REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, treinta (30) de julio de dos mil doce (2012)
202º y 153º


ASUNTO PRINCIPAL: LP21-O-2012-000008


SENTENCIA DEFINITIVA


-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES


PRESUNTA AGRAVIADA: ANA YDELGARDIS ARANGUREN DE TORRES, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº 13.097.347, domiciliada en Mérida, Estado Mérida.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: NANCY CALDERON, venezolana, titular de la cedula de identidad N° 9.475.833, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.089, actuando en su condición de Procuradora Especial para los Trabajadores del Estado Mérida.

PRESUNTA AGRAVIANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, en la persona del Rector ciudadano Mario Bonucci, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 4.595.968, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE AGRAVIANTE: MARIEBE CALDERON RODRIGUEZ y JUAN CARLOS SARACHE BALZA, venezolanos, titulares de la cédula de identidad Nos. 10.712.332 y 11.467.463, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 63.905 y 129.009.
MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.


-II-
ALEGATOS DE LA PARTE AGRAVIADA

Señala la presunta agraviada en la persona de su abogada asistente que

“…En fecha veintiséis (26) de mayo de 2008, comencé a prestar mis servicios para la Universidad de Los Andes como Supervisora de Personal de Vigilancia, representada legalmente por el Ciudadano Mario Bonucci en su condición de Rector. El cargo para el cual me contrataron fue de carácter de eventual, sin embargo, cumplía con mis funciones de manera continua e ininterrumpida, consistiendo las mismas en supervisar, distribuir y controlar el personal de vigilancia a mi cargo, realizar recorridos durante el día por las diferentes instalaciones de las áreas bajo mi responsabilidad, adiestrar a los vigilantes a mi cargo en los operativos de seguridad coordinar acciones a tomar en operativos en casos de emergencia, verificar la asistencia de los vigilantes, el uniforme, el cumplimiento del horario y de sus funciones, notificar a la central de vigilancia la asistencia de todo el personal a mi cargo de conformidad con el manual de descripción de cargos del personal obrero, avalado por el Consejo Nacional de Universidades. En un horario de trabajo comprendido de lunes a viernes de ocho (8:am) de la mañana a seis (6:pm) de la tarde, devengando como último salario por mis servicios prestados la cantidad de Novecientos Sesenta y Dos Bolívares (Bs. 962,00) mensuales.
Pero es el caso ciudadano Juez que en fecha 7 de Septiembre del año 2009, cuando me presente a mi sitio habitual de trabajo para cumplir con mis labores de rutina, me percato de que en la carpeta contentiva de las planillas de asistencia que fueron llevadas ese mismo día me encontré con la novedad de que los días 1, 2, 3, y 4 del mes de septiembre de 2009 al lado de mi nombre aparece escrito cargo de vigilante, cuando debe aparecer Supervisor. Igualmente es oportuno señalar que las funciones en el cargo de supervisor que yo desempeñaba desde ese momento las ejerce el ciudadano Juan Carlos Pulido, siendo objeto de una Desmejora y Trasladada a un cargo inferior, en virtud de que en el Tabulador que maneja la Universidad de Los Andes el Supervisor tiene un grado 7 y el Vigilante es grado 4, alterando mis condiciones tanto en el salario como en las funciones que debía cumplir. Todo esto ocurre sin haber incurrido en causal alguna de las establecidas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, en tal sentido considere que fui objeto de un despido injustificado, razón por la cual acudí por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, a solicitar el procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, en contra de la Universidad de Los Andes (ULA), por haber sido Desmejorada y Trasladada en mis condiciones de trabajo sin justa causa previamente calificada por el inspector del trabajo. A pesar de estar amparada por la Inamovilidad Laboral Decretada por el Ejecutivo Nacional y prevista en la Gaceta Nº 39.575, según decreto 7.914, de fecha 16 de diciembre de 2010.
