TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 01
SECCIÓN PENAL DE ADOLESCENTES
EXTENSIÓN EL VIGÍA

El Vigía, 18 de junio de 2011.
201° y 152°
ASUNTO PRINCIPAL: LP11-D-2011-000128
ASUNTO : LP11-D-2011-000128

AUTO DECRETANDO LA LIBERTAD PLENA

Vista la solicitud efectuada por la Fiscal Décima Octava del Ministerio Público, este Tribunal decide en los siguientes términos:

IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE

(IDENTIDAD OMITIDA).

DE LOS HECHOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE APREHENSIÓN

Según se desprende de acta policial Nº 0056 de fecha 17/06/2011, debidamente suscrita por el Cabo Segundo (PM) Cesar Escalante, Distinguido Jesús Pérez (PM) Distinguido Luis Escalante y el Agente (PM) Amalio Rojas, funcionarios adscritos a la Sub-Comisaría Policial Nº 12, El Vigía del estado Mérida, los hechos en el presente caso y las circunstancias de aprehensión están referidas entre otras cosas a que, en esa misma fecha 17/06/2011 siendo aproximadamente 05:50 de la mañana los funcionarios se trasladaron al sector las primicias, calle 2, casa S/Nº, Parroquia Presidente Páez, dando cumplimiento de uan orden de allanamiento, dirigido a un ciudadano apodadazo “El Goajiro”, emanado por el Tribunal de Control Nª 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía a fin de incautar arma de fuego, al llegar la comisión, en compañía de un testigo de nombre Cesar Daniel, tocaron la puerta y salio un ciudadano quien dijo llamarse Wilmer, se le dijo del motivo de su presencia preguntándole que si dentro de la vivienda habían mas personas y el dijo que no, se le dio una copia del acta la cual firmó, se comenzó la inspección en presencia del testigo y pasaron a la primera habitación que esta ubicada a mano derecha no encontrando nada, pasaron a la segunda habitación no consiguiendo nada y luego a la tercera no encontrando nada, posteriormente se paso al área de la sala comedor, no ubicaron nada y por ultimo en la cocina dentro del horno hallaron un arma de fuego, tipo escopeta, recortada, empuñadura de material de plástico color negro, calibre 12mm, sin marca visible, serial 27804 y en su interior un cartucho sin percutir , calibre 12mm, se le preguntó si tenia documento y dijo que no, quedando detenido ….

ELEMENTOS DE CONVICCION

La Fiscalía Décima Octava de Ministerio Público, consigna actuaciones concernientes a:

Acta Policial Nº 0056 de fecha 17/06/2011, debidamente suscrita por el Cabo Segundo (PM) Cesar Escalante, Distinguido Jesús Pérez (PM) Distinguido Luis Escalante y el Agente (PM) Amalio Rojas, funcionarios adscritos a la Sub-Comisaría Policial Nº 12, El Vigía del estado Mérida, donde se deja constancia de la aprehensión del adolescente, así como, de la evidencia incautada (f, 02 y su vto
Entrevista del ciudadano Ramirez Sosa Cesar Daniel, quien fue testigo del procedimiento (f, 03). Acta de allanamiento, de fecha 17/06/2011, suscrita por el Cabo Segundo (PM) Cesar Escalante, Distinguido Jesús Pérez (PM) Distinguido Luis Escalante y el Agente (PM) Amalio Rojas, funcionarios adscritos a la Sub-Comisaría Policial Nº 12, El Vigía del estado Mérida. (f, 04,05 y 06). Orden de allanamiento de fecha 16/06/2011 emanada del Tribunal de Control Nº 02 de este Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía. (f, 07). Cadena de custodia Nº 0083/11 de fecha 17/06/2011, emanada de la Sub- la Sub-Comisaría Policial Nº 12, El Vigía del estado Mérida, donde se describe la evidencia incautada, referidas a un arma de fuego tipo escopeta y un cartucho sin percutir. ( f, 11y vto)

DE LA LIBERTAD PLENA

Al respecto, observa este Tribunal que la aprehensión del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), se produjo como consecuencia de una visita domiciliaria, a través de una orden de allanamiento expedida por el Tribunal de Control Nº 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida Extensión El Vigía que iba dirigida al “goajiro”, los funcionarios policiales, presente en el lugar en el que él se hallaba, fueron atendidos por el adolescente de nombre (IDENTIDAD OMITIDA), haciéndole lectura de dicha orden, y preguntándole que si se encontraba otra persona dentro de la casa a lo que respondió el adolescente que no. El adolescente dejó pasar a los funcionarios en compañía de un ciudadano de nombre Cesar Daniel a la residencia y una vez adentro los funcionarios pasaron a la habitación no encontrando nada, luego se fueron a la cocina y dentro del horno encontraron un tipo escopeta, recortada, empuñadura de material de plástico color negro, calibre 12mm, sin marca visible, serial 27804 y en su interior un cartucho sin percutir, calibre 12mm. No obstante, los funcionarios policiales en base a lo que encontraron dentro del horno de la cocina, siendo las 05:50 am, llevó a cabo la aprehensión del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA) .

Ahora bien, verifica esta sentenciadora que en el presente caso consta en las actuaciones elementos de convicción de los cuales desprende hecho delictivo, pues si bien, la actuación policial se despliega como consecuencia de una visita domiciliaria que si bien es cierto hallaron un arma, no es menos cierto que no se le puede imputar al adolescente el delito de ocultamiento por cuanto no corrobora ni narra hecho alguno, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar, todo lo cual, nos permite precisar como muy bien lo ha expresado la Fiscal Décima Octava del Ministerio Público, que ciertamente en el presente caso no existe la posibilidad cierta, inmediata y actual de establecer si indudablemente el hecho punible acaeció, ni la participación del adolescente en el mismo, pues, resulta necesario recordar que el delito de ocultamiento ilícito de arma de fuego es personalísimo y no se le puede atribuir al adolescente puesto que el se encontraba solo para ese momento en la residencia y el arma estaba oculta en la cocina, lugar a que todo residente de una vivienda tiene acceso, por lo que no se le puede imputar dicho delito al adolescente.

