TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, lunes primero (01) de abril de dos mil trece (2013)
202º y 154º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DEFINITIVA

ASUNTO: LP21-S-2013-000002
PARTE OFERENTE: Sociedad de Comercio “EDICIONES OCCIDENTE” C.A., (DIARIO FRONTERA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1977, modificados sus estatutos en fechas 30 de noviembre de 1987, bajo el N° 15, Tomo A-12; en fecha 07 de julio de 1992, bajo el N° 57, Tercer Trimestre, Tomo A-1; en fecha 05 de enero de 1999, bajo el N° 07, Tomo A-1; y en fecha 27 de junio de 2000, bajo el N° 63, Tomo 11.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.133.
PARTE OFERIDA: Ciudadano JOSE MANUEL SIRA ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.839.851.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE OFERIDA: YOLANDA MARGARITA RINCÓN SÁNCHEZ y YHÓNNEL OMAR ROJAS UZCATEGUI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 21.390 y 141.469 respectivamente.
MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO. (IMPUGNACIÓN DE PODER POR ILEGALIDAD E INSUFIICIENCIA DEL MISMO).

Visto el escrito de oferta real de pago interpuesto en fecha 25 de enero de dos mil trece (2013), que obra a los folios uno al doce (01 al 12) ambos inclusive, por el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.133, actuando como apoderado judicial de la parte Oferente Sociedad de Comercio “ EDICIONES OCCIDENTE” C.A., (DIARIO FRONTERA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1977, modificados sus estatutos en fechas 30 de noviembre de 1987, bajo el N° 15, Tomo A-12; en fecha 07 de julio de 1992, bajo el N° 57, Tercer Trimestre, Tomo A-1; en fecha 05 de enero de 1999, bajo el N° 07, Tomo A-1; y en fecha 27 de junio de 2000, bajo el N° 63, Tomo 11, representación que se acredita mediante poder autenticado por ante la Oficina de la Notaria Pública Cuarta de Mérida, en fecha 13 de noviembre de 2007, quedando inserto bajo el N° 03, Tomo 121, que fuere presentado en copia simple junto con el escrito de Oferta Real de Pago y posteriormente en fecha 22 de marzo de 2013, en el acto de Audiencia Especial de Oferta Real de Pago, fue presentado original del mismo para su confrontación, una vez revisado el escrito de Oferta Real de Pago presentado fue admitido por este Tribunal en fecha 29 de enero de 2013, ordenándose la notificación de la parte oferida para la celebración de la Audiencia Especial de Oferta Real de Pago, compareciendo ambas partes para la celebración de la misma en el lapso legal establecido por este Tribunal en el auto de admisión, vale decir, el día viernes 22 de marzo de 2013 a las 10:00 a.m., una vez constituido el Tribunal y las partes para dar inicio a la Audiencia Especial de Oferta Real de Pago, la parte Oferida solicito el derecho de palabra antes de dar inicio a la Audiencia y concedido como fue procedió como punto previo a Impugnar el poder de la parte Oferente en los siguientes términos: “…siendo la primera oportunidad procesal procedió a impugnar el poder otorgado por la parte Oferente al abogado JOSÉ ANGEL ZAMBRANO LOBO, identificado supra, señalando que según el acta de modificación integra de los estatutos, de fecha 27 de junio de 2000, que se agrega en este acto en copia certificada, se indican en ella que las atribuciones para nombrar abogados apoderados la tiene la junta directiva actuando de manera conjunta, es decir, el presidente y el vicepresidente conforme lo estable el articulo 12 de dicha acta, y visto que el poder que obra en autos fue otorgado de manera ilegal solamente por la Presidenta ciudadana María Eugenia Cedillo, es por lo cual al faltar el otorgamiento por el órgano que debe representar la compañía, es que el poder fue otorgado de manera ilegal, ya que contradice los estatutos de la compañía y el apoderado no tiene la personalidad para representar a la Empresa Oferente y realizar la presente Oferta Real de Pago….”, este Tribunal en razón de la impugnación de poder alegada por la parte Oferida, y en aras de garantizar el derecho a la defensa de la parte Oferente y el debido proceso para ambas partes, principios estos contenidos en nuestra Carta Magna, y acogiendo la jurisprudencia patria, procedió a otorgar un lapso de dos (02) días hábiles de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos “...este Tribunal suspende el inicio de la Audiencia Especial de Oferta Real de Pago y procede a otorgar dos (02) días hábiles siguientes al de hoy, a los fines que la parte Oferida formalice mediante el respectivo escrito dicha impugnación con su fundamentación jurídica y de hechos, así mismo la parte Oferente podrá consignar en el expediente dentro de esos dos (02) día hábiles escrito de defensa con su fundamentación jurídica y de hechos de la validez de su documento poder, este Tribunal procederá a pronunciarse sobre lo solicitado y sobre el decurso de la Audiencia Especial de Oferta Real de Pago al tercer (03) día hábil siguiente al de hoy…”.