En virtud de la Desmejora y Traslado Injustificado, irrito e ilegal del cual fui objeto, inicie el procedimiento de solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, según se evidencia de escrito de solicitud de Reenganche consignado en fecha 05/10/2009, por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, con el que se apertura expediente, quedando signado bajo el número 046-2009-01-00449 (Anexo marcado con la letra “A”, folios del 01 al 38). Admitida dicha solicitud de reenganche (folios 39 al 41 del anexo “A”) a su vez la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida decreta Medida Cautelar a favor de la trabajadora ordenando reincorporar a la misma de inmediato a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que venía laborando. Se ordenó la respectiva notificación, se libro boleta con la referida compulsa y notificado como fue la Universidad de Los Andes, en fecha 07 de diciembre de 2009, el 10 de diciembre de 2009, el funcionario competente del trabajo, procedió a certificar dicha notificación, quedando fijado el acto de contestación para el día quince (15) de diciembre de 2009, tal y como se evidencio en el acta levantada por el Funcionario competente que reposa en el expediente respectivo.
En fecha 15 de Diciembre del año 2009, se apertura el acto de contestación (folio 50 y 51 del anexo ”A”) en el cual las partes comparecen, así las cosas y en la forma como dio contestación la parte Patronal, el Inspector del Trabajo Ordena la apertura del lapso probatorio previsto en el artículo 455 de la Ley Orgánica del Trabajo. Promovidas y evacuadas las pruebas en el procedimiento el Inspector del Trabajo, previa valoración de las mismas, en fecha 07 de diciembre de 2010, a través de Providencia Administrativa Nº 00245-2010, en la que declara Con Lugar dicha solicitud, ordena el Reenganche por Desmejora al patrono. Anexo marcado con la letra “A”.
Concediéndole un plazo de tres (3) días hábiles para el Cumplimiento Voluntario de la Providencia Administrativa de conformidad al artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En virtud de la decisión favorable y de su conocimiento por la parte patronal y en acatamiento a la misma, el Funcionario del Trabajo competente, en fecha 24 de enero de 2011, levanta el acta respectiva, dejando constancia de la incomparecencia de la parte Patronal para el cumplimiento voluntario, en tal sentido acuerda la ejecución Forzosa de la Providencia Administrativa, lo cual se evidencia marcado con la letra “A”.
Ante tal situación, la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida, decreta la Ejecución Forzosa de conformidad a lo establecido en el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constituyéndose el día 25 de febrero de 2011, en la sede de la Dirección de Personal de la Universidad de Los Andes, a los fines de ejecutar forzosamente mi reenganche por desmejora, resultando negativa tal actuación, no lográndose el reenganche a mi puesto habitual de trabajo anexo marcado “A”.
Debido al incumplimiento de la decisión del Órgano Administrativo, según acta de fecha 25 de febrero de 2011, que riela al expediente número: 046-2009-01-00449 de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida; en fecha 06 de abril de 2011, la Jefe de Sala Laboral de Fueros, solicitó el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 647 y siguientes de la ley Orgánica del Trabajo, contra la Universidad de Los Andes (ULA), procediendo la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida, a instaurar procedimiento de multa, y cumplido en su totalidad el mismo, en fecha 10 de octubre del año 2011, el Inspector del Trabajo en el Estado Mérida, emite Providencia Administrativa número:046-2011-06-00181, que declaró infractor a la Universidad de Los Andes (ULA), y le ordena a pagar multa y a dar fiel cumplimiento a dicha orden, providencia de la cual fue notificada en fecha 25 de octubre de 2011. Es de señalar que todo lo dicho anteriormente concerniente al procedimiento sancionatorio se evidencia en el expediente signado con el numero 046-2011-06-00181 (Anexo marcado con la letra “B”) así mismo, es importante señalar que la parte Patronal se mantiene hasta la actual fecha contumaz al desacatar impunemente las Providencias Administrativas, dándose por agotada en su totalidad la vía administrativa…”(Cursivas de este A-quo)


