TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

“VISTOS” SUS ANTECEDENTES.-
I
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Las presentes actuaciones fueron recibidas por distribución en fecha 30 de enero de 2013, procedentes del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de la inhibición formulada por la abogada FRANCINA M. RODULFO ARRIA, en su carácter de Juez Titular de ese despacho, mediante acta de fecha 20 de diciembre de 2012 (folio 05), con fundamento en el cardinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem, para conocer de la causa a que se contrae la presente incidencia, en virtud de haber manifestado su opinión sobre el juicio distinguido con el número 8408 de la nomenclatura propia de ese despacho, por resolución de contrato de arrendamiento. Finalmente, en atención a la exigencia contenida en el último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, no dejó constancia expresa contra quien obra el impedimento que dio origen a dicha inhibición.

Por auto de fecha 30 de enero de 2013, este Juzgado le dio entrada a las presentes actuaciones, acordó formar expediente y darle el curso de Ley, advirtiendo a las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a esa fecha, resolvería lo conducente (folio 29).

Encontrándose la presente incidencia en lapso para dictar sentencia, este Tribunal procede a proferirla a cuyo efecto observa:

II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
De las actuaciones remitidas a este Juzgado se observa, que la inhibición sometida al conocimiento de esta Superioridad, fue formulada por la Juez Titular del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, abogada FRANCINA M. RODULFO ARRIA, en acta cuya copia certificada obra agregada al folio 05, cuyos términos se reproducen íntegramente a continuación:

“(Omissis):…

Quien suscribe, Msc. FRANCINA M. RODULFO ARRIA, Jueza Titular del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, declaro: “Por cuanto se dictó sentencia definitiva en el Exp. 8408, cuyas partes son: Demandante: Carmen Aurora Diaz[sic] de Rojas; Demandado: Jaimes Gomez [sic] Marcos Tulio; Motivo: Resolución del Contrato de Arrendamiento, en la Dispositiva de la sentencia, de fecha 10 de Octubre de 2012, se estableció:

“...Omissis…”.
“Primero: Inadmisible la acción por Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoada por la ciudadana Carmen Aurora Diaz[sic] de Rojas, a través de sus apoderados judiciales abogados Betty Cuevas de López y Ciro Antonio López; contra el ciudadano Marco Tulio Jaimes Gómez; por la ilegalidad de su fundamentación jurídica, al demandar por Resolución de Contrato de Arrendamiento cuando lo correcto es el Desalojo, por existir una relación contractual arrendaticia a tiempo indeterminado.
Segundo: “…Omissis…”

“…Omissis…”

Es decir, el Tribunal emitió un pronunciamiento de fondo al establecer la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes intervinientes en el proceso. Y por cuanto se observa, que la ciudadana Carmen Aurora Diaz [sic] de Rojas, a través de su apoderada judicial abogada Betty Cuevas de López, interpone nuevamente la acción ahora por Desalojo, es por lo que esta Juzgadora considera prudente no conocer, en aras de acatar y aplicar las garantías constitucionales establecidas a favor de los justiciables.

Ello debido, a que esta Juzgadota [sic] observa que el libelo de demanda introducido, y que me correspondió por distribución, corresponde a las mismas partes, el mismo objeto, el mismo procedimiento y por cuanto, el Juzgado Segundo de Municipio Distribuidor se negó a distribuirlo nuevamente. Es por ello, que la accionante me solicita la inhibición debido a que ya emití pronunciamiento de fondo.

Siendo ello cierto, es por lo que Me [sic] Inhibo de continuar conociendo la presente causa signada con el N° 8519, Demandante: Carmen Aurora Diaz de Rojas; Demandado: Marcos Tulio Jaimes Gomez; Motivo: Desalojo; [sic]

Inhibición que realizo en acatamiento a lo previsto en el artículo 82, Ordinal 15° y 84 del Código de Procedimiento Civil, y así fundamento la presente inhibición.

En la ciudad de Mérida, siendo las 09: 00 de la mañana del día de hoy, 20 de Diciembre de 2012. Años.202 y 153. (Mayúsculas, resaltado y subrayado del texto copiado).