Verificado como fue, la parte Oferida representado por sus coapoderados judiciales según poder apud acta que obra al folio trescientos cincuenta y tres (353) del presente expediente los abogados YOLANDA MARGARITA RINCÓN SÁNCHEZ y YHONNEL OMAR ROJAS UZCATEGUI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 21.390 y 141.469 respectivamente, consignaron en fecha 26 de marzo de 2013, escrito de formalización de la impugnación del poder por ILEGITIMIDAD DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA COMO APODERADO DE LA EMPRESA EDICIONES OCCIDENTE C.A., por ilegalidad e insuficiencia del poder autenticado que ostenta el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, solicitando la nulidad de la Oferta Real de Pago, obrando dicho escrito a los folios trescientos cincuenta y ocho al trescientos sesenta y uno (358 al 361) ambos inclusive del expediente, argumentando en ese escrito la ILEGITIDAD DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA COMO APODERADO DE LA EMPRESA EDICIONES OCCIDENTE C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 447, Tomo 2, de fecha 13 de mayo de 1977, modificados sus estatutos en fechas 30 de noviembre de 1987, bajo el N° 15, Tomo A-12; en fecha 07 de julio de 1992, bajo el N° 57, Tercer Trimestre, Tomo A-1; en fecha 05 de enero de 1999, bajo el N° 07, Tomo A-1; y en fecha 27 de junio de 2000, bajo el N° 63, Tomo 11, en razón que el Instrumento poder, fue otorgado por una persona que no tiene la cualidad jurídica para otorgar poderes, ni para constituir apoderados, ya que de los estatutos de la empresa se puede extraer que el otorgamiento de los Poderes le está facultado específicamente al Presidente y Vicepresidente de la empresa, obrando de manera conjunta; y ocurre que el referido instrumento poder impugnado, aparece otorgado por la Presidenta de la empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., quien solo podrá obrar para el otorgamiento de Poderes, conjuntamente con el Vicepresidente, resultando que la otorgante del poder no está legitimada para otorgar el poder ante Funcionario Público, y los actos ejecutados por una poderdante no legitimada, como la presente Oferta Real de Pago, no es válida, y solicitan así sea declarada; Señalando adicionalmente, que en los estatutos de la empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., en su última modificación integra del Documento Estatutario contenida en acta de fecha 23 de enero de 2000, inserta por ante la Oficina de Registro Mercantil en fecha 27 de junio de 2000, bajo el N° 63, Tomo A-11, específicamente en los artículos 11° y 12° se establecen: “Artículo 11°.- La compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente y dos vocales, con sus respectivos suplentes. Los miembros de la Junta Directiva durarán veinte (20) años en sus funciones y tomarán sus decisiones por mayoría absoluta.- Artículo 12°.- La Junta Directiva tiene las más amplias atribuciones en todo lo relacionado con la gestión de los negocios de la compañía. Entre otras, son facultades de la misma las siguientes: Comprar, vender, hipotecar, abrir y cerrar cuentas bancarias; dar y tomar dinero en calidad de préstamo con las garantías que se estimaren convenientes; fijar la remuneración a sus trabajadores; designar gerentes y sub-gerentes auxiliares; nombrar apoderados judiciales y factores mercantiles; ejecutar las decisiones tomadas en asamblea de accionistas. Las atribuciones señaladas anteriormente, así como todo lo concerniente a la administración general de la compañía, serán ejercidas por órgano del Presidente y el Vice-Presidente de la compañía, quienes actuaran conjuntamente. La falta temporal o absoluta de cualquier miembro de la Junta Directiva será cubierta por su respectivo suplente.- En caso de incapacidad absoluta, el suplente ejercerá la titularidad por el lapso para fue (sic) designado el principal por la Asamblea.