TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL
TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO MÉRIDA
203º y 154°

SENTENCIA Nº 129

ASUNTO PRINCIPAL: LP21-L-2013-000340
ASUNTO: LH21-X-2013-000007
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
- I -
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
DEMANDANTES: FRANK CARLOS ARANGUREN SALAS, REYLI MOLINA CONTRERAS, WLADIMIR ZERPA BRICEÑO, SAMUEL CONTRERAS MOLINA, OSKEL ERIK NAVA VERA, YOLMA JOSÉ ALTUVE MORENO, FREDDY ALCEDO MÉNDEZ MOLINA, JUAN PEDRO MÁRQUEZ, DARWIN OSWALDO RIVAS MÁRQUEZ, BENITO JOSÉ UZCATEGUI TREJO, GREGORIO JESÚS GUILLEN MÁRQUEZ, RAFAEL JULIO FLOREZ ROJAS, NELSON ANTONIO VÁSQUEZ Y JESÚS EDUARDO ACOSTA CRESPO, venezolano, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 13.966.613, 21.182.010, 6.344.474, 22.658.077, 17.896.036, 20.851.039, 11.663.572, 11.461.847, 23.722.783, 16.444.496, 16.908.642, 21.330.315, 13.154.533 y 18.619.611, en su orden.

APODERADOS JUDICIALES DE LOS DEMANDANTES: Alberto José Nava Pacheco, Oscar Francisco Guerrero Morales y Dayana Paola Paredes Paredes, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 17.443, 65.871 y 182.333, respectivamente.

DEMANDADA: Sociedad Mercantil “BRIROCA INVERSIONES, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 28, Tomo A-4, de fecha 16 de febrero de 2001, Expediente N° 27.882, en la persona de los ciudadanos MAURICIO GERARDO BRICEÑO ROJAS y/o RICARDO ANTONIO BRICEÑO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 10.104.910 y 11.466.484, en su orden, con el carácter de Vice-Presidente y Presidente de la empresa.

ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE DEMANDADA: LINMAR C. PULIDO M. y EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA, venezolanos, mayores de edad, abogados e inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 127.756 y 10.003 respectivamente.
MOTIVO: Inhibición planteada por la Abogada MARIA CAROLINA SÁNCHEZ QUINTERO, en su carácter de Juez Titular de Primera Instancia del Trabajo a cargo del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
- II -
BREVE RESEÑA
En fecha 29 de octubre de 2013 (folio 09), se recibieron las presentes actuaciones distinguidas con la nomenclatura LH21-X-2013-000007, provenientes del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que contiene la incidencia de inhibición planteada por la Juez Titular de ese despacho María Carolina Sánchez Quintero, mediante acta de fecha 22 de octubre de 2013, conforme al numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y remitido a este Tribunal en fecha 25 de octubre de 2013, con oficio N° SME3-1416-2013 de esa data (folio 07).
- III –
DE LA INHIBICIÓN
Cumplidos los trámites procesales, pasa este Tribunal a decidir la incidencia dentro del lapso de Ley, en los términos siguientes:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Inhibición es un acto voluntario efectuado por el Juez, cuando advierte que está incurso en alguna de las causales de Recusación o Inhibición contenidas en el artículo 31 de la citada Ley, es un deber del administrador de Justicia abstenerse del conocimiento del asunto e inmediatamente debe levantar un acta y remitir las actuaciones al Tribunal Superior competente para que conozca de la incidencia y de conformidad con el artículo 35 eiusdem, verificar la legalidad de la inhibición, declarando la procedencia o no para remitir el asunto al Juez a quien le corresponda conocer si fuere decidido con lugar, reanudándose el procedimiento en el estado en que se encuentre sin más formalidades, en virtud que en el proceso laboral se produce una suspensión de la causa hasta la resolución de la incidencia. Por ello, a los fines de evitar dilaciones que retarden la dinámica procesal, el plazo para decidir la incidencia, es dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley adjetiva laboral.