III
TEMA A JUZGAR

Planteada la incidencia de que conoce esta Alzada, en los términos en que se han señalado suficientemente, corresponde a este Tribunal determinar si la inhibición propuesta por la Juez Titular del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, abogada FRANCINA M. RODULFO ARRIA, se encuentra o no ajustada a derecho, de cuyo resultado dependerá la decisión de este Juzgador sobre la declaratoria con o sin lugar de la referida inhibición.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado el tema a juzgar en la presente incidencia, de inmediato pasa este Tribunal a pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa sobre el fondo mismo de la inhibición propuesta, a cuyo efecto observa:

Por cuanto el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio de legalidad de las formas procesales, que adquirió rango constitucional por mandato del primer aparte del artículo 253 de nuestra Carta Magna, la declaratoria de inhibición está sujeta a la ineludible observancia de específicos supuestos esenciales y circunstanciales requeridos expresamente por la ley, cuyo incumplimiento acarrea su improcedencia.

Así, el artículo 84 adjetivo, en su último aparte, establece que la declaratoria de inhibición la hará el funcionario en un acta en la cual se expresen las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento, en la cual expresará la parte contra quien obre el mismo.

En cuanto a los requisitos esenciales y circunstanciales que debe contener el acta judicial, el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, ad initium señala:

“El acta deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido las diligencias de que hace fe; debe además contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados. El acta deberá ser suscrita por el Juez y por el Secretario”.

Asimismo, el artículo 88 eiusdem, pauta los presupuestos de procedencia de la inhibición, en los siguientes términos:

“El Juez a quien corresponda conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación que pueden usar las partes”. (sic)

Del análisis de la norma legal supra transcrita, es evidente que para que proceda la declaratoria con lugar de la inhibición, es preciso que se verifiquen dos circunstancias:

1) Que la inhibición se haya realizado en forma legal, vale decir, en la forma prevista en el último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, la declaratoria de inhibición la hará el Juez “en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento, además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento” (sic).

2) Que la inhibición esté fundada en las causales establecidas por la ley, vale decir, en alguna de las contempladas en el artículo 82 eiusdem, en el parágrafo único del artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, o en su defecto, en algún motivo justificado, conforme a la sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO.

Sentados los antecedentes señalados, debe este Juzgador examinar minuciosamente las actuaciones que obran en autos, a los fines de determinar si en el sub iudice se encuentran o no cumplidos los presupuestos que determinan la declaratoria con lugar de la inhibición formulada, conforme a las siguientes consideraciones:

De la revisión de la inhibición propuesta en el caso de autos, observa esta Superioridad que la Juez del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial del Estado Mérida, abogada FRANCINA M. RODULFO ARRIA, formuló su inhibición, mediante declaración contenida en el acta, suscrita por ella y por la Secretaria del Tribunal a su cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, en la cual indicó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos alegados como causal de la inhibición producida, cuya copia certificada obra agregada al folio 05.

Asimismo, de la atenta lectura exhaustiva del acta contentiva de la inhibición propuesta, se observa que la juez inhibida incumplió el mandato contenido en la parte in fine del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, pues no obstante que la misma cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil y expresó la causal por adelanto de opinión sobre lo principal del juicio establecida en el cardinal 15 del artículo 82 eiusdem, omitió señalar la parte contra quien obra el impedimento que dio lugar a la inhibición de marras, lo cual, conforme a lo dispuesto del artículo 85 eiusdem impide saber cual de las partes está legitimada para allanar a la funcionaria inhibida. No obstante, conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 84 ibidem, el primer presupuesto se considera cumplido en el presente caso. Así se decide.

En este orden de ideas, sólo resta determinar si se encuentra o no cumplido el último requisito mencionado, esto es, que la inhibición esté fundada en causa legal, vale decir, en alguna de las causales contempladas en el artículo 82 eiusdem, en el parágrafo único del artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, o en su defecto, en algún motivo justificado, conforme a la precitada sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO.

Del examen efectuado a la declaración contentiva del acta de la inhibición propuesta, se observa que el motivo de la misma es el prejuzgamiento previsto en el cardinal 15 del artículo 82 adjetivo, en el cual asegura haber incurrido la funcionaria inhibida, en virtud de la decisión proferida, en el juicio distinguido con el número 8408, por el Tribunal a su cargo.