-III-
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

“…El día y hora fijados por el Tribunal para llevarse a efecto el acto de la audiencia constitucional actuando este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio, en sede estrictamente constitucional, viernes 20 de julio del año dos mil doce (2012), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), día y hora fijados por este Tribunal para llevarse a efecto la Audiencia Oral y Pública de Amparo Constitucional en la presente causa, se anunció el acto a la puerta de la sala de audiencia, se deja constancia que se encuentra constituido el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con la presencia del Juez, ALIRIO OSORIO, la Secretaria, EGLI MAIRÉ DUGARTE DURAN y el ciudadano Alguacil, DEYBIS ABELARDO MARQUEZ ACEBEDO, dejándose constancia que la misma es reproducida en forma audiovisual por el técnico adscrito a esta Coordinación del Trabajo, ciudadano EDGAR MIR, en atención al principio de publicidad, que rige el procedimiento de amparo. Acto seguido, y previo al anuncio de Ley realizado por el prenombrado Alguacil, la ciudadana Secretaria, procedió a certificar la comparecencia de las partes, al efecto, se deja constancia de la comparecencia de la parte presuntamente agraviada, ciudadana: ANA YDELGARDIS ARANGUREN DE TORRES, acompañada de su apoderado judicial NANCY CALDERON, ya identificados. Asimismo, se deja expresa constancia de la comparecencia de la parte presuntamente agraviante, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, por intermedio de los profesionales del derecho MARIEBE CALDERON RODRIGUEZ y JUAN CARLOS SARACHE, consignando la primera de las mencionadas original y copia del instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Tercera del Estado Mérida, de fecha 08/06/2011, dejándolo inserto bajo el Nº 34, Tomo 50 de los libros de autenticaciones llevados en dicha Notaría, para su confrontación y certificación por secretaría. Y el profesional del derecho JUAN CARLOS SARACHE, consigna original del instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de Mérida, estado Mérida, en fecha 16 de septiembre de 2008, dejándolo inserto bajo el Nº 02, Tomo 87, de los libros de autenticaciones respectivos, ordenándose su agregación a las actas procesales, dejándose constancia que las partes manifestaron su conformidad con los poderes presentados para actuar en este acto. Se deja constancia que el Fiscal del Ministerio Público del Estado Mérida de guardia en materia de amparo, ni representación por delegación de la Procuraduría General de la Republica, no comparecieron a este acto. Seguidamente el juez informó la forma en que se desarrollará la audiencia, dándose inicio a la misma, concediéndole un lapso de 10 minutos a la parte presuntamente agraviada y agraviante en su orden, para que expusieran oralmente sus alegatos…”

En segundo lugar tomo el derecho de palabra la representación judicial de la parte agraviante quién alegó:

“…El procedimiento de reenganche se dio fue por desmejora, mas no por ocasión del salario nunca hubo disminución del salario, siempre percibió desde el principio de la relación del trabajo el mismo salario que tenia para el momento en que ocurrieron los hechos, en dado caso lo que ella reclama es un cargo de supervisora y no se ha cumplido con los procedimientos correspondientes, no obstante eso será dirimido en el procedimiento de nulidad, y también llama curiosamente la atención que el procedimiento como tal y lo hemos dicho en mucha oportunidad en esta misma sala, ha sido muy reiterada la aptitud de la Inspectoría del Trabajo del país y particularmente al del Estado Mérida en incumplir las formalidades que indica la ley cuando se notifica a la Universidad de Los Andes, como ente corporativo de derecho publica como parte integrante de la república, y entre ello esta pues obviamente la notificación formal al Procurador General del la República, no nos cansaremos de decir que esta es una mera formalidad del procedimiento, ya que la notificación a la república esta en juego el interés general, y el interés general esta por encima de los intereses particulares de las personas que reclamen derechos, y obviamente se ha materializado el incumplimiento de esta formalidad legal con el mismo auto de admisión del procedimiento de providencia administrativa o de reenganche, en este caso por desmejora, materializado también en el mismo procedimiento de multa, no se cumplió obviamente con la formalidad legal de notificar al Procurador General de la Republica, un requisito de orden publico que no puede ser obviado por ninguna de las partes, ni en sede administrativa ni mucho menos en sede judicial, obviamente aquí en sede administrativa ha sido reiterada la conducta contumaz del Inspector del Trabajo de obviar ese requisito en aras de la igualdad del derecho a la defensa y al debido proceso también de la Universidad de Los Andes, si bien la Universidad de Los Andes atendió al procedimiento como tal o a la defensa correspondiente obviamente no se cumplió con esa formalidad para que se cumpla completamente el contenido del artículo 49 constitucional, así esta plasmado en el cuarto requisito de la jurisprudencia de Guardianes Vigiman, que también obviamente ha sido reiterado en esta sala en muchas oportunidades en otros juicios de similar naturaleza. En virtud de que se a violado concretamente derechos fundamentales de nuestra representada en el procedimiento en sede administrativa solicitamos que el presente amparo sea declarado sin lugar o improcedente por incumplirse formalidades de orden publico en razón del interés general de la república y de los cuales estos privilegios y prerrogativas también goza la Universidad de Los Andes…”


PRUEBAS DE LA ACCIONANTE:

1.- Signado con la letra “A” el expediente integro llevado por la Sala de Fuero de la Inspectoría del Trabajo, en donde consta la solicitud de reenganche intentada. (Folios 10 al 147).

La parte accionada no tiene objeción.