-…”; Indicando que en el artículo 20 de dicha acta de asamblea de modificación integra de estatutos, se nombró la Junta Directiva legitima para el desempeño de tales funciones en la empresa, quedando conformada por MARIA EUGENIA CEDILLO, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 3.658.929, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Presidenta, LUIGI MANFREDI CAMPOCHIARO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 8.032.622, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su carácter de Vice-Presidente, ALCIDES MONSALVE, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 10.719.341, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Vocal, GIANCARLOS MANFREDI CAMPOCHIARO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 10.716.172, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Vocal, JOSÉ BENEDICTO MONSALVE CEDILLO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 11.467.576, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Suplente del Presidente, SABATINO MANFREDI CAMPOCHIARO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 10.716.175, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Suplente del Vicepresidente, JENIS JOSEFINA AULAR CELIS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 11.418.813, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Suplente del Primer Vocal, e IDANIA MANFREDI GUERRERO, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 11.959.840, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Suplente del Segundo Vocal; modificada está conformación de la Junta Directiva según Acta de Asamblea de fecha 19 de septiembre de 2002, inserta al folio 231 al 232 del expediente mercantil N° 1660, inserta en fecha 04 de diciembre de 2009, bajo el N° 08, Tomo 187-A R1MERIDA, únicamente en lo que respecta al SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE SABATINO MANFREDI CAMPOCHIARO, designándose por voluntad unánime dicho cargo, en la persona de GABRIEL MENFREDI LÓPEZ, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.295.430, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en razón del fallecimiento del referido miembro de la Junta Directiva de la empresa; Indicando que conforme a dichos estatutos los Apoderados deben ser nombrados por MARIA EUGENIA CEDILLO, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 3.658.929, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Presidenta, y LUIGI MANFREDI CAMPOCHIARO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 8.032.622, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su carácter de Vice-Presidente; o en su defecto conjuntamente con GABRIEL MENFREDI LÓPEZ, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.295.430, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, y que ninguno de estos dos últimos nombrados otorgó el instrumento poder de manera conjunta con MARIA EUGENIA CEDILLO, antes identificada, por lo que el otorgamiento del mismo es ilegal, ilegitimo y vicia de nulidad tanto la representación del Apoderado, como la Oferta Real de Pago que este realizó en nombre de la empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., por cuanto la oferta Real de Pago proviene de una persona que no representa la empleadora de su representado.
En esa misma fecha 26 de marzo de 2013, consigna la misma parte Oferida escrito de promoción de pruebas, promoviendo la ratificación de la copia certificada del Expediente Mercantil de la Empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., que fuere agregado al expediente en el acto de Audiencia de fecha 22 de marzo de 2013 y que obra dicha copia certificada a los folios cuarenta y dos al trescientos cincuenta y uno (42 al 351) ambos inclusive del expediente, siendo agregado ese escrito al expediente y nueva copia certificada del acta que contiene los estatutos de la empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., en su última modificación integra del Documento Estatutario de fecha 23 de enero de 2000, inserta por ante la Oficina de Registro Mercantil en fecha 27 de junio de 2000, bajo el N° 63, Tomo A-11, y que obra a los folios trescientos sesenta y tres al trescientos setenta y nueve (363 al 379) ambos inclusive.
