TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 13 de Septiembre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2011-001929
ASUNTO : LP01-P-2011-001929

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR ACUERDO REPARATORIO.

Este Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, celebró en la presente causa, en fecha: 27-06-2012, la correspondiente Audiencia de Juicio Oral y Público, donde se Homologó el Acuerdo Reparatorio, celebrado de común acuerdo entre las partes actuantes, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal virtud, se le otorgó el derecho de palabra al ciudadano Fiscal Segundo del Ministerio Público, abogado: WILSON YGUARAN, quien procedió a presentar formal acusación en contra del ciudadano: Trinidad Contreras Escalona, venezolano, mayor de edad, natural del estado Mérida, nacido en fecha 11/11/1969, de 42 años de edad, de estado civil casado, titular de la cédula de identidad Nº V-10.102.673, domiciliado en la Avenida 16 de Septiembre, Barrio Cuatricentenario, Pasaje Carabobo, Casa Nº 1-77, punto de referencia al lado del Estadium Guillermo Soto Rosa, Municipio Libertador del Estado Mérida, teléfono: 0274/4147275, narrando las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho ocurrido, calificando el delito presuntamente cometido como: Hurto Simple, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal, cometido en perjuicio de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida (FUNDECEM), además de ello, ratificó los elementos de convicción presentados y ofreció los medios de prueba contenidos en el escrito acusatorio que cursa inserto en la causa, solicitando además del Tribunal que se admita la acusación, en todas y cada de sus partes, así como los medios de prueba ofrecidos, por considerarlos lícitos, necesarios y pertinentes y no estar evidentemente prescrita la acción penal, y finalmente, pidió que se acuerde el enjuiciamiento del acusado de autos, anteriormente identificado.

Seguidamente, en el curso de la misma Audiencia de Juicio Oral, se le concedió el derecho de palabra a la ciudadana, abogada: KARLA RAMIREZ, Defensora Pública del acusado de autos, quien señaló expresamente lo siguiente:

“...la defensa no hace oposición a la acusación fiscal toda vez que considera que la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo que el tribunal observe alguna causa de nulidad que esta defensa no haya observado, en caso de admitir la misma en razón del principio de la comunidad de la prueba me adhiero a la misma, así mismo solicito al tribunal imponga a mi defendido de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, a fin de verificar si mis representados se acoge a una de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, como lo es el acuerdo reparatorio previsto y sancionado ene l artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal con vigencia anticipada de fecha 15/06/2012. Es todo.”

Por su parte, el acusado de autos, ciudadano: Trinidad Contreras Escalona, venezolano, mayor de edad, natural del estado Mérida, nacido en fecha 11/11/1969, de 42 años de edad, de estado civil casado, titular de la cédula de identidad Nº V-10.102.673, domiciliado en la Avenida 16 de Septiembre, Barrio Cuatricentenario, Pasaje Carabobo, Casa Nº 1-77, punto de referencia al lado del Estadium Guillermo Soto Rosa, Municipio Libertador del Estado Mérida, teléfono: 0274/4147275, una vez impuesto de todos sus Derechos, así como del Precepto Constitucional, contemplado en el artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó de manera libre y espontánea lo siguiente:

“Asumo los hechos por los cuales me acusa el Fiscal Segundo del Ministerio Público y le pido disculpas a los representantes de la Fundación esto a los fines de llegar a un acuerdo reparatorio de manera simbólica con la fundación. Es todo”.
Por su parte, la victima del hecho, esto es, la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida (FUNDECEM), representada legalmente en este acto por el ciudadano, abogado: YAROL OCANDO JASPE, una vez que le fue concedido el derecho de palabra en el curso de la mencionada audiencia, manifestó lo siguiente:

“acepto las disculpas otorgadas por el señor Trinidad. Es todo.”

En este estado se le concedió el derecho de palabra a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, representada por el abogado: WILSON YGUARAN, quien manifestó expresamente lo siguiente:

“E Ministerio público no tiene ninguna objeción en cuanto al Acuerdo Reparatorio celebrado entre las partes. Es todo.”

Por lo tanto, una vez revisadas detenidamente todas las actuaciones que conforman la presente causa, éste Juzgador observa que el hecho que dio origen a la acusación fiscal presentada en contra del acusado, ciudadano: Trinidad Contreras Escalona, titular de la cédula de identidad Nº V-10.102.673, y que se encuentra tipificado en la ley penal como: Hurto Simple, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal, cometido en perjuicio de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida (FUNDECEM), Hurto Simple, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal, cometido en perjuicio de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida (FUNDECEM), es un hecho punible que recae sobre Bienes Jurídicos Disponibles de Carácter Patrimonial, por cuanto en el presente caso, el hecho imputado, puede ser estimado, estipulado o cuantificado económicamente, a los efectos del resarcimiento de los daños ocasionados a la victima, tal como lo establece claramente, el Artículo 41 Encabezamiento del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone claramente lo siguiente:

“El Juez o Jueza podrá, desde la fase preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado o imputada y la victima, cuando:

1). El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial.
2). Cuando se trate de delitos culposos contra las personas. (Omissis...)