En este sentido, quien aquí decide, observa lo que al respecto establece el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.”

Por su parte, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”.

En igual orden, es necesario precisar lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referido a la detención en flagrancia en el proceso penal de adolescentes:

“El o la adolescente detenido o detenida en flagrancia será conducido o conducida de inmediato ante el o la Fiscal del Ministerio Público quien, dentro de las veinticuatro horas siguientes lo presentará al Juez o Jueza de Control y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. El juez o jueza resolverá, en la misma audiencia, si convoca directamente a juicio oral para dentro de los diez días siguientes. El o la Fiscal y, en su caso, el o la querellante, presentará la acusación directamente en la audiencia de juicio oral y se seguirá, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.
En la audiencia de presentación del detenido o detenida en flagrancia el juez o jueza resolverá la medida cautelar de comparecencia ajuicio, pudiendo decretar la prisión preventiva, sólo en los casos en que proceda, conforme a los artículos siguientes.”

Por su parte, el artículo 248 de Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente, dispone:
“Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado.”.

Y, el artículo 373 de Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo presentará ante el juez de control a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.
El juez de control decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que sea puesto el aprehendido a su disposición.
Si el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.
En este caso, el fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.
En caso contrario, el juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto.”.

Tomando en consideración lo solicitado por la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público, en relación a la declaratoria de libertad sin ningún tipo de medida de coerción personal del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), en virtud de lo establecido en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por no encontrase llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ante la falta de precisión inmediata o actual de la participación del mencionado adolescentes en los hechos plasmados en la ya descrita acta policial; por consecuencia, este Tribunal atendiendo los planteamientos esbozados por la Representación Fiscal y con fundamento en los artículos 44 y 49 del la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y artículos 248 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, decreta la libertad plena del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), y, por ende así la ordena de inmediato, esto, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar, tal y como, lo dispone la parte in fine del encabezado del artículo 373 de la Ley Adjetiva Penal, aplicado supletoriamente.

DEL PROCEDIMIENTO

Por cuanto, la Representante Fiscal solicita se continúe la presente investigación por la vía del procedimiento ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de determinar las responsabilidades a que haya lugar en el presente caso y siendo el mencionado Despacho Fiscal, en fecha 17/06/2011, dictó auto de inicio de investigación en el presente procedimiento, por la presunta comisión de uno de los delitos CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, este Tribunal con fundamento en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado como norma supletoria en virtud de lo dispuesto en el único aparte del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, acuerda procedente la aplicación del procedimiento ordinario en la presente investigación. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: Primero: Tomando en consideración lo solicitado por la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público, en relación a la declaratoria de libertad plena sin ningún tipo de medida de coerción personal del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), sin menoscabo de las futuras acciones a que haya lugar, este Tribunal previo examen y análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la aprehensión del adolescente, conforme lo plasmado en el Acta Policial Nº 0056 de fecha 17/06/2011, debidamente suscrita por el Cabo Segundo (PM) Cesar Escalante, Distinguido Jesús Pérez (PM) Distinguido Luis Escalante y el Agente (PM) Amalio Rojas, funcionarios adscritos a la Sub-Comisaría Policial Nº 12, El Vigía del estado Mérida, en la cual no se precisa la individualización del precitado adolescente en los hechos allí contenidos, decreta la libertad plena del adolescente, en virtud de lo establecido en los artículos 44 numeral 1 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por no encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y, por ende así la ordena de inmediato, ello, conforme lo dispone la parte in fine del encabezamiento del artículo 373 de la Ley Adjetiva Penal, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.

Segundo:

Por cuanto, la Representante Fiscal solicita se continúe la presente investigación por la vía del procedimiento ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de determinar las responsabilidades a que haya lugar en el presente caso, por cuanto, en fecha 31-10-2010, dictó auto de inicio de investigación en el presente procedimiento, por la presunta comisión del delito de ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en concordancia con el artículo 9 de la Ley sobre Armas y Explosivos, en perjuicio de El Orden Público, este Tribunal con fundamento en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado como norma supletoria en virtud de lo dispuesto en el único aparte del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, acuerda procedente la aplicación del procedimiento ordinario en la presente investigación.

Tercero:

Una vez transcurrido el lapso legal correspondiente se ordena remitir mediante oficio el presente asunto penal al Despacho Fiscal, a los fines de que continúe con la investigación.
Cuarto:

Se ordena agregar actuaciones complementarias consigna en la audiencia por la Fiscal Décimo Octava del Ministerio Público.

Quinto:

Siendo que en fecha 21-06-2011, el Adolescente se le sigue proceso en la causa N° LP11-D-2010-000088, por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego y la misma se encuentra en etapa preliminar, es por lo que se deja constancia que el mismo queda debidamente informado de la fecha de celebración de la Audiencia.

Sexto:

Conforme a lo peticionado por el Defensor Público Especializado, se acuerda expedir copias fotostáticas simples de la totalidad de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal quedan los presentes, el Defensor Público Especializado, el adolescente y su progenitora, formal y legalmente notificados de la decisión aquí tomada.

LA JUEZA TEMPORAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 01

ABG. ANNELIT MORILLO FRANCO

LA SECRETARIA

ABG. ANA VICTORIA MUJICA