Por su parte, la parte Oferente EDICIONES OCCIDENTE C.A. (DIARIO FRONTERA), representada por la ciudadana MARIA EUGENIA CEDILLO DE CASTILLO y ALCIDES RENE MONSALVE CEDILLO, identificados en autos, en sus caracteres de Presidenta e integrante de la Junta Directiva de la parte Oferente respectivamente, asistidos por el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, en esa misma fecha 26 de marzo de 2013, consignaron escrito de defensa o descargo de la incidencia de impugnación de poder alegada por la parte Oferida (que obra en autos a los folios trescientos ochenta y seis al trescientos ochenta y ocho 386 al 388 ambos inclusive), ratificando la Oferta Real de Pago y el poder que fuere otorgado al Abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, señalando que en el presente caso se trata de materia Laboral y que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en su artículo 46, que las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes legales, citando las Jurisprudencias emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia N° 2104 del 18 de octubre de 2007, con ponencia del Magistrado Dr. Alfonso Valbuena Cordero, caso Carlos Salamanca contra empresa Petrosema, (procedimiento de Oferta Real de Pago en materia laboral), y la sentencia N° 127 del 02 de febrero de 2006, caso José Luis Rodríguez y Víctor Manuel Meza vs. Siderúrgica del Turbio (no son apelables los autos de mero trámite), así mismo ha señalado en su escrito de descargos que de conformidad con el artículo 1098 del Código de Comercio Venezolano, se puede citar a cualquiera de los funcionarios investidos de representación de la persona jurídica para un juicio. Indicando en sus alegatos la parte Oferente, que en el presente caso estamos en un procedimiento de Oferta Real de Pago en materia laboral, que el mismo es de jurisdicción Graciosa, no contenciosa, por lo que la parte Oferida debió solo señalar en la Audiencia si aceptaba o no la Oferta, y que en el presente caso es aplicable la normativa sustantiva laboral, que en su artículo 41 (LOTTT) define al representante del patrono y considera como tal a toda persona natural que en nombre y por cuenta de éste ejerza funciones jerárquicas de dirección o administración o que lo represente ante terceros, e inclusive extiende tal representación del patrono a los directores, gerentes jefes de personal, entre otros, citando la teoría del mandato tácito, desarrollada por Fernando Villasmil Briceño, en su libro Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo, y que por cuanto no está en duda ni se ha desconocido el carácter de Patrono de Ediciones Occidente C.A., y que por ello es deudor del trabajador, no puede ser controvertida la insuficiencia o falta de representación de la persona jurídica, máxime al ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, de manera que no puede restringirse el acceso a la justicia ni obviar la concepción del proceso como instrumento fundamental para la realización de la misma, garantizados en los articulo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así finalmente cita la Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia N° 55 del 5 de abril de 2001, que establece que la citación de las personas jurídicas es suficiente con uno solo, aunque sus estatutos establezcan que “actúan conjuntamente”, solicitando que se aplique por analogía esa jurisprudencia al caso de marras, a objeto de considerar representado al patrono en la presente Oferta, máxime cuando existe una normativa laboral que lo permite, por lo que no hay razones jurídicas para desconocer la legitimidad de la Presidenta y El Vocal, para conferir poder. Subsidiariamente, para el caso que se considere que no está representada la empresa oferente, los ciudadanos MARIA EUGENIA CEDILLO DE CASTILLO y ALCIDES RENE MONSALVE CEDILLO, conforme al artículo 1283 del Código Civil, en su propio nombre y en ejercicio de sus derechos ciudadanos, y por ser además accionistas de la empresa deudora, lo cual alegan determina su interés legítimo en pagar, en nombre y descaro del deudor (EDICIONES OCCIDENTE C.A.), ratifican la oferta formulada en todas y cada una de sus partes, a los fines de cumplir la obligación del referido deudor. Por todo lo alegado solicitan se tenga como válida la Oferta Real de Pago.