El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado o imputada que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o imputadas o victimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo…”.

En igual sentido, el Artículo 48 numeral 6° del Código Orgánico Procesal Penal al referirse a las Causales de Extinción de la Acción Penal, dispone expresamente lo siguiente:

“Son causales de extinción de la acción penal:

(Omissis…)
6. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios...”.

Por su parte el Artículo 300 numeral 3° del mismo Código Adjetivo Penal, establece las causales de Sobreseimiento de la Causa en los siguientes términos:

“El sobreseimiento procede cuando:

(Omissis)

3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada…”.

Ahora bien, con la finalidad de ahondar en el tema del Acuerdo Reparatorio, resulta pertinente y ajustado a derecho transcribir un extracto de la Sentencia No. 785, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien dejó establecido en la misma que:
“Cabe señalar que la institución de los acuerdos reparatorios, como mecanismos alternativos a la prosecución del proceso en los sistemas procesales penales modernos, tiende a simplificar el proceso a objeto de reparar integralmente el daño causado a la víctima, sin menoscabar los derechos del imputado, si éste ha admitido los hechos y ha manifestado su voluntad libre y consciente para la realización del acuerdo y obtener una sentencia condenatoria, en caso de incumplimiento, lo cual permite que se pueda prescindir del juicio oral y público".
El interés entre la víctima y el imputado de celebrar el acuerdo reparatorio es la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos.”

En consecuencia, para que proceda el Acuerdo Reparatorio, obviamente debe tratarse de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, para lo cual deben ser cuantificables o estimables en dinero (pecuniariamente) o su equivalente, con la finalidad de poder establecer de mutuo acuerdo una reparación o indemnización en cada caso particular, y en esta oportunidad el hecho punible está relacionado directamente con la sustracción ilegal de un Equipo de Sonido, perteneciente a la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida (FUNDECEM), el cual fue recuperado en el procedimiento realizado, por lo que el objeto sobre el cual recayó la acción delictiva puede ser pagado, sustituido, reemplazado o restituido de común acuerdo entre las partes, conviniendo en un resarcimiento o indemnización por los daños y perjuicios causados a la victima, además, se pudo constatar que tanto el acusado como la victima, suficientemente identificados en autos, procedieron en éste acto de manera libre, voluntaria y espontánea, sin presiones indebidas, ni coacciones de ninguna naturaleza y además con perfecto conocimiento de todos sus derechos, razón por la cual El Acuerdo Reparatorio celebrado entre las partes viene a constituir la expresión más espontánea y genuina de la manifestación de voluntad, mediante la cual se pretende resolver un conflicto judicial haciendo uso de una de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, por tanto, no existiendo ningún plazo, condición, pago o conducta futura que deba cumplirse previamente para poder declarar finalizado el acuerdo, y tomando en consideración que la cantidad de dinero estipulada voluntariamente por las partes para resolver amistosamente la presente causa, fue legal y oportunamente pagada por el acusado y recibida conforme por la victima, es por lo que, este Juzgador considera que resulta plenamente ajustado a derecho proceder, como en efecto se hace a Aprobar Totalmente el Acuerdo Reparatorio celebrado por las Partes Intervinientes en los términos previamente establecidos, con fundamento en lo establecido en el mencionado Artículo 41 encabezamiento y primer aparte del Código Adjetivo Penal, y seguidamente, como consecuencia directa del anterior pronunciamiento, procede a declarar formalmente Extinguida la Acción Penal de conformidad con lo previsto en el Artículo 48 numeral 6º Ejusdem, y en consecuencia, se decreta el Sobreseimiento de la Presente Causa con fundamento en lo establecido en el Artículo 300 numeral 3º Ibídem, en perfecta armonía con los Artículos 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en favor del acusado de autos, ciudadano: Trinidad Contreras Escalona, titular de la cédula de identidad Nº V-10.102.673. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Finalmente, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio No. 03, del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 40, 48.6, 318.3 ejusdem, en armonía con los artículos 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECRETA:--------------------------------------------------------------------------------------------------

Primero: Como Medida Alternativa a la prosecución del proceso, el Acuerdo Reparatorio, suscrito ente las partes actuantes, en consecuencia, homologa el mismo, y se decreta la Extinción de la Acción Penal, conforme a lo previsto en el artículo 49.6 del Código Orgánico Procesal Penal.

Segundo: Se decreta el Sobreseimiento de la presente causa, conforme a lo previsto en el artículo 300.3 del Código Orgánico Procesal Penal.

Segundo: Se acuerda el Cese de las Medidas Cautelares Sustitutivas impuestas al acusado de autos en fecha 17/02/2011, en el curso de la Audiencia de Calificación de Flagrancia.

Notifíquese y Cúmplase.

ABG. VICTOR HUGO AYALA.
JUEZ DE JUICIO N° 03.

ABG. DAISY MORENO.
SECRETARIA.