TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 7 de Octubre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2011-005784
ASUNTO : LP01-P-2011-005784

SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS.

I.

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO.

Ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, colombiano, mayor de edad, natural de San Gil, Departamento de Santander, hijo de María Bernarda Jaimes Arguello, nacido en fecha 16-09-1986, de 24 años de edad, indocumentado, de ocupación comerciante, de estado civil soltero, domiciliado en Ejido, Municipio Campo Elías, San Rafael, Calle 4, Casa 1-73, Mérida, Estado Mérida, teléfono 0424-3016349, quien se encuentra legalmente defendido en esta Causa Penal por el ciudadano, Defensor Privado, abogado: OSWALDO LLINAS, con ocasión de la Acusación formal presentada en su contra por la ciudadana Fiscal Primero del Ministerio Público, abogada: SONIA CARRERO, y siendo esta la oportunidad legal a que se contrae el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, pasa este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a dictar Sentencia Definitiva en los siguientes términos:

II.

LOS HECHOS OBJETO DEL JUICIO.

En fecha: 04-06-2011, siendo aproximadamente las 08:45 horas de la mañana, los Funcionarios policiales actuantes en la presente causa, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-delegación Mérida, procedieron a practicar una Orden de Allanamiento, en la Urbanización San Rafael, Calle No. 04, Casa No. 137, Municipio Campo Elías del Estado Mérida, lugar donde reside un ciudadano conocido con el apodo de “el colombiano”, a fin de practicar la incautación de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y al llegar al sitio e ingresar a la mencionada vivienda se encontraban dos personas, un hombre identificado como: FABIO ANDRES JAIMES, indocumentado, y una mujer identificada como: RONDÓN DE ROMERO FRANCY SOLEIDA, titular de la cédula de identidad No. V-15.756.174, seguidamente los funcionarios practicaron el registro de la vivienda, logrando encontrar en la primera habitación, localizada a mano izquierda, la cual es habitada por el ciudadano acusado, Fabio Andrés Jaimes, Un (01) Arma de Fuego, Tipo Pistola, Marca Pietro Beretta, Calibre 22 m.m., con Un (01) Cargador, contentivo de Siete (07) Balas, Sin Percutir, Marca Dominion 25 auto, además de Dieciocho (18) Balas, Sin Percutir, Marca Dominion 25 auto, sin el respectivo permiso o porte de armas, legalmente expedido por la autoridad competente, además de ello, los funcionarios encontraron en la Sala de la Vivienda, Una (01) Motocicleta, Marca Yamaha, Modelo RX115, Año 2009, Placas MCC792, Serial de Carrocería No. 9FK5JV11671348094, Serial de Motor No. 3HB348094, perteneciente al mismo ciudadano antes nombrado, pero no tenía los Documentos de Propiedad de la Moto, razón por la cual, inmediatamente fue aprehendido el mismo ciudadano en circunstancias de flagrancia.

III.

LA SOLICITUD FISCAL Y LA CALIFICACION JURIDICA.

La Fiscalía del Ministerio Público sostiene en su acusación escrita, que en el presente caso nos encontramos ante un hecho punible cometido por el acusado de autos, ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, indocumentado, que califica como: Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, hecho cometido en perjuicio del Orden Público.

En este mismo orden de ideas, la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, ratificó la acusación presentada en contra del acusado de autos y ofreció todos los Medios de Prueba que presentaría en el curso del Debate Oral y Público y solicitó igualmente su admisión por considerarlos lícitos, pertinentes, útiles y necesarios para el descubrimiento de la verdad y la realización de la justicia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, además, solicitó la admisión de la acusación presentada y el enjuiciamiento público del acusado de autos, anteriormente identificado, a quien considera como Autor Material y Penalmente Responsable de la comisión del mencionado delito.

Igualmente solicitó en vista de que tiene conocimiento que el ciudadano acusado va a admitir los hechos conforme al artículo 376 del COPP, se le imponga inmediatamente la pena correspondiente. Es todo.

IV.

SOLICITUD DE LA DEFENSA.