Estando en el día hábil para el pronunciamiento de este Tribunal pasa de seguidas hacerlo en los siguientes términos:
Como punto previo al pronunciamiento de la impugnación propuesta es importante resaltar que en materia laboral la Oferta Real de Pago, es un procedimiento graciosos, que es aplicado supletoriamente conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el articulado establecido en el Código de Procedimiento Civil (Libro Cuarto, Parte Primera, Titulo VIII) en lo que se refiere a la Oferta Real de Pago solo en la etapa de jurisdicción voluntaria omitiéndose la etapa contenciosa, pero teniendo presente que en materia laboral se tiene un único procedimiento establecido, por lo que, una vez recibido el escrito de Oferta Real de Pago por parte de la parte Oferente (deudora u Oferente), se ordena la notificación del Oferido, para que comparezca en el día hábil fijado por el Tribunal, a la Audiencia Especial de Oferta Real de Pago, está Audiencia tiene como finalidad que el Oferido manifieste su voluntad de aceptación o rechazo de la Oferta Real de Pago, de ser aceptada se procederá a la entrega del dinero Ofertado al Oferido y se dará por concluido el procedimiento, de no ser aceptada la Oferta, se dejara constancia en el acta de tal rechazo y se ordenara la apertura de la cuanta a favor del Oferido, quedando abierto el procedimiento y el dinero depositado a favor del Oferido, teniendo el Oferido la oportunidad de entablar un procedimiento contencioso ordinario e independiente a esa oferta real de pago, para reclamar sus acreencias laborales de considerar que no están satisfechas en la oferta real, criterio este que fue establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 2.104, de fecha 18 de Octubre de 2007, con ponencia del Magistrado Dr. Alfonso Valbuena Cordero, caso Carlos Salamanca contra la empresa Petrosema, y que esta Juzgadora acoge y aplica.
Ahora bien, si bien es cierto que la Oferta Real de Pago, es un Procedimiento Gracioso, no menos cierto es que el mismo es formalizado o realizado ante un órgano jurisdiccional como lo es un Tribunal Laboral, por lo cual debe cumplir los requisitos y formalismos establecidos en primer lugar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 123 y por aplicación supletoria conforme al artículo 11 de la ley supra citada, así como lo establecido en el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe cumplir el escrito de Oferta Real de Pago en materia laboral los siguientes requisitos:
1.- Debe ser intentado ante cualquier Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, de la circunscripción Judicial donde se haya contratado el servicio; ó donde se haya culminado el contrato; ó donde se haya prestado el servicio ó en el domicilio de la parte Oferente (empleador).
2.- El escrito debe contener el nombre, apellido y domicilio del Oferido y del Oferente. Si el Oferente fuera una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualquiera de los representantes legales, judiciales o estatutarios.
3.- El Objeto de la Oferta Real de pago, es decir, una descripción de la obligación que origina la oferta y la narración de los hechos que causan dicha oferta o la razón del ofrecimiento.
4.- La especificación de las cosas o conceptos que se estén ofertando; y
5.- La dirección del Oferente y del Oferido, para la notificación a la que se refiere el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Y en el caso que una persona jurídica sea representada ante un órgano jurisdiccional laboral (tribunal laboral), por un apoderado judicial, tal apoderado debe estar facultado para ello por poder autenticado, tal y como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y dicho poder debe cumplir todas las formalidades legales para su validez.
En la presente Oferta Real de Pago el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 8.088.808, inscrito en el IPSA bajo el N° 48.133, se acredito como apoderado judicial de la empresa Oferente “EDICIONES OCCIDENTE” C.A., (DIARIO FRONTERA), mediante poder autenticado por ante la Oficina de la Notaria Pública Cuarta de Mérida, en fecha 13 de noviembre de 2007, quedando inserto bajo el N° 03, Tomo 121, otorgado por la ciudadana MARIA EUGENIA CEDILLO, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 3.658.929, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Presidenta de la empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., por lo que se procedió admitir dicha oferta (por el principio de la buena fe) y a ordenar la notificación del Oferido, pero una vez constituidos para dar inicio a la Audiencia Especial de Oferta Real de Pago, y alegado por la parte Oferida como punto previo la impugnación del Poder de la parte Oferente, con los argumentos supra explanados, tiene la obligación esta Juzgadora de verificar la legitimidad del apoderado judicial para actuar ante los Tribunales.
