REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRÉS BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

TRIBUNAL 1° DE LOS MUNICIP IOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO,
OBISPO JUAN RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA EXTENSION EL VIGIA

El Vigía, 17 de enero de 2012.-.
201º y 152°
Se inicia el presente juicio seguido por los abogados Carlos Emilio Castellanos Carreño y Rosauro Silva Figueroa, apoderados judiciales del Banco de Venezuela, S. A. Banco Universal, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad N° V-9.463.588 y V-4.651.324, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 48.291 y 24.954, en su orden, contra el ciudadano Pedro José Rondón Uzcátegui, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.086.808, por Resolución de Contrato de Venta con Reserva de Dominio por incumplimiento del comprador deudor cedido,.
Mediante auto de fecha 10 de febrero de 2010, se admitió la presente solicitud y se anotó su entrada bajo el Nº 2198-10.
Mediante diligencia de fecha 8 de marzo de 2010, el abogado Rosauro Silva Figueroa, con el carácter acreditado en autos consigna fotostátos para la formación de la compulsa y los emolumentos para que el Alguacil realice las diligencias tendientes a la citación del demandado.
Al folio 20 el Alguacil del Tribunal rinde diligencia donde deja expresa constancia que le fue imposible localizar al ciudadano Pedro José Rondón Uzcátegui, en la dirección señalada al efecto.
Mediante diligencia el abogado Rosauro Silva Figueroa, (folio 29), solicita la citación por carteles de la parte demandada.
Por auto de fecha 18 de mayo de 2010 (folio 30) el Tribunal acordó la citación por carteles del ciudadano Pedro José Rondón Uzcátegui, parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Se libraron los carteles correspondientes para su publicación y fijación respectiva.
Mediante diligencia suscrita por el abogado Rosauro Silva Figueroa de fecha 7 de julio de 2010, (folio 32) retira carteles de citación para su respectiva publicación.
Al folio 33, obra diligencia suscrita por la Secretaria Temporal del Tribunal, de fecha 30 de septiembre de 2010, mediante la cual manifiesta que procedió a fijar el cartel de citación de la parte demandada en la dirección señalada al efecto por la parte demandante.
Ahora bien, observa este Tribunal que desde la última actuación que obra al folio 33 de fecha 30 de septiembre de 2010, no ha habido ninguna otra actividad procesal, por lo que, se hace necesario analizar si ha procedido la perención o no de la instancia.
Ante tal situación, resulta necesario para este Tribunal advertir el efecto que causa la inactividad procesal de las partes frente al normal desenvolvimiento del proceso, ya que para declararse la Perención se requiere que la paralización de la causa que le sirve de origen, deba contarse a partir del último acto de procedimiento, sin que para ello deba interpretarse interrumpida la inactividad de la causa, por actos procesales realizados por el Juez para la tramitación de la misma.
Son las partes las que tienen la obligación de impulsar el aparato jurisdiccional para que sean tutelados sus derechos, y son precisamente tales actos (diligencias y escritos consignados por las partes o terceros intervinientes en el proceso), los que efectivamente interrumpen la actividad procesal de la causa.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año, sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…”

En regla general en materia de perención, la Sala de Casación Civil en su sentencia Nº 211 de fecha 21 de junio del 2000, ha expresado:
“La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las parte hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la Perención y se verifica de derecho y puede declararse de Oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”…
Ahora bien, siendo la perención un modo de extinguir la relación procesal, se puede afirmar que esta es de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden publico. Para su declaratoria, basta que se produzcan dos condiciones: la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes y por otro lado, la paralización de la causa por el transcurso de un (01) año, una vez efectuada el último acto de procedimiento, entendiéndose, además que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.
Tenemos en el presente caso la falta de interés del accionante de impulsar la presente causa por cuanto desde el día 30 de septiembre de 2010, hasta la presente fecha, han transcurrido UN AÑO, TRES MESES, DIECIOCHO DIAS, sin que haya instado el procedimiento como lo era publicar el cartel de citación y la correspondiente consignación de los ejemplares del periódico donde aparezca publicado el cartel, para la continuación que el proceso requiere, de manera tal, que encuadra dentro de lo que preceptúa lo establecido en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267, por cuanto no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento durante ese lapso.
Cabe destacar como ha sido señalado en diferentes oportunidades por Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que el fin último de todo proceso es la resolución de una determinada controversia conforme a derecho; por cuanto el estado en todo momento deberá estar obligado a impartir justicia, so pena de incurrir en responsabilidad. Sin embargo existen casos en los que el acto final del proceso no contiene un pronunciamiento respecto al fondo o reclamación subjetiva presentada por las partes y más bien, responde a una situación formal que desemboca en una terminación anormal del proceso y debe por tanto el órgano jurisdiccional, tal y como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, una vez verificada la inactividad de las partes, declarar la perención de oficio, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
En consecuencia y en atención a lo antes señalado, resulta evidente que al haber transcurrido el lapso establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe este Tribunal declarar consumada la PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente juicio seguido por los abogados Carlos Emilio Castellanos Carreño y Rosauro Silva Figueroa, apoderados judiciales del Banco de Venezuela, S. A. Banco Universal, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad N° V-9.463.588 y V-4.651.324, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 48.291 y 24.954, en su orden, contra el ciudadano Pedro José Rondón Uzcátegui, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.086.808, por Resolución de Contrato de Venta con Reserva de Dominio por incumplimiento del comprador deudor cedido. Así se decide.
Notifíquese a la parte demandante, para ponerlo en conocimiento que en el día de Despacho siguiente al día en que conste agregada su notificación, en este expediente, comenzará a transcurrir el lapso para que ejerza el recurso de apelación en contra de la presente decisión. Líbrese la correspondiente boleta de notificación.
DADO, SELLADO, FIRMADO Y REFRENDADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS ALBERTO ADRIANI, ANDRES BELLO, OBISPO RAMOS DE LORA Y CARACCIOLO PARRA OLMEDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA. El Vigía, diecisiete (17) de enero de dos mil doce (2012). AÑOS 201° DE LA INDEPENDENCIA Y 152° DE LA FEDERACION.
LA JUEZ,


ABG. CARMEN E. RINCON RUBIO
LA SECRETARIA,


Abg. DAIREE J. MARIN RANGEL

En la misma fecha se boleta de notificación y se entregó al Alguacil del Tribunal.
LA SECRETARIA


ABG. DAIREE J. MARIN RANGEL
Exp. Nº 2198-10
CERR/afdem.