2.- Signado con la letra “B” todo el procedimiento sancionatorio emitido por la sala de Sanciones de la Inspectoría del Trbabjo del Estado Mérida, donde se evidencia que se cumplió en su totalidad y se agoto la vía administrativa. (Folio 148 al 168).

La parte accionada no tiene objeción.


PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONADA:

1.- Señalo que por el Principio de la Comunidad de la prueba, invocaron las mismas pruebas promovidas por la parte supuestamente agraviada.

No tiene nada que decir la accionante.


Así las cosas este Tribunal escuchadas las mismas, el juez se retira por un lapso no mayor de treinta (30) minutos y de regreso a la Sala procede a proferir el dispositivo, considerando que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la jurisprudencia relacionada con la materia, en tal sentido pasa a motivar el presente fallo de la siguiente manera:


-IV-
MOTIVACIÓN

El presente amparo constitucional incoado por la ciudadana ANA YDELGARDIS ARANGUREN DE TORRES, se fundamenta en el hecho de que solicita que esta instancia jurisdiccional, actuando en sede estrictamente constitucional, ordene a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, a cumplir con la Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos (folios 127 al 134 y su vto), y multa por la negativa de dicha Institución de cumplir con dicha providencia administrativa (folios 160 al 164 y su vto).

Ahora bien, en cuanto al asuntos como el de autos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Nº 2308, de fecha 14 de diciembre de 2006, caso: Guardianes Vigimán, S.R.L., señaló que:
“…la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia.
En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado.
Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por una lado, de mantener los poderes de la ejecutoriedad, en especial y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia”

De la decisión supra parcialmente transcrita se puede observar que una vez que se agota el procedimiento de multa, para la ejecución forzosa por dicho órgano administrativo del trabajo, de la providencia que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos, sin que se cumpla con la misma, procederá la acción de amparo constitucional, en consecuencia este Tribunal de las pruebas aportadas por la parte agraviada se pudo observar que se habían agotado todas las vías para que la agraviante procediera al reenganche y el pago de salarios caídos, así de las actuaciones mencionadas, cumplidas en el procedimiento administrativo laboral, considera esta instancia actuando en sede estrictamente constitucional, que se verifico que las actuaciones realizadas por la agraviada ante el órgano administrativo solicitando la ejecución forzosa del acto que ordenó su reenganche y pago de salarios caídos, y agotado el procedimiento de multa mediante el acto de imposición de ésta, no logro que el agraviante procediera a su reenganche y pago de salarios caídos, vulnerando con tal aptitud los derechos del trabajo, en consecuencia considera este órgano jurisdiccional actuando en sede estrictamente constitucional, que la agraviante de autos debe restablecer la situación jurídica infringida de forma inmediata, mediante la cual se le ordena cumplir inmediatamente con la Providencia Administrativa Nº 00245-2010 del expediente Administrativo 046-2009-01-00449, proferida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, de fecha 07 de diciembre de 2010, dictada por el Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida, en donde se declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoado por la ciudadana ANA YDELGARDIS ARANGUREN DE TORRES. Y así se decide.


-V-
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede estrictamente Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley declara:

Primero: CON LUGAR LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por la ciudadana ANA YDELGARDIS ARANGUREN DE TORRES, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V- 13.097.347, contra la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, en la persona del Rector ciudadano Mario Bonucci, titular de la cédula de identidad N° 4.595.968.

Segundo: Se ordena al ciudadano Mario Bonucci, titular de la cédula de identidad N° 4.595.968, Rector de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, que cumpla de manera inmediata con la Providencia Administrativa Nº 00245-2010 del expediente Administrativo 046-2009-01-00449, proferida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, de fecha 07 de diciembre de 2010, que ordenó el Reenganche y Pago de Salarios Caídos de la accionante.

Tercero: No se condena en costas dada la naturaleza del fallo.

Cuarto: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia de la autoridad, teniendo la consecuencia tipificada en el artículo 31 ejusdem.

Quinto: Se ordena la notificación del Procurador General de la Republica, según lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, de la presente decisión.


Publíquese, regístrese y déjese la copia certificada del presente fallo por secretaría.

Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede estrictamente Constitucional, en la ciudad de Mérida, a los treinta días (30) de julio de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.



El Juez.


Abg. Alirio Osorio.


La Secretaria.



Abg. Yurahi Gutiérrez.


En la misma fecha, siendo las una y cuarenta y ocho minutos de la tarde (1:48 a.m.) se publicó y registró el fallo que antecede.



Sria.


Abg. Yurahi Gutiérrez.