Si bien es cierto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido, que no hay lugar en el proceso laboral a las cuestiones previas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 346, no es menos cierto que en garantía al derecho a la defensa y el debido proceso, las mismas deben subsanarse o corregirse para que haya una depuración de la acción y validez del proceso, como garantía de la justicia, salvo que sean de las que quedan convalidadas; pero una vez delatada y objetada por la contraparte en la primera oportunidad el supuesto de ilegitimación ad procesum del apoderado judicial (ilegitimidad procesal del apoderado judicial), que es lo que se alega en el caso de marras, consistiendo tal alegato de impugnación en que el poder mediante el cual acredita su representación el apoderado judicial de la Oferente es ilegitimo e ilegal, ya que el mismo fue conferido única y exclusivamente por la ciudadana MARIA EUGENIA CEDILLO, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 3.658.929, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Presidenta, y la misma no estaba facultada para conferir poder de manera individual, ya que dicho poder debió ser conferido conforme lo establece en artículo 12 de la modificación integra de los estatutos anteriormente señalada, vale decir, por el Presidente y el Vice-Presidente de la compañía, quienes debieron actuar conjuntamente, ó en su defecto por su suplente, es decir, por la ciudadana MARIA EUGENIA CEDILLO, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 3.658.929, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, en su carácter de Presidenta, y LUIGI MANFREDI CAMPOCHIARO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 8.032.622, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su carácter de Vice-Presidente; o en su defecto conjuntamente con GABRIEL MENFREDI LÓPEZ, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 15.295.430, domiciliado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, criterio este de la oportunidad para la impugnación que fue explanado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 994 de fecha 06 de junio de 2006, y que ha sido posteriormente ratificado por dicha sala, tomando su fundamento tal criterio del contenido del artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala lo siguiente: “Las nulidades que sólo pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos.”
Una vez, verificada el expediente mercantil de la parte Oferente que obra en autos en copia certificada, pudo constatar esta Juzgadora que al vuelto del folio ciento noventa y cinco (195) y vuelto del folio (375) del presente expediente judicial, se puede extraer de los estatutos de la empresa EDICIONES OCCIDENTE C.A., en su última modificación integra del Documento Estatutario contenida en acta de fecha 23 de enero de 2000, inserta por ante la Oficina de Registro Mercantil en fecha 27 de junio de 2000, bajo el N° 63, Tomo A-11, el artículo 12° que establece “La Junta Directiva tiene las más amplias atribuciones en todo lo relacionado con la gestión de los negocios de la compañía. Entre otras, son facultades de la misma las siguientes: Comprar, vender, hipotecar, abrir y cerrar cuentas bancarias; dar y tomar dinero en calidad de préstamo con las garantías que se estimaren convenientes; fijar la remuneración a sus trabajadores; designar gerentes y sub-gerentes auxiliares; nombrar apoderados judiciales y factores mercantiles; ejecutar las decisiones tomadas en asamblea de accionistas. Las atribuciones señaladas anteriormente, así como todo lo concerniente a la administración general de la compañía, serán ejercidas por órgano del Presidente y el Vice-Presidente de la compañía, quienes actuaran conjuntamente. La falta temporal o absoluta de cualquier miembro de la Junta Directiva será cubierta por su respectivo suplente.- En caso de incapacidad absoluta, el suplente ejercerá la titularidad por el lapso para fue (sic) designado el principal por la Asamblea.-…” Subrayado del tribunal, estableciéndose en este artículo de los estatutos de la compañía la obligatoriedad que tienen tanto el Presidente como el Vice-Presidente de actuar conjuntamente, y siendo el acta contentiva de los estatutos la que establece como se administrara y dirigirá la compañía conforme lo establece el artículo 19 del Código Civil, y visto que el poder impugnado en el presente caso fue otorgado posteriormente a esta modificación estatutaria, debió cumplir dicha formalidad de ser otorgado conjuntamente por la Presidenta y el Vice-Presidente, y en última instancia tal defecto u omisión pudo haber sido subsanado por la parte Oferente, como lo establece el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil por aplicación supletoria conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con la ratificación en autos del poder por parte de la Presidenta obrando conjuntamente con el Vice-Presidente ó en su defecto con el suplente del Vice-Presidente, quienes son los que están facultados según los estatutos de la empresa para nombrar apoderados judiciales y otorgar poderes, cosa que no fue así ya que la ratificación la realizo la Presidenta obrando conjuntamente con el Primer Vocal, por lo cual no subsano el defecto en el otorgamiento del poder, por lo que forzosamente este Tribunal tiene que declarar CON LUGAR LA IMPUGNACIÓN DEL PODER POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA COMO APODERADO DE LA EMPRESA EDICIONES OCCIDENTE C.A., por ilegalidad e insuficiencia del poder autenticado que ostenta el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, por no tener facultad para otorgar poder de forma individual la Presidenta de la compañía, quien fue la persona que lo otorgo. Así se decide.
