TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 22 de Junio de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2010-001966
ASUNTO : LP01-P-2010-001966

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR ACUERDO REPARATORIO.

Este Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, celebró en la presente causa, en fecha: 19-06-2012, la correspondiente Audiencia de Juicio Oral y Público, oportunidad en la cual las partes actuantes, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, procedieron a celebrar un Acuerdo Reparatorio.

En tal virtud, se le otorgó el derecho de palabra la ciudadana Fiscal Quinta del Ministerio Público, abogada: MARIA EUGENIA PAREDES, quien procedió a presentar formal acusación en contra del ciudadano: ALEXANDER JOSE MOLINA MOLINA, titular de la cédula de identidad No. V-19.453.839, narrando las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho ocurrido, calificando el delito presuntamente cometido como: Aprovechamiento de Vehículos Provenientes del Hurto o Robo, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, cometido en perjuicio del ciudadano: Pedro Gustavo Castillo, además de ello, ratificó los elementos de convicción presentados y ofreció los medios de prueba contenidos en el escrito acusatorio que cursa inserto en la causa, solicitando además del Tribunal que se admita la acusación, en todas y cada de sus partes, así como los medios de prueba ofrecidos, por considerarlos lícitos, necesarios y pertinentes y no estar evidentemente prescrita la acción penal, y finalmente, pide que se acuerde el enjuiciamiento del acusado de autos, anteriormente identificado.
Seguidamente, en el curso de la misma audiencia, se le concedió el derecho de palabra al ciudadano, abogado: SIRO DE JESÚS GARCIA, Defensor Público del acusado de autos, quien señaló expresamente lo siguiente:

“…en conversaciones sostenida con su representado el mismo quiere plantear un acuerdo reparatorio con la victima que se encuentra aquí presente, no teniendo objeción con respecto a la acusación.”

Por su parte, el acusado de autos, ciudadano: Alexander José Molina Molina, venezolano, natural de Caracas, nacido en fecha 20/02/1989, de 23 años de edad, estado civil soltero, titular de la cédula de identidad numero V-19.453.839, ocupación; latonero, hijo de Inés Molina y Jesús María Molina, domiciliado en: El Rosal parte Alta, calle principal, casa de una planta a dos casas de la frutería “San Benito”, Municipio Tovar del Estado Mérida, teléfono 0416/7791121, manifestó de manera libre y espontánea lo siguiente:

“Ofrezco en este acto a la victima pagarle la cantidad de dos mil bolívares (2000), para reparar el daño causado. Es todo.”

Por su parte, la victima del hecho, ciudadano: PEDRO GUSTAVO CASTILLO, una vez que le fue concedido el derecho de palabra en el curso de la mencionada audiencia, manifestó lo siguiente:

“Acepto en este acto la cantidad ofrecida por el ciudadano Alexander José Molina Molina, no tengo nada en contra del el y quiero que el se porte bien. Es todo.”

En este estado se le concedió el derecho de palabra a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, representada por la abogada: MARIA EUGENIA PAREDES, quien manifestó no tener objeción alguna contra el acuerdo presentado por las partes.

Por lo tanto, una vez revisadas detenidamente todas las actuaciones que conforman la presente causa, éste Juzgador observa que el hecho que dio origen a la acusación fiscal presentada en contra del acusado, ciudadano: ALEXANDER JOSE MOLINA MOLINA, titular de la cédula de identidad No. V-19.453.839, por el delito de Aprovechamiento de Vehículos Provenientes del Hurto o Robo, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, cometido en perjuicio del ciudadano: Pedro Gustavo Castillo, es un hecho punible que recae sobre Bienes Jurídicos Disponibles de Carácter Patrimonial, por cuanto en el presente caso, el hecho imputado, puede ser estimado, estipulado o cuantificado económicamente, a los efectos del resarcimiento de los daños ocasionados a la victima, tal como lo establece claramente, el Artículo 40 Encabezamiento del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone claramente lo siguiente:

“El Juez podrá, desde la fase preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y la victima, cuando:

1). El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial; o

(Omissis)

El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o victimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo…”.

En igual sentido, el Artículo 48 numeral 6° del Código Orgánico Procesal Penal al referirse a las Causales de Extinción de la Acción Penal, dispone expresamente lo siguiente:

“Son causales de extinción de la acción penal:

6. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios;
(Omissis)…”.

Por su parte el Artículo 318 numeral 3° Ejusdem, establece las causales de Sobreseimiento de la Causa en los siguientes términos:

“El sobreseimiento procede cuando:

(Omissis)

6. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada…”.