Así, de las actuaciones que obran a los folios 07 al 27 se observa, que mediante decisión de fecha 10 de octubre de 2012, el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, resolvió el juicio por resolución de contrato de arrendamiento surgido en el expediente 8408, en los términos que se reproducen parcialmente a continuación:

“(Omissis):…
Primero: INADMISIBLE la acción por Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoada por la ciudadana Carmen Aurora Díaz de Rojas, a través de sus apoderados judiciales abogados Betty Cuevas de López y Ciro Antonio López; contra el ciudadano Marcos Tulio Jaimes Gómez; por la ilegalidad de su fundamentación jurídica, al demandar por Resolución de Contrato de Arrendamiento Cuando lo correcto es el Desalojo, por existir una relación contractual arrendaticia a tiempo indeterminado. Segundo: Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, porque no se dicta sentencia que dirime el conflicto de fondo de la controversia planteada sino, se resuelve el punto previo la ilegalidad de la acción y su fundamentación legal…” (sic) (Mayúsculas, resaltado, subrayado y paréntesis del texto copiado).

De la atenta lectura de la decisión supra parcialmente transcrita se observa, que tal como asegura la Juez inhibida, el hecho de haber emitido expreso pronunciamiento al conocer y decidir la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes intervinientes en el proceso, constituye el prejuzgamiento a que se contrae el ordinal 15 del artículo 82 adjetivo, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes.
(…)
15º. Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pelito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa”.

En el sub examine se pudo constatar, que la juez inhibida procedió a declarar inadmisible la acción que por resolución de contrato de arrendamiento, fuera interpuesta por la ciudadana CARMEN AURORA DÍAZ DE ROJAS contra el ciudadano MARCO TULIO JAIMES GÓMEZ, por considerar que la misma no estaba legalmente fundamentada, vale decir, que en el presente caso, la Juez avanzó opinión sobre la naturaleza jurídica del contrato objeto de la pretensión sometida a su conocimiento, lo cual tal como señalara la Juez abstenida, la hace incurrir en la causal de avance de opinión a que se contrae el artículo 82.15 adjetivo.

En conclusión, por cuanto de la revisión exhaustiva del acta contentiva de la inhibición propuesta y de sus actuaciones, se pudo comprobar que la funcionaria inhibida, en la sentencia de fecha 10 de octubre de 2013, incurrió en la causal de prejuzgamiento prevista en el artículo 82.15 de nuestro texto adjetivo, invocada por la juez inhibida como causal de la inhibición propuesta, considera quien decide que el segundo de los presupuestos que determinan la procedencia de la inhibición se considera cumplido en el presente caso. Así se decide.

No puede esta Alzada pasar por alto la omisión por parte de la Juez inhibida, en el cumplimiento de las formalidades con las cuales el legislador ha revestido los actos procesales en las incidencias de inhibición como el caso de autos, razón por la que se le hace un llamado de atención, para que en casos futuros preste el esmero y la atención debida en todas sus actuaciones judiciales.

. DECISIÓN

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal que la misma fue hecha en forma legal y quedó demostrado que los hechos narrados como generadores de la inhibición, en efecto constituyen para la juez abstenida, motivos justificados suficientes para apartarse del conocimiento de la causa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, y, en un todo conforme a la sentencia vinculante de fecha 23 de noviembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

En cumplimiento de lo establecido en la citada sentencia vinculante número 1175, de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada en el Exp. 08-1497 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, la presente decisión deberá ser notificada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la juez inhibida y al sustituto temporal, mediante oficio. Provéase lo conducente.

Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase mediante oficio el presente expediente a la Juez del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en su oportunidad. Así se decide.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.- Mérida, a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años 202 de la Inde¬pen¬dencia y 153 de la Federación.
El Juez,

Homero Sánchez Febres
La Secretaria,

María Auxiliadora Sosa Gil.

En la misma fecha, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde se publicó la anterior decisión, lo que certifico.
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil.
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil trece (2013)

202º y 153º

Certifíquese por Secretaría para su archivo, copia de la anterior decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, debiendo insertarse al pie de la misma el contenido del presente decreto.
El Juez,
Homero Sánchez Febres
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil.
En la misma fecha se certificaron las copias ordenadas en el decreto que antecede y se libraron los oficios ordenados en la decisión de esta misma fecha, con los números 0480-074-13 y 0480-075-13 a las Jueces a cargo de los Juzgados Tercero y Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en su orden, en su carácter de Juez inhibida y sustituto temporal, respectivamente.
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil.
Exp. 5822