JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MIRANDA Y PUEBLO LLANO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. Timotes; Trece (13) de Abril de dos mil doce (2012). 202º y 153º Visto, el anterior convenimiento suscrito por ante este Tribunal por los ciudadanos: JOSE EDUARDO RIVAS DIAZ JUANA RIVERA LACRUZ, venezolanos, mayores de edad, Agricultor y de oficios del hogar, titulares de las cédulas de identidad Nos V- 8.038.359 y V-9.178.867 domiciliados ella en la Avenida O´Leary, casa N° 17-1, y el en el sector Mesa Cerrada, casa S/N, ambos de esta población de Timotes, Municipio Miranda, Estado Mérida y hábiles, quienes conciliaron en establecer el Aumento de la Obligación de Manutención a favor de su hijo (identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de 12 años de edad respectivamente, de la siguiente manera: el padre declaró estar de acuerdo en aumentar la obligación de manutención a favor de su hijo, la cantidad de SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 600,oo) Mensuales, a partir de esta misma fecha, los cuales consignará por mensualidades vencidas, lo que comprende la fracción de un treinta y ocho punto setenta y cinco por ciento (38.75%) de un salario mínimo, comprometiéndose además a cumplir con los Bonos Especiales de los meses de agosto y Diciembre en la cantidad de UN MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs 1.500,oo), cada uno, pagaderos los días quince (15) de estos meses, más el incremento automático y proporcional del 30% anual; al no requerirse para estos casos la Notificación del Fiscal de Protección del Niño, del Adolescente y la Familia del Ministerio Público, tal como lo señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 01-2612, de fecha 15 de Mayo de 2002, que éste Tribunal acoge de acuerdo con los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la cual expresa entre otras cosas lo siguiente: “…considera que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente sólo preceptúa la nulidad de aquellos procedimientos donde la Ley ordene la participación o citación del Ministerio Público, cuando ella no se verifique, tal sería el caso, por ejemplo, del Procedimiento Contencioso en Asuntos Familiares y Patrimoniales (artículo 461 parágrafo 3°); del Procedimiento de Adopción (artículo 497); de la Acción de Protección (artículo 278), o respecto del Procedimiento Judicial de Protección (artículo 323, letra a); todos ellos regulados por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Observa la Sala que ese no es el caso del Procedimiento Especial de Alimentos y de Guarda, donde la Ley no ordena la participación o citación del Ministerio Público. Lo anterior no impide que el Ministerio Público pueda participar en dichos procedimientos, ya que, tal como dispone el artículo 170, letra c, el Ministerio Público puede participar, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, en defensa del interés de los niños y adolescentes involucrados…”. En razón de las anteriores consideraciones teniendo el Acta, cabeza de las presentes actuaciones el carácter de documento público y no siendo contrario a derecho, ni voluntario de normas de orden público, sino por el contrario beneficia al niño y por contener una decisión de las partes de proceder a cumplir una obligación legal y natural. Este Tribunal de los Municipios Miranda y Pueblo Llano de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dando cumplimiento a la Resolución a la Resolución N° 1.278, de fecha 22 de Agosto de 2000, emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.036, de fecha 14 de Septiembre de 2000, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7, 26, 49, 75, 76, 78 y 253 de nuestra Carta Magna, en concordancia con los artículos 7, 8, 30, 87, 88, 315, 365, 366, 369, 375, 376, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tomando en cuenta lo pautado en los artículos 2, 3, 5, 6 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño suscrita, aprobada y ratificada por la Nación el 29 de Agosto de 1990, publicada en Gaceta Oficial N° 34.541, este Tribunal de los Municipios Miranda y Pueblo Llano de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su homologación, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Se acuerda que los montos convenidos sean depositados en la cuenta de ahorro aperturada al efecto en la Entidad Bancaria BICENTENARIO, sucursal Timotes, a nombre de la ciudadana JUANA RIVERA LACRUZ, ya identificada en representación de su hijo. ASÍ SE DECIDE.- REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA U ORIGINAL DE LA PRESENTE DECISIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y de los cardinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.---------------- DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MIRANDA Y PUEBLO LLANO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.----------------------- EL JUEZ: ABG. CARLOS EMILIANO SALCEDO RAMIREZ EL SECRETARIO: ABG. DEFIGENIO VILLARREAL LAGUNA En la misma fecha del auto anterior se publicó la presente decisión siendo las once de la mañana. EL SECRETARIO: ABG. DEFIGENIO VILLARREAL LAGUNA CERS/dvl/cchd*