Ahora bien, en el caso bajo análisis la Juez inhibida en acta expuso:

“(…)En el día hábil de hoy, veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), comparece la Abogada MARIA CAROLINA SÁNCHEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 10.905.550, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 69.820, en su carácter de Jueza Titular de Primera Instancia del Trabajo a cargo de este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia conforme al Oficio N° CJ-09-0052, de fecha 23 de enero de 2009, prestado el juramento de Ley, por ante el Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 13-02-2009, asentado en el acta N° 14 del Libro de Juramentos llevado al efecto por la Rectoría Civil de esta Entidad Federal, tomando posesión del cargo en esa misma fecha 13-02-2009, según consta en acta N° 36 del Libro de Actas y Juramentos que reposa en la Coordinación Judicial del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, a los fines de declarar mediante la presente acta: ME INHIBO de conocer de la presente causa signada bajo la nomenclatura LP21-L-2013-000340, en la que los ciudadanos FRANK CARLOS ARANGUREN SALAS, REYLI MOLINA CONTRERAS, WLADIMIR ZERPA BRICEÑO, SAMUEL CONTRERAS MOLINA, OSKEL ERIK NAVA VERA, YOLMA JOSÉ ALTUVE MORENO, FREDDY ALCEDO MÉNDEZ MOLINA, JUAN PEDRO MÁRQUEZ, DARWIN OSWALDO RIVAS MÁRQUEZ, BENITO JOSÉ UZCATEGUI TREJO, GREGORIO JESÚS GUILLEN MÁRQUEZ, RAFAEL JULIO FLOREZ ROJAS, NELSON ANTONIO VÁSQUEZ Y JESÚS EDUARDO ACOSTA CRESPO, titulares de las cédulas de identidad Nos. 13.966.613, 21.182.010, 6.344.474, 22.658.077, 17.896.036, 20.851.039, 11.663.572, 11.461.847, 23.722.783, 16.444.496, 16.908.642, 21.330.315, 13.154.533 y 18.619.611, en su orden, demandan a la Sociedad Mercantil “BRIROCA INVERSIONES, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 28, Tomo A-4, de fecha 16 de febrero de 2001, Expediente N° 27.882, en la persona de los ciudadanos MAURICIO GERARDO BRICEÑO ROJAS y RICARDO ANRONIO BRICEÑO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 10.104.910 y 11.466.484, en su orden, con el carácter de Vice-Presidente y Presidente de la empresa, por COBRO DE SALARIOS RETENIDOS Y OTROS CONCEPTOS LABORALES DEJADOS DE PAGAR, siendo los abogados asistentes de la parte demandada los ciudadanos LINMAR C. PULIDO M. y EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA, venezolanos, mayores de edad, abogados e inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros 127.756 y 10.003 respectivamente.
Fundamento la presente Inhibición en el hecho que entre el abogado EGBERTO ABDÓN SÁNCHEZ NOGUERA, supra identificados, quien es uno de los abogados asistentes para la Audiencia Preliminar del demandado de autos, y mi persona existe un parentesco de consanguinidad en línea directa de primer grado, por el hecho de ser mi padre, razón por la cual, al estar incursa en una de las causales de inhibición contempladas en el artículo 31 numeral 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 82, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, así como la manifestación de la simple voluntad de la acá firmante de no seguir conociendo la presente causa por no tener la imparcialidad necesaria para ello. Por todo lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente que la presente INHIBICIÓN sea declarada CON LUGAR con los pronunciamientos de ley. (…)”.

Como corolario de lo señalado, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el Título III, Capítulo Primero, de las causales de inhibición y recusación, en el artículo 31 establece lo siguiente:
Artículo 31. Los Jueces del Trabajo y los funcionarios judiciales deberán inhibirse o podrán ser recusados, por alguna de las causales siguientes:
1. Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes o sus apoderados, en cualquier grado, en línea recta o en la colateral hasta cuarto grado, inclusive, o de afinidad hasta el segundo grado, inclusive. Procederá también, la inhibición o recusación por ser cónyuge del inhibido o del recusado, del apoderado o del asistente de cualquiera de las partes.
2. Por tener el inhibido o el recusado, su cónyuge o algunos de sus consanguíneos o afines, dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito.
3. Por haber dado, el inhibido o el recusado recomendación, o prestado su patrocinio a favor de alguno de los litigantes, sobre el pleito en que se le recusa.
4. Por tener, el inhibido o el recusado, sociedad de interés o amistad intima con alguno de los litigantes.
5. Por haber, el inhibido o el recusado, manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente entes de la sentencia correspondiente.
6. Por enemistad entre el inhibido o el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por los hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del inhibido o del recusado; y
7. Por haber recibido el inhibido o el recusado, dádiva de alguno e algunos de los litigantes, después de iniciado el juicio. (negrillas y subrayado de la alzada).

