REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL El Vigía, 12 de Agosto de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : LP11-P-2012-003523 ASUNTO : LP11-P-2012-003523 Visto el escrito formulado por el Abg. HORTENCIA RIVAS PERNIA en su condición de Fiscal Auxiliar sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía, recibido por este Tribunal en fecha 08 de mayo de 2012, donde solicita se decrete el Sobreseimiento en la presente causa de conformidad con el articulo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal. Este juzgador pasa a considerar lo siguiente: PUNTO PREVIO Previamente al pronunciamiento de la presente solicitud, este Tribunal estima necesario precisar, que se abstiene de realizar la convocatoria de la audiencia prevista en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el Ministerio Público como órgano facultado para ejercer la acción Penal en nombre del Estado Venezolano, ha manifestado dentro de los limites de su competencia, que la presente solicitud de sobreseimiento, la fundamenta en el hecho de LA ACCION PENAL SE ENCUENTRA EVIDENTEMENTE PRESCRITA. De acuerdo con lo tipificado en los artículos 318 numeral 3 y numeral 8 del articulo 48 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se estima inoficioso convocar a una audiencia, a los fines de debatir con la víctima los fundamentos de la presente solicitud de sobreseimiento, pues debido a la autonomía que posee el Ministerio Público; a éste órgano no se le puede obligar a presentar un acto conclusivo distinto del que ha propuesto, de manera tal que ni siquiera frente a una eventual oposición hecha por la víctima durante la audiencia del artículo 323, se puede conminar la representación Fiscal para que acuse o presente un acto conclusivo distinto. I DE LOS HECHOS “En fecha 29 de noviembre del 2003, compareció por ante el Comando Regional 1 Destacamento 16, Segunda compañía un funcionario quien se identifico como: CAROLINA PEÑA SALINAS, a fin de interponer Acta de Investigación Penal Nº SI-011-029 ante este despacho, dejando constancia entre otras cosas, lo siguiente: “ENCONTRANDOSE DE COMISION ESPECIFICAMENTE EN LA PLAZA BOLIVAR DE LA PARROQUIA SANTA APOLONIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO TULIO FEBRES CORDERO SE OBSERVO A UN CIUDADANO EN APTITUD SOSPECHOSA, EL CUAL ESTABA IDENTIFICADO COMO ITINERANTE O RECOLECTOR DE FIRMAS PARA DICHA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE PORTABA CONSIGO UNA CREDENCIAL DE AGENTE DE RECOLECCION DE FIRMAS DE LA COORDINADORA DEMOCRATICA, QUE LO AUTORIZABA A CUMPLIR DICHA FUNCION QUEDANDO IDENTIFICADO COMO: LEONARDO ENRIQUE RAMIREZ TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº V-8.094.789, EL CUAL PORTABA ADEMAS UNA CREDENCIAL DEL CENTRO NACIONAL ELECTORAL COMO TESTIGO PRINCIPAL DE LA COORDINADORA DEMOCRATICA, Y AL SER SOLICITADA PARA SU REVISION PRESENTABA TACHONES Y ENMIENDAS EN LA PARTE SUPERIOR, ES DECIR SE ENCONTRABAN REMARCADOS Y SE NOTO QUE DICHA CREDENCIAL PERTENECIA AL CIUDADANO CARLOS RUBIO …” II RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO Elementos de Convicción Rielan del folio 01 al 24 del expediente diligencias de investigación practicadas por los órganos de Policía de investigaciones penales, auxiliares del despacho fiscal conformidad con lo establecido en el articulo 110 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Efectuadas las anteriores precisiones, advierte el Juzgado, que el hecho que nos ocupa aconteció el día 29/11/2003, y hasta la presente fecha ha transcurrido más de OCHO (08) AÑOS, tiempo que evidencia la prescripción de la acción penal, ya que el delito DESTRUCCION DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS MESAS ELECTORALES Y USO INDEBIDO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política Vigente para el momento en que ocurrió el hecho, establece la pena de PRISION DE DOS (02) A TRES (03) AÑOS, siendo el termino medio de la pena prevista de DOS (02) AÑOS Y SEIS MESES PRISION, Correspondiéndole un lapso de prescripción de TRES (03) AÑOS, según lo dispone el artículo 108 numeral 5 del Código Penal vigente para el momento de los hechos contados a partir de la perpetración según lo dispone el artículo 109 eiusdem y por cuanto no ha operado ninguna de las causales de interrupción de la prescripción de las previstas en el artículo 110 eiusdem, siendo evidente que ha transcurrido más del tiempo requerido para prescribir, por lo que según como manifiesta la Fiscalía del Ministerio Público sería inoficioso la practica en esta fecha de cualquier diligencia de investigación, debiendo decretarse el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal. Y así se decide. Por tales motivos considera quien aquí juzga que esta ajustado a derecho el pedimento hecho por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de que se otorgue el Sobreseimiento en la presente causa, en consecuencia ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA EXTENSION EL VIGIA. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. PRIMERO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en la presente causa A FAVOR del ciudadano: LEONARDO ENRIQUE RAMIREZ, venezolano, mayor de edad Titular de la Cedula de Identidad Nº V-8.094.789, domiciliado en Bobures Estado Zulia, vivienda las rurales, casa Nº 11, sector las Malvinas, Teléfono 0271-7791295. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° en concordancia con el numeral 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal. Se fundamenta la presente decisión en los artículos que han sido mencionados a lo largo de la misma y en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide. SEGUNDO: Se ordena notificar a las partes, si no es posible la notificación personal del investigado y la víctima notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Una vez que se encuentre firme la presente decisión, se acuerda remitir la misma al Archivo Judicial. Y así se decide. ABG. ELEAZAR LEON MORIN AGUILERA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, EXTENSIÓN EL VIGÍA ABG. EDITH MARBELLA GARCIA SECRETARIA