El ciudadano Defensor Privado, abogado: OSWALDO LLINAS, una vez que le fue concedido el derecho de palabra en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, le manifestó al Tribunal que “Vista la acusación presentada por el Ministerio Publico y en conversaciones sostenidas con mi defendido Fabio Andrés Jaimes, me ha manifestado su voluntad de admitir los hechos, por lo que pido que se le conceda el derecho de palabra a fin que lo manifieste al Tribuna, y asimismo le solicito que tome en consideración que mi defendido no tiene antecedentes penales. Es todo”.

V.

EL ACUSADO.

El ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, colombiano, mayor de edad, natural de San Gil, Departamento de Santander, hijo de María Bernarda Jaimes Arguello, nacido en fecha 16-09-1986, de 24 años de edad, indocumentado, de ocupación comerciante, de estado civil soltero, domiciliado en Ejido, Municipio Campo Elías, San Rafael, Calle 4, Casa 1-73, Mérida, Estado Mérida, teléfono 0424-3016349, acusado en la presente causa, luego de ser impuesto por el Tribunal de Juicio de todos sus Derechos Legales y Constitucionales, expresamente consagrados en el Artículo 49 numerales 1°, 3° y 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de las Alternativas a la Prosecución del Proceso, previstas en los Artículos 37, 39, 40, y 42 del Código Orgánico Procesal Penal, y finalmente del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, establecido expresamente en el Artículo 376 Ejusdem, y concedido como le fue el derecho de palabra, manifestó de manera clara, libre, espontánea, voluntaria y sin condiciones de ninguna naturaleza que: “DESEO ADMITIR LOS HECHOS Y QUE SE ME APLIQUE LA PENA CORRESPONDIENTE. ES TODO”.

VI.

HECHOS ACREDITADOS.

En el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, celebrada en la presente causa, quedaron claramente ofrecidos y expuestos los diferentes Elementos Probatorios, así como la Calificación Jurídica presentada por la Fiscalía del Ministerio Público en contra del Acusado de Autos, como fundamento legal de su acusación, los cuales fueron debidamente admitidos por el Tribunal, por considerarlos útiles, pertinentes y necesarios en orden a la consecución de los fines del proceso consagrados en el Artículo 13 Ejusdem, como son el descubrimiento de la verdad y la realización de la justicia, además de ello, estos no fueron rechazados, contradichos, ni tampoco desvirtuados por la Defensa del acusado de autos, ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, indocumentado, antes por el contrario, el mencionado ciudadano ADMITIÓ de manera libre, espontánea y voluntaria, en ejercicio pleno de sus derechos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, los hechos imputados por la señalada representación Fiscal, relacionados con la perpetración del delito de: Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del Orden Público, lo cual hace que no sólo proceda de pleno derecho en contra del acusado de autos, sino que también, y como consecuencia de ello, se hace legal y materialmente innecesaria la evacuación en el Debate Oral y Público de los Medios Probatorios ofrecidos por la Fiscalía actuante, incluyendo obviamente los testimonios o declaraciones que deben ser rendidos en la Sala de Audiencias, así como también la incorporación al debate oral mediante su lectura de las pruebas documentales expresamente señaladas en el Artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, al proceder a Admitir los Hechos antes del comienzo del Debate Oral, tal como lo exige claramente la mencionada norma procesal, implícitamente el Acusado está renunciando a la realización del Juicio Oral y Público, al considerar que es mejor y más conveniente para sus intereses procesales la rebaja de pena contenida expresamente en el artículo 376 ejusdem, y ante tal situación jurídica, el Tribunal de Juicio debe pronunciarse inmediatamente, a través de una Sentencia Definitiva que necesariamente debe ser condenatoria, pero con la particularidad de que en estos casos el juzgador no puede entrar a analizar y valorar todos aquellos elementos probatorios que constituyen el Objeto del Proceso Penal en la presente causa, debido fundamentalmente a que no se realizó ningún debate contradictorio que le permitiera al Tribunal actuando con base en los Principios de la Oralidad, la Inmediación y la contradicción determinar la veracidad y certeza de tales Medios Probatorios, máxime cuando estamos en presencia de un Proceso Penal Acusatorio, por lo tanto, al tratarse de un Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, el Principio General de que toda sentencia debe ser fundada, bajo pena de nulidad, tal como lo dispone el Artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, se circunscribe, no al estudio, análisis y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, ni tampoco a la valoración de los elementos fácticos que corren insertos en la causa, por cuanto la libre manifestación de voluntad del acusado, al admitir los hechos, hace irrelevante tal operación mental, la cual además sería completamente ilegal, por cuanto, entrar a conocer el contenido de las actas procesales, sin que las mismas hayan sido ratificadas personalmente y de viva voz en el debate oral por los funcionarios, testigos y expertos actuantes, sería retroceder nuevamente al derogado Sistema Penal Escrito e Inquisitivo del C.E.C., que fue definitivamente superado, sino más bien, al cumplimiento de los demás requisitos de la sentencia contenidos expresamente en el Artículo 364 Ibidem.

