REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida Mérida, veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) 202º y 153º ASUNTO: LP21-L-2011-000298 SENTENCIA DECLARANDO LA PERENCION DE LA INSTANCIA PARTE DEMANDANTE: JUAN ANTONIO BOHORQUEZ LOZANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 22.658.365, de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: ANA BEATRIZ CIRIMELE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 69.755 PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil “CONSTRUCCIONES CONAPRY, CA.”, inscrita por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el Nº 21, Tomo A-15, de fecha 17 de junio de 2.005. MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales ANTECEDENTES PROCESALES Vista la presente demanda de Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales, presentada por el ciudadano: JUAN ANTONIO BOHORQUEZ LOZANO, debidamente asistido de la profesional del derecho ANA BEATRIZ CIRIMELE, ya identificada, ésta Juzgadora para decidir observa: Que en fecha 10 de junio de 2.011, acudió el ciudadano JUAN ANTONIO BOHORQUEZ LOZANO, con el carácter de autos, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo a interponer demanda, cuya distribución correspondió para su conocimiento a este tribunal. Que en fecha 15 de junio de 2.011, este tribunal ordeno despacho saneador, por ende, se acordó la notificación de la demandada. Que en fecha 21 de junio de 2.011, la parte actora consigna diligencia contentiva de la subsanación ordenada. Que en fecha 22 de junio de 2.011, se admitió la demanda y se ordeno la correspondiente notificación de la parte demandada para su comparecencia a la celebración de la audiencia preliminar. Que en fecha 29 de junio de 2.011, el alguacil encargado de la practica de la notificación de la demandada, manifestó la imposibilidad de notificación de la misma, en virtud de que referida empresa no funcionaba en la dirección indicada. Que en fecha 06 de julio y 19 de diciembre de 2.011, este tribunal actuando de oficio como consecuencia de la imposibilidad de notificación de la demandada, insto a la parte actora a los fines de que indicara una dirección para los efectos de materializar la notificación de la demandada. Que en fecha 22 de marzo de 2.012, el tribunal de oficio insto a la parte actora a indicar una dirección para los efectos de la notificación, en virtud de que hasta la presente fecha no había sido posible que la misma indicara dirección alguna pese a los esfuerzos realizados por el tribunal. Que en fecha 03 de mayo de 2012 el alguacil encargado de la práctica de la notificación de la parte actora indico que no pudo notificar al ciudadano Juan Bohorquez, pese al hecho de haberse trasladado en reiteradas oportunidades a la dirección indicada. PARTE MOTIVA Ahora bien, este Tribunal procede a verificar las actas que conforman el presente asunto, a los fines de constatar en la presente causa el hecho de que haya operado o no la perención de la instancia, en caso afirmativo, la misma puede ser declarada de pleno derecho tal como lo dispone la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 201. En este orden de ideas, es necesario analizar el contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que el transcurso del tiempo y la falta de impulso procesal conllevan a que opere la perención de la instancia, al disponer: Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención. Como se observa, la norma citada consagra dos supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber: • Aquel caso en que, antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año. • Y aquel otro en que después de vista la causa esto es, encontrándose el proceso en etapa de sentencia, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año. Se consagran, por tanto, dos supuestos, que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación. En efecto, el análisis del contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite establecer que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia, en los lapsos procesales establecidos; en consecuencia, el abandono del juicio por las partes procesales lleva a concluir que éstas, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio. Al respecto, ha establecido la Sala Social que el lapso de perención previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Procesal del Trabajo, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso. Ahora bien, no cualquier actuación lleva consigo la interrupción del lapso de perención, toda vez que debe tratarse de actos de procedimiento que demuestren la voluntad de activar el proceso hacia su destino final -que se logrará con la sentencia u otro medio de terminación del proceso-, y entre tales actuaciones, se encuentra el abocamiento de un nuevo juez para conocer la causa, acto del proceso capaz de evitar la perención de la instancia. En tal sentido, se puede constatar que en la presente causa al día 21 de junio de 2.012, había transcurrido holgadamente el lapso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte actora, fecha en la cual se recibió diligencia de subsanación debidamente suscrita por el profesional del derecho HENRY RODRIGUEZ, tal y como se indico ut supra. En este orden de ideas y teniendo esta juzgadora por norte que los actos procesales son aquellos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal y como quiera que de autos se desprende que el presente juicio desde el 21 de junio de 2011, no se ha dado impulso procesal al mismo a los fines de obtener la satisfacción de la pretensión de la parte actora, oportunidad en la cual se efectuó el último acto de procedimiento por la parte actora, por lo tanto hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año sin que se haya efectuado ningún acto para continuar impulsando el proceso, resulta pertinente, por ministerio de la norma antes transcrita, declarar consumada la perención de la instancia en la presente causa, y así se declara. ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley declara de oficio la PERENCIÓN de la instancia y extinguido el proceso que por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos; sigue el ciudadano: JUAN ANTONIO BOHORQUEZ LOZANO contra la Sociedad Mercantil “CONSTRUCCIONES CONAPRY, CA.” Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión. Dada firmada, sellada y refrendada en la sede del despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil doce (2012). Notifíquese a la parte actora de la presente decisión mediante boleta, a los fines de que ejerza los recursos legales pertinentes, para lo cual se le concede cinco (5) días hábiles de despacho, contados a partir del día de despacho siguiente a que conste en autos la consignación del alguacil referida a la práctica de su notificación. La Juez, Abg. YAJAIRA COROMOTO ROJAS DE RAMÍREZ La secretaria, Abg. EGLI MAIRE DUGARTE DURAN