden de ideas, la doctrina establece que: “Si no existe ese grado de certeza, no se puede arribar a la decisión de culpabilidad. Ése es el principio de favor rei, comúnmente mencionado como in dubio pro reo. Según él, la situación básica de libertad debe ser destruida mediante una certeza; caso contrario, permanece el status básico de libertad.” (vid. Binder, Alberto M., “Introducción al Derecho Procesal Penal” Ediciones Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 127).

Podemos concluir que el Ministerio Público con las pruebas debatidas, no logró desvirtuar la “Presunción de Inocencia” del acusado tantas veces mencionado, por cuanto no se determinó con plena certeza la acción desplegada por el sujeto activo, a los fines de determinar su culpabilidad.

Por consecuencia y con fundamento en las razones anteriormente expuestas, este Tribunal exculpa al acusado JEAN CARLOS ROA, por el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Este Tribunal en funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA:

PRIMERO: ABSUELVE al acusado JEAN CARLOS ROA, venezolano, mayor de edad, de 29 años de edad, de estado civil: soltero, de oficio: chofer, hijo de Jesús Manuel Peña (v) y de Ofelia Esperanza Roa (v), residenciado en La Inmaculada, calle 10, casa Nº 7-30, cerca de “Fisel” alquiler de celulares, El Vigía, Estado Mérida; por el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

SEGUNDO: Se ordena el cese de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al acusado JEAN CARLOS ROA, por el Tribunal de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal en fecha 25 de enero del 2011. En consecuencia líbrese Boleta de Libertad, la cual se hizo efectiva en fecha 06 de Julio de 2011, una vez dictada la Dispositiva de la presente sentencia.

TERCERO: Por cuanto de las actuaciones que conforman la causa no se evidencia si la droga incautada fue ordenada su destrucción por un Tribunal de Control conforme al artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas, se insta al Ministerio Público verificar sobre ello, toda vez que el Tribunal de Juicio no es el competente en llevar a efecto el procedimiento para tal fin.

CUARTO: Conforme al derecho de petición consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se declara sin lugar las solicitudes de la defensa del acusado de autos, en cuanto a que se declare la nulidad del procedimiento de las actuaciones policiales de conformidad al artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente el requerimiento de la práctica de una inspección en la vivienda que fue allanada.

QUINTO: Una vez transcurrido el lapso legal en el cual las partes puedan ejercer el recurso legal de apelación, se ordena remitir el presente Asunto al Archivo Judicial para su guarda y custodia.

SEXTO: Se acuerda expedir copia certificada de la presente decisión, para ser entregada a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público.

SÉPTIMO: Notifíquese de la presente sentencia, a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público representada en la persona del abogado NELSON GRANADOS, a los defensores privados abogados JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ y DANELLY SUÁREZ NOGUERA y al acusado JEAN CARLOS ROA.

Dada, firmada, sellada y refrendada en el Tribunal de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

JUEZA DE JUICIO N° 02

ABG. ROSIRI DEL VECCHIO DIAZ

SECRETARIA

ABG. YNSLENIA MARQUINA RAMÍREZ