VII.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

Con relación al delito de Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, admitido por el acusado de autos en la Audiencia de Juicio Oral, la norma sustantiva penal contempla una pena de Tres (03) a Cinco (05) Años de Prisión, debido a que la Ley Penal sanciona la conducta de toda persona que tiene, posee, detenta y esconde un Arma de Fuego, propiamente dicha, vale decir, aquella que se encuentra en buen estado de uso y funcionamiento, y que fue elaborada conforme a un conjunto de especificaciones técnicas y científicas, empleadas para hacer este tipo de armas, pero que no tiene el permiso o porte de arma correspondiente, legalmente expedido por la autoridad administrativa respectiva, a fin de poder llevar un registro completo y actualizado del parque de armas de fuego que circulan en el país, así como de sus propietarios, siendo esta conducta voluntaria, omisiva y negligente la que sanciona la norma, lo que obviamente constituye o representa la comisión de un hecho punible de acción pública, por porte u ocultamiento ilegal de la misma.

En el presente caso, tal calificación jurídica obedece al hecho cierto de que el acusado de autos, ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, indocumentado, fue aprehendido en circunstancias de flagrancia por los Funcionarios Policiales actuantes, teniendo en su poder, y bajo su dominio y disposición, oculta en el interior de su habitación, Un (01) Arma de Fuego, Tipo Pistola, Marca Pietro Beretta, Calibre 22 m.m., con Un (01) Cargador, contentivo de Siete (07) Balas, Sin Percutir, Marca Dominion 25 auto, además de Dieciocho (18) Balas, Sin Percutir, Marca Dominion 25 auto, sin tener para ello el respectivo Permiso o Porte de Arma de Fuego, legalmente expedido por la autoridad administrativa correspondiente.

Ahora bien, tomando en consideración todos los elementos de juicio que obran en la causa en contra del acusado de autos, este Tribunal de Juicio estima definitivamente que la ACCIÓN desplegada en el hecho por el supra-indicado ciudadano se encuentra suficientemente acreditada en la causa, por cuanto se trata ciertamente de la misma persona que fue aprehendida de manera in fraganti por los funcionarios policiales actuantes luego de practicar un allanamiento en su vivienda y encontrarle en su poder Un (01) Arma de Fuego, por tal razón la misma fue incautada como evidencia en el procedimiento realizado, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar claramente detalladas en el Acta Policial, razón por la cual el legislador estableció una sanción penal para éste tipo de conductas, mediante el principio de la TIPICIDAD por tratarse de hechos de carácter evidentemente ilícitos, tal como en el presente caso, que se trata de un delito calificado como: Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del Orden Público, lo cual ciertamente habla de la ANTIJURICIDAD de la conducta dolosa e intencional desplegada por el acusado, debido a que en este tipo de delitos no puede hablarse de una conducta culposa, por cuanto se requiere necesariamente el concurso del Dolo Específico a fin de consumar la antijuricidad de la acción desplegada, y como no existe ningún elemento de valor acreditado en la presente causa, que permita presumir o suponer que el mencionado ciudadano haya actuado bajo alguna circunstancia que ponga en duda la salud o la claridad mental del mismo respecto a la gravedad del hecho punible perpetrado, debe concluirse que se trata de una persona totalmente IMPUTABLE por lo que debe concluirse necesariamente que su responsabilidad penal en el hecho imputado queda definitivamente acreditada. Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, una vez revisadas y analizadas detenidamente todas las actuaciones que integran la presente causa, el Tribunal tomando en consideración que el acusado de autos: FABIO ANDRES JAIMES, indocumentado, actuando de manera libre, voluntaria y sin presiones de ninguna naturaleza, luego de escuchar la acusación fiscal, y después de ser impuesto de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso y el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el Precepto Constitucional contemplado en el Artículo 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio pleno de su Derecho a la Defensa, procedió a ADMITIR LOS HECHOS IMPUTADOS, solicitando además la imposición inmediata de LA PENA CORRESPONDIENTE con la REBAJA RESPECTIVA, y luego de constatar la efectiva comisión de un hecho punible de acción pública cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, además de tomar en consideración que tal Admisión de Hechos se encuentra plenamente ajustada a derecho, por haber sido expresada de manera pura y simple, sin condiciones de ninguna naturaleza y con pleno conocimiento de sus derechos, éste Juzgador de conformidad con lo establecido en los Artículos 26, 49 y 257 Ejusdem, que obligan al Estado a garantizar la realización de una justicia equitativa, rápida, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, ordenando no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, dicta inmediatamente SENTENCIA CONDENATORIA de conformidad con lo dispuesto en el mencionado Artículo 376 del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el Artículo 367 Ibidem, en contra del acusado de autos, ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, indocumentado, por la comisión del delito de Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del Orden Público, y en consecuencia, lo CONDENA a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por cuanto, su responsabilidad penal y la consecuente culpabilidad en los mencionados hechos punibles se encuentran plenamente demostradas, quedando de esta forma desvirtuado más allá de toda duda razonable, el Principio de Presunción Inocencia, consagrado en el Artículo 8º del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el numeral 2º del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASI SE DECIDE.