Establecida ya la ilegitimación ad procesum del apoderado judicial (ilegitimidad procesal del apoderado judicial), quien fuere quien presentó la Oferta Real de Pago, en nombre de una empresa que no está legalmente representada por él, por lo que de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, es nula la Oferta Real de Pago presentada por el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.133 a favor del ciudadano JOSE MANUEL SIRA ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.839.851, por lo que se ordena Oficiar a la Oficina de Control de Consignaciones a los fines de la cancelación de la cuenta de ahorros N° 0175-0040-64-0061620114, y se solicite al Banco Bicentenario la emisión de Cheque de Gerencia a Nombre del Abogado Oferente JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 8.088.808, inscrito en el IPSA bajo el N° 48.133, por el monto que se encuentre depositado en dicha cuenta, a los fines de hacer entrega del mismo al abogado Oferente antes mencionado. Así se decide.
En cuanto al alegato de los ciudadanos MARIA EUGENIA CEDILLO DE CASTILLO y ALCIDES RENE MONSALVE CEDILLO, contenido en el numeral SEGUNDO, del escrito de descargos, en el cual de conformidad con el artículo 1283 del Código Civil, en su propio nombre y en ejercicio de sus derechos ciudadanos, y por ser además accionistas de la empresa deudora, lo cual alegan determina su interés legítimo en pagar, en nombre y descargo del deudor (EDICIONES OCCIDENTE C.A.), ratifican la oferta formulada en todas y cada una de sus partes, a los fines de cumplir la obligación del referido deudor, este Tribunal no puede admitirla en primer término porque no puede ratificarse un escrito que es nulo, y en segundo término por no llenar la misma los requisitos supra señalados para la admisión del escrito de Oferta Real de Pago, como lo es la determinación del objeto de la Oferta Real de pago, es decir, una descripción de la obligación que origina la oferta y la narración de los hechos que causan dicha oferta o la razón del ofrecimiento, por su parte y no por parte del deudor. Así se decide.
En este orden de ideas, este Tribunal necesariamente debe declarar en atención a lo expuesto anteriormente, que en el presente caso no es procedente la reposición de la causa por cuanto no es útil ni necesaria, en virtud que la Oferta Real de Pago fue presentada por un abogado que no representa judicialmente a la parte deudora-patronal, por no cumplir el poder que le fuere otorgado con las formalidades establecidas en los Estatutos de la Sociedad de Comercio, no siendo subsanado en las actas procesales, y siendo lo procedente la inadmisibilidad de la Oferta Real de Pago, es por lo que este Tribunal procede a decretar la INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA REAL DE PAGO, sin que medie la reposición. Y así se decide.
PARTE DISPOSITIVA
Por las consideraciones expuestas, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: CON LUGAR LA IMPUGNACIÓN DEL PODER POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA COMO APODERADO DE LA EMPRESA EDICIONES OCCIDENTE C.A., por ilegalidad del poder autenticado que ostenta el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, por no tener facultad para otorgar poder de forma individual la Presidenta de la compañía, quien fue la persona que lo otorgo; SEGUNDO: se declara INADMISIBLE LA OFERTA REAL DE PAGO INTENTADA, por el abogado JOSE ANGEL ZAMBRANO LOBO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 48.133 a favor del ciudadano JOSE MANUEL SIRA ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.839.851, por CONCEPTOS LABORALES PRODUCTO DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EDICIONES OCCIDENTE C.A. y el ciudadano JOSE MANUEL SIRA ESCALONA; TERCERO: se declara IMPROCEDENTE la oferta de pago de los ciudadanos MARIA EUGENIA CEDILLO DE CASTILLO y ALCIDES RENE MONSALVE CEDILLO, de conformidad con el artículo 1283 del Código Civil; y CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza graciosa del procedimiento de Oferta Real de Pago. Publíquese la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, al primer (01) día del mes de abril de dos mil trece (2013).-
La Juez,

Abg. María Carolina Sánchez Quintero. La Secretaria,

Abg. María Alejandra Gutiérrez