REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. EXTENSIÓN EL VIGIA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL N° 07
El Vigía, 22 de Septiembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : LP11-P-2007-002349
ASUNTO : LP11-P-2007-002349

AUTO DECLARANDO SIN LUGAR CESE DE MEDIDA CAUTELAR

Visto el escrito suscrito por la Abg. SHEILA DEL R. ALTUVE P., en su condición de defensora Pública Sexta del Estado Mérida, Extensión El Vigía y como tal defensora del imputado LENNIN ALIRIO CACERES RANGEL, mediante el cual solicita de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el Cese de la Medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, por cuanto su defendido ha estado sometido a esta medida desde aproximadamente tres años y tres meses, este Tribunal para decidir observa:
En fecha 10-10-2007, se llevó a efecto ante este Tribunal de control, la audiencia de calificación de aprehensión en flagrancia en la que se decretó como flagrante la aprehensión del imputado: LENNIN ALIRIO CACERES RANGEL, Venezolano, natural de El Vigía, Estado Mérida, nacido en fecha 03-12-1987, de 19 años de edad, de profesión u oficio Obrero Agricultor, titular de la cédula de identidad 18.055.399, hijo de ALIRIO CÁCERES (v) y MARIBEL RANCEL (V), residenciado en El Sector Mesa Alta a 500 mts de la Planta de tratamiento Aguas de Mérida, casa sin número, Mucujepe, Estado Mérida, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en los artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cometido en perjuicio de la ciudadana IBIS YULIETH ROJAS PARRA., oportunidad en la cual se le impuso al prenombrado imputado la medida cautelar sustitutiva a la Privación de libertad, contenida en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a las presentaciones periódicas ante este Tribunal cada quince días, presentaciones estas que fueron ampliadas a cada 45 días, en fecha 14-02-2008.
Ahora bien, el Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que: Artículo 243 " Toda persona a quién se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. (Subrayo del Tribunal). Artículo 244: " No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. (Subrayado del Tribunal).
De lo anterior se deduce que las finalidades del proceso penal, implican no sólo la realización de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, sino también, el descubrimiento de la verdad y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo dispone el artículo 13 ejusdem, lo que tiene relación directa con lo previsto en el artículo 30 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se establece que el Estado protegerá a la víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados, y en la presente caso nos encontramos con la presencia de un presunto hecho punible cuya autoría material y grado de participación debe ser dilucidada en el contradictorio del debate oral y público, mediante el cumplimiento del principio de la inmediación, contemplado expresamente en los artículos 16 y 332 referido Código Adjetivo Penal, porque de lo contrario se estaría desvirtuando la verdadera esencia y finalidad del Proceso Penal, y donde además se garantice la presencia y la participación de todas las partes involucradas, a los actos para los cuales sean llamados; y, si bien es cierto que debe tomarse en cuenta lo establecido en el Artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la interpretación restrictiva de las disposiciones legales que limitan la libertad del imputado y las que definen la flagrancia, no es menos cierto, que también debe tomarse en consideración que la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad decretada en contra del imputado en fecha 20-10-2008 en la audiencia de calificación de aprehensión en flagrancia, realizada por este Tribunal de Control, consiste únicamente en una medida de carácter eminentemente procesal y cautelar, que tiene una finalidad instrumental que busca fundamentalmente garantizar la necesaria presencia del imputado a los actos subsiguientes del proceso, y en definitiva garantizar objetivamente la aplicación de la justicia, evitando que ésta sea burlada o frustrada por la ausencia del imputado de autos.
Ahora bien, revisada la presente causa se evidencia que efectivamente este Tribunal de Control N° 07, en fecha 10-10-2007, en la audiencia de presentación del detenido en flagrancia, le impuso al imputado la medida cautelar sustitutiva de libertad, contenida en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico procesal Penal, consistente en la presentación cada treinta (30) días por ante la Oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, Extensión el Vigía, a los fines de garantizar la presencia del imputado a los actos subsiguientes del proceso penal, la cual fue ampliada sus presentaciones a cada cuarenta y cinco (45) días, en fecha 14-02-2008; y de la revisión realizada a los asientos informáticos registrados en el sistema Juris 2000, se observa que el imputado desde el dio cumplimiento a esta medida hasta el día 04-02-2009, y sin motivo justificado dejó de cumplir las presentaciones a las cuales estaba obligado por decisión del Tribunal, siendo contumaz y reticente al cumplimiento de la decisión tomada por este Tribunal, por lo que mal podría el Tribunal decretar el decaimiento de una medida a la cual el imputado dejó de cumplir desde hace mas de dos años, y en consecuencia resulta necesario y ajustado a derecho declarar sin lugar la solicitud de decaimiento de la medida cautelar presentada por la abogada SHEILA DEL R. ALTUVE P.,, defensora pública del imputado LENIN ALIRIO CACERES RANGEL, razón por la cual se mantiene la misma. Y ASI SE DECIDE.
Por las razones antes expuestas este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 07 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA, EXTENSION EL VIGIA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, UNO: declara sin lugar la solicitud de decaimiento de medida cautelar sustitutiva de privación de libertad, interpuesta por la abogada SHEILA DEL R. ALTUVE P., defensora pública del imputado: LENNIN ALIRIO CACERES RANGEL, Venezolano, natural de El Vigía, Estado Mérida, nacido en fecha 03-12-1987, de 19 años de edad, de profesión u oficio Obrero Agricultor, titular de la cédula de identidad 18.055.399, hijo de ALIRIO CÁCERES (v) y MARIBEL RANCEL (V), residenciado en El Sector Mesa Alta a 500 mts de la Planta de tratamiento Aguas de Mérida, casa sin número, Mucujepe, Estado Mérida, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en los artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cometido en perjuicio de la ciudadana IBIS YULIETH ROJAS PARRA. DOS: Por cuanto hasta la presente fecha el Ministerio Público no ha emitido acto conclusivo en el presente proceso, se acuerda oficiar a la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público, a los fines de que remita a este Tribunal a la brevedad posible la causa N° LP11-P-2007-002349 (14F18-PO-00239-07), a los fines de proceder conforme a lo establecido en el artículo 103 del la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Notifíquese a las partes de esta decisión y líbrese el oficio correspondiente. ASI SE DECIDE.-
Regístrese, publíquese y diarícese esta decisión. Cúmplase.
DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA, EXTENSION EL VIGIA, ACTUANDO EN FUNCIONES DE CONTROL N° 07, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

LA JUEZ DE CONTROL N° 07

ABG. VILMA MARIA TOMMASI ESCALONA
LA SECRETARIA

ABG. LUISANA D. RODRIGUEZ C.
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto que antecede, se libraron boletas de notificación Nrs. _______________________________________.

CONSTE/SRIA.