VIII.

DISPOSITIVA.

Este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Artículo 253 de la Constitución de la República, DECRETA:-------------------------

PRIMERO: Vista la admisión de los hechos, realizada por el acusado de autos FABIO ANDRES JAIMES, ya identificado, ésta Juzgador admite la misma en virtud que fue hecha en forma libre, voluntaria, a viva voz y sin coacción, encontrándose ajustada a derecho, por haberse realizado bajo la Garantía del Derecho a la Defensa y del Debido Proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República, y en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Adjetivo Penal, CONDENA al acusado ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES, antes identificado, a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y (06) SEIS MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal. Asimismo, le impone la pena accesoria de Inhabilitación Política durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 16 del Código Penal. No se impone la sujeción de la vigilancia de la autoridad por una quinta parte de la condena, terminada ésta, por ser excesiva e ineficaz conforme al fallo vinculante N° 135, del 21-02-2008, expedido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

SEGUNDO: No se condena en costas procesales al acusado de autos, teniendo en cuenta el articulo 26 Constitucional, que consagra el principio de gratuidad del servicio de administración de justicia.

TERCERO: Por cuanto éste Tribunal de Juicio observa que el acusado de auto, ciudadano: FABIO ANDRES JAIMES arriba identificado, se encuentra en libertad, se acuerda mantener la misma, hasta que el respectivo Tribunal de Ejecución que conozca de la causa por efectos de la distribución, decida conforme a sus facultades y atribuciones legales todo lo referente al Cumplimiento de la Pena impuesta.

CUARTO: Se acuerda la confiscación definitiva del arma de fuego incautada en el procedimiento realizado, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 278 del Código Penal en relación con los artículos 10 y 30 de la ley Sobre Armas y Explosivos y su Reglamento, y se ordena la remisión de la misma al Parque Nacional de Armas para su destrucción.

QUINTO: Cesan las Medidas Cautelares Sustitutivas impuestas al acusado en la audiencia oral de calificación de flagrancia.

SEXTO: Una vez firme la presente Sentencia Condenatoria se acuerda remitir copia certificada de la misma a la Dirección de Antecedentes Penales del Ministerio del Interior y Justicia, a fin de que sea debidamente incluido en el Registro que a tal efecto se lleva por ante dicha dependencia. Asimismo, se procederá respecto a la Oficina Nacional de Extranjería y el Consejo Nacional.

SEPTIMO: Se deja constancia que el Tribunal se acoge al lapso legal de diez (10) días hábiles para la publicación del texto integro de la sentencia. Quedan la partes presentes debidamente notificadas.

Publíquese, Regístrese, Notifíquese y Ofíciese.

Dada, firmada, sellada y refrendada en el despacho del Juez de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a los Siete (07) días del mes de Octubre del Año 2011. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

ABG. VÍCTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE JUICIO N° 03.

LA SECRETARIA.