Siguiendo el hilo argumental, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 211, de fecha 15 de febrero de 2001, bajo la ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, apuntó sobre la inhibición lo siguiente:

“(…) La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el funcionario retarda esa declaratoria a sabiendas de que está incurso en el impedimento, deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto también a multa, por retardo en el cumplimiento de este deber. (…)” (negrillas y subrayado añadido).

Atendiendo a lo indicado en los acápites anteriores, observa este Tribunal, que los hechos explanados en la inhibición fueron enmarcados en el supuesto de hecho contenido en el numeral 1° del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concretamente, fundamentó la inhibición por el parentesco de primera grado que tiene con el abogado asistente de la parte demandada Egberto Abdón Sánchez Noguera, por ser el padre de la referida Juez, es decir, que los une un parentesco de consanguinidad, como se expuso en la parte in finne del acta de inhibición aludida.

Así las cosas, evidenciado que la operadora de justicia indicó con claridad las razones de hecho y de derecho que motivan el acto voluntario de de separarse del conocimiento de la litispendencia sub examine, cuya declaración goza de la confianza legítima y da fe pública de lo manifestado, por parte de la funcionaria que la suscribe (vid. sentencia 3180, dictada el 15 de diciembre de 2004, caso: Rafael Terán Barroeta contra Tecnoagrícola Los Pinos Tecpica, C.A.), por ende, se pondera que la inhibición planteada por la abogada María Carolina Sánchez Quintero, en su carácter de Juez Titular de Primera Instancia del Trabajo a cargo del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, es procedente por lo expresado en el acta de inhibición, en efecto, se tiene como cierto, que la Juez del mencionado Juzgado no es idónea -parte subjetiva- para providenciar o decidir en forma imparcial, el presente asunto, en virtud del vínculo consanguíneo en primer grado (padre) existente con el profesional del derecho Egberto Abdón Sánchez Noguera y la Juez. Y así se decide.

Explanadas como han sido, las razones fácticas y legales que dieron lugar a esta inhibición, y verificados por esta juzgadora, los alegatos expuestos por la Juez Titular del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Abogada María Carolina Sánchez Quintero, este Tribunal Primero Superior del Trabajo, observando el artículo 35 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por cuanto se han cumplido los requisitos de procedencia, declara con lugar la presente inhibición. Y así se decide.

- IV -
DISPOSITIVO
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR LA INHIBICIÓN planteada por la abogada María Carolina Sánchez Quintero en su condición de Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 22 de octubre de 2013, en el juicio que por Cobro de Diferencia de salarios retenidos y otros conceptos dejados de pagar, tiene incoado los ciudadanos Frank Carlos Aranguren Salas, Reyli Molina Contreras, Wladimir Zerpa Briceño y otros contra la Firma Mercantil “BRIROCA INVERSIONES, C.A” fungiendo como abogado asistente de la parte demandada el profesional del derecho Egberto Abdón Sánchez Noguera.

SEGUNDO: Por cuanto en este Circuito Judicial existen otros dos Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, se ordena remitir inmediatamente el presente expediente al Coordinador Judicial de la sede principal de la ciudad de Mérida, a los fines de que la presente causa sea distribuida entre los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, de esta sede judicial, ya que según el artículo 45 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, contra dicha decisión no se admite recurso alguno.

Publíquese, regístrese y expídanse copias certificadas de la presente sentencia.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho, del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

La Juez -Titular

Abg. Glasbel Belandria Pernía
El Secretario

Abg. Fabián Ramírez Amaral

En la misma fecha, siendo las doce y quince del medio día (12:15 m.), se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Juez Titular, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.

El Secretario

Abg. Fabián Ramírez Amaral

GBP/mcp