REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Mérida, diez (10) de agosto de dos mil doce (2012) 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL: LP21-N-2012-000017 SENTENCIA INTERLOCUTORIA COMPETENCIA Y ADMISIÓN DE RECURSO DE NULIDAD -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARTE RECURRENTE: Instituto Nacional de Turismo, (INATUR), creado según Decreto 1.534 con Fuerza de Ley orgánica de Turismo, publicado en Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 37.332, de fecha 26 de noviembre de 2001, domiciliada en Caracas Distrito Capital. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Vanessa Alejandra Mejia Lovera, titular de la cédula de identidad N° 17.907.634 e Inpreabogado N° 137.205, domiciliada en la ciudad de Mérida, capital del Estado Mérida. ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Acto Administrativo de efectos particulares, dictado por el Inspector del Trabajo del Estado Mérida, consistente en la Providencia Administrativa Nº 00201-2011, según Expediente Administrativo Nº 046-2011-06-00643, dictada por la Inspectoría del trabajo del Estado Mérida en fecha 23 de septiembre de 2011. -II- DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Previamente a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo, que fuera interpuesto por Instituto Nacional de Turismo, según Decreto 1.534, publicado en Gaceta Oficial número: 37.332 de fecha 26 de noviembre de 2001, contra la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, es necesario hacer algunas observaciones sobre la competencia de éste Juzgado para conocer, sustanciar y resolver la causa, para lo cual hace las siguientes consideraciones: En fecha 16 de Junio de 2010 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reimpresa nuevamente por errores materiales en fecha 22 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, la cual en su artículo 25 numeral 3, excluye expresamente de la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Providencias Administrativas emanadas por la Inspectoría del Trabajo). Siendo ello así, se observa que el presente recurso fue interpuesto en fecha posterior de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, por lo que resulta claro que de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la determinación de la competencia del presente recurso debe realizarse bajo el criterio de la competencia establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, que estableció que corresponde a éstos Tribunales de Primera Instancia Laboral conocer de los recursos contenciosos administrativos de nulidad que se propongan contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo de la Región respectiva. Así las cosas, y observándose que el presente recurso fue incoado con posterioridad a la Ley antes mencionada contra una providencia administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo de las correspondientes a la competencia de este Juzgado por el territorio, éste Jurisdicente se declara COMPETENTE para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, arriba identificado. Así se establece.- -III- DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Ahora bien, una vez declarada la competencia, este Tribunal pasa a la revisión de los extremos establecidos por el legislador en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relacionado con los requisitos que debe contener la demanda, así como las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la misma ley, los cuales señalan: “Artículo 33. El escrito de la demanda deberá expresar: 1. Identificación del tribunal ante el cual se interpone. 2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere. 3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones. 5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicio, deberá indicar el fundamento del reclamo y su estimación. 6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda. (negrita y subrayado de este Tribunal) 7. Identificación del apoderado y la consignación del poder. En casos justificados `podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su transcripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito.” “Artículo 35. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: 1.) Caducidad de la acción. 2.) Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 3.) Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la república, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa. (negrita y subrayado de este Tribunal) 4.) No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. 5.) Existencia de cosa juzgada. 6.) Existencia de conceptos irrespetuosos. 7.) Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. (negrita y subrayado de este Tribunal) Así las cosas, es importante acotar, que las causales de admisibilidad deben ser revisadas de oficio, teniendo el Juez la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga inadmisible el recurso; en tal sentido, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, transcrito anteriormente, indica en especial lo siguiente: “La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: …4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. …”, constituyendo documento fundamental de la demanda de nulidad de acto administrativo, la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 425, numeral 9° de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la cual fue ordenada en la Providencia Administrativa Nº 00201-2011, según Expediente Administrativo Nº 046-2011-06-00643, dictada por la Inspectoría del trabajo del Estado Mérida en fecha 23 de septiembre de 2011, en concordancia con la parte in fine del tercer aparte del artículo 94 de la Ley Sustantiva Laboral, que establece que los actos, resoluciones o providencias emanadas de la autoridad del poder popular en materia del trabajo y seguridad social, y sus actos, resoluciones o providencias se ejecutarán efectivamente y no serán objeto de impugnación en vía jurisdiccional, sin previo cumplimiento del acto administrativo. En el presente caso, la parte recurrente Instituto Nacional de Turismo, (INATUR), creado según Decreto 1.534 con Fuerza de Ley orgánica de Turismo, publicado en Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 37.332, de fecha 26 de noviembre de 2001, no consignó la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, la cual le fue requerida por este Tribunal por auto de fecha 09 de mayo de 2012 (folio 205) y La Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida, informo a este Tribunal en fecha 18 de julio de 2012, folio 214, el no cumplimiento por parte de la recurrente de la Providencia Administrativa siendo una de las causales de inadmisibilidad de la acción; concluye este Tribunal que la presente demanda esta incursa en INADMISIBILIDAD, de conformidad con el numeral 7 del artículo 35, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. -IV- DECISIÓN Por los fundamentos anteriormente expuestos este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SU COMPETENCIA para conocer y decidir el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo de efectos particulares, interpuesto por el Instituto Nacional de Turismo, según Decreto 1.534, publicado en Gaceta Oficial número: 37.332 de fecha 26 de noviembre de 2001 Sagunto: INADMISIBLE el RECURSO DE NULIDAD contra el ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 00201-2011, según Expediente Administrativo Nº 046-2011-06-00643, dictada por la Inspectoría del trabajo del Estado Mérida en fecha 23 de septiembre de 2011, interpuesto por la Instituto Nacional de Turismo, según Decreto 1.534, publicado en Gaceta Oficial número: 37.332 de fecha 26 de noviembre de 2001, por las razones indicadas en la parte motiva del presente fallo. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida a los diez (10) días del mes de del año dos mil doce (2012). 202º y 153º. El Juez, Abg. Alirio Osorio. La Secretaria, Abg. Yurahi Gutiérrez. En la misma fecha y siendo las ocho y cincuenta minutos de la mañana (8:50 a.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede. Sria, Abg. Yurahi Gutiérrez.