Ahora bien, con la finalidad de ahondar en el tema del Acuerdo Reparatorio, resulta pertinente y ajustado a derecho transcribir un extracto de la Sentencia No. 785, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien dejó establecido en la misma que:
“Cabe señalar que la institución de los acuerdos reparatorios, como mecanismos alternativos a la prosecución del proceso en los sistemas procesales penales modernos, tiende a simplificar el proceso a objeto de reparar integralmente el daño causado a la víctima, sin menoscabar los derechos del imputado, si éste ha admitido los hechos y ha manifestado su voluntad libre y consciente para la realización del acuerdo y obtener una sentencia condenatoria, en caso de incumplimiento, lo cual permite que se pueda prescindir del juicio oral y público".
El interés entre la víctima y el imputado de celebrar el acuerdo reparatorio es la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos.”

En consecuencia, para que proceda el Acuerdo Reparatorio obviamente debe tratarse de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, para lo cual deben ser cuantificables o estimables en dinero (pecuniariamente) o su equivalente, con la finalidad de poder establecer de mutuo acuerdo una reparación o indemnización en cada caso particular, y en esta oportunidad el hecho punible está relacionado directamente con la incautación de un vehículo automotor, no teniendo documentos que acrediten su propiedad y estando el vehículo solicitado por el delito de hurto, vehículo este que el imputado tenía en su poder al momento de ser detenido por funcionarios del CICPC, por lo que el objeto sobre el cual recayó la acción delictiva puede ser pagado, sustituido, reemplazado o restituido de común acuerdo entre las partes, conviniendo en un resarcimiento o indemnización por los daños y perjuicios causados a la victima, además, se pudo constatar que tanto el acusado como la victima, suficientemente identificados en autos, procedieron en éste acto de manera libre, voluntaria y espontánea, sin presiones indebidas, ni coacciones de ninguna naturaleza y además con perfecto conocimiento de todos sus derechos, razón por la cual El Acuerdo Reparatorio celebrado entre las partes viene a constituir la expresión más espontánea y genuina de la manifestación de voluntad, mediante la cual se pretende resolver un conflicto judicial haciendo uso de una de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, por tanto, no existiendo ningún plazo, condición, pago o conducta futura que deba cumplirse previamente para poder declarar finalizado el acuerdo, y tomando en consideración que la cantidad de dinero estipulada voluntariamente por las partes para resolver amistosamente la presente causa, fue legal y oportunamente pagada por el acusado y recibida conforme por la victima, es por lo que, este Juzgador considera que resulta plenamente ajustado a derecho proceder, como en efecto se hace a Aprobar Totalmente el Acuerdo Reparatorio celebrado por las Partes Intervinientes en los términos previamente establecidos, con fundamento en lo establecido en el mencionado Artículo 40 encabezamiento y primer aparte del Código Adjetivo Penal, y seguidamente como consecuencia directa del anterior pronunciamiento, procede a declarar formalmente Extinguida la Acción Penal de conformidad con lo previsto en el Artículo 48 numeral 6º Ejusdem, y en consecuencia, se decreta el Sobreseimiento de la Presente Causa con fundamento en lo establecido en el Artículo 318 numeral 3º Ibídem, en perfecta armonía con los Artículos 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en favor del acusado, ciudadano: ALEXANDER JOSE MOLINA MOLINA, titular de la cédula de identidad No. V-19.453.839 Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Finalmente, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio No. 03, del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 40, 48.6, 318.3 ejusdem, en armonía con los artículos 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, se aprueba el Acuerdo Reparatorio celebrado entre las partes actuantes en la presente causa, por estimar que el mismo se encuentra ajustado a derecho.

Segundo: Se declara formalmente EXTINGUIDA la acción penal en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, numeral sexto del Código Orgánico Procesal Penal.

Tercero: Se decreta el sobreseimiento de la causa, a favor del ciudadano ALEXANDER JOSE MOLINA MOLINA, titular de la cédula de identidad No. V-19.453.839, supra identificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318, numeral 3° del precitado Código Adjetivo Penal, por lo que una vez declarada firme la presente decisión, se acuerda la remisión de las actuaciones al Archivo Judicial a los fines de su guarda y custodia.

Cuarto: A partir de la presente fecha, cesa la Medida Cautelar Sustitutiva impuesta al mencionado ciudadano por el Tribunal Sexto de Control dictada en fecha once de junio de dos mil diez (11-06-10).

Quinto: No se condena en costas al referido ciudadano, por aplicación de los Principios de Gratuidad de la Justicia e Igualdad de las personas ante la Ley, consagrados en los artículos 21 y 26 de la Constitución de la República.

Sexto: Este Tribunal de Juicio se acoge al lapso legal para la publicación del texto íntegro de la Sentencia.

Cúmplase.

ABG. VICTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE JUICIO N° 03.

ABG. MARIA EUGENIA MOTEZUMA.